Hoy, concluye una época, aunque
sus protagonistas todavía no lo sepan. La apuesta era arriesgada: de todo o
nada, al final, ha sido nada. Nada más que un 12,5 %, por muy desigual que haya
sido el seguimiento de la Huelga General en distintas comunidades, es todo el
apoyo que han logrado reunidos el PSOE, IU, CCOO, UGT, el 15-M, el 25-S, los
nacionalistas catalanes, la Junta de Andalucía, los antisistema, etc. A pesar
del engaño que han tratado de colocarnos los sindicatos con la manipulación
tradicional (reconociendo que esta huelga había sido un 12,5 % inferior a ladel 29-M pasado, para que la confusión sirviera para que no conocer la realidad:
que el consumo eléctrico había disminuido de media un 12,5 % EN TOTAL, no
diferencialmente), lo que está claro es que el consumo eléctrico en la pasada
huelga descendió en un 22 %, mientras que en esta ocasión sólo ha descendido un
12,5 % , lo que supone una octava parte del consumo nacional. En algunos
lugares como Euskadi, apenas ha tenido seguimiento. Posiblemente estemos ante
la huelga general con menor seguimiento de la historia de la democracia
reciente en España. La Delegación de Gobierno de Madrid ha dado un seguimiento
en la manifestación final de la capital de 35.000 personas, difícilmente se habrá alcanzado el millón que nos ofrecían los sindicatos, aunque sumáramos
todas las manifestaciones que se han producido en España, y en este país somos
46 millones de habitantes.
Se acaba una época, treinta y
cinco años de dominio de la calle por la izquierda finalizan para siempre,
porque nunca volverán a tener la capacidad de convocatoria que hoy han perdido,
algo que correlaciona con la pérdida de credibilidad y confianza por parte de
los ciudadanos hacia las formaciones políticas de izquierdas y los sindicatos, al
mismo tiempo que el Gobierno nacional esté siendo más refutado por los
españoles en los últimos treinta y cinco años. En realidad el Gobierno
permanece acantonado en la fortaleza del poder, porque si hoy se repitieran las
elecciones de hace un año, a la vista de sus incumplimientos y decisiones, no
obtendría ni la mitad de los resultados que obtuvo.
En realidad, a lo que asistimos
es a la consecuencia inevitable de lo que ha ocurrido en España a lo largo de
los últimos seis años, todo comenzó cuando en mayo de 2008, Zapatero negaba la
crisis económica, mientras recibía la llamada de Obama para decirle donde nos
estábamos metiendo. Al iluminado de las cejas no se le ocurrió otra cosa que,
para evitar que se viera su desastrosa gestión de los asuntos públicos,
comenzar a tirar de deuda –más de 350.000 millones de euros- para tapar sus
ineptitudes y las de sus Gobiernos. La consecuencia fue inmediata, el déficit
público se elevó hasta el 11,5 %, estuvimos gastando cada año 100.000 millones
de euros más de los que se ingresaba, como ocurrirá también en el año que se
cierra. Al mismo tiempo comenzó a destruirse el tejido productivo,
fundamentalmente por dos razones, la primera que con el elevado nivel de
corrupción de las empresas afines al poder, las que no participaron de la misma
no pudieron competir y terminaron cerrando; segunda, que las empresas afines al
poder, acostumbradas a cobrar 2 o 3 veces el precio justo de sus tareas y
obras, para poder repartir con los políticos de turno, cuando la crisis atenazó
la cuestión, decidieron el cierre, a pesar de las fuertes subvenciones públicas
millonarias que habían recibido, dejando en el paro a miles de trabajadores.
Así que en España nos hemos quedado sin empresas privadas asfixiadas por la
sectaria intervención pública que favorecía a los amiguetes, y también sin
estas últimas, cuando los chanchullos y las corrupciones desaparecieron. Dos
millones de parados ha sido la consecuencia, no solo de empresas constructoras
e inmobiliarias, sino de miles de empresas que nada tenían que ver con la
construcción.
