Alguien ha comparado con acierto el Estatut catalán con un burka político, que una congregación de fanáticos intenta imponer de forma ilegítima a una población perpleja, con el adoctrinamiento y el ahinco de los fundamentalistas, empeñados en conseguir una pureza étnica-folklórica imposible en una población tan mezclada y multicultural como la catalana; estos hechos hacen que los demócratas se sonrojen y los amantes de la libertad y la igualdad prorrumpan en improperios.
Pero quizás la degradación culmina con el procedimiento, porque una minoría soberanista (16,2 % según la última encuesta de El Periódico), azuzada por los políticos que consideran que una condición nacional propia les permitiría ampliar su afición por el pesebre hasta cotas inimaginadas, ensalzada por los medios de comunicación catalanistas, pretende conculcar la legitimidad constitucional, ratificada por el Tribunal Constitucional, contra la voluntad del pueblo catalán que nunca ha votado en contra la Constitución Española, sino con cifras que superan en participación en el doble a las acontecidas en el refrendo del Estatut, y con tasas del 91 % de apoyo, cifra no alcanzada por el Estatut.
La pantomima podría derivar en un esperpento más de los muchos que han coleccionado los políticos catalanes a lo largo de su historia, pasando inevitablemente por el Golpe de Estado contra la República del President Companys en 1934, por el que fue juzgado, condenado y encarcelado en El Puerto de Santa María, por los tribunales de garantías constitucionales correspondientes. Bajo el gobierno de Companys se produjeron más de 8.500 asesinatos por parte del nacional-socialismo en Cataluña, información que ha desaparecido, casualmente, del periódico que lo publicó en su día, La Vanguardia.
Pero no puede pasar al museo de las estupideces, porque desde La Moncloa, por mor de su Presidente José Luis Rodríguez Zapatero se sigue apoyando, a pesar de la sentencia inapelable del Tribunal Constitucional, con la asistencia del PSOE (Leire Pajín: “es nuestro Estatut”). José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió en su día a apoyar lo que surgiera aprobado en el Parlament de Catalunya, cometiendo la imprudencia de obviar la decisión del Tribunal Constitucional, acostumbrado como está a no respetar la independencia de la justicia.
Cuánto más va pasando el tiempo, más facil es contemplar el espectáculo nacional-socialista de la representación teatral que la oclocracia catalana nos brinda, siempre preocupada por lograr una nación en Cataluña, bilateral o independiente de España, pero que no sabe nada de lo ocurrido con los 35 millones del caso Millet, que ha servido para financiar a CIU, al PSC, y a ERC de forma discreta. Tampoco se sabe nada de lo ocurrido con los más de 10 millones de euros que se han desviado en el caso Pretoria. Ni se sabe siquiera el montante total de las inversiones de la Generalitat de Cataluña en “hacer nación” (es deicir, alimentar a todos los que viven en su gran pesebre), evitando que los ciudadanos catalanes tengan el Estado de Bienestar que les correspondería si no tuvieran una casta política empeñada en proclamar una nación en Cataluña.
Nada que decir del 65,7 % de los ciudadanos españoles residentes en Cataluña que se sienten bastante o muy orgullosos de ser españoles, y que en el Estatut de Cataluña son devaluados a ciudadanos de segunda categoría, a los que no se dedica ni un artículo de los muchos que contiene. ¿Cómo menos de un 20 % de la población catalana puede aplastar los derechos de casi un 70 % de sus conciudadanos y quedarse tan fresco?. Son cosas inexplicables, porque cuando los argumentos se fundamentan en los sentimientos y no en la razón, todos los sentimientos son iguales, los de los que quieren ser una nación independiente y los de los que quieren seguir siendo una comunidad española, en la que sus ciudadanos tengan la garantía constitucional de sus derechos fundamentales compartidos con sus compatriotas, y no la garantía de que la Constitución, como actualmente ocurre de forma ilegítima en Cataluña, donde se sigue aplicando el Estatut sin las correcciones establecidas por la sentencia del Tribunal Constitucional, sea erradicada. ¿Se puede hablar de respeto a la democracia en estas condiciones ilegítimas?.
No comprendo a los catalanistas, exigen que por ley se les conceda lo que piden y no son capaces de respetar las leyes en la que fundamentan su presunción soberanista. Esta forma de interpretar la justicia es perversa y degradada. Imagínense ustedes que pasan bajo un balcón, les cae un tiesto en la cabeza, les ocasiona un traumatismo craneoencefálico y un juez decide que ustedes deben pagar el tiesto (y no tienen derecho a indemnización alguna) porque la fatalidad de que les cayera el tiesto encima se debe a su imprudencia de no ir mirando los tiestos de los balcones, pues algo similar es lo que pretenden que nos creamos desde La Generalitat de Cataluña y desde La Moncloa. Esto supone un auténtico reto a la inteligencia y la prudencia. La tolerancia de los españoles con los políticos que les representan, tanto los que residen en Cataluña como en cualquier otra comunidad española, debería ser galardonada con el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia, por lo menos, o mejor con el Premio Nóbel de la Paz, porque mira que llevamos tragado sin inmutarnos.
Biante de Priena
