La propiedad es el poder directo e inmediato sobre un objeto o bien, por la que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo, sin más limitaciones que las que imponga la ley, dice la wikipedia y será verdad.
El utópico Proudhom no pensaba eso, decía que la propiedad era un robo, algo que molestó mucho a Karl Marx, que consideraba la propiedad sobre los medios de producción, como el eje fundamental de su obra política, deduciendo que la propiedad privada de estos medios de producción era el origen de todas las alienaciones humanas, al considerar el capitalismo que el trabajo humano era una mercancía más, como cualquier objeto material. El método marxista veía como única solución para resolver el problema la eliminación de la propiedad privada, estableciendo que la única propiedad posible debía ser pública, aunque posteriormente rectificó en el caso de los pequeños propietarios agrícolas, lo que hoy podrían considerarse en nuestra sociedad como autónomos.
Esta polémica siempre ha distinguido a los anarquistas, seguidores de Proudhom, de los marxistas, seguidores del autor de El Capital. La práctica de las teorías marxistas han sido llevadas a la realidad por la extinta Unión Soviética, la Cuba de Castro, Corea del Norte, China –que ha permitido la propiedad privada desde hace pocos años, convirtiéndose en un país que produce hoy mil veces más que hace dos décadas-, y algunos ejemplos rocambolescos como Bolivia, Nicaragua, Venezuela, y otras naciones bolivarianas.
Sin embargo, a los ojos del liberalismo, el problema no es la propiedad, sino la apropiación. La propiedad obtenida legalmente, bien está, paga sus impuestos, y estimula el crecimiento de un país. El problema es cuando uno se enriquece, incrementando sus propiedades o privilegios, o favorece a sus próximos, aprovechándose de una representación pública de los demás, por ejemplo desde la política. Por eso hoy se encuentran en juicio público Camps y Chaves, aunque en el primer caso haya obtenido unos privilegios que rondan los diez mil euros, y en el segundo se hayan concedido unos privilegios que rondan los diez millones de euros.
Pero no sólo debemos hablar de apropiación en cuestiones económicas, resulta estridente contemplar a Rosa Díez diciendo que la UPyD es mucho más que ella, evidentemente, faltaría más, que se pensaba Rosa Díez, ¿que UPyD era sólo de ella y sus palmeros?. Y ese es el auténtico problema del partido magenta que ha iniciado el camino, breve o prolongado, que le conducirá inevitablemente a su final: la apropiación indebida.
La apropiación indebida del poder es el mayor problema que tiene nuestro país, cuando Zapatero reparte dinero de todos, con un criterios que benefician electoralmente a su partido el PSOE, está cometiendo una apropiación indebida. Está untando a sindicatos, bancos, medios de comunicación, asociaciones, parados, nacionalistas, y a todos los que puedan mantenerle en el poder, pero con el dinero que no es suyo, incrementando la deuda que tendremos que pagar todos los demás, sólo para que no se note que no ha sabido atajar la crisis que no iba a existir, y que dejará posiblemente en precario el porvenir de las siguientes generaciones.
Los políticos que gestionan nuestros recursos, los de todos los españoles, del PSOE y del PP, henchidos de poder y soberbia, cometen todos los días actos de apropiación indebida, sin rendir cuentas a nadie, se pagan la campaña personal durante cuatro años con los recursos de todos los ciudadanos. Gestionan y administran los recursos, en función de sus intereses personales de perpetuación en el poder, antes que en los intereses generales. He ahí la perversión máxima de la política española: la usurpación del poder concedido democráticamente en beneficio propio.
La propiedad es de los ciudadanos, no de los políticos. Los propietarios de los recursos públicos somos los españoles, no los políticos. La soberanía de los ciudadanos españoles sobre la nación española y todo en lo que ella existe, no puede convertirse en una apropiación indebida de unos advenedizos que lo único que pretenden es incrementar su patrimonio de poder o económico a costa de todos los demás, unos administradores para gestionar nuestros recursos que se exceden en sus funciones, algún día tendrán que rendir cuentas ante la justicia de su latrocinio, de su robo, con la única finalidad de seguir obteniendo ventajas para sí mismos a costa de todos los demás.
Un presidente de un Gobierno, al igual que una portavoz de un partido, no puede tomar todas las decisiones que bien le parezcan, debe saber tomar las decisiones que les parezcan bien a todos los demás. Y si no sabe, no puede tapar su incapacidad, con los recursos, materiales, laborales, y humanos de todos los demás en beneficio exclusivamente propio.
