Si el Estado es incapaz de regular y garantizar las reglas del juego en el territorio del Estado y para sus habitantes, incluidos los problemas del mercado y los trabajadores, ¿para qué lo queremos?, o mejor dicho, ¿para qué queremos un Gobierno que no gobierna?.
He escuchado las declaraciones del portavoz de Fenadismer, la asociación que ha convocado la huelga nacional del transporte y creo que no le falta razón: el 80 % del negocio del transporte nacional se reparte entre el 6 % de las empresas, que posteriormente realizan subcontratas a la baja, y como tienen prácticamente el monopolio del asunto pues acaban implantando los precios que bien les parece, que en muchos casos no llega a pagar ni costes, pero como están las letras del camión pendientes los autónomos no pueden hacer otra cosa más que aceptarlo.
El negocio de las subcontratas se había visto en todas las obras públicas de este país. Es la fuente de la mayoría de los accidentes laborales, y es la forma de abaratar los salarios, porque el subcontratista contrata la mano de obra más barata que suele ser inmigrante, y por supuesto es la menos formada, y la que más desconoce sus derechos. También se hace lo mismo con los materiales, y con los mantenimientos de los servicios.
En todos los sectores existen las subcontratas, y es la forma que tiene el Estado de privatizar todos sus recursos, que no son de ningún Gobierno en particular, sino de todos los españoles. Se hace en sanidad, agricultura, en pesca, en justicia, en orden público, en comunicaciones, obras públicas, educación, cultura, etc. ¿Qué son las transferencias a las comunidades autónomas sino una forma de subcontratar servicios y gestiones?.
Los productos de máximo consumo como los alimentos , si se compran por 10 euros al productor, se venden por más de 100 al consumidor. Y eso quiere decir, que el productor se lleva el 10 % de las patatas y el intermediario, el 90 % de los ingresos.
Las subcontratas es el mayor fondo de corrupción de este país, y el Estado las permite y las fomenta, porque ¿quién se va a beneficiar como intermediario?, