"La soberanía de los ciudadanos sólo admite representación en la cabeza de los tiranos". Erasmo
Pasmado me dejan las declaraciones de la señora De la Vega, cada día más doctrinaria e histérica en sus soflamas. La matriarca del progresismo, que junto al Edipo de las cejas, se han creído que las urnas les conceden patente de corso para hacer lo que bien les parezca. Cada día estoy más seguro de que el mayor problema del Gobierno socialista es la indigencia intelectual, la suprema ignorancia que atesora, que unido a la mala leche, el instinto de venganza que proviene del odio a lo diferente, y que acompaña siempre a los sectarios fundamentalistas, miserables en sus ideas y mezquinos en sus acciones, nos conduce, sin remedio, al abismo del malestar social y del esperpento cultural, porque piensan que cuanta más decadencia se produzca más votos obtendrán los representantes del progresismo y más cargos públicos bien remunerados podrán repartirse.
Monseñor Martínez Camino, portavoz de la Conferencia Episcopal, ha hecho unas declaraciones considerando que para la Iglesia católica el aborto es un delito, evidentemente la Iglesia puede decir misa, pero no puede intervenir de ninguna forma en el ordenamiento jurídico español, aunque desde la libertad de expresión puede exponer su opinión como cualquier otra organización social o ciudadana.
El problema de la iglesia española es que hace tiempo que el socialismo se comporta como una secta religiosa, impartiendo una Nueva Fe que se contrapone a la Vieja Fe que representa la tradicional relación de nuestro país con el cristianismo. No es extraño que surja enfrentamiento en el ámbito de las creencias, caminamos a buena marcha hacia una nueva cruzada, porque cuando la política se fundamenta en la fe y no en razones, la violencia acaba emergiendo.
A la vicepresidenta De la Vega, una de las representantes más recalcitrantes del progresismo más infame, no le han sentado nada bien las palabras del representante episcopal, prorrumpiendo en un solemne exabrupto, para exclamar, con esa dulce faz que le ha brindado el destino, lo siguiente: “la última palabra la tienen los representantes de la soberanía, el Parlamento”.
La apropiación indebida de la semántica de los conceptos que hacen los políticos socialistas es propia de la Novela Picaresca española y las crónicas de los timos organizados en las películas de Toni Leblanc, porque alguien que ha estudiado la carrera de Derecho y ha ejercido como profesional en los tribunales, no puede ser tan torpe, tan ignorante, y tan ruin, como esta señora, pero la vicepresidente De la Vega lo es y lo demuestra sin recato alguno, sabiéndose lideresa mesiánica de la horda progresista que asola los páramos de la patria.
Verá usted, señora vicepresidenta, la iglesia no representa la soberanía de los ciudadanos, pero usted tampoco, ni nadie de su partido, ni de otro partido, es decir, exactamente nadie puede representar la soberanía de los ciudadanos, ni siquiera el Parlamento, porque la soberanía de los ciudadanos no puede ser representada, ni transferida, ni delegada, no admite representación, porque los ciudadanos somos legítimamente soberanos y la soberanía no se transfiere en las urnas, por lo tanto ni necesitamos, ni aceptamos, ni asumimos su representación, al igual que tampoco asumimos la representación de Monseñor Martínez Camino, ni de ningún otro u otra que se arrogue lo que no le corresponde.
Usted, lo que puede representar es la soberanía de la nación española, porque está legitimada para ello por ser un miembro del Gobierno, por ejemplo para prohibir las histriónicas consultas municipales sobre la independencia de Cataluña que apadrina Laporta, para ejercer su derecho de veto a un régimen no democrático y cerrar las fronteras con Marruecos por el asunto Haidar y la cuestión del Sáhara Occidental; también es representante del Estado para intentar derogar, por ejemplo, la Ley de Violencia de Género que patrocinó, y que está produciendo más damnificados que la Primavera flores, para eso si tiene potestad, pero prescinde de ejercer su derecho y su deber porque contraviene su ideología
Una ideología es simplemente una creencia racional o irracional, la creencia socialista es tan racional como puede ser la que defiende Monseñor Martínez Campos, sencillamente basada en otra fe que no es la suya. Y como este país tiene un Estado aconfesional según su Constitución, tan aconfesional es para su creencia como para la de Monseñor Martínez Campos. Mida sus palabras y deje de adoctrinar a los españoles en su sectarismo, porque la doctrina del partido socialista no será la de los españoles por mucho que se empeñe; actualmente estamos mucho más perjudicados por el fanatismo y radicalismo intempestivo de los socialista, que por todas las cuestiones relacionadas con la Iglesia cristiana, que socialmente ha sido desplazada por la cultura que usted patrocina.
