“En su propaganda, los dictadores de hoy confían principalmente en la repetición, la supresión y la racionalización: la repetición de las consignas que desean que sean aceptadas como verdades, la supresión de hechos que desean que sean ignorados y el fomento y la racionalización de las pasiones que puedan ser utilizadas en interés del Partido o del Estado.” Aldoux Huxley.
Carecemos los españoles, entre otras muchas cosas, de plataformas para la defensa colectiva de las Libertades Civiles. Ni siquiera la mayoría de la gente sabe lo qué es tal cosa, gracias a la gran tarea pedagógica de instrucción en el analfabetismo político realizada por el franquismo y sus sucesores, es decir, los actuales partidos políticos con representación pública.
Las libertades civiles son previas a los derechos, porque la libertad emerge de los ciudadanos, mientras que el derecho proviene del poder. La relación entre libertad civil y derecho fundamental no es precisamente sinérgica, sino en muchas ocasiones siniestra. Tener un derecho es nada, no así una libertad. En España todos los españoles tenemos derecho constitucional a un trabajo digno, pero sin embargo hay 4 millones seiscientos mil parados a los que se conculca su derecho y se impide su libertad de trabajar. Fundamentalmente, porque las regulaciones establecidas desde el poder, en compañía de los “guardianes sociales del más de lo mismo”, que son sindicatos y organizaciones empresariales, restringen las posibilidades laborales como si fueran las actividades agrícolas de su cortijo andaluz, convirtiendo a los ciudadanos en siervos de sus designios e invectivas. La defensa de las libertades civiles es la forma de exigir a los Gobiernos el cumplimiento de los derechos que fabrican al gusto del consumidor, para no ser respetados, ni cumplidos.
De la propaganda política se han beneficiado todos los partidos políticos con representación pública en España y lo han hecho de forma inmisericorde, gracias a las estrategias urdidas por los inquisidores del presente, organizados en equipos de manipulación e intoxicación informativa, subvencionados con el dinero de los españoles, cuya única función era ocultar la realidad, mostrando las cosas a su conveniencia, para recaudar confianzas electorales, y por supuesto, más impuestos con los que alimentar su aparato de persuasión organizado.
El último ejemplo que tenemos sobre la mesa es el Gobierno de Rubalcaba, auténtico paradigma del arte de la retórica intencionada, capaz de convertir en tema de prioridad nacional los morritos de Leire Pajín o el color de los calzoncillos de José Blanco, que pronto nos inducirá a la creencia de que todos los españoles descendemos de Zapatero y que el espacio social solo puede ser socialista y todo el que no sea socialista será considerado un criminal público. No tiene gracia, ninguna gracia, porque un gobierno así es una afrenta a los españoles, una declaración de guerra contra la razón y una propuesta de opresión deleznable.
Cierto es que su comportamiento denota la decadencia y agonía de un régimen que trató de hacernos comulgar a los españoles con ruedas de molino con ese desparpajo que ilumina a los desalmados cuando defienden sus privilegios contra cualquier ética y moral, aunque sea creando un daño irreparable a los gobernados.
Es hora de que los españoles nos pongamos en el lugar que nos corresponde, que no es otro que el de ser soberanos y no siervos de un sistema político corrupto y oprobioso. Y para conseguir ese objetivo es imprescindible que en este país se creen leyes contra la propaganda política e institucional, por las que todo aquel político que sea atrapado en una insidia, engaño, o falacia, sea obligado a abandonar su cargo representativo primero por un mes, y si vuelve a reincidir en su conducta de forma definitiva, pasando a formar parte del listado de estafadores políticos, haciendo constar en qué lugar y momento ha tratado de engañar al pueblo que dice representar.
Es hora de que en España se hagan leyes contra la propaganda política que limiten el poder de engaño de los políticos y que nos muestren la talla humana de la inmensa mayoría de los que viven cómodamente de representarnos. Tenemos que limitar el poder de los Gobiernos, porque están aplastando nuestra vida y libertad.
El problema no es que los políticos hayan dejado de respetar a los ciudadanos y nos traten como borregos, no, el auténtico problema es que dejemos de respetarnos a nosotros mismos, aceptando que el engaño, la propaganda y la mentira forma parte del juego político, porque no es así, y si es así es por qué lo consentimos y asumimos como “normal”. Cuando veamos un listado de políticos mentirosos que tratan de engañarnos por enésima vez, tendremos la oportunidad de saber que si nos dejamos timar es bajo nuestra exclusiva responsabilidad y por tanto, no podremos quejarnos de que nos engañan.
