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sábado, 4 de diciembre de 2010

La militarización: un gravísimo precedente autoritario


¿Qué hubieran dicho y hecho los que hoy aplauden las medidas del Gobierno, si en la reciente huelga del Metro de Madrid, Esperanza Aguirre hubiera sugerido algo parecido?. Posiblemente se reunirían para lincharla en la Plaza Mayor o quemarla en la hoguera del fascismo. Sin embargo, la secta de la ceja puede seguir actuando en plena impunidad contra el Estado de Derecho en nombre de la democracia, y a su pesar.

En la última huelga general, los piquetes de UGT y CCOO paralizaron el país frente a la voluntad de los ciudadanos, ¿qué hizo el Gobierno entonces? ¿militarizó el país?, para nada, se limitó a mirar para otro lado sin apenas inmutarse. La oclocracia de ZP sigue adelante en sus hazañas, hoy han dado otra vuelta de tuerca al garrote vil que asesina la libertad de los españoles, que a nadie se le olvide que los controladores aéreos son el cogote de todos los ciudadanos de este país, como Lasa y Zabala, lo fueron en su día, en la época del GAL.

Con la militarización, una medida absolutamente extraordinaria que permite dejar sin efecto determinados derechos fundamentales, España ha entrado en una espiral muy peligrosa, que recuerda a las medidas que Hugo Chávez adoptó en Venezuela para imponer su dictadura bolivariana. Hoy, el Gobierno ha mostrado su autoritarismo, herido de muerte por la crisis económica, necesita medidas de fuerza para imponer su voluntad, que exceden el mandato democrático. El PSOE tiene una larga historia de vulneración de la democracia, la dictadura de Primo de Rivera en la que participó, los desmanes de la segunda república que trajeron la guerra civil, el asunto del GAL un acto de terrorismo de Estado que debiera haber erradicado este partido de la política española, y por último, la toma al asalto oclocrático del poder tras el atentado del 11-M, creando una campaña de propaganda deleznable, llena de infamias sin fundamento, contra el Gobierno de Aznar.

La mayoría de los ciudadanos no son conscientes de las graves consecuencias de la decisión que ha adoptado hoy el Gobierno. Lo que han hecho es un acto legal, pero encubre en sus formas y tiempos un auténtico salto hacia la tiranía. El Gobierno ha sentado el precedente de imponer su voluntad fuera de los cauces democráticos, ni siquiera en el 23-F, ni en el 11-M, nadie se atrevió a decretar un Estado de Alarma. Algo sin precedentes en nuestra historia democrática y en la mayoría de los países de nuestro entorno. España ha descendido hoy un escalón en su condición de país democrático, que pesará como una losa sobre nuestro futuro. Los socialistas no sólo han arruinado el país, sino que han creado la primera célula bolivariana de poder a este lado del Atlántico, algo que por cierto llevamos denunciando desde Ciudadanos en la Red desde hace mucho tiempo.

En un país civilizado no se puede obligar a nadie a trabajar a punta de metralleta, tras haber impuesto un decreto fascista a un colectivo de trabajadores, los controladores aéreos, tras una campaña de difamación rastrera establecida por el Ministro de Fomento, José Blanco, justificando sus imposiciones por los elevados sueldos que reciben estos trabajadores, cuando en este país hay muchos políticos que cobran más, pero no solo eso, nos cuestan lo que no está escrito, porque entre su ineptitud e incapacidad nos han llevado a los españoles a una situación de quiebra general, pero nadie puede decir nada, porque eso es políticamente incorrecto.

Por último, no quiero pensar si un avión sufre un percance en el Estado de Alarma en el que nos encontramos, porque los controladores no serían responsables, al estar trabajando coaccionados y obligados, prácticamente a punta de pistola, por el Gobierno. Este abuso de poder no puede quedar sin consecuencias, está bien que los controladores cumplan con su trabajo en unas condiciones racionales y no estrafalarias en sus emolumentos, pero no se puede consentir, bajo ningún concepto, que para que ese objetivo se consiga, los españoles que no hemos hecho absolutamente nada tengamos que atravesar una situación extravagante en nuestro país, en un sistema que todavía se considera democrático, aunque no sé por cuánto tiempo. No se puede conseguir un bien, a costa de un mal mayor, eso es una irracionalidad estúpida. No se puede permitir la militarización de un país para mantener en el poder a un Presidente de Gobierno por decreto, en contra de la voluntad de su pueblo. Es imprescindible demandar su destitución y convocar elecciones de forma inmediata.