Así que deje de suplantar a los ciudadanos en su soberanía, porque los ciudadanos españoles somos soberanos, la soberanía ciudadana no admite representación más que en la cabeza de los tiranos, que suprimirían la democracia si estuviera dentro de sus posibilidades. La soberanía de los ciudadanos en España proviene de que somos españoles, no de que seamos ciudadanos, ni catalanes, vascos, gallegos, socialistas, conservadores, progresistas, republicanos, cristianos, musulmanes o judíos, que no lo acaba de entender, la soberanía no dimana de la ciudadanía, es concurrente y convergente con ella; en todo caso somos ciudadanos como consecuencia de ser soberanos, y no al revés, por mucho que les interese a los socialistas que así fuera.
Los españoles somos ciudadanos y soberanos, no sólo ciudadanos. Y porque somos soberanos, somos los que tenemos la última palabra sobre lo que se diga y se haga en cuestiones relacionadas con la Nación y la Constitución españolas, somos lo que nos dé la gana ser, no lo que usted o cualquier otro indique y patrocine. En un país normal, alguien como usted ya debería estar ante un tribunal rindiendo cuentas por sus desmanes, por las tropelías que ha hecho y las gilipolleces que ha dicho en plena impunidad.
A ver si se enteran de una vez estos socialistas golpistas y dejan de subvertir el vigente orden Constitucional desde el Gobierno, excediendo los límites de su potestad; los socialistas se han embriagado de poder para beneficiarse personalmente a costa de nuestro bienestar y porvenir, y no se cortan un pelo para dar un Golpe de Estado permanente desde las instituciones que administran.
Precisamente en una nación hermana como es Honduras no han tenido ningún problema para comprenderlo, por eso enviaron al Presidente Zelaya a vagar por las embajadas, que es lo que tendríamos que haber hecho en España con Zapatero y su corte hace mucho tiempo.
Va siendo hora de que la caterva de ignorantes que dicen representarnos en el Parlamento Español se enteren de una vez de que su poder está limitado y controlado por nuestra Constitución, que su elección democrática sólo les permite administrar el Estado y sus instituciones provisionalmente, por el tiempo acordado, y representar nuestra Nación ante otras naciones, pero no pueden, ni modificarla, ni maquillarla, ni representarla ante los españoles que somos sus legítimos dueños, sin consultarnos previamente, y si lo hacen o lo intentan hacer, están cometiendo un delito de prevaricación.
¿Pero a dónde están mirando los representantes de la Justicia en este país?, ¿al amo Estado que les paga los sueldos?. Pues deberían mirar a los ciudadanos y soberanos españoles, que somos quienes tenemos derecho a ser representados, y los funcionarios de Justicia la obligación de representarnos, aunque sea contra el Gobierno que administra el Estado, porque nosotros pagamos realmente sus sueldos, los de los funcionarios públicos, los de los políticos, los del Gobierno y también los de los funcionarios de la Justicia Española, pero desde que Alfonso Guerra decapitó a Montesquieu, los representantes de la justicia en nuestro país se han convertido en una filial del Gobierno, subvirtiendo el orden Constitucional vigente.
Porque está claro que el que paga tiene derecho a exigir, y los representantes de la Justicia de este país tienen mucha responsabilidad en todo lo que ha ocurrido en este desmadre que estamos viviendo. Esa responsabilidad que los ciudadanos y soberanos españoles nunca vamos a olvidar, hasta que rindan cuentas de su extraordinaria complacencia con unos gobernantes que ilegítimamente se exceden en su representación pública para convertir una democracia en una tiranía demagógica.