Atentos a Rubalcaba, todo lo que diga y haga puede ser utilizado en contra de los ciudadanos, es el principal sospechoso de que este Gobierno más que gobernar, repartirá mierda por doquier para que no se vea su auténtica calaña y el estado de ruina en que han dejado España.
Biante de Priena
Carecemos los españoles, entre otras muchas cosas, de plataformas para la defensa colectiva de las Libertades Civiles. Ni siquiera la mayoría de la gente sabe lo qué es tal cosa, gracias a la gran tarea pedagógica de instrucción en el analfabetismo político realizada por el franquismo y sus sucesores, es decir, los actuales partidos políticos con representación pública.
Las libertades civiles son previas a los derechos, porque la libertad emerge de los ciudadanos, mientras que el derecho proviene del poder. La relación entre libertad civil y derecho fundamental no es precisamente sinérgica, sino en muchas ocasiones siniestra. Tener un derecho es nada, no así una libertad. En España todos los españoles tenemos derecho constitucional a un trabajo digno, pero sin embargo hay 4 millones seiscientos mil parados a los que se conculca su derecho y se impide su libertad de trabajar. Fundamentalmente, porque las regulaciones establecidas desde el poder, en compañía de los “guardianes sociales del más de lo mismo”, que son sindicatos y organizaciones empresariales, restringen las posibilidades laborales como si fueran las actividades agrícolas de su cortijo andaluz, convirtiendo a los ciudadanos en siervos de sus designios e invectivas. La defensa de las libertades civiles es la forma de exigir a los Gobiernos el cumplimiento de los derechos que fabrican al gusto del consumidor, para no ser respetados, ni cumplidos.
De la propaganda política se han beneficiado todos los partidos políticos con representación pública en España y lo han hecho de forma inmisericorde, gracias a las estrategias urdidas por los inquisidores del presente, organizados en equipos de manipulación e intoxicación informativa, subvencionados con el dinero de los españoles, cuya única función era ocultar la realidad, mostrando las cosas a su conveniencia, para recaudar confianzas electorales, y por supuesto, más impuestos con los que alimentar su aparato de persuasión organizado.
El último ejemplo que tenemos sobre la mesa es el Gobierno de Rubalcaba, auténtico paradigma del arte de la retórica intencionada, capaz de convertir en tema de prioridad nacional los morritos de Leire Pajín o el color de los calzoncillos de José Blanco, que pronto nos inducirá a la creencia de que todos los españoles descendemos de Zapatero y que el espacio social solo puede ser socialista y todo el que no sea socialista será considerado un criminal público. No tiene gracia, ninguna gracia, porque un gobierno así es una afrenta a los españoles, una declaración de guerra contra la razón y una propuesta de opresión deleznable.
Cierto es que su comportamiento denota la decadencia y agonía de un régimen que trató de hacernos comulgar a los españoles con ruedas de molino con ese desparpajo que ilumina a los desalmados cuando defienden sus privilegios contra cualquier ética y moral, aunque sea creando un daño irreparable a los gobernados.
Es hora de que los españoles nos pongamos en el lugar que nos corresponde, que no es otro que el de ser soberanos y no siervos de un sistema político corrupto y oprobioso. Y para conseguir ese objetivo es imprescindible que en este país se creen leyes contra la propaganda política e institucional, por las que todo aquel político que sea atrapado en una insidia, engaño, o falacia, sea obligado a abandonar su cargo representativo primero por un mes, y si vuelve a reincidir en su conducta de forma definitiva, pasando a formar parte del listado de estafadores políticos, haciendo constar en qué lugar y momento ha tratado de engañar al pueblo que dice representar.
Es hora de que en España se hagan leyes contra la propaganda política que limiten el poder de engaño de los políticos y que nos muestren la talla humana de la inmensa mayoría de los que viven cómodamente de representarnos. Tenemos que limitar el poder de los Gobiernos, porque están aplastando nuestra vida y libertad.
El problema no es que los políticos hayan dejado de respetar a los ciudadanos y nos traten como borregos, no, el auténtico problema es que dejemos de respetarnos a nosotros mismos, aceptando que el engaño, la propaganda y la mentira forma parte del juego político, porque no es así, y si es así es por qué lo consentimos y asumimos como “normal”. Cuando veamos un listado de políticos mentirosos que tratan de engañarnos por enésima vez, tendremos la oportunidad de saber que si nos dejamos timar es bajo nuestra exclusiva responsabilidad y por tanto, no podremos quejarnos de que nos engañan.
Atentos a Rubalcaba, todo lo que diga y haga puede ser utilizado en contra de los ciudadanos, es el principal sospechoso de que este Gobierno más que gobernar, repartirá mierda por doquier para que no se vea su auténtica calaña y el estado de ruina en que han dejado España.
Biante de Priena
