¿Quién juzgará a la injusticia española?

Una de las mayores dificultades que tendremos los españoles para poder abandonar la dictadura maniquea a que nos somete, en la España de comienzos del siglo XXI, la diosa Jano de las dos caras (PP y PSOE), es la de de librarnos de la politizada justicia que se ha creado en este país al servicio del poder. Las democracias en las que no existe suficiente independencia entre justicia y política no funcionan bien, funcionan muy mal y además son un canal abierto a la corrupción y la molicie, a la opresión y a la estupidez.

En abril de 2010, se publicó en este blog un artículo titulado “La Justicia en España” en el que se realizaba un análisis de la situación del tercer poder en España, a raíz de la posible imputación del Juez Garzón, que finalmente, se sentará en el banquillo el próximo martes día 17 de enero.

La fanfarria oclocrática que le acompaña bajo una denominada “Plataforma”, que considera que juzgar al juez más politizado de este país, que incluso llegó a presentarse en las listas del PSOE, es una aberración inadmisible, porque como todo el mundo sabe, los jueces de la izquierda española son inmunes por impunidad social, y si no, no hay ni democracia, ni justicia, ni libertad, ni plus pal salón. Y surgen las grandes conspiraciones de la derecha franquista que, según ellos, sigue aferrada a la justicia, porque como todo el mundo sabe, los jueces que no son de izquierdas son franquistas, como los que no votan al PSOE o IU en este país y no están afiliados a CCOO y UGT, son fachas reconocidos.

Ahora bien, si espera la justicia española redimirse juzgando al “superjuez” de la izquierda más sectaria, creo que está más ciega que nunca, porque lo de Garzón es tan solo un síntoma de una grave enfermedad que atraviesa la justicia española por su connivencia vergonzante con el poder político.

En este país se han cometido auténticas tropelías jurídicas a lo largo de las últimas décadas que han confluido en los últimos ocho años en los que se ha producido una auténtica bacanal de inconsecuencias. La justicia en España requiere un juicio, bien interno –que veo difícil por aquello del corporativismo- o de otro tipo, que no alcanzo a vislumbrar. En España hay aproximadamente 3.000 jueces y magistrados, que tienen en sus manos juzgar un sistema político corrupto, porque de otra forma, perderá toda credibilidad para juzgar a los ciudadanos por los delitos comunes.

Se podrían recordar algunas relacionadas con lo acontecido durante el juicio del 11-M, del que nunca se conocieron "autores intelectuales" y del que se ha demostrado que se actuó de forma inusual a instancias del Gobierno de turno, pero este tema es algo que debe implicar a toda la sociedad española, dada su gravedad, en una dimensión similar a la acontecida durante los juicios del GAL. Sin olvidarnos de las sectarias leyes que ha introducido el PSOE en el ámbito legal español, y que han provocado presos políticos en España, que en ningún país europeo estarían en la cárcel.

El Fiscal General “del Gobierno” (antiguamente del Estado) ha cometido irregularidades como la de asistir a un Consejo de Ministros cuando en este país se iba a crear un “Estado de Alarma” con motivo de la huelga de controladores aéreos, pero todavía más grave es que desde la Fiscalía se haya dirigido la acción de la justicia con la orientación más sectaria, al servicio del poder gubernamental.

No se puede seguir admitiendo un Consejo General del Poder Judicial formado por juristas elegidos por los principales partidos políticos de este país, que nunca van a ir contra quienes les designan. Habrá que buscar alguna nueva fórmula para elegir al máximo órgano de la justicia española, el órgano rector de los profesionales de la justicia española.

Y por último, ¿cómo se puede esperar que un Tribunal Constitucional máximo órgano del Estado de Derecho español pueda ser ecuánime cuando es elegido por los mismos partidos políticos que eligen el CGPJ, ni siquiera por el Parlamento? No tiene sentido alguno, mucho menos tras la pantomima del Estatut de Catalunya, comunidad autoproclamada en rebeldía porque ni cumple la sentencia limitadora de sus pretensiones estatutarias, ni hay nadie en el Estado que se la haga cumplir, mientras los ciudadanos catalanes tienen que soportar la imposición inconstitucional porque un 25 % de los residentes en Cataluña decidieron socavar el Estado de Derecho en un referéndum plebiscitario, más propio de un régimen fascista que de una nación democrática.

Sin olvidarnos del conflicto exhibido en la legalización de la izquierda abertzale proetarra como opción política, porque convenía a los intereses del PSOE y el PP se mostró ausente en su “tancredismo” habitual, contra una sentencia negativa del Tribunal Supremo, mucho menos politizado, que representa, en cierta forma, la escasa independencia de la justicia española.

Mientras la justicia española no sea independiente de la política, este país vivirá en una democracia secuestrada por el poder político, con una justicia a su servicio, como en los más ejemplares regímenes totalitarios.

Enrique Suárez