Enrique Suárez Retuerta
un ciudadano español que no renuncia a su soberanía
Pasmado me dejan las declaraciones de la señora De la Vega, cada día más doctrinaria e histérica en sus soflamas. La matriarca del progresismo, que junto al Edipo de las cejas, se han creído que las urnas les conceden patente de corso para hacer lo que bien les parezca. Cada día estoy más seguro de que el mayor problema del Gobierno socialista es la indigencia intelectual, la suprema ignorancia que atesora, que unido a la mala leche, el instinto de venganza que proviene del odio a lo diferente, y que acompaña siempre a los sectarios fundamentalistas, miserables en sus ideas y mezquinos en sus acciones, nos conduce, sin remedio, al abismo del malestar social y del esperpento cultural, porque piensan que cuanta más decadencia se produzca más votos obtendrán los representantes del progresismo y más cargos públicos bien remunerados podrán repartirse.
Monseñor Martínez Camino, portavoz de la Conferencia Episcopal, ha hecho unas declaraciones considerando que para la Iglesia católica el aborto es un delito, evidentemente la Iglesia puede decir misa, pero no puede intervenir de ninguna forma en el ordenamiento jurídico español, aunque desde la libertad de expresión puede exponer su opinión como cualquier otra organización social o ciudadana.
El problema de la iglesia española es que hace tiempo que el socialismo se comporta como una secta religiosa, impartiendo una Nueva Fe que se contrapone a la Vieja Fe que representa la tradicional relación de nuestro país con el cristianismo. No es extraño que surja enfrentamiento en el ámbito de las creencias, caminamos a buena marcha hacia una nueva cruzada, porque cuando la política se fundamenta en la fe y no en razones, la violencia acaba emergiendo.
A la vicepresidenta De la Vega, una de las representantes más recalcitrantes del progresismo más infame, no le han sentado nada bien las palabras del representante episcopal, prorrumpiendo en un solemne exabrupto, para exclamar, con esa dulce faz que le ha brindado el destino, lo siguiente: “la última palabra la tienen los representantes de la soberanía, el Parlamento”.
La apropiación indebida de la semántica de los conceptos que hacen los políticos socialistas es propia de la Novela Picaresca española y las crónicas de los timos organizados en las películas de Toni Leblanc, porque alguien que ha estudiado la carrera de Derecho y ha ejercido como profesional en los tribunales, no puede ser tan torpe, tan ignorante, y tan ruin, como esta señora, pero la vicepresidente De la Vega lo es y lo demuestra sin recato alguno, sabiéndose lideresa mesiánica de la horda progresista que asola los páramos de la patria.
Verá usted, señora vicepresidenta, la iglesia no representa la soberanía de los ciudadanos, pero usted tampoco, ni nadie de su partido, ni de otro partido, es decir, exactamente nadie puede representar la soberanía de los ciudadanos, ni siquiera el Parlamento, porque la soberanía de los ciudadanos no puede ser representada, ni transferida, ni delegada, no admite representación, porque los ciudadanos somos legítimamente soberanos y la soberanía no se transfiere en las urnas, por lo tanto ni necesitamos, ni aceptamos, ni asumimos su representación, al igual que tampoco asumimos la representación de Monseñor Martínez Camino, ni de ningún otro u otra que se arrogue lo que no le corresponde.
Usted, lo que puede representar es la soberanía de la nación española, porque está legitimada para ello por ser un miembro del Gobierno, por ejemplo para prohibir las histriónicas consultas municipales sobre la independencia de Cataluña que apadrina Laporta, para ejercer su derecho de veto a un régimen no democrático y cerrar las fronteras con Marruecos por el asunto Haidar y la cuestión del Sáhara Occidental; también es representante del Estado para intentar derogar, por ejemplo, la Ley de Violencia de Género que patrocinó, y que está produciendo más damnificados que la Primavera flores, para eso si tiene potestad, pero prescinde de ejercer su derecho y su deber porque contraviene su ideología
Una ideología es simplemente una creencia racional o irracional, la creencia socialista es tan racional como puede ser la que defiende Monseñor Martínez Campos, sencillamente basada en otra fe que no es la suya. Y como este país tiene un Estado aconfesional según su Constitución, tan aconfesional es para su creencia como para la de Monseñor Martínez Campos. Mida sus palabras y deje de adoctrinar a los españoles en su sectarismo, porque la doctrina del partido socialista no será la de los españoles por mucho que se empeñe; actualmente estamos mucho más perjudicados por el fanatismo y radicalismo intempestivo de los socialista, que por todas las cuestiones relacionadas con la Iglesia cristiana, que socialmente ha sido desplazada por la cultura que usted patrocina.
