Ilegalizar a ANV no es suficiente para recobrar el Estado de Derecho
A estas alturas de la historia, tras haber asistido al espectáculo que nos ha concedido esa eminencia que habita La Moncloa, no es suficiente, ni mucho menos, con ilegalizar a la formación que le confiere apoyo institucional directo a ETA. Hay que ser aún más ambiciosos que Rosa Díez.
Hay políticos en las instituciones autonómicas españolas que están conculcando los derechos fundamentales de los españoles: en Galicia, País Vasco, Cataluña, y Baleares. Están vulnerando de forma continuada la Constitución desde el Estado, y eso tiene un nombre en el diccionario de la RAE: prevaricación.
Prevaricar es cometer un delito consistente en dictar a sabiendas una resolución injusta por parte de una autoridad, un juez o un funcionario.
El Presidente de Gobierno español, Rodríguez Zapatero, también es responsable del delito por haber permitido que esto ocurra en connivencia con los intereses electorales de su partido y los suyos personales de perpetuarse en el poder.
Ha prevaricado porque sabe que la Constitución española se está incumpliendo en varias autonomías por parte de sus rectores democráticamente elegidos (Artículos 2, 3, 4, 6, 7, 9 CE 1978) y no ha movido siquiera un dedo. Quien no hace nada desde la gobernación del Estado, sabiendo que se están vulnerando los derechos fundamentales de los españoles inscritos en la Constitución vigente, también está cometiendo un delito de prevaricación.
Tampoco la institución de la Corona, la Jefatura del Estado, ha cumplido con sus funciones, pero como el Artículo 56.3 le declara inviolable, y no sujeto a responsabilidad, nadie puede exigirle que en cumplimiento del Artículo 61 haya tomado una decisión al respecto.
ANV solo es el epifenómeno de la tragicomedia que estamos viviendo en España, si hoy están representados los terroristas de ETA en las instituciones, es gracias a la concesión que el Gobierno de Zapatero y la Fiscalía General del Estado han permitido. Al igual que la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, y el Tribunal Constitucional, no han hecho nada para impedirlo a sabiendas que estaba ocurriendo. ¿Cómo el poder judicial puede aceptar su interpenetración por parte del poder político sin decir, ni hacer absolutamente nada?.
En el Artículo 1 de la Constitución Española de 1978, que todavía sigue vigente, dice lo siguiente: "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
¿Hay plena libertad en el País Vasco y Cataluña?, no. Y en Galicia y Baleares, dentro de poco tiempo tampoco la habrá. Tampoco hay igualdad, ni justicia, ni siquiera pluralismo político; en España vivimos bajo un regímen oligocrático consolidado, con un Partido Único similar al PRI mexicano, con sus distintas vertientes de expresión a ambos lados del espectro político.
¿Cómo se explica sino que una oposición con más de 150 diputados como la del PP no haya sido capaz de poner sobre la mesa del Congreso de los Diputados las vulneraciones continuadas de nuestra Constitución por parte del Gobierno y los partidos nacionalistas?. Es inexplicable e inadmisible.
Y por último también hay que denunciar la actitud de los ciudadanos españoles que han "sancionado" con su voto en las pasadas elecciones generales todos los desmanes políticos a los que hemos asistido durante la pasada legislatura, asumiendo con su parabién que la vulneración de la Constitución Española les trae sin cuidado. Aunque hay que recordar que el desconocimiento de la ley (la Constitución Española), no exime de su cumplimiento (por parte de ciudadanos y políticos).
Y aquí tenemos de nuevo la nación española, reunión de todos los españoles, dispuesta a salvarnos de las barbaridades a las que hemos asistido perplejos durante los últimos cuatro años, porque como bien dice el Artículo 1.2 de nuestra Constitución vigente: "la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado".
Y esto quiere decir que para aceptar todas las barbaridades acontecidas, el pueblo español tendría que reunirse en referendum para derogar la Constitución vigente y aprobar una nueva, para que más tarde fuera sancionada por el Rey, porque mientras eso no ocurra, la soberanía nacional estará exclusivamente representada por nuestra Constitución vigente, y por mucho que se empecinen políticos, jueces y medios de comunicación, es ilegal transgredir nuestros derechos fundamentales, sean los ciudadanos en su simplicidad política, el Tribunal Constitucional en su connivencia, los nacionalistas en su ambición, Zapatero en su mesianismo, Rajoy en su ambigüedad, el Rey en su irresponsabilidad, o el mismo Dios en su intangibilidad, los atribulados detentadores.
La nación española garantiza la vigencia de nuestra Constitución, y nuestra Constitución garantiza la vigencia de la nación española. Son esencia y sustancia de nuestra condición de españoles. Y hasta que no se haga un referendum que revoque lo existente, es lo que hay. Y al que no le agrade, puede hacerse tibetano, por lo de la paciencia infinita y la metempsicosis.
