La distorsión del sistema democrático español, como tantas veces ha denunciado Antonio García Trevijano, tiene su origen en la organización política transicional sin ruptura entre un régimen dictatorial y una democracia supuestamente liberal y social, que derivó en una Constitución consensuada por una comisión constituyente formada por representantes de partidos políticos no legitimados , y que recibió el aval del pueblo español en 1978, un pueblo insuficientemente formado políticamente para comprender la responsabilidad que entrañaba su asunción.
La Constitución Española de 1978 es un instrumento legitimado de facto, pero no de iure, por el pueblo español, pues ha sido un producto del poder y no de la libertad. El pueblo ratificó en referendum una Constitución que no garantiza límites al poder ejecutivo, porque se estableció desde un principio autoritario, lo que ha permitido que los distintos gobiernos se hayan ido apropiando de los mecanismos de control de su gestión política. La Constitución Española de 1978 no garantiza restricciones al Gobierno, porque fue establecida con la finalidad censitaria de recortar la posibilidad de elección política de los ciudadanos a lo ofrecido exclusivamente por los partidos políticos.
De esta forma, el poder ejecutivo se ha ido apropiando de la separación de poderes, estableciendo su jerarquía sobre el poder legislativo y el poder judicial, que al añadir la financiación pública de los medios de comunicación y el reparto de áreas de poder comunicacional desde un sectarismo infame, ha terminado convirtiendo el sistema político español en un embrión presidencialista y totalitario, que vulnera de facto los principios constitucionales, sin que ninguna institución del Estado quede fuera del poder gubernamental, llegando a controlar sus propios mecanismos institucionales de control y reduciendo la función de oposición a la de testificación y protesta, sin capacidad alguna de corrección de las deriva autoritarias.
Los ciudadanos españoles sólo tenemos derecho a escoger entre las ofertas partidarias, no a elegir libremente entre las posibles alternativas de representación o a representarnos directamente. Los distintos artefactos establecidos por los partidos políticos alejan nuestra democracia de cualquier posibilidad de representación que no sea la legitimada, pues mediante subvenciones estatales con fondos públicos y las distintas artimañas del poder (requisitos legales para adquirir posibilidad de representación política, umbral electoral, efectos circunscripción, regla proporcional de distribución de escaños –Sistema D´Hondt-, el sistema de listas cerradas) han acotado la posibilidad de representación política a las grandes formaciones partidarias, excluyendo cualquier posibilidad ajena a un sistema partitocrático que se regenera y autoperpetúa.
El incremento del nivel cultural de los españoles, las nuevas tecnologías de la comunicación y la posibilidad de acceder a inagotables fuentes de información, así como el acceso al intercambio continuado de información autoproducida por los ciudadanos, por medio de blogs, foros y redes sociales, junto a la contemplación del espectáculo permanente de los desmanes, errores y fiascos de nuestros representantes políticos, ha originado un sentimiento crítico en los ciudadanos españoles que demanda nuevas formas de representación política que trasciendan el ámbito del más de lo mismo de la representación política, en la que unos candidatos elegidos por los partidos políticos, son ratificados por los ciudadanos en las urnas y no elegidos directamente. Esta coyuntura convierte la democracia española, de hecho, en una oligocracia restringida al partidarismo en la que se usurpa discretamente la voluntad soberana de los ciudadanos.
La política en España ha degenerado en logomaquia, los conceptos se han vaciado de contenido, la Constitución se ha convertido en un instrumento de control de los ciudadanos, pero no así de los políticos que campan con su poderío como señores feudales cuando su representación solo les concede función de servicio público, limitada a su promesa constitucional que vulneran permanente, sin que nada, ni nadie tenga poder para reprender su despropósito, esto explica el elevado rango de corrupción de nuestro país, la sustitución de la democracia por sus formas degeneradas de oclocracia y tiranía, y el fiasco electoral partidario que convierte en behetría y demagogia lo que habría de ser un proceso democrático genuino que convirtiera los votos de los electores en candidatos elegidos directamente por el pueblo, y no en edecanes de la jerarquía partidaria, propuestos y designados por los partidos políticos; la deriva paulatinamente decadente de los representantes políticos, nos ha terminado arrojando a un bodrio representacional, a un vertedero de incongruencias, más propio de una fiesta infantil de cumpleaños, de un reality show, que del rigor concerniente a una nación soberana de ciudadanos libres e iguales.
Los ciudadanos españoles exigen nuevas formas de representación pública. La política debe dejar de ser una actividad de oprobio y desmesura y recobrar su auténtica condición, que es cumplir las leyes y la voluntad general de los ciudadanos, y no convertir a los ciudadanos en siervos de nuevos señores feudales disfrazados de representantes democráticos, que favorecen a sus partidarios y perjudican a todos los demás, en una auténtica locura de poder inaceptable.
