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domingo, 20 de diciembre de 2009

¿Vamos a permitir que los catalanistas definan España?


Hay un problema de fondo en el penoso espectáculo que nos está deparando la pantomima nacionalista a los españoles, porque lo que comenzó siendo una concesión a las minorías y sus supuestas diferencias idiosincrásicas, se ha terminado convirtiendo en un secuestro de la identidad propia, legitimada por la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país.

España nunca podrá avanzar mientras no resuelva de forma categórica el problema de los nacionalismos, que al fin y al cabo, es un problema exclusivamente político que proviene de la usurpación económica sectaria del erario público por quienes democráticamente acceden al poder, algo que los nacionalistas comparten con el socialismo que representa Rodríguez Zapatero y con los conservadores que representa Mariano Rajoy. Porque realmente existen diversos blindajes legales y una ausencia de controles exhaustivos, para impedir que los políticos puedan adueñarse de lo común, de lo que pertenece legítimamente a los españoles.

La aceptación sin modificaciones del Estatut, como una opción legítima que expresa la voluntad de un pueblo supone, “de iure” y “de facto, la asunción a un régimen corrupto sobrevenido, que vulnera los principios fundamentales sobre los que asienta la legitimidad constitucional que soporta el Estado de Derecho en el que vivimos los españoles. Un Estatut que no respeta la igualdad del artículo 14 de la CE de 1978, es un torpedo saduceo a nuestro orden vigente, porque dinamita la equidad, la libertad, la justicia y la democracia en nuestro país, que junto con la nación española son las fuentes fundamentales de nuestra legitimación política.

Es lamentable reconocer que la única finalidad política de cualquier ideología vigente y su interpretación de la realidad social, es el manejo de las cuentas del Estado, sea a nivel central, autonómico, o local, desde una perspectiva pública pero con una finalidad privada. Eludir los controles sobre la cuestión financiera, es precisamente la justificación para promover el imperio de cualquier ideología sobre la legitimidad inherente a nuestro Estado de Derecho establecido en la Constitución de 1978, y avalado por el pueblo español en referéndum.

Hay un problema de fondo del que debemos zaherirnos los españoles cuanto antes, porque de otra manera estos impresentables representantes políticos que sufrimos, nos conducirán a la ruina y la inexorable confrontación que deviene en consecuencia. Todavía no se acaban de enterar nuestros representantes públicos, porque no les conviene, que la democracia no les permite hacer lo que les dé la gana, sino exclusivamente lo que está permitido por el marco constitucional. Cualquier acción fuera del marco constitucional es ilegal. Que el Tribunal Constitucional no se haya manifestado al respecto de forma inmediata, sencillamente es una manifestación más del estado totalitario en el que estamos viviendo, donde la política anega la justicia de despropósitos, al igual que todos los ámbitos de la sociedad y la cultura.

Confundir el campo semántico y jurídico de una entidad administrativa del Estado como es una autonomía –o una nacionalidad-, con el fundamento nacional, legítimo, constitucional, aceptado por la inmensa mayoría de la cohorte constituyente, al aprobar la Constitución con su voto, es una solemne estupidez; no entenderlo así, es una prevaricación para los que están sujetos a decidir por su responsabilidad. Basta ya de tomaduras de pelo, porque ni Montilla, ni Carod, ni Rodríguez Zapatero, ni Mariano Rajoy, ni siquiera el Parlamento español o el Tribunal Constitucional, tienen potestad para definirnos, ni siquiera para interpretarnos, y mucho menos para revocar a los españoles como soberanos de nuestra nación que es España. Sólo la incultura manifiesta de una legión de ignorantes sobrealzados por el destino a la representación política, puede procurar la osadía de convertir en criterio delimitador de lo que somos o no somos los españoles, a las barbaridades novedosas de los promotores del aborto político, contra la voluntad de un pueblo soberano, constituido y legitimado.

¿Quién define Cataluña?

El primer problema que nos procura el asunto catalán es saber quien tiene legitimidad para definir lo que es Cataluña, porque algunos pretenden aplicar los códigos de la escisión de un municipio en dos corporaciones locales, a una cuestión nacional. España es una unidad indivisible, la Constitución Española se legítima sobre el Artículo 2 de la CE 1978, sin unidad indivisible, sin nación única, la Constitución queda derogada de forma inmediata. No hay nada que se asemeje al Estado Plurinacional o la Nación de Ciudadanos en nuestra Constitución, que al respecto deja bien claro y delimitado lo que es Nación y lo que no lo es.

Los nacionalistas son unos creacionistas de la política que pretenden volver a introducir órdenes inefables y absolutos en la legitimación de nuestra condición soberana, la de los españoles, convirtiéndonos en ciudadanos al servicio de sus intereses. Tanto crimen hay en los partidarios del diseño inteligente de la nación catalana, como en los que niegan la selección natural en la Teoría de la Evolución de Darwin. Los nacionalistas pretenden que cada ciudadano es soberano por sí mismo -y no en reunión con todos los demás- como una consecuencia de su libertad, cuando en realidad es una usurpación violenta y taimada de la soberanía de los españoles conformados como pueblo español, único sujeto colectivo con derecho a decidir, porque la soberanía nacional es una condición que proviene de ser una parte de una unidad, no una unidad aparte.

