Es la pregunta que cada día se hacen más españoles, ¿dónde
está el límite que la opinión pública puede soportar sin hacer nada, ante la
deriva que acontece en la política española? Nadie lo sabe.
Los principales partidos políticos españoles que conforman la
casta se han convertido en ejemplo de organizaciones mafiosas, que detraen
recursos públicos a cuentas privadas de sus principales representantes. No es
una cuestión accidental, ni incidental, es una práctica homogénea que se
expande por todas las instituciones, por todas las representaciones, por todas
las situaciones, a lo largo del tiempo.
¿Qué ocurriría si las prácticas de cualquier organización o
empresa de este país fueran similares a las habituales de los partidos políticos
en los últimos tiempos? ¿Cuánto tiempo tardaría la justicia en promover su
disolución, sentencia, condena e inhabilitación a perpetuidad para acceder a
cualquier tipo de recurso público?
Este país no se puede permitir que el Presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy sea sospechoso de dirigir una banda mafiosa que ha
vulnerado la ley para repartir privilegios entre los principales miembros de su
partido, incluido él mismo. Ante una situación que indica que no ha actuado
lícitamente, guarda silencio, en esta ocasión tiene razón Rubalcaba en lo de
que el que calla, otorga, y bien podría aspirar a sustituirle en La Moncloa si
en su partido no se estuvieran moviendo en estos momentos casos de corrupción
política de dimensiones aún más enormes que las que afectan a su opositor
tradicional. El señor Rubalcaba no puede dar lecciones morales a nadie,
mientras no explique lo que ha ocurrido en su partido en lugares como Andalucía
y Asturias, o en casos como el del ex ministro Blanco, entre otros muchos.
España tiene un grave problema con los principales partidos
políticos de este país, que han pasado de ser una alternativa de solución a los
problemas de los españoles (así lo venden en las campañas electorales), a ser
el principal problema de los españoles del que derivan paro, deuda, déficit
público, nepotismo, corrupción, farsa y fraude.
Una democracia no se soporta exclusivamente con los votos de
los electores, requiere una honestidad intachable en los elegibles, junto a un
compromiso irrenunciable de que van a cumplir la ley (como prometen al acceder
a su mandato) y de que van a defender los derechos fundamentales de los
españoles por encima de sus propias pretensiones particulares.
El contrato entre ciudadanos y políticos está roto, y por
tanto asistimos a una farsa representada que ha desplazado a la democracia, a
un fraude elemental que extrae del engaño su legitimidad. Todavía hay pocos españoles que se den cuenta
de que esta coyuntura no tiene solución posible, mientras en los partidos
políticos no se realice una criba que separe definitivamente a los corruptos de
los que no lo son. El problema es que los corruptos están en las cúpulas de los
partidos y son los que tienen que tomar la decisión de hacerse el harakiri para
salvar la democracia, de la que se han servido y mancillado.
La democracia no se salva con los votos, sino con el
acotamiento del poder político, porque cuando los representantes, elegidos en
las urnas, vulneran la ley, ya no se
puede hablar de democracia, sino de impostura, detentación y felonía. Las
elecciones vacías de contenido sólo reafirman la ilegitimidad de los mangantes
que han utilizado la democracia para medrar, incumplir la ley y mancillar la
representación pública.
Sigo diciendo que es hora de reflexionar, no se puede pasar
página sobre la delincuencia organizada que existe en los partidos políticos españoles
que vulneran las leyes que ellos mismos han dictado. La incoherencia y la
incongruencia de estos papanatas codiciosos y lerdos, nos acabará llevando a un conflicto
irresoluble y a un futuro desolador.
Enrique Suárez
