“La nación todo lo puede y Las Cortes solamente lo que les permite la Constitución que forma la nación”. Conde de Toreno. Diario de las discusiones y actas de las Cortes. Vols. 7-8. Cádiz 1811.
España ha retrocedido políticamente durante las últimas legislaturas en las que el PSOE ha gobernado nuestro país. José Luis Rodríguez Zapatero es el Presidente de Gobierno que más se ha excedido en sus arbitrarias y sectarias políticas legislativas. El Parlamento español ha sido cómplice del Gobierno, vulnerando su mandato y compromiso democráticos. Los órganos de administración del poder judicial están impuestos por el Parlamento y el Gobierno, y por lo tanto no son independientes, sino tributarios solidariamente de la responsabilidad política que corresponde a los dos poderes que determinan la composición de sus órganos rectores. Esto conduce nuestro país a una situación de ilegitimidad establecida desde el poder de forma delictiva.
El Parlamento español a instancias del Gobierno, con el apoyo de los minoritarios grupos nacionalistas y la connivencia del principal partido de la oposición, en una vesania totalitaria desconocida en las democracias occidentales, ha aprobado leyes inconstitucionales, que afectan a los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles, que sólo podrían reformarse convocando Cortes Constituyentes.
La gravedad de la situación ha pasado prácticamente desapercibida gracias al apoyo y la colaboración de los medios de comunicación y el silencio de la inmensa mayoría de opinadores sin criterio que pueblan el espacio mediático, convertido en pesebre, en nuestro país. Los principales supuestos valedores del orden constitucional se han comportado como oligarcas sin complejos, que han secuestrado la soberanía del pueblo español.
Al menos en tres cuestiones el Parlamento Español ha cometido fraude de ley: la ley de violencia de género, la negociación con ETA, el Estatuto de Cataluña. En todos los casos citados se atenta fundamentalmente contra el artículo 14 de la Constitución Española de 1978, pero no es el único que han transgredido los parlamentarios españoles que deberían haber velado por el cumplimiento estricto de la Carta Magna.
Estamos asistiendo a una situación perversa, porque los parlamentarios españoles al transgredir la Constitución, pierden de forma inmediata su representatividad pública, pues su mandato democrático debe ceñirse escrupulosamente al ámbito perfectamente delimitado por la Constitución.
Definitivamente, el Parlamento Español y el Gobierno han derivado hacia la extraconstitucionalidad y deberían ser deslegitimados de su representatividad democrática por el Tribunal Constitucional y desposeídos de su poder por las autoridades correspondientes.
La gravedad de la tergiversación que se ha hecho de la Constitución Española con la insidia orientada exclusivamente por los beneficios electorales que han procurado al Gobierno determinadas alianzas, es de tal perjuicio para los españoles, como el Golpe de Estado encubierto que el Presidente Zelaya intentó dar en Honduras o Hugo Chávez ha dado en Venezuela.
Los españoles estamos viviendo en estos momentos fuera de la ley, mientras la oclocracia gubernamental y parlamentaria defiende sus propios intereses contra los del pueblo español. Esto es inadmisible en una democracia europea. Deberíamos reunirnos y presentar una protesta en Estrasburgo por aceptar un país que ha dejado de ser democrático en el seno de la Unión Europea.
El programa marco del Gobierno en su aproximación a comunidades no democráticas bajo el pabellón inventado de la Alianza de Civilizaciones está logrando el efecto contrario al que se presuponía, en detrimento de la soberanía nacional y la ciudadanía española. Lo mismo se puede decir de la deriva gubernamental hacia las hipótesis arbitrarias del nacionalismo catalán o el secesionismo etarra. El Gobierno se alía con los principales agresores de la Constitución española, contra los españoles soberanos de esta nación, en plena impunidad y regresión.
Hoy la España de Zapatero se parece más a Turquía en los ámbitos social y político, que Turquía a la España que existía antes de que el PSOE llegara al Gobierno tras el atentado del 11-M, con José Luis Rodríguez Zapatero de Presidente. En 2012, si seguimos al mismo ritmo, posiblemente ya nadie recuerde que España tenía una Constitución legítima aprobada por el pueblo español en 1978. El silencio de los supuestos opositores del PP no es otra cosa que complicidad y connivencia, de la que son absolutamente responsables.