Algo similar ocurrió con las
Cajas de Ahorros transformadas en bancos quebrados, que además de haber sufrido
un desfalco de proporciones insólitas -250.000 millones de euros- hoy tienen
que recibir 50.000 millones de euros más, para evitar su quiebra, y
posiblemente la imputación y condena de los miembros de los partidos y
sindicatos que formaron parte de sus Consejos de Administración. Alguien ha calculado que la gestión de
Zapatero de los últimos cuatro años nos ha costado a los españoles alrededor de
un billón de euros, es decir, el PIB de todo un año dedicado exclusivamente a
pagar las ocurrencias de alguien que se ha marchado sin decir adiós y que no ha
sido, siquiera, convocado al Parlamento para dar explicaciones de su gestión,
ni tampoco imputado en ningún delito criminal de los muchos que ha cometido.
Así se revela que la inmunidad se ha transformado en impunidad en este país, no
sólo para el anterior Presidente del Gobierno sino para todos los que estaban
por debajo de él.
Cierto es, que mientras este país
se hundía, Mariano Rajoy estaba leyendo El Marca, a pesar de contar con 150
diputados en el Congreso, Zapatero nunca podría haber cometido tantos desmanes
con una oposición rigurosa, pero el PP ha sido, cómplice necesario, de todo lo
que hizo el PSOE en los últimos cuatro años, además de haber cometido un delito
de anuencia al no defender los intereses de los españoles, algo a lo que se
había comprometido. Pero de la palabra de Mariano Rajoy, mejor no hablar,
alguien que dijo que no subiría los impuestos para ganar las elecciones hace un
año y desde entonces no ha dejado de hacerlo, o no se enteró del país en el que
estaba viviendo entonces, o nos engañó miserablemente a todos los españoles.
La casta extractiva es así, entre
el PSOE y el PP, junto con los nacionalistas y los sindicatos, han disfrutado prácticamente del
100 % del poder en este país que han arruinado, por lo tanto tienen
prácticamente el 100 % de responsabilidad en lo ocurrido. Lo ocurrido lo conocen ustedes en sus propias existencias
y no es necesario explicarlo, pero lo que llama poderosamente la atención es el
Pacto del Duerno que han establecido entre partidos mayoritarios en este país
para no reclamarse mutuamente nada al respecto, porque en realidad funcionan
como un cártel oligarca que implanta su voluntad en su propio beneficio, aunque
sea en perjuicio de sus gobernados. La pretensión que ambas formaciones políticas
tienen de pasar página y que los españoles nos olvidemos de lo ocurrido con el
billón de euros que se ha desviado desde el erario público a cuentas privadas,
es posiblemente, la mejor dimensión de su desfachatez, vesania e inquina. Se
están ensañando con los españoles y eso tendrá consecuencias.
Pero sin duda, hoy, hemos
avanzado; la próxima vez que las calles sean tomadas en este país no será una
operación tutelada por los partidos de izquierda y los sindicatos, se acabaron
las pancartas y las banderas de partido o sindicato, que han ocupado la protesta
habitualmente, para impedir daños colaterales a la caja común o duerno del que
todos los de la casta se nutren. Creo que en la próxima manifestación o
protesta que se produzca en este país, no serán necesarias las pancartas, ni
las banderas de los partidos o sindicatos, que por cierto, seguramente serán
excluidas. La próxima protesta será inolvidable, estará formada por los no
representados por los partidos y sindicatos de la casta y será una
manifestación contra el poder de los partidos políticos y sindicatos que han gestionado
los asuntos públicos de este país durante las últimas tres décadas, como el
Lazarillo de Tormes con el ciego cuando hacían reparto, quedándose con más de
lo que el ciego recibía. Se acaba una época de oprobio, molicie y desmesura.
Comienza una reacción de libertad, justicia y democracia por parte del pueblo español. Veremos como acaba
todo.
Enrique Suárez
