La mafia laboral asociada a lo público

¿Por qué España es el país de Europa con más gente viviendo de lo público?

En España, un 25 % del gasto público se dedica a salarios. A pesar de las quejas organizadas,  la propaganda sindical, y las intoxicaciones informativas; los 2,8 millones de empleados públicos (en realidad, la cifra podría superar los 5 o 6 millones, si contamos los asalariados que trabajan la mayor parte de su tiempo para organismos públicos, prácticamente el doble de lo que nos informan), convierten a los españoles en los ciudadanos europeos que más dinero dedicanos a pagar los asalariados que se contratan con criterios políticos, ajenos a la realidad de nuestras necesidades, desde entidades públicas.

España dedica un 25 % a pagar salarios de sus empleados, mientras que Alemania la cifra es del 17%, Italia 21%, Francia 23% y Reino Unido 22 %. Sin embargo, con la crisis económica se ha hecho una operación de camuflaje perfectamente urdida desde el poder, fundamentalmente en las comunidades autónomas y ayuntamientos, creando empresas, muchas de ellas parásitas, que viven a expensas de lo público, en las que se han colocado muchos de los empleados desalojados del sector público. Estas empresas vienen realizando una competencia desleal promovida, consentida y permitida por las administraciones públicas y las autoridades políticas, pues se llevan el grueso del trabajo por criterios de amiguismo y corrupción, muchas veces a precios más elevados que los de mercado. Aquí hay una bolsa de corrupción que supera a todas las demás y que no ha sido ni mencionada por los medios de comunicación al servicio del poder.

La externalización, que es como se llama la cosa, también  se paga con dinero público. Si bien los empleados públicos en España (14 %), no son más que en otros lugares, según Eurostat la población activa de asalariados públicos es muy similar al de nuestros vecinos: Alemania 13%, Italia 12%, Francia 16% y Reino Unido 16%, sin embargo, síi lo son los empleados que viven de lo público (indirectos y contratados), cifra que podría elevarse hasta un 30-35 % de la población activa, que sin duda es la cifra más elevada de Europa. Esto funciona como un auténtico pesebre electoral para los partidos políticos, que conculca cualquier atisvo de democracia en nuestro país.

España ocupa uno de los primeros lugares por empleados públicos directos e indirectos, ciertamente es uno de los países de Europa en que hay menos funcionarios profesionales, el cuarto por la cola en 2013, lo que sirve de estrategia para decir que faltan funcionarios, cuando en realidad lo que sobran son empleados públicos que ocupan los puestos de trabajo que corresponderían a los jóvenes mejor cualificados para esos puestos y a los parados que han sido desplazados por no disfrutar de padrino en el poder. 

Funcionarios en España hay 1.625.128, hasta 2,8 millones es personal contratado por el dedo correspondiente, con criterios de necesidad o bien criterios políticos, en la inmensa mayoría de los casos. Esta desmesura soberbia en un país que tiene cinco millones de personas sin trabajo no puede transigirse y debe erradicarse de inmediato.

La crisis ha impactado en menor medida sober el empleo público que sobre el sector privado, disminuyendo el primero en una proporción mucho menor que el segundo, al contrario de lo que ha ocurrido en la Unión Europea. Incluso en España, el empleo público ha seguido creciendo hasta 2010 en numerosos sectores.

Colocar enchufados por el poder, privando a aquellos que se merecen el trabajo del que otros enchufados les desplazan

En España, las tasas de restitución de funcionarios se han reducido al 10 % con la sana intención de colocar enchufados por el poder, bien de forma directa, o indirecta, desde empresas afines al poder, a expensas de la población joven mejor formada y con más paro de la OCDE y de los parados de larga duración que son desplazados por estas prácticas caciquiles, a la precariedad más absoluta. El fenómeno no es reciente, en este país han entrado en la administración pública personajes que llevan más 35 años afincados en el pesebre público, porque un día tuvieron la fortuna de que alguien con poder les reclamara. Algunos ya están próximos a la jubilación y llevan toda su vida viviendo de decirle a los demás lo que debían hacer, con una cualificación o inteligencia que en un país normal les dejaría en las listas del paro por muchos años. ¿Cómo va a funcionar este país bien si tiene un auténtico cáncer en el expolio público con sus correspondientes metástasis?. Está en estado terminal, que es lo que le corresponde.

