El balance del primer año de Gobierno de Mariano Rajoy se
puede resumir en una frase breve: la casta política ha sobrevivido arruinando a
los españoles. Era previsible que aconteciera algo así, la relación de
despropósitos coleccionados es la siguiente:
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Durante
este año la deuda pública, que se había elevado al doble durante la última
legislatura de Zapatero –tierra quemada- se ha seguido incrementando, al menos
en 120.000 millones de euros, sobrepasando los 800.000 millones de euros –el 80
% del PIB español-
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El
paro se ha seguido incrementando, en al menos 600.000 puestos de trabajo
perdidos. La afiliación a la Seguridad Social indica que la población activa
española ha descendido de los 16,5 millones de trabajadores. El desempleo joven
en España posiblemente será el más elevado del mundo en 2013, tras haber sido
el más elevado de Europa en 2012, junto con Grecia.
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El
déficit público no se ha reducido como estaba previsto, rondará el 7 %, muy
lejos de las cifras que se habían propuesto.
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El
rescate bancario supone que los españoles tengan que pagar los errores de los
políticos que dirigían las Cajas de Ahorros que se transformaron en bancos
quebrados para ocultar lo ocurrido y toda su telaraña de corrupción.
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Los
españoles hemos perdido durante el pasado año un 20 % de recursos vía
impuestos, recortes, tasas y descenso de sueldos. La Casta no ha perdido nada,
al contrario, ha mantenido sus privilegios e incluso los ha incrementado.
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A
pesar de la ominosa corrupción política y económica en España que ha llegado a
afectar al mismo ex presidente de la CEOE que hoy está en la cárcel, a la Junta
de Andalucía, al exministro de Fomento, los políticos no han hecho acto de
contrición ni enmienda sobre los desmanes que han cometido desde todas las
ideologías y formaciones políticas.
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España
está en estanflación, encubierta desde hace años, con recesión más inflación,
la economía española decrece a un ritmo del 3-4 % desde hace cuatro años y va a
seguir estándolo en los próximos años, al menos hasta 2016.
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Los
empleados públicos en España, a pesar de la atormentada situación soportada por
los trabajadores y parados, no han visto reducida su presencia en las
administraciones públicas. Es fácil comprender que si los parados españoles son
el 25 % de la población activa, no se puede entender como en los 3,2 millones de
empleados públicos no haya ocurrido lo mismo, lo que llevaría a que ahora mismo
tuviéramos 2,6 millones de empleados públicos, al contrario, desde hace diez
años se siguen incrementando cada año los empleados públicos mientras los demás
no dejan de descender.
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Durante
el último año se estima que un millón de inmigrantes y 400.000 autóctonos han
abandonado el país en busca de trabajo, lo que quiere decir que si se hubieran
quedado, el paro sería de más de 6 millones y rondaría el 30 % de la población
activa.
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El
modelo político español de dominio establecido por la casta tanto desde el
Parlamento como desde la calle, con la colaboración de los sindicatos y
formaciones afines a la izquierda asegura y blinda el “establishment” existente
para su perpetuación. Los talibanes de lo público han impuesto su sharia
sindical para mantener sus privilegios, retrasando el futuro para seguir
beneficiándose de los demás. La casta es la carcoma de nuestro pasado, presente y futuro. Una epidemia de parásitos que se ha apoderado de los recursos públicos para imponer su dominio.
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Los
medios de comunicación españoles, ejerciendo desde la censura y la propaganda
tienen como única finalidad su negocio y supervivencia, aunque para ello tengan
que decirnos que Mariano Rajoy es el mismo mesías llegado de los cielos. No hay
crítica, no hay esfuerzo en averiguar qué es lo que está aconteciendo e
informar sobre lo que ocurre a los españoles.
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La
justicia española, cada día más cara y politizada, ha terminado por
transformarse en el brazo ejecutor del Estado contra el pueblo, alejándose de
la defensa del pueblo contra el Estado, que debería ser su función, pues es el
pueblo español quien les paga el sueldo para que sirvan a la justicia y no al
poder político. El Fiscal General del Estado sigue ciego, sin ver la corrupción
que todos los españoles contemplamos cada día.
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En
España no se ha hecho ninguna ley durante el pasado año que beneficie a los
españoles, todas han sido en su perjuicio. El Parlamento se ha convertido en la
fábrica de leyes para someter a los españoles al dominio del poder ejecutivo.
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En
cuanto a política autonómica, el esperpento catalán, con corruptos decidiendo
el futuro de los catalanes, y el delirio
vasco, con terroristas decidiendo sobre el futuro de los vascos, junto a un
Gobierno apestado de corrupción en Andalucía, al igual que en Valencia, son los
ejemplos que nos puede ofrecer la fragmentación del Estado, que a las castas
nacionales se suman las autonómicas y municipales.
Los españoles nos enfrentamos a un futuro desolador, no sólo
por las circunstancias de ruina material y moral en la que nos encontramos,
sino por qué hemos logrado tener en la representación pública a los peores
políticos con las peores políticas y en las peores circunstancias, una
auténtica kakistocracia, tanto en el gobierno como en la oposición.
Los españoles estamos condenados a seguir viviendo
secuestrados por la casta en el Síndrome
de Casandra: saber lo que va a ocurrir en el futuro y no poder hacer nada para
evitarlo.
Este país no tiene solución, mientras no se lleve a cabo la
disolución de la casta por las buenas o por las malas. Si no somos capaces de quitarnos de encima el dominio de la casta, España sucumbirá, no tengo la menor
duda
Enrique Suárez