Todos los argumentos esgrimidos por los nacionalistas catalanes han sido refutados por la historia, la justicia, y el sentido común; porque por las razones que aducen los nacionalistas catalanes no hay una sola comunidad autonómica española exenta de criterios suficientes para declararse nación. Los catalanes sólo pueden definir Cataluña como españoles, pues como ciudadanos españoles tienen derechos para administrarse políticamente pero no para definirse unilateralmente como una nación. ¿De qué orden no escrito más que en las partituras de los delirios de los iluminados proviene ese derecho?.

No se puede aceptar que un catalán, porque sí, pueda decidir lo que es un español, como es un español, o lo que no es un español. Puede decidir, como español, que tipo de español es, nada más, no que tipo de español no es. Lo común está definido por todos y el margen para lo particular también, alguien debe dejar claro de una vez por todas, que los catalanes no pueden ser no españoles, por mucho que se empeñen y enajenen en el asunto, porque la Constitución Española sólo les permite ser españoles, catalanes por supuesto, pero españoles siempre. ¿Se imaginan ustedes que los catalanes se quisieran declarar no europeos y se empeñaran en hacerse africanos o asiáticos?

Hace unos días, el profesor Mikel Buesa, catedrático de economía, escribía en su blog que si Cataluña se hiciera independiente se convertiría en la nación más deficitaria del mundo, y conociendo el apego que los catalanes tienen por la contabilidad, creo que están siendo burlados por los cantamañanas que les empujan a la sedición. Pues en la cuestión política ocurre algo parecido, a los catalanes se les está timando con que el Estatut les va a proporcionar riqueza, cuando en realidad les va a procurar cada vez más pobreza y desasosiego, algo que pretenden los catalanistas extremos, porque así depurarán de españoles su nación ya que los españoles y los hijos de los españoles terminarán emigrando, y de esa forma procurarán la limpieza étnica que tanto anhelan. Van a convertir Cataluña en algo parecido a Albania.

Si Cataluña es peculiar culturalmente, es precisamente por formar parte de España, no por ser distinta de España. Esta locura a la que estamos asistiendo, es una fiebre balcánica que los radicales del nacionalismo extremo, han procurado para sobrealzarse con el poder, algo de lo que tendrá que rendir cuentas el PSC tarde o temprano, junto con CIU, el PP, y ICV. Tremenda barbaridad supone decir que los catalanes quieren la independencia, cuando ni siquiera un 25 % de los residentes en Cataluña han aprobado el Estatut, tanto como que España es un estado confesional cristiano o un país de conejos, como nos definían los romanos.


¿Quién define España?

La legitimidad de una nación no la puede procurar el juego sucio, ladino y sinuoso de unos políticos que promueven la independencia para seguir aferrados al poder, manipulando la situación económica que abona la secta que defienden a costa de todos los demás. No acaban de enterarse de que una cosa es el dominio y otra su uso desde el poder. Quien domina una lengua puede usarla o no, no está obligado a usarla, salvo que algún político imbécil le obligue como se obligaba a los alemanes a alzar la mano en gesto fascista con Hitler, o a los españoles hace cuarenta años a hacer lo mismo con Franco.

La única finalidad política del Estatut inadmisible es la de procurar más beneficios para Cataluña a costa de los demás españoles, lo que hace que Cataluña se distancie cada vez más del común; muchos españoles estamos hartos de que se envíen ingentes cantidades de dinero público a Cataluña desde Madrid, y también hartos de tener que consumir productos catalanes porque Cataluña forma parte de España, gracias al arancel de compatriotas, que compartimos los españoles. España es un país en el que todos somos igual de diferentes, como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia o Italia, pero los nacionalistas no quieren asumirlo porque se consideran mejores, distintos, privilegiados por cuestión de nacimiento, herederos de la tierra de sus antepasados y de los derechos no escritos.

Es inadmisible que un 10 % de los españoles que se consideran no españoles, es decir, todos los nacionalistas de este país, se estén beneficiando de perjudicar al 90 % de los españoles restantes. Si estamos en una democracia, que se ejerza el poder de la mayoría, porque en su defecto la minoría ejercerá, como está ocurriendo, una tiranía con la inmensa mayoría, gracias a los representantes políticos que tenemos que dicen defender los intereses de todos los españoles, cuando defienden exclusivamente los suyos.

Ni Cataluña se puede definir desde Cataluña, ni España se puede definir desde Cataluña. ¿Entonces a qué viene tanto cuento y delirio con “la cuestión catalana”?. ¿No hay problemas más importantes como la crisis, el paro, nuestra situación internacional, la pobreza, la crisis educativa, la crisis de la justicia, la crisis sanitaria, la corrupción política y económica, que deberían atraer todo nuestro esfuerzo?. ¿Acaso no son los políticos españoles los únicos que tienen un problema con Cataluña porque les interesa?.

Enrique Suarez Retuerta
Un ciudadano español que no renuncia a su soberanía

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