La provisionalidad, el caciquismo, el nepotismo y el amiguismo nunca han sido denunciados por los defensores de lo público, es decir, por aquellos que ocupan puestos de trabajo que no les corresponden, posiblemente innecesarios, desplazando a jóvenes mejor formados  y más aptos, parados de larga duración y sectores más devastados. En ciertas ocasiones, estas empresas contratadas, subcontratan el trabajo, multiplicando por dos o tres su coste real. Estos parásitos son los que organizan habitualmente las huelgas y las mareas de todos los colores. Los que viven cobrando aproximadamente el doble que los empleados de empresas privadas por hacer más o menos la mitad.

Realmente se puede decir que hay una mafia laboral en España asociada a lo público, tanto por la contratación de enchufados desde el poder, como por la creación de empresas que trabajan exclusivamente para lo público y viven de lo público donde se han ido colocando los 400.000 desalojados del empleo público directo.  

El empleo asociado a lo público es uno de los mayores nichos de corrupción existente en este país, amparado por las autoridades políticas de todos los partidos, donde colocan a afines, parientes y amigos, con saber hacer la o con un canuto, para luego complicar aún más la vida de los ciudadanos, con normas y reglas sin otro sentido que hacer necesario lo innecesario y así, hacerse imprescindibles, y mantener su pesebre, los enchufados, su trabajo y su salario y los políticos, sus votos.

Pero además hay un agravante, esta legión de colocados por el poder cobra aproximadamente el doble que los empleados de empresas privadas, por la fortuna de haber sido incluidos en nóminas públicas o que provienen de lo público, pero además con una cualificación deficiente y una incapacidad extraordinaria para ocupar los puestos de trabajo que detentan. Prueba de ello es el deterioro paulatino que se comienza a observar en la inmensa mayoría de los organismos públicos.

El mayor crimen que comete este gobierno contra sus ciudadanos, al igual que todos los organismos de poder en este país, es que los españoles tengamos que endeudarnos en 55.000 millones de euros el próximo año, para pagar los empleados públicos y afines que nos sobran, que no son necesarios y que han sido colocados por el poder en todas sus formas, impidiendo el acceso a un puesto de trabajo a los jóvenes con mayor paro de Europa y a los cinco millones de parados que existen en este país. El tapón de corrupción laboral en lo público es el principal vínculo que nos encadena al tercermundismo, donde lugares como  Andalucía, Asturias o Extremadura son el paraiso, pero en menor escala este fenómeno ocurre en todas las demás comunidades autónomas. 

El mayor fraude de este país y nadie habla de él

Cada 100.000 colocados innecesarios este país tiene que pagar 5.000 millones de euros, así que si redujéramos en un 1.100.000 los empleados públicos y dependientes  de lo público, y dejáramos que esos puestos de trabajo fueran ocupados  de forma natural por jóvenes cualificados que se hicieran funcionarios (hay un millón de licenciados en el paro y otro millón de jóvenes trabajando en condiciones deplorables y muchos más en el paro condenados a un salario social el resto de sus días), dejaríamos de tener incremento de deuda pública cada año, y no habríamos alcanzado el billón de euros que ahora tenemos.

Hace unos años denuncié que mientras este país perdía un 25 % de su masa laboral general, inexplicablemente, en la época de Zapatero, la masa laboral pública se incrementaba en un 25 %, hasta los 3,2 millones de asalariados, todos los sectores perdían empleo menos el público, con la única finalidad de colocar a los afines, y los votantes agradecidos del futuro en unión de sus familias. El modelo andaluz, que ha permitido gobernar al PSOE durante 40 años en Andalucía, con sus EREs y sus cacicatos, para seguir siendo la comunidad con más lento desarrollo del país. Que sin embargo ha utilizado el PP en comunidades como Valencia y Murcia, con la misma finalidad. Pero además, cobrando salarios aproximadamente del doble que se cobra por la misma tarea en el sector privado, especialmente los más elevados.