Así que deje de suplantar a los ciudadanos en su soberanía, porque los ciudadanos españoles somos soberanos, la soberanía ciudadana no admite representación más que en la cabeza de los tiranos, que suprimirían la democracia si estuviera dentro de sus posibilidades. La soberanía de los ciudadanos en España proviene de que somos españoles, no de que seamos ciudadanos, ni catalanes, vascos, gallegos, socialistas, conservadores, progresistas, republicanos, cristianos, musulmanes o judíos, que no lo acaba de entender, la soberanía no dimana de la ciudadanía, es concurrente y convergente con ella; en todo caso somos ciudadanos como consecuencia de ser soberanos, y no al revés, por mucho que les interese a los socialistas que así fuera.
Los españoles somos ciudadanos y soberanos, no sólo ciudadanos. Y porque somos soberanos, somos los que tenemos la última palabra sobre lo que se diga y se haga en cuestiones relacionadas con la Nación y la Constitución españolas, somos lo que nos dé la gana ser, no lo que usted o cualquier otro indique y patrocine. En un país normal, alguien como usted ya debería estar ante un tribunal rindiendo cuentas por sus desmanes, por las tropelías que ha hecho y las gilipolleces que ha dicho en plena impunidad.
A ver si se enteran de una vez estos socialistas golpistas y dejan de subvertir el vigente orden Constitucional desde el Gobierno, excediendo los límites de su potestad; los socialistas se han embriagado de poder para beneficiarse personalmente a costa de nuestro bienestar y porvenir, y no se cortan un pelo para dar un Golpe de Estado permanente desde las instituciones que administran.
Precisamente en una nación hermana como es Honduras no han tenido ningún problema para comprenderlo, por eso enviaron al Presidente Zelaya a vagar por las embajadas, que es lo que tendríamos que haber hecho en España con Zapatero y su corte hace mucho tiempo.
Va siendo hora de que la caterva de ignorantes que dicen representarnos en el Parlamento Español se enteren de una vez de que su poder está limitado y controlado por nuestra Constitución, que su elección democrática sólo les permite administrar el Estado y sus instituciones provisionalmente, por el tiempo acordado, y representar nuestra Nación ante otras naciones, pero no pueden, ni modificarla, ni maquillarla, ni representarla ante los españoles que somos sus legítimos dueños, sin consultarnos previamente, y si lo hacen o lo intentan hacer, están cometiendo un delito de prevaricación.
¿Pero a dónde están mirando los representantes de la Justicia en este país?, ¿al amo Estado que les paga los sueldos?. Pues deberían mirar a los ciudadanos y soberanos españoles, que somos quienes tenemos derecho a ser representados, y los funcionarios de Justicia la obligación de representarnos, aunque sea contra el Gobierno que administra el Estado, porque nosotros pagamos realmente sus sueldos, los de los funcionarios públicos, los de los políticos, los del Gobierno y también los de los funcionarios de la Justicia Española, pero desde que Alfonso Guerra decapitó a Montesquieu, los representantes de la justicia en nuestro país se han convertido en una filial del Gobierno, subvirtiendo el orden Constitucional vigente.
Porque está claro que el que paga tiene derecho a exigir, y los representantes de la Justicia de este país tienen mucha responsabilidad en todo lo que ha ocurrido en este desmadre que estamos viviendo. Esa responsabilidad que los ciudadanos y soberanos españoles nunca vamos a olvidar, hasta que rindan cuentas de su extraordinaria complacencia con unos gobernantes que ilegítimamente se exceden en su representación pública para convertir una democracia en una tiranía demagógica.
Enrique Suárez Retuerta
un ciudadano español que no renuncia a su soberanía