Enrique Suárez
Movimiento Democrático
La Constitución Española de 1978 es un instrumento legitimado de facto, pero no de iure, por el pueblo español, pues ha sido un producto del poder y no de la libertad. El pueblo ratificó en referendum una Constitución que no garantiza límites al poder ejecutivo, porque se estableció desde un principio autoritario, lo que ha permitido que los distintos gobiernos se hayan ido apropiando de los mecanismos de control de su gestión política. La Constitución Española de 1978 no garantiza restricciones al Gobierno, porque fue establecida con la finalidad censitaria de recortar la posibilidad de elección política de los ciudadanos a lo ofrecido exclusivamente por los partidos políticos.
De esta forma, el poder ejecutivo se ha ido apropiando de la separación de poderes, estableciendo su jerarquía sobre el poder legislativo y el poder judicial, que al añadir la financiación pública de los medios de comunicación y el reparto de áreas de poder comunicacional desde un sectarismo infame, ha terminado convirtiendo el sistema político español en un embrión presidencialista y totalitario, que vulnera de facto los principios constitucionales, sin que ninguna institución del Estado quede fuera del poder gubernamental, llegando a controlar sus propios mecanismos institucionales de control y reduciendo la función de oposición a la de testificación y protesta, sin capacidad alguna de corrección de las deriva autoritarias.
Los ciudadanos españoles sólo tenemos derecho a escoger entre las ofertas partidarias, no a elegir libremente entre las posibles alternativas de representación o a representarnos directamente. Los distintos artefactos establecidos por los partidos políticos alejan nuestra democracia de cualquier posibilidad de representación que no sea la legitimada, pues mediante subvenciones estatales con fondos públicos y las distintas artimañas del poder (requisitos legales para adquirir posibilidad de representación política, umbral electoral, efectos circunscripción, regla proporcional de distribución de escaños –Sistema D´Hondt-, el sistema de listas cerradas) han acotado la posibilidad de representación política a las grandes formaciones partidarias, excluyendo cualquier posibilidad ajena a un sistema partitocrático que se regenera y autoperpetúa.
El incremento del nivel cultural de los españoles, las nuevas tecnologías de la comunicación y la posibilidad de acceder a inagotables fuentes de información, así como el acceso al intercambio continuado de información autoproducida por los ciudadanos, por medio de blogs, foros y redes sociales, junto a la contemplación del espectáculo permanente de los desmanes, errores y fiascos de nuestros representantes políticos, ha originado un sentimiento crítico en los ciudadanos españoles que demanda nuevas formas de representación política que trasciendan el ámbito del más de lo mismo de la representación política, en la que unos candidatos elegidos por los partidos políticos, son ratificados por los ciudadanos en las urnas y no elegidos directamente. Esta coyuntura convierte la democracia española, de hecho, en una oligocracia restringida al partidarismo en la que se usurpa discretamente la voluntad soberana de los ciudadanos.
La política en España ha degenerado en logomaquia, los conceptos se han vaciado de contenido, la Constitución se ha convertido en un instrumento de control de los ciudadanos, pero no así de los políticos que campan con su poderío como señores feudales cuando su representación solo les concede función de servicio público, limitada a su promesa constitucional que vulneran permanente, sin que nada, ni nadie tenga poder para reprender su despropósito, esto explica el elevado rango de corrupción de nuestro país, la sustitución de la democracia por sus formas degeneradas de oclocracia y tiranía, y el fiasco electoral partidario que convierte en behetría y demagogia lo que habría de ser un proceso democrático genuino que convirtiera los votos de los electores en candidatos elegidos directamente por el pueblo, y no en edecanes de la jerarquía partidaria, propuestos y designados por los partidos políticos; la deriva paulatinamente decadente de los representantes políticos, nos ha terminado arrojando a un bodrio representacional, a un vertedero de incongruencias, más propio de una fiesta infantil de cumpleaños, de un reality show, que del rigor concerniente a una nación soberana de ciudadanos libres e iguales.
Los ciudadanos españoles exigen nuevas formas de representación pública. La política debe dejar de ser una actividad de oprobio y desmesura y recobrar su auténtica condición, que es cumplir las leyes y la voluntad general de los ciudadanos, y no convertir a los ciudadanos en siervos de nuevos señores feudales disfrazados de representantes democráticos, que favorecen a sus partidarios y perjudican a todos los demás, en una auténtica locura de poder inaceptable.
Enrique Suárez
Movimiento Democrático