Es hora de que este país madure y exponga a la luz el entramado de corrupción laboral asociado a lo público, si algún día queremos recobrar la normalidad. Es hora de que estas prácticas corruptas sean denunciadas por los ciudadanos, los enchufados desalojados del salario social que se les ha concedido y los corruptos que han inventado y amparado este sistema de depredación vayan a la cárcel. Es hora de acabar con el caciquismo político en España, que hace exclamar a los inversores extranjeros que este país está organizado para beneficiar a la casta política y a las élites acomodadas: "Ha sido horrible tratar de hacer negocio en esta región, ya nos habían dicho que era coto vedado para ésto; es un sitio exclusivo para los políticos y la élite acomodada"

Un país con cinco millones de parados, de ellos un millón de licenciados, la mayor cifra del mundo, no se puede permitir que unos chulos con carnet político o sindical decidan su futuro. No es una cuestión de igualdad, es una cuestión de justicia. Si el PSOE ha sido el creador de este sistema de expolio y degradación de lo público, a expensas de los cinco millones de parados españoles, en su mayoría jóvenes; el PP de Mariano Rajoy es el mayor responsable del paro existente en este país y del amparo a las mafias laborales que en el existen, asociadas a lo público. Podemos ha propuesto como solución incrementar aún más el pesebre público. Lo llevamos claro con esta calaña de impresentables y crápulas

Enrique Suárez

El linchamiento de la casta que viene

"Toda nación tiene derecho para fijar ciertas restricciones a la autoridad de los que gobiernan. Y ninguna con más razón que la española, víctima hasta ahora del despotismo y la tiranía" Agustín Argüelles

La representación política se ha convertido en el principal problema de este país, ni el paro, ni el ébola, ni el fútbol, ni la crisis son ya capaces de competir en titulares con la corrupción política y el fraude cometido por todos los que se arrogan la representación de los demás. Se han cruzado todas las líneas morales y legales que un pueblo puede soportar sin hacer nada, de lo que se deduce que una vez vencida la barrera de la vergüenza ajena que los españoles sentimos por quienes dicen representarnos sólo puede esperarse su definitivo desalojo de las instituciones que han usurpado con su impostura y detentación.

¿Cómo será el linchamiento de la casta?, es algo que nadie sabe, pero que todo el mundo espera. Hay demasiada gente con poder que se ha reído de quienes se lo concedieron, hay una extraordinaria mezquindad en no aceptar que desde los partidos políticos con acceso al poder se han cometido demasiados delitos para ser olvidados, aunque con el siguiente se trate de tapar el anterior. Un país con cinco millones de parados, con 600.000 millones de euros de deuda creada para que no se vea miseria, a costa de enviar a la miseria a varios millones no puede permanecer con los brazos cruzados.

La justicia trabaja con demasiada lentitud para la prisa que tenemos los españoles en quitarnos a toda esta patulea mezquina y avariciosa de encima, a estos enemigos de la democracia que han vulnerado leyes y principios para cometer los más execrables delitos gracias a su condición de representantes públicos.

Los antiguos griegos definieron en un concepto una de sus mayores afrentas a los demás: la hibrys, la desmesura de los poderosos. Némesis, la diosa de la venganza se representaba ante un Zeus que miraba hacia otro lado con las reivindicaciones del pueblo, ante las felonías despóticas de los mandatarios que habían incumplido leyes y habían profanado los recursos públicos en su interés.

 Los romanos condenaban a muerte o al destierro a los poderosos que se aprovechaban de sus privilegios, fueran emperadores, militares o senadores. En Francia la guillotina dejó el país sin cabezas aristocráticas y en Rusia, la revolución brindó adiós a los zares para dejar en su lugar un comité central. En España siempre se libraron los profanadores, pero no así aquellos que a ellos se enfrentaban. En todas las culturas, a lo largo de la historia, la desmesura de los poderosos es castigada por los desposeídos que han visto sus vidas malogradas para glorificar con bendiciones a los que detentan el poder.

Es hora de que la casta rinda cuentas y se deje de cuentos, no de que nos muestren quienes usaron tarjetas de crédito, sino de ver a todos los que han utilizado el poder conferido para aprovecharse y beneficiarse fuera de las instituciones, con una inhabilitación de por vida para que puedan volver a representar a nadie o poder manejar fondos públicos de forma directa e indirecta. 

El linchamiento ha comenzado, el ostracismo de los apestados está en marcha. La casta está rodeada por millones de ojos que esperan su rendición y renuncia a seguir imponiendo su desmesura, no hay demasiado tiempo para una rectificación definitiva, porque si esta no ocurre en los próximos meses, los españoles van a votar por todos aquellos partidos que nunca han estado en el poder, repudiando a todos lo que han abusado de su poder durante la última década.

