El consenso nos trajo la Constitución, no había otra posibilidad. Los progenitores de la Constitución Española de 1978 –aunque es hija de todos los que la reconocimos como Carta Magna- fueron siete políticos españoles que representaban el arco parlamentario de la época. Dos se han ido, Gabriel Cisneros (UCD) –que hubiera estado en contra, trató de impedir su trámite de forma ordinaria-, y Jordi Solé Turá (PCE) –que posiblemente hubiera estado a favor-, otros dos se han manifestado “favorables de forma velada” a la aprobación del Estatut de Catalunya sin modificaciones, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD) – “Cataluña es una nación” -, y Miquel Roca i Junyent (CIU) –“Podría ser que el Tribunal Constitucional dictase en los próximos días su esperada sentencia sobre el Estatut de Catalunya. Y, podría ser, que la sentencia declarase la plena constitucionalidad del Estatut, lo que produciría una significativa distensión política. No sólo en Catalunya, sino también en toda España. Podría ser”.
Los tres restantes progenitores están manifiestamente en contra del Estatut catalán, Manuel Fraga Iribarne (AP): “"El Estatuto de Cataluña es completamente inconstitucional. Insoportable la actitud de la prensa y de varias otras personas en Cataluña. Eso es destruir España", Gregorio Peces Barba (PSOE), “preveo un recorte sensato del Estatut” y José Pedro Pérez LLorca (UCD): “No veo grandes diferencias entre el Estatuto catalán y el Plan Ibarretxe”.
El balance de la votación de los padres de la Constitución española, al menos por sus manifestaciones públicas es de 4 a 3 en contra de que el Estatut sea admitido como Constitucional tal como está.
Los expresidentes Felipe González y José María Aznar también han rechazado el Estatut, cada uno a su manera. Sería valioso conocer la opinión de Adolfo Suárez al respecto, pero conociéndole se hubiera opuesto, al igual que lo hubiera hecho Calvo-Sotelo.
Pero no sólo quiero llamar la atención de los lectores sobre lo que está ocurriendo con el Estatut de Catalunya y su posible aprobación íntegra o reprobación parcial por parte del Tribunal Constitucional. Me estoy refiriendo a la esperpéntica batalla que se ha establecido entre aquellos que dicen representar la opinión pública –unos a favor y otros en contra- por una parte y aquellos que representan la legitimidad –El Tribunal Constitucional- por otra. Algo insólito en un régimen no totalitario, en el que exista un mínimo recuerdo de la separación de poderes.
La opinión pública es una entidad abstracta, habitualmente interpretada a conveniencia por los políticos, cierto es que el Estatut se votó en Cataluña y resultó aprobado por el 38 % de los catalanes con derecho a voto –menos del 25 % de los residentes en Cataluña-, también fue aprobado por el Parlamento español – en una jugada de intereses políticos que ha denigrado a la máxima institución representativa de los españoles -, pero esto no le concede legitimidad, para ello el Tribunal Constitucional debe establecer que el Estatut de Catalunya es Constitucional tal como está, algo que resulta imposible por tres razones fundamentales.
Si no se respetan las reglas constitucionales sancionadas por el pueblo español en referéndum en el año 1978, se entrará en Fraude de Ley, lo que quiere decir en la terminología de Paulus “que obra contra la Ley el que hace lo que la Ley prohibe”. El Tribunal Constitucional podría eludir su responsabilidad, y posiblemente lo hará de una forma sencilla, considerando que el Estatut no es Constitucional en su integridad, al menos con la Constitución de 1978, pero puede proponer una reforma o enmienda Constitucional que recoja el caso particular, lo que daría lugar a una Reforma Constitucional, que traiga como consecuencia una restricción del desmadre nacionalista y el secuestro del Estado cuando todos los nacionalismos españoles representan menos del 10 % de la población española, evidentemente la Reforma será sometida a votación por el pueblo español. Los catalanistas saben y temen -mientras que los vasquistas, balearistas y galleguistas remojan sus barbas-, que de no salir aprobado el Estatut íntegro por el TC, no sólo se puede producir un parón a sus intenciones secesionistas, sino una restricción paulatina de su poder autonómico, algo que sería muy necesario para que este país pudiera avanzar políticamente más allá de la ciénaga en la que nos han atrapado los creyentes de los hechos diferenciales.
Sin embargo, se abrirá un nuevo y grave problema, porque el Estatut se habrá aplicado en Cataluña durante los tres últimos años de forma inconstitucional, dando lugar a muchas legislaciones que contravienen nuestro orden Constitucional, y que una vez aplicadas han generado damnificados de forma ilegal en Cataluña que deberán exigir una restitución de la ilegalidad cometida con ellos. Por eso la sentencia del Tribunal Constitucional no resolverá absolutamente nada, más bien al contrario, nos va a proporcionar nuevas perplejidades y no precisamente de forma gratuita. La espiral de violencia política de la política catalanista contra la igualdad de todos los españoles, no cesará con la sentencia del Tribunal Constitucional.
Tantas posibilidades tiene Cataluña de ser una nación, como Polonia de que Montilla y Carod Rovira le cambien el nombre, para denominarla Catalonia.