Erasmo de Salinas
El utópico Proudhom no pensaba eso, decía que la propiedad era un robo, algo que molestó mucho a Karl Marx, que consideraba la propiedad sobre los medios de producción, como el eje fundamental de su obra política, deduciendo que la propiedad privada de estos medios de producción era el origen de todas las alienaciones humanas, al considerar el capitalismo que el trabajo humano era una mercancía más, como cualquier objeto material. El método marxista veía como única solución para resolver el problema la eliminación de la propiedad privada, estableciendo que la única propiedad posible debía ser pública, aunque posteriormente rectificó en el caso de los pequeños propietarios agrícolas, lo que hoy podrían considerarse en nuestra sociedad como autónomos.
Esta polémica siempre ha distinguido a los anarquistas, seguidores de Proudhom, de los marxistas, seguidores del autor de El Capital. La práctica de las teorías marxistas han sido llevadas a la realidad por la extinta Unión Soviética, la Cuba de Castro, Corea del Norte, China –que ha permitido la propiedad privada desde hace pocos años, convirtiéndose en un país que produce hoy mil veces más que hace dos décadas-, y algunos ejemplos rocambolescos como Bolivia, Nicaragua, Venezuela, y otras naciones bolivarianas.
Sin embargo, a los ojos del liberalismo, el problema no es la propiedad, sino la apropiación. La propiedad obtenida legalmente, bien está, paga sus impuestos, y estimula el crecimiento de un país. El problema es cuando uno se enriquece, incrementando sus propiedades o privilegios, o favorece a sus próximos, aprovechándose de una representación pública de los demás, por ejemplo desde la política. Por eso hoy se encuentran en juicio público Camps y Chaves, aunque en el primer caso haya obtenido unos privilegios que rondan los diez mil euros, y en el segundo se hayan concedido unos privilegios que rondan los diez millones de euros.
Pero no sólo debemos hablar de apropiación en cuestiones económicas, resulta estridente contemplar a Rosa Díez diciendo que la UPyD es mucho más que ella, evidentemente, faltaría más, que se pensaba Rosa Díez, ¿que UPyD era sólo de ella y sus palmeros?. Y ese es el auténtico problema del partido magenta que ha iniciado el camino, breve o prolongado, que le conducirá inevitablemente a su final: la apropiación indebida.
La apropiación indebida del poder es el mayor problema que tiene nuestro país, cuando Zapatero reparte dinero de todos, con un criterios que benefician electoralmente a su partido el PSOE, está cometiendo una apropiación indebida. Está untando a sindicatos, bancos, medios de comunicación, asociaciones, parados, nacionalistas, y a todos los que puedan mantenerle en el poder, pero con el dinero que no es suyo, incrementando la deuda que tendremos que pagar todos los demás, sólo para que no se note que no ha sabido atajar la crisis que no iba a existir, y que dejará posiblemente en precario el porvenir de las siguientes generaciones.
Los políticos que gestionan nuestros recursos, los de todos los españoles, del PSOE y del PP, henchidos de poder y soberbia, cometen todos los días actos de apropiación indebida, sin rendir cuentas a nadie, se pagan la campaña personal durante cuatro años con los recursos de todos los ciudadanos. Gestionan y administran los recursos, en función de sus intereses personales de perpetuación en el poder, antes que en los intereses generales. He ahí la perversión máxima de la política española: la usurpación del poder concedido democráticamente en beneficio propio.
La propiedad es de los ciudadanos, no de los políticos. Los propietarios de los recursos públicos somos los españoles, no los políticos. La soberanía de los ciudadanos españoles sobre la nación española y todo en lo que ella existe, no puede convertirse en una apropiación indebida de unos advenedizos que lo único que pretenden es incrementar su patrimonio de poder o económico a costa de todos los demás, unos administradores para gestionar nuestros recursos que se exceden en sus funciones, algún día tendrán que rendir cuentas ante la justicia de su latrocinio, de su robo, con la única finalidad de seguir obteniendo ventajas para sí mismos a costa de todos los demás.
Un presidente de un Gobierno, al igual que una portavoz de un partido, no puede tomar todas las decisiones que bien le parezcan, debe saber tomar las decisiones que les parezcan bien a todos los demás. Y si no sabe, no puede tapar su incapacidad, con los recursos, materiales, laborales, y humanos de todos los demás en beneficio exclusivamente propio.
Erasmo de Salinas