Es hora de recordar que el hombre más poderoso de todos los tiempos en este planeta, Napoleón, dijo que sólo había un rival al que no se atrevería a oponerse: la opinión pública, y todos estos garrulos que han utilizado la representación pública para forrarse, no le llegan ni a la suela de la bota al corso, así que esperen el peor de los desprecios de los ciudadanos españoles, porque otra cosa no se merecen, antes de que se conviertan en olvido.

Enrique Suárez

La insostenible representación pública en España

Es hora de que los españoles no nos quedemos con el chocolate del loro que nos van soltando los medios de comunicación del régimen para que pensemos que, poco a poco, se va haciendo justicia. No hay justicia, cuando los imputados terminan siendo exonerados de sus responsabilidades, cuando los aforados no llegan a imputados, cuando los condenados son indultados. Cuando hay una justicia dependiente y acotada por el poder político, para zaherirse de sus responsabilidades. Eso convierte a este país en un engendro político sin democracia posible.

Es hora de que las cosas cambien para siempre en este país, y para ello sólo tenemos que unirnos los españoles en una estrategia común, acabar con la REPRESENTACIÓN en el poder, es hora de hacer un estatuto del representante público, sea institucional, político, sindical o administrativo y también un estatuto del representado, ambos estatutos deben regular la relación en la vida pública en España a partir de ahora, y hacerlo de forma inmediata, antes que las cucarachas que ocupan las estructuras de las instituciones públicas acaben con ellas. Es hora de desparasitar.

Se acaba su tiempo, cuando hay un corrupto en un partido o sindicato, organización empresarial o no gubernamental, estas instituciones deben ser apartadas cautelarmente de su participación en la vida pública, hasta que sea aclarada su participación colectiva. No es de recibo que sigamos tragándonos el cuento que nos quieren contar, que los corruptos son casos puntuales, porque si es así,  su partido o sindicato lo ha permitido, consentido, y tapado. Todos los miembros de los partidos políticos o sindicatos están contaminados, sino es en grado de autoría, será de complicidad o negligencia, pero no pueden ser no responsables.

La isocracia de los antiguos griegos consistía en la igualdad entre gobernantes y gobernados, sin este principio esencial de la representación no puede existir democracia, y sin democracia todo es degradación, oscurantismo, corrupción, despotismo y tiranía. De esto son responsables los partidos políticos, sindicatos y organizaciones representativas públicas en España y de eso deben dar explicaciones. Es su obligación y es nuestro derecho. Lo público no puede ser un antro de corrupción, precisamente los que defienden lo público en estas condiciones de podredumbre, sin depurar sus propias responsabilidades, son sus principales enemigos.

Si queremos salvar las instituciones representativas en España es hora de desparasitarlas y de exigir responsabilidades a quienes las han usurpado en su impostura y degradación. 

Casta delenda est. Tempus fugit

Enrique Suárez

UGT felicita al PP por mantener a los empleados públicos innecesarios y colocados de forma irregular

Sí, a mí me ocurrió lo mismo, también volví a leer la noticia, hasta... tres veces, pero al final comprobé que no me engañaban mis ojos: era cierta.

"La Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) ha celebrado este viernes que el PP, "por una vez atendiera a razones" y procediera a retirar dos de sus enmiendas en el Senado al proyecto de Ley de racionalización del sector público, con las que pretendía modificar el Estatuto Básico del Empleado Público y abrir la puerta a AMORTIZAR puestos de trabajo NO CONSIDERADOS NECESARIOS cuando han sido cubiertos de manera IRREGULAR"

Parece ser que al menos 50.000 empleados públicos están en esta condición (?)

Una noticia como esta en un país que ronda los seis millones de parados es realmente espeluznante por tres motivos:

1) se reconoce que hay empleados públicos innecesarios colocados de forma irregular, en las administraciones públicas, es decir ENCHUFADOS, más o menos 50.000, cuyo sueldo pagamos los españoles todos los meses.

2) UGT defiende a los "enchufados" sin recato alguno

3) El PP acepta que sigan ahí mientras los españoles les pagamos el sueldo todos los meses con la asfixia a que nos somete el Gobierno con sus impuestos y el incremento paulatino de la deuda pública. Por tanto reconoce que hay empleados públicos enchufados y no hace nada para despedirlos.