Enrique Suárez Retuerta
Un ciudadano español que no renuncia a su soberanía
Los tres restantes progenitores están manifiestamente en contra del Estatut catalán, Manuel Fraga Iribarne (AP): “"El Estatuto de Cataluña es completamente inconstitucional. Insoportable la actitud de la prensa y de varias otras personas en Cataluña. Eso es destruir España", Gregorio Peces Barba (PSOE), “preveo un recorte sensato del Estatut” y José Pedro Pérez LLorca (UCD): “No veo grandes diferencias entre el Estatuto catalán y el Plan Ibarretxe”.
El balance de la votación de los padres de la Constitución española, al menos por sus manifestaciones públicas es de 4 a 3 en contra de que el Estatut sea admitido como Constitucional tal como está.
Los expresidentes Felipe González y José María Aznar también han rechazado el Estatut, cada uno a su manera. Sería valioso conocer la opinión de Adolfo Suárez al respecto, pero conociéndole se hubiera opuesto, al igual que lo hubiera hecho Calvo-Sotelo.
Pero no sólo quiero llamar la atención de los lectores sobre lo que está ocurriendo con el Estatut de Catalunya y su posible aprobación íntegra o reprobación parcial por parte del Tribunal Constitucional. Me estoy refiriendo a la esperpéntica batalla que se ha establecido entre aquellos que dicen representar la opinión pública –unos a favor y otros en contra- por una parte y aquellos que representan la legitimidad –El Tribunal Constitucional- por otra. Algo insólito en un régimen no totalitario, en el que exista un mínimo recuerdo de la separación de poderes.
La opinión pública es una entidad abstracta, habitualmente interpretada a conveniencia por los políticos, cierto es que el Estatut se votó en Cataluña y resultó aprobado por el 38 % de los catalanes con derecho a voto –menos del 25 % de los residentes en Cataluña-, también fue aprobado por el Parlamento español – en una jugada de intereses políticos que ha denigrado a la máxima institución representativa de los españoles -, pero esto no le concede legitimidad, para ello el Tribunal Constitucional debe establecer que el Estatut de Catalunya es Constitucional tal como está, algo que resulta imposible por tres razones fundamentales.
1) Una autonomía o “nacionalidad” es una organización administrativa descentralizada del Estado, algo parecido a una Diputación provincial, y nada tiene que ver con una nación de hecho y de derecho, que es el único sujeto de legitimidad constituido por el pueblo español, de nuestra Constitución.
2) El único sujeto con capacidad para determinar la condición nacional en España (o su disolución) es el pueblo español reunido en referéndum –no los ciudadanos de forma individual, ni los territorios de forma fragmentada-, ni siquiera el Tribunal Constitucional tiene potestad para dirimir en esa cuestión. Porque si acepta que Cataluña es una nación, en ese mismo instante los magistrados habrán prevaricado, porque la Constitución exclusivamente tiene validez sobre el escenario de la nación española, patria indivisible de todos los españoles.
3) El orden vigente establecido en nuestra Constitución no permite la existencia de otro sujeto legítimo que la nación española, que es la reunión del pueblo español en referéndum, por lo tanto para que el Estatut tal como está fuera aceptado, o bien tendría que desaparecer la Nación española, o establecer una nueva Constitución que lo admitiera, o ambas a la vez, y para que tal objetivo se produzca el pueblo español –no el catalán por su parte y el español por la suya- tendría que determinar en referéndum su destino –no el que establezcan los políticos o el Tribunal Constitucional-
Si no se respetan las reglas constitucionales sancionadas por el pueblo español en referéndum en el año 1978, se entrará en Fraude de Ley, lo que quiere decir en la terminología de Paulus “que obra contra la Ley el que hace lo que la Ley prohibe”. El Tribunal Constitucional podría eludir su responsabilidad, y posiblemente lo hará de una forma sencilla, considerando que el Estatut no es Constitucional en su integridad, al menos con la Constitución de 1978, pero puede proponer una reforma o enmienda Constitucional que recoja el caso particular, lo que daría lugar a una Reforma Constitucional, que traiga como consecuencia una restricción del desmadre nacionalista y el secuestro del Estado cuando todos los nacionalismos españoles representan menos del 10 % de la población española, evidentemente la Reforma será sometida a votación por el pueblo español. Los catalanistas saben y temen -mientras que los vasquistas, balearistas y galleguistas remojan sus barbas-, que de no salir aprobado el Estatut íntegro por el TC, no sólo se puede producir un parón a sus intenciones secesionistas, sino una restricción paulatina de su poder autonómico, algo que sería muy necesario para que este país pudiera avanzar políticamente más allá de la ciénaga en la que nos han atrapado los creyentes de los hechos diferenciales.
Sin embargo, se abrirá un nuevo y grave problema, porque el Estatut se habrá aplicado en Cataluña durante los tres últimos años de forma inconstitucional, dando lugar a muchas legislaciones que contravienen nuestro orden Constitucional, y que una vez aplicadas han generado damnificados de forma ilegal en Cataluña que deberán exigir una restitución de la ilegalidad cometida con ellos. Por eso la sentencia del Tribunal Constitucional no resolverá absolutamente nada, más bien al contrario, nos va a proporcionar nuevas perplejidades y no precisamente de forma gratuita. La espiral de violencia política de la política catalanista contra la igualdad de todos los españoles, no cesará con la sentencia del Tribunal Constitucional.
Tantas posibilidades tiene Cataluña de ser una nación, como Polonia de que Montilla y Carod Rovira le cambien el nombre, para denominarla Catalonia.
Enrique Suárez Retuerta
Un ciudadano español que no renuncia a su soberanía
