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miércoles, 19 de marzo de 2008

Hacia un nuevo contrato social

Cuando Jean Jacques Rousseau escribió hace 246 años su obra más reconocida y aplaudida, las condiciones de vida de sus receptores poco tenían que ver con las que hoy se viven en países que disfrutan de una democracia avanzada. El poder era absoluto, Dios o su representación como Naturaleza eran la expresión genuina del poder, la democracia moderna no había nacido, los Estados Unidos todavía no se habían independizado del Reino Unido, aún faltaban varios años para la Revolución Francesa, el analfabetismo era inmenso, tanto como la desigualdad social y la ausencia de libertad.

¿Qué tiene que ver aquella sociedad con la nuestra?. Prácticamente nada. Pero el antiguo contrato social permanece vigente como pilar fundamental sobre el que se establece la representación política, por el que unos ciudadanos denominados políticos acumulan todo el poder en sus manos por una representación obtenida en las urnas en condiciones inicuas y sesgadas, en un proceso considerado y difundido como democrático, pero que realmente es la máscara de una sutil y administrada demagogia.

Rousseau estableció en una de las cláusulas de su contrato, que los ciudadanos podrían dotarse, siempre que quisieran, de un nuevo contrato porque las leyes, los derechos y los deberes no son inmutables. Pero esta parte se les ha olvidado a los políticos que hoy nos representan, porque no les interesa recordarla.

Previamente a lo establecido por el filósofo francés, otros autores como Hobbes y Locke habían considerado otras fórmulas de contrato social entre gobernantes y gobernados. En el caso del autor del "Leviathan", que tenía una concepción pesimista del hombre, solo el establecimiento de un poder absoluto que dispusiera del uso legítimo de la fuerza podría evitar los conflictos, y en último término, la guerra.

John Locke, autor de "Dos ensayos sobre el gobierno civil", se configura como uno de los precursores del liberalismo, venía a considerar desde su exaltación de la libertad, que solo era necesario establecer un contrato mínimo fundamentado en una justicia comunitaria por encima de cualquier poder absoluto, que solo tendría que intervenir en caso de que las leyes naturales (el era cristiano), no fueran suficientes para dirimir en los conflictos que se presentaran entre los individuos, y que fundamentalmente se referían a la vida, la libertad, la igualdad y la propiedad.

Desde la desconfianza en los políticos

El modelo de contrato social de Rousseau, hoy está completamente agotado, porque la democracia solo es formal, la representación no es igualitaria, y los políticos utilizan su potestad más en beneficio de sus intereses personales o partidarios, que en el de los ciudadanos que les alzan a su estatus.

Rousseau era un ingenuo que consideraba que el ser humano era bueno por naturaleza, y le asignaba dos pulsiones básicas, una el instinto de supervivencia (inducido previamente por Hobbes) y otra la piedad (repugnancia por el sufrimiento ajeno) de lo que se deduce que la maldad cuando brota emerge de la sociedad y la cultura, de la agrupación de los individuos en el poder, acantonándose en su forma más perversa en las instituciones del Estado.

El modelo de Rousseau considera que la vida social requiere un acuerdo implícito entre los seres humanos, en el que cada individuo renuncia a una parte de la libertad que tendría en condiciones naturales (estado salvaje), para cederla a una voluntad general comunitaria que establece de forma justa los derechos y los deberes de los individuos en un contrato, que les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar parte de la libertad que dispondrían en estado de naturaleza y de cumplir con ciertos deberes.

Más recientemente, durante el pasado siglo, John Rawls propuso una nueva fórmula de contrato desde una lógica kantiana, en la que partiendo de una hipotética posición preliminar de neutralidad, y eludiendo las preferencias individuales, los seres racionales situados bajo un velo de ignorancia podrían alcanzar un acuerdo para establecer unos principios generales de justicia.

La necesidad de un nuevo contrato social

La sociedad del siglo XXI nada tiene que ver con la sociedad en la que vivieron todos los teóricos del contrato social. Una sociedad en la que es posible la comunicación inmediata, el acceso pleno a la información, con unas tecnologías que pueden permitir la la democracia directa en la mayoría de los problemas que se presentan en nuestras vidas, y con una población conformada por ciudadanos con un nivel cultural y un criterio suficiente, no puede seguir siendo representada con criterios de hace más de dos siglos, porque a los políticos, que son los principales beneficiados, les convenga.

En las condiciones actuales es necesario erradicar paulatinamente la mediación en la representación política, pero los ciudadanos estamos secuestrados en nuestra decisión, pues si bien decidiéramos en su momento representarnos a nosotros mismos, los políticos impedirían cualquier movimiento en este sentido, bloqueando cualquier iniciativa que volviera precaria su situación personal.

El nuevo contrato social debe erradicar la mediación y la representación política, hay que superar el viejo aforismo de un hombre, un voto, con una nueva consigna: un hombre, una decisión política, y esta no puede restringirse exclusivamente al sufragio.

El poder de los políticos está condenado a la restricción, para que la voluntad general recupere su auténtico significado, y los ciudadanos podamos recobrar la porción de libertad que hoy detentan nuestros representantes, y que se corresponde con la soberanía.

Tras las nefastas actuaciones de nuestros representantes políticos en España, cada día va resultando más necesaria una reforma constitucional parcial, pero no hay que descartar que sea completa. Algunos partidos la están promoviendo en estos momentos.

Si se produce, los ciudadanos debemos exigir la votación artículo por artículo, porque puede y debe hacerse, desde el primero hasta el último. La primera exigencia de un partido que realmente quiera cambiar las cosas, es precisamente la de ofrecer la oportunidad a los ciudadanos de no ser representado más que en lo estrictamente necesario. Los derechos fundamentales deben ser votados uno a uno por cada español, es la única fórmula que permitirá mantener la coherencia y la supervivencia del sistema democrático en las circunstancias actuales.

Precisamente hoy, hace 196 años que se aprobó en Cádiz la primera Constitución Española; es, por tanto, un magnífico día para proponer algo diferente y necesario: que los ciudadanos recuperen buena parte del poder que hoy detentan los políticos.

No hay posibilidad de regeneración democrática sin erradicar la degeneración democrática en la que estamos viviendo, y eso solo resulta posible devolviendo a los ciudadanos la administración plena de su soberanía secuestrada.

Biante de Priena


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