En estos momentos voy a publicar este escrito, no sabiendo si las condiciones del Estado de Alarma decretado por el Gobierno puede permitirles detenerme y llevarme a un calabozo acusándome de sedición, por no estar de acuerdo con la versión oficial que tratan de imponerme desde el Gobierno y los medios de comunicación. Si ven que en Ciudadanos en la Red no se publica en los próximos días, piensen mal y se quedarán cortos.

Biante de Priena

El Estado la arma


Los hechos son, más o menos, que un colectivo de 2300 controladores aéreos soportan desde hace ocho meses el acoso ininterrumpido de un Gobierno, con una campaña de infamia y crispación, induciendo a la ciudadanía a su desprecio y escarnio, fundamentalmente porque cobran demasiado, cuando hay algunos políticos que cobran más que la media del colectivo, se quedan tan frescos, sin admitir críticas de nadie.

El detonante, un decreto-ley impuesto por el Gobierno contra todo proceso de acuerdo y negociación al más puro estilo bolivariano; la estupidez, hacerlo el viernes anterior al puente más largo del calendario, en una prueba de fuerza, pensando que los controladores no se atreverían a moverse, perjudicando a más de 600.000 ciudadanos y ofreciendo la imagen de estado de alarma permanente que se vive en España en los últimos tiempos, gracias a un gobierno sobrepasado y derrocado por la realidad.

En la huida desesperada del Gobierno hacia delante, la última genialidad ha sido la declaración de Estado de Alarma con militarización de aeropuertos y acusación de sedición para los desertores-controladores que se han ido para sus casas con la baja médica correspondiente. Algo que no había ocurrido en la democracia española ni en el 23-F, ni en el 11-M.

La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ha solicitado a sus afiliados que acudan a los aeropuertos, algo que han hecho la mitad de los controladores, pero negándose a trabajar por la situación de estrés que están atravesando con el conflicto abierto y que podría repercutir sobre su trabajo y la seguridad de los pasajeros de los vuelos cancelados. A ningún trabajador de un país occidental se le puede obligar a trabajar en las condiciones que se han provocado contra su voluntad, si no se encuentra a sí mismos, con actitudes físicas y psíquicas para hacerlo. Ningún médico va a asumir esa responsabilidad, ningún militar va a obligar a nadie a trabajar contra su voluntad, cuando en sus manos están vidas humanas, si el sujeto se declara incompetente.

El resumen del despropósito, 600.000 ciudadanos tirados en los aeropuertos, un Gobierno incompetente que no sabe resolver la situación porque ha roto cualquier posibilidad de acuerdo unilateralmente al imponer un decreto-ley de forma fascista, una situación extravagante con un Estado de Alarma decretado y toma militar de los aeropuertos, una imagen de quiebra absoluta de cualquier orden transmitida al resto del mundo. Sin duda, alguien más que los controladores se ha equivocado en este maremagnum desconcertante. Cuando un gobierno en su soberbia, arriesga la seguridad de los ciudadanos, imponiendo medidas más propias de una república bananera, es que ha perdido por completo el sentido de la gestión de los intereses públicos generales, condenándose a sí mismo a abandonar el poder.

Esto era lo que nos faltaba, la guinda del pastel, después de arruinar el país económicamente ahora también se han cargado el Estado de Derecho, porque les sale de las narices. Que se vayan de una puta vez y dejen de hacer daño al país y a sus ciudadanos. Por la misma razón que aducen para militarizar a los controladores, hace tiempo que habría que haber echado a este Gobierno para evitar el daño que han hecho a los ciudadanos. Lo de los controladores no es nada comparado con lo que nos han hecho a los españoles los gobiernos de Zapatero.

Biante de Priena

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