La política en España, ejemplo de inmoralidad y cobardía

"Todo lo que en las condiciones de la vida no se renueva o transforma, o se corrompe o es foco de corrupción" Nicolás Salmerón

Nunca el descrédito había acorralado de forma tan asfixiante a los políticos españoles, realmente ya no tienen donde esconderse;  la gente ya no distingue de siglas, ni de partidos, ni de carteles, se  comienza a utilizar una denominación común para definir a todos los representantes públicos de este país, una aristocrática élite de cenutrios reunidos, bajo el genérico término de la casta.

La casta se mueve por la pasta, no hay ideologías, ni principios, ni fines, ni moral, ni ética. La única ley que motiva a los políticos españoles es la de la apropiación indebida, cuando cobran sus sueldos por representarse a si mismos y sus sectas, cuando ejercen la corrupción sin interrupción, cuando miran para otro lado cuando un compañero es imputado por prevaricación. Pero afortunadamente, la casta tiene sus días contados, está viviendo en su apoteosis final antes del seguro desenlace de su extinción, entre otras razones porque ya no queda nada que robar al descuido a los esquilmados ciudadanos de este país. Ahora queda juzgar a todos los que han participado en el ágape de la codicia, condenarlos y obligarles a que devuelvan lo que han sustraído en nombra de la democracia que les alzó a su privilegiada posición. No hay moral en sus actos, ni en sus palabras, ni en sus personas.

La justicia en España también se encuentra en entredicho, cuando se ha visto que en este país no hay igualdad en las leyes que son aplicadas con severidad extrema sobre los ciudadanos de a pie y con descuidada lenidad a los miembros de la casta. La opinión pública cada día se preocupa más por la ceguera irreversible que sufre el Fiscal General del Estado, pues la institución que representa es, sobre el papel, la encargada de velar por el interés público y el cumplimiento de la ley equitativa para todos en este país. Los tribunales comienzan a ser cuestionados cuando permiten que tramas de corrupción en pleno abandonen la cárcel, mientras ciudadanos que no han pagado una pensión compensatoria tras quedarse sin trabajo o algunos que han vulnerado el código de la circulación, sin causar daños, ingresan en prisión. ¿Qué vara de medir los delitos se utiliza en la justicia española cuando los políticos viven en plena impunidad, mientras los ciudadanos cada día tienen la soga más apretada sobre su cuello?

La gente está desconfiando cada día más de los políticos y de sus portavoces oficiales en los medios de comunicación, demasiada intoxicación, censura, propaganda,  ha conducido a la opinión pública a un estado de saciedad y rechazo de todo lo que acontece. Ni se investiga, ni se informa con rigor, ni se responde de las mentiras cotidians que nos brindan.

El Gobierno nacional ha perdido buena parte de la credibilidad con la que contaba hace un año al triunfar en las elecciones, al ver que trata de maquillar la realidad en su interés, mientras todos los organismos internacionales denuncian el engaño a que está sometiendo a los ciudadanos de este país. Los gobiernos autonómicos están acogotados por el descrédito que han acumulado gracias a su desmesura. Ejemplo reciente es el voto de castigo que Artur Mas ha recibido en Cataluña, o que la abstención fue la primera opción política de las pasadas elecciones en Euskadi y Galicia.

La extrema crisis que soportamos los ciudadanos en este país está funcionando como una lente de aumento sobre todo aquello que ocurre, nunca los españoles han estado más atentos a cualquier noticia  sobre los políticos y la política que se ejerce en España. Manifestaciones, huelgas, protestas se van coleccionando, cada día con más virulencia e intransigencia ante la tomadura de pelo a la que estamos siendo sometidos los españoles.

En este escenario, comienza a resquebrajarse la unidad de acción política de todos los partidos que contribuyen a la formación de la casta: desde el PSOE algunos militantes han pedido disculpas, mientras que la ministra de defensa de Zapatero ha dicho que quien la nombró no había hecho las cosas bien. Desde la alborotada Cataluña, un político se permite decir que la mayor parte de los políticos son honestos, mientras imputan al número dos del PSC por un caso de corrupción. En Aragón, han propuesto dar un premio a los políticos más honestos y eficaces, mientras en Castilla La Mancha los diputados del PSOE presentan enmiendas para que no les retiren los sueldos hasta 2015. El Presidente de Bankia, dice que se dejará la vida para devolver el préstamo de 17.000 millones que va a recibir de los españoles.  