En algunos lugares están comenzando a salir LISTAS DE LA VERGÜENZA de empleados públicos enchufados, y que casualidad, resulta que muchos son de la UGT. A ver si va animando la cosa. Sólo en la Junta de Andalucía, el juez declaró ilegal en 2013, el contrato de más de 2.000 enchufados

La noticia se puede leer aquí procurada por Europa Press

Enrique Suárez

¿Quién defiende España de los depredadores de la casta?

Hace años se denunció en este blog que la casta política, sindical, financiera, estaba esquilmando España. Hablar de casta por entonces era considerado por la mayoría de lectores como una exageración, tal vez haya sido un término demasiado leve para calificar lo que está ocurriendo en este país. Más que casta, creo que deberíamos hablar de mafia, modelo de organización delictiva, para referirnos a partidos políticos, sindicatos, instituciones ocupadas por la casta en la justicia y el poder político y administrativo, y cajas de ahorros desfalcadas por toda la corte de los milagros que buscaba hacerse rica mientras nos hacían pobres a los españoles.

Hace años se dijo que toda esta purria de cenutrios con acceso al dinero público que no es de nadie, denunciada como corrupta por representarse a sí mismos,  sus intereses, y los de sus familiares y amigos, nos acabaría llevando a la ruina y la miseria. 

Hace años denunciamos que este régimen era una kakistocracia: los peores gobiernos con las peores políticas en los peores momentos. La izquierda apoyada por una muchedumbre gritona que vivía del pesebre (oclocracia) y la derecha apoyada por grandes corporaciones que imponían su voluntad corrupta al poder político (plutocracia).  Como decía Polibio en su Historia, la democracia degenera de numerosas maneras, pero cuando lo hace tarda en recobrarse generaciones de su degeneración.

Hace años denunciamos todo lo que está ocurriendo ante los lectores de este blog, primero al PSOE y su gobierno sectario depredador de recursos públicos, después al PP y su gobierno cavernario de ladrones discretos. Hace años que no sabemos nada de la democracia en España, ni siquiera de la libertad en la política, pues todos los que habitan el Congreso, Senado, Parlamentos Autonómicos y Ayuntamientos del 90 % del país están implicados en casos de corrupción. 

Hemos pasado de que la corrupción fuera una extravagancia a que sea la normalidad, por el camino nos hemos endeudado en un billón de euros, hemos condenado a la miseria a seis millones de parados y tenemos un déficit público que no permite que levantemos cabeza porque el Estado y las Administraciones Públicas se llevan más dinero del que genera nuestra economía, después de haber subido los impuestos más que ningún país de Europa y habiendo empobrecido a todos los españoles en más de un 30 %, dejando a algunos sin nada.

Mi pregunta tras todos estos años de seguimiento de la deriva de la política española es sencilla: ¿se merece el sacrificio que los españoles estamos sufriendo una casta que se ha convertido en el primer agente depredador de nuestro bienestar, en nombre de la democracia y la ley, y a su pesar? Soy de los que piensa que no, ni mucho menos, a mí el PP y el PSOE me importan una mierda, ya deberían haberse disuelto, igual que los sindicatos CCOO y UGT, los partidos nacionalistas y esas formaciones estalinistas que son IU y UPyD . Los consejos de administración de las Cajas de Ahorros deberían estar en la cárcel, al igual que los gobiernos autonómicos implicados en casos de corrupción, que son casi todos. Lo mismo para alcaldes y concejales de ayuntamientos de los pelotazos. Y Mariano Rajoy debería irse para su casa, porque ya no puede representar ni a España, ni a los españoles, porque se ha mostrado igual de enemigo de los intereses comunes de este país que lo fue Rodríguez Zapatero, que ya debería estar en la cárcel, preparando la llegada de su sucesor.

Así no podemos salir adelante en este país, cuanto más tardemos en derrocar a la casta, más crecerá la deuda, el déficit y el paro, más difícil tendremos solucionar nuestros problemas y más ocultarán todos estos mafiosos sus delitos con el beneplácito de la justicia impuesta por ellos que les ampara, como el Fiscal General del Estado y buena parte de las más altas instancias de la magistratura de este país.

Es hora de reflexionar para actuar en consecuencia.