Texto de la Constitución Española de 1978
Biante de Priena
A estas alturas de la historia, tras haber asistido al espectáculo que nos ha concedido esa eminencia que habita La Moncloa, no es suficiente, ni mucho menos, con ilegalizar a la formación que le confiere apoyo institucional directo a ETA. Hay que ser aún más ambiciosos que Rosa Díez.
Hay políticos en las instituciones autonómicas españolas que están conculcando los derechos fundamentales de los españoles: en Galicia, País Vasco, Cataluña, y Baleares. Están vulnerando de forma continuada la Constitución desde el Estado, y eso tiene un nombre en el diccionario de la RAE: prevaricación.
Prevaricar es cometer un delito consistente en dictar a sabiendas una resolución injusta por parte de una autoridad, un juez o un funcionario.
El Presidente de Gobierno español, Rodríguez Zapatero, también es responsable del delito por haber permitido que esto ocurra en connivencia con los intereses electorales de su partido y los suyos personales de perpetuarse en el poder.
Ha prevaricado porque sabe que la Constitución española se está incumpliendo en varias autonomías por parte de sus rectores democráticamente elegidos (Artículos 2, 3, 4, 6, 7, 9 CE 1978) y no ha movido siquiera un dedo. Quien no hace nada desde la gobernación del Estado, sabiendo que se están vulnerando los derechos fundamentales de los españoles inscritos en la Constitución vigente, también está cometiendo un delito de prevaricación.
Tampoco la institución de la Corona, la Jefatura del Estado, ha cumplido con sus funciones, pero como el Artículo 56.3 le declara inviolable, y no sujeto a responsabilidad, nadie puede exigirle que en cumplimiento del Artículo 61 haya tomado una decisión al respecto.
ANV solo es el epifenómeno de la tragicomedia que estamos viviendo en España, si hoy están representados los terroristas de ETA en las instituciones, es gracias a la concesión que el Gobierno de Zapatero y la Fiscalía General del Estado han permitido. Al igual que la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, y el Tribunal Constitucional, no han hecho nada para impedirlo a sabiendas que estaba ocurriendo. ¿Cómo el poder judicial puede aceptar su interpenetración por parte del poder político sin decir, ni hacer absolutamente nada?.
En el Artículo 1 de la Constitución Española de 1978, que todavía sigue vigente, dice lo siguiente: "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
¿Hay plena libertad en el País Vasco y Cataluña?, no. Y en Galicia y Baleares, dentro de poco tiempo tampoco la habrá. Tampoco hay igualdad, ni justicia, ni siquiera pluralismo político; en España vivimos bajo un regímen oligocrático consolidado, con un Partido Único similar al PRI mexicano, con sus distintas vertientes de expresión a ambos lados del espectro político.
¿Cómo se explica sino que una oposición con más de 150 diputados como la del PP no haya sido capaz de poner sobre la mesa del Congreso de los Diputados las vulneraciones continuadas de nuestra Constitución por parte del Gobierno y los partidos nacionalistas?. Es inexplicable e inadmisible.
Y por último también hay que denunciar la actitud de los ciudadanos españoles que han "sancionado" con su voto en las pasadas elecciones generales todos los desmanes políticos a los que hemos asistido durante la pasada legislatura, asumiendo con su parabién que la vulneración de la Constitución Española les trae sin cuidado. Aunque hay que recordar que el desconocimiento de la ley (la Constitución Española), no exime de su cumplimiento (por parte de ciudadanos y políticos).
Y aquí tenemos de nuevo la nación española, reunión de todos los españoles, dispuesta a salvarnos de las barbaridades a las que hemos asistido perplejos durante los últimos cuatro años, porque como bien dice el Artículo 1.2 de nuestra Constitución vigente: "la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado".
Y esto quiere decir que para aceptar todas las barbaridades acontecidas, el pueblo español tendría que reunirse en referendum para derogar la Constitución vigente y aprobar una nueva, para que más tarde fuera sancionada por el Rey, porque mientras eso no ocurra, la soberanía nacional estará exclusivamente representada por nuestra Constitución vigente, y por mucho que se empecinen políticos, jueces y medios de comunicación, es ilegal transgredir nuestros derechos fundamentales, sean los ciudadanos en su simplicidad política, el Tribunal Constitucional en su connivencia, los nacionalistas en su ambición, Zapatero en su mesianismo, Rajoy en su ambigüedad, el Rey en su irresponsabilidad, o el mismo Dios en su intangibilidad, los atribulados detentadores.
La nación española garantiza la vigencia de nuestra Constitución, y nuestra Constitución garantiza la vigencia de la nación española. Son esencia y sustancia de nuestra condición de españoles. Y hasta que no se haga un referendum que revoque lo existente, es lo que hay. Y al que no le agrade, puede hacerse tibetano, por lo de la paciencia infinita y la metempsicosis.
Texto de la Constitución Española de 1978
Biante de Priena