Sinceramente, creo que todas estas alternativas llegan demasiado tarde y no servirán de nada, porque lo que la opinión pública española esta harta o más que harta de haber contemplado atrapada en el Síndrome de Casandra como se llevaban el dinero los señores políticos, para sus cuentas o sus partidos, mientras este país va camino de los seis millones de parados y los cuatro millones de nuevos pobres. Mientras los ciudadanos se suicidan antes de ser desahuciados, mientras cada día se ve más gente buscando comida entre los contenedores de basura. La crisis institucional, de confianza en la política, no se va a resolver hasta que se haga justicia, no va a servir con pedir perdón, tampoco con las mejores declaraciones de intenciones, que para lo único que sirven es para reconocer que se han cometido delitos, que se ha abusado del poder, que se ha esquilmado al pueblo en nombre de la democracia.

Los españoles queremos justicia, ni más ni menos, que se juzgue a los responsables de lo ocurrido, que se restituya el dinero que han desviado y que cumplan con las penas que les impongan los tribunales. La opinión pública española quiere que se haga justicia, llevando a los tribunales a todas las direcciones de los partidos políticos españoles, para que respondan de forma subsidiaria de los delitos que han cometido sus miembros en su nombre, defraudando a sus votantes y a todos los demás. En realidad, lo que queremos y anhelamos los españoles es que se hagan auditorías personales a todos los políticos que han tenido acceso al dinero público por medio de una fiscalía anticorrupción que sea eficaz y eficiente y no un escenario de cartón piedra para engañar a los ciudadanos.

Si no se hace pronto, de forma voluntaria por los partidos, en este país se va a crear una fragmentación definitiva e irreversibel entre políticos y ciudadanos, que a la larga se convertirá en un cuestionamiento de una democracia que solo es demagogia y tiranía, que sólo puede traernos miseria y podredumbre. Creo que ya no es posible una regeneración del sistema desde dentro, los políticos han acabado con la gallina de los huevos de oro. Más de un tercio de españoles considera que los políticos son el mayor problema de este país, cuando los que consideran que el paro y la crisis económica tienen autores en todos los partidos políticos que conforman la casta, pasarán a ser considerados el primer problema de este país, y entonces ya no habrá más solución que una acción revolucionaria que derroque a los miserables y deponga su actitud por la fuerza. Algo que posiblemente nadie quiera, pero que será la única opción que quedará si los políticos de la casta se empecinan en no rendir cuentas de sus crímenes ni a los ciudadanos, ni a los jueces, ni a la opinión pública, ni a dioses o demonios. Una falsa democracia de nada sirve para resolver los problemas que tenemos.

Tanta impostura, tanta opresión, tanta usurpación, tanta codicia y tanta inanidad no pueden quedar sin sanción por pueblo que se respete a sí mismo y no haya perdido para siempre su dignidad. Toda tolerancia se ha sobrepasado, toda transigencia se ha excedido y cada días somos más los españoles que nos planteamos que si los políticos, que hacen las leyes y tienen doble compromiso en su cumplimiento, se las pasan porel forro de su grandeza, ¿por qué los ciudadanos españoles vamos a tener que cumplir con ellas si en este país tenemos una Constitución, un Estado de Derecho, que vulneran mientras obligan a todos aquellos que no forman parte de la casta, a que cumplan con todas sus veleidades, estupideces y despotismos?

Creo que se equivocan, los españoles todavía somos soberanos, no súbditos de la estupidez de los políticos que se consideran nuestros amos, ni somos sus siervos, ni sus vasallos, al contrario, cuando ellos incumplen el contrato de servicio con el que se han comprometido, los ciudadanos estamos legitimados para mandarlos a la mierda y pasar de todo lo que dispongan sus señorías para seguir  viviendo como aristócratas, mientras someten al pueblo español al mayor de los escarnios.

Enrique Suárez