Enrique Suárez

Así funciona España

"Bajo las fuertes patas del temible caballo de Atila no volvía a crecer la hierba ni vida alguna." Proverbio Europeo

Si les parece bien, deténganse a reflexionar sobre una cuestión que voy a proponerles que no deja de dar vueltas en mi cabeza. Supongan ustedes que una normativa europea urgente transformara el Estado español en una empresa privada, que tendría que ser sometida a auditoría por organismos internacionales independientes. ¿Qué nos encontraríamos?

Por lo pronto 3,2 millones de trabajadores, de los que más de 600.000 no se sabe muy bien a que se dedican o si aquello a lo que se dedican tiene alguna utilidad para la empresa o los accionistas más allá de procurarles su estipendio asegurado. Entre ellos contaríamos más de 200.000 políticos, 100.000 sindicalistas liberados, 50.000 liberados empresariales y los 250.000 restantes serían personal asignado como asistencia a sus necesidades. Por supuesto, todos ellos cobrando el doble o el triple de lo que cobrarían si estuvieran haciendo la misma tarea en otra empresa privada.

La empresa estaría produciendo un déficit anual continuado del 10 % y tendría una deuda similar a su producción anual. Además, gracias a la manipulación de los mercados por decisiones fundamentadas en el beneficio de los privilegiados, habría ocasionado un desempleo de más del 27 % de los accionistas de la empresa.

Cada día se descubrirían nuevas operaciones de fraude y corrupción cometidas por los delegados territoriales y los sectoriales, incluso los órganos encargados de la regulación interna del funcionamiento también se verían salpicados por la corrupción. En cuanto a los organismos que se dedican al marketing y la publicidad de la empresa, no dejarían de mostrar las noticias de los distintos descalabros cotidianos.

El Presidente de la empresa nos hablaría por medio de una pantalla de televisión para decirnos que este año no, pero tal vez el siguiente, las cosas empezarían a ir mejor. Del Presidente anterior nada se sabe tras su fuga para no dar explicaciones de su desastrosa gestión.

Sin embargo, además de no existir responsabilidad alguna reconocida ni por estos gestores, ni por los anteriores de lo ocurrido, llama especialmente la atención que en vez de generar mecanismos de creación de riqueza, abrir nuevos mercados, hacer inversiones en futuros, o mejorar las actividades rentables existentes,  el consejo de administración haya decidido la austeridad como vía para salir de la crisis, en realidad sobre el papel, porque los gastos de esa empresa no sólo disminuyen sino que se incrementan todos los meses, a razón de 350 millones de euros diarios, llueva, nieve o haga sol.

Pues supongan que ustedes son los accionistas de esa empresa, que ven como desde una territorial tratan de chantajear a la central, desde una sectorial acusan a otra sectorial sin dar explicaciones de sus errores y equivocaciones, acusando a los de otras secciones de la empresa de las mismas cosas que ellos son acusados. Pues supongan que además se financian entidades quebradas para reflotarlas con el dinero que precisamente estas entidades han dilapidado y esquilmado en cuestiones inopinadas.

El Consejo de Administración convoca Junta de Accionistas y comunica a los dueños de la empresa que no solo van a dejar de recibir beneficios o dividendos en los próximos veinte años, sino que van a tener que comprar nuevas acciones para que la empresa no quiebre, renunciando a una parte de sus recursos en forma de salarios o ahorros y que lo van a hacer de forma obligatoria, sin poder dejar de ser accionistas, ni poder criticar la gestión de los administradores, ni siquiera mostrar su derecho al pataleo porque serán considerados unos irresponsables. Una de las cláusulas impuestas por la junta directiva expone que hasta dentro de dos años no se puede volver a elegir un nuevo consejo de administración, y además son insultados desde la mesa de dirección diciendo que no entienden de gestión de empresas y acusados de que han sido precisamente los accionistas que no han tomado ni una decisión –y no los gestores que las han tomado todas- los auténticos responsables de la quiebra de la empresa.

Pues así funciona este país, españoles, ¿vamos a seguir consintiendo que nos tomen el pelo los analfabetos funcionales con carcasa de parásito que se llevan riendo de nosotros desde hace décadas o les echamos a la puta calle y cambiamos estos gestores deleznables por un equipo que sea capaz de cambiar las cosas definitivamente, comenzando por apartar del poder y las decisiones a unos tarugos que viven de contarnos cuentos sin rendir cuentas?

¿A qué es para reflexionar más de un breve instante?

Enrique Suárez