¿Por qué España es el país de Europa con más gente viviendo
de lo público?
En España, un 25 % del gasto público se dedica a salarios. A
pesar de las quejas organizadas, la
propaganda sindical, y las intoxicaciones informativas; los 2,8 millones de
empleados públicos (en realidad, la cifra podría superar los 5 o 6 millones, si
contamos los asalariados que trabajan la mayor parte de su tiempo para
organismos públicos, prácticamente el doble de lo que nos informan), convierten a los españoles en los ciudadanos europeos que más
dinero dedicanos a pagar los asalariados que se contratan con criterios políticos,
ajenos a la realidad de nuestras necesidades, desde entidades públicas.
España dedica un 25 % a pagar salarios de sus empleados,
mientras que Alemania la cifra es del 17%, Italia 21%, Francia 23% y Reino
Unido 22 %. Sin embargo, con la crisis económica se ha hecho una operación
de camuflaje perfectamente urdida desde el poder, fundamentalmente en las
comunidades autónomas y ayuntamientos, creando empresas, muchas de ellas parásitas, que viven a
expensas de lo público, en las que se han colocado muchos de los empleados desalojados del sector público. Estas empresas vienen realizando una competencia desleal
promovida, consentida y permitida por las administraciones públicas y las
autoridades políticas, pues se llevan el grueso del trabajo por criterios de amiguismo y corrupción, muchas veces a precios más elevados que los de mercado. Aquí hay una bolsa de corrupción que supera a todas las demás y que no ha sido ni mencionada por los medios de comunicación al servicio del poder.
La externalización, que es como se llama la cosa, también se paga con dinero público. Si bien los
empleados públicos en España (14 %), no son más que en otros lugares, según
Eurostat la población activa de asalariados públicos es muy similar al de
nuestros vecinos: Alemania 13%, Italia 12%, Francia 16% y Reino Unido 16%, sin embargo, síi lo son los empleados que viven de lo público (indirectos y contratados), cifra que podría
elevarse hasta un 30-35 % de la población activa, que sin duda es la cifra más
elevada de Europa. Esto funciona como un auténtico pesebre electoral para los partidos políticos, que conculca cualquier atisvo de democracia en nuestro país.
España ocupa uno de los primeros lugares por
empleados públicos directos e indirectos, ciertamente es uno de los países de Europa en
que hay menos funcionarios profesionales, el cuarto por la cola en 2013, lo que sirve de estrategia para decir que faltan funcionarios, cuando en realidad lo que sobran son empleados públicos que ocupan los puestos de trabajo que corresponderían a los jóvenes mejor cualificados para esos puestos y a los parados que han sido desplazados por no disfrutar de padrino en el poder.
Funcionarios en España hay 1.625.128, hasta 2,8 millones es personal contratado por el dedo correspondiente, con criterios de necesidad o bien criterios políticos, en la inmensa mayoría de los casos. Esta desmesura soberbia en un país que tiene cinco millones de personas sin trabajo no puede transigirse y debe erradicarse de inmediato.
La crisis ha impactado en menor medida sober el empleo público que sobre el sector privado, disminuyendo el primero en una proporción mucho menor que el segundo, al contrario de lo que ha ocurrido en la Unión Europea. Incluso en España, el empleo público ha seguido creciendo hasta 2010 en numerosos sectores.
Colocar enchufados por el poder, privando a aquellos que se merecen el trabajo del que otros enchufados les desplazan
En España, las tasas de restitución de funcionarios se han
reducido al 10 % con la sana intención de colocar enchufados por el poder, bien de forma directa, o indirecta, desde empresas afines al poder, a expensas
de la población joven mejor formada y con más paro de la OCDE y de los parados de larga duración que son desplazados por estas prácticas caciquiles, a la precariedad más absoluta. El fenómeno no es reciente, en este país han entrado en la administración pública personajes que llevan más 35 años afincados en el pesebre público, porque un día tuvieron la fortuna de que alguien con poder les reclamara. Algunos ya están próximos a la jubilación y llevan toda su vida viviendo de decirle a los demás lo que debían hacer, con una cualificación o inteligencia que en un país normal les dejaría en las listas del paro por muchos años. ¿Cómo va a funcionar este país bien si tiene un auténtico cáncer en el expolio público con sus correspondientes metástasis?. Está en estado terminal, que es lo que le corresponde.
La provisionalidad, el caciquismo, el nepotismo y el amiguismo nunca han sido denunciados
por los defensores de lo público, es decir, por aquellos que ocupan puestos de
trabajo que no les corresponden, posiblemente innecesarios, desplazando a jóvenes mejor formados y más aptos, parados de larga duración y sectores más devastados. En ciertas ocasiones, estas empresas contratadas, subcontratan el trabajo, multiplicando por dos o tres su coste real. Estos parásitos son los que organizan
habitualmente las huelgas y las mareas de todos los colores. Los que viven
cobrando aproximadamente el doble que los empleados de empresas privadas por
hacer más o menos la mitad.
Realmente se puede decir que hay una mafia laboral en España
asociada a lo público, tanto por la contratación de enchufados desde el poder,
como por la creación de empresas que trabajan exclusivamente para lo público y viven
de lo público donde se han ido colocando los 400.000 desalojados del empleo público
directo.
El empleo asociado a lo público es uno de los mayores nichos de
corrupción existente en este país, amparado por las autoridades políticas
de todos los partidos, donde colocan a afines, parientes y amigos, con saber
hacer la o con un canuto, para luego complicar aún más la vida de los ciudadanos, con normas y reglas sin otro sentido que hacer necesario lo innecesario y
así, hacerse imprescindibles, y mantener su pesebre, los enchufados, su trabajo y su salario y los políticos, sus votos.
Pero además hay un agravante, esta legión de colocados por el poder cobra aproximadamente el doble que los empleados de empresas privadas, por la fortuna de haber sido incluidos en nóminas públicas o que provienen de lo público, pero además con una cualificación deficiente y una incapacidad extraordinaria para ocupar los puestos de trabajo que detentan. Prueba de ello es el deterioro paulatino que se comienza a observar en la inmensa mayoría de los organismos públicos.
El mayor crimen que comete este gobierno contra sus ciudadanos, al igual que todos los organismos de poder en este país, es que los españoles tengamos que endeudarnos en 55.000 millones de euros el próximo año, para pagar los empleados públicos y afines que nos sobran, que no son necesarios y que han sido colocados por el poder en todas sus formas, impidiendo el acceso a un puesto de trabajo a los jóvenes con mayor paro de Europa y a los cinco millones de parados que existen en este país. El tapón de corrupción laboral en lo público es el principal vínculo que nos encadena al tercermundismo, donde lugares como Andalucía, Asturias o Extremadura son el paraiso, pero en menor escala este fenómeno ocurre en todas las demás comunidades autónomas.
El mayor fraude de este país y nadie habla de él
Cada 100.000 colocados innecesarios este país tiene que pagar 5.000 millones de euros, así que si redujéramos en un 1.100.000 los empleados públicos y dependientes de lo público, y dejáramos que esos puestos de trabajo fueran ocupados de forma natural por jóvenes cualificados que se hicieran funcionarios (hay un millón de licenciados en el paro y otro millón de jóvenes trabajando en condiciones deplorables y muchos más en el paro condenados a un salario social el resto de sus días), dejaríamos de tener incremento de deuda pública cada año, y no habríamos alcanzado el billón de euros que ahora tenemos.
Hace unos años denuncié que mientras este país perdía un 25 % de su masa laboral general, inexplicablemente, en la época de Zapatero, la masa laboral pública se incrementaba en un 25 %, hasta los 3,2 millones de asalariados, todos los sectores perdían empleo menos el público, con la única finalidad de colocar a los afines, y los votantes agradecidos del futuro en unión de sus familias. El modelo andaluz, que ha permitido gobernar al PSOE durante 40 años en Andalucía, con sus EREs y sus cacicatos, para seguir siendo la comunidad con más lento desarrollo del país. Que sin embargo ha utilizado el PP en comunidades como Valencia y Murcia, con la misma finalidad. Pero además, cobrando salarios aproximadamente del doble que se cobra por la misma tarea en el sector privado, especialmente los más elevados.
Es hora de que este país madure y exponga a la luz el entramado de corrupción laboral asociado a lo público, si algún día queremos recobrar la
normalidad. Es hora de que estas prácticas corruptas sean denunciadas por los
ciudadanos, los enchufados desalojados del salario social que se les ha
concedido y los corruptos que han inventado y amparado este sistema de depredación vayan a la
cárcel. Es hora de acabar con el caciquismo político en España, que hace exclamar a los inversores extranjeros que este país está organizado para beneficiar a la casta política y a las élites acomodadas: "Ha sido horrible tratar de hacer negocio en
esta región, ya nos habían dicho que era coto vedado para ésto; es un
sitio exclusivo para los políticos y la élite acomodada"
Un país con cinco millones de parados, de ellos un millón de licenciados, la mayor cifra del mundo, no se puede permitir que unos chulos con
carnet político o sindical decidan su futuro. No es una cuestión de igualdad,
es una cuestión de justicia. Si el PSOE ha sido el creador de este sistema de expolio y degradación de lo público, a expensas de los cinco millones de parados españoles, en su mayoría jóvenes; el PP de Mariano Rajoy es el mayor responsable del paro existente en este país y del amparo a las mafias laborales que en el existen, asociadas a lo público. Podemos ha propuesto como solución incrementar aún más el pesebre público. Lo llevamos claro con esta calaña de impresentables y crápulas
Enrique Suárez