Biante de Priena
España ha retrocedido políticamente durante las últimas legislaturas en las que el PSOE ha gobernado nuestro país. José Luis Rodríguez Zapatero es el Presidente de Gobierno que más se ha excedido en sus arbitrarias y sectarias políticas legislativas. El Parlamento español ha sido cómplice del Gobierno, vulnerando su mandato y compromiso democráticos. Los órganos de administración del poder judicial están impuestos por el Parlamento y el Gobierno, y por lo tanto no son independientes, sino tributarios solidariamente de la responsabilidad política que corresponde a los dos poderes que determinan la composición de sus órganos rectores. Esto conduce nuestro país a una situación de ilegitimidad establecida desde el poder de forma delictiva.
El Parlamento español a instancias del Gobierno, con el apoyo de los minoritarios grupos nacionalistas y la connivencia del principal partido de la oposición, en una vesania totalitaria desconocida en las democracias occidentales, ha aprobado leyes inconstitucionales, que afectan a los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles, que sólo podrían reformarse convocando Cortes Constituyentes.
La gravedad de la situación ha pasado prácticamente desapercibida gracias al apoyo y la colaboración de los medios de comunicación y el silencio de la inmensa mayoría de opinadores sin criterio que pueblan el espacio mediático, convertido en pesebre, en nuestro país. Los principales supuestos valedores del orden constitucional se han comportado como oligarcas sin complejos, que han secuestrado la soberanía del pueblo español.
Al menos en tres cuestiones el Parlamento Español ha cometido fraude de ley: la ley de violencia de género, la negociación con ETA, el Estatuto de Cataluña. En todos los casos citados se atenta fundamentalmente contra el artículo 14 de la Constitución Española de 1978, pero no es el único que han transgredido los parlamentarios españoles que deberían haber velado por el cumplimiento estricto de la Carta Magna.
Estamos asistiendo a una situación perversa, porque los parlamentarios españoles al transgredir la Constitución, pierden de forma inmediata su representatividad pública, pues su mandato democrático debe ceñirse escrupulosamente al ámbito perfectamente delimitado por la Constitución.
Definitivamente, el Parlamento Español y el Gobierno han derivado hacia la extraconstitucionalidad y deberían ser deslegitimados de su representatividad democrática por el Tribunal Constitucional y desposeídos de su poder por las autoridades correspondientes.
La gravedad de la tergiversación que se ha hecho de la Constitución Española con la insidia orientada exclusivamente por los beneficios electorales que han procurado al Gobierno determinadas alianzas, es de tal perjuicio para los españoles, como el Golpe de Estado encubierto que el Presidente Zelaya intentó dar en Honduras o Hugo Chávez ha dado en Venezuela.
Los españoles estamos viviendo en estos momentos fuera de la ley, mientras la oclocracia gubernamental y parlamentaria defiende sus propios intereses contra los del pueblo español. Esto es inadmisible en una democracia europea. Deberíamos reunirnos y presentar una protesta en Estrasburgo por aceptar un país que ha dejado de ser democrático en el seno de la Unión Europea.
El programa marco del Gobierno en su aproximación a comunidades no democráticas bajo el pabellón inventado de la Alianza de Civilizaciones está logrando el efecto contrario al que se presuponía, en detrimento de la soberanía nacional y la ciudadanía española. Lo mismo se puede decir de la deriva gubernamental hacia las hipótesis arbitrarias del nacionalismo catalán o el secesionismo etarra. El Gobierno se alía con los principales agresores de la Constitución española, contra los españoles soberanos de esta nación, en plena impunidad y regresión.
Hoy la España de Zapatero se parece más a Turquía en los ámbitos social y político, que Turquía a la España que existía antes de que el PSOE llegara al Gobierno tras el atentado del 11-M, con José Luis Rodríguez Zapatero de Presidente. En 2012, si seguimos al mismo ritmo, posiblemente ya nadie recuerde que España tenía una Constitución legítima aprobada por el pueblo español en 1978. El silencio de los supuestos opositores del PP no es otra cosa que complicidad y connivencia, de la que son absolutamente responsables.
Biante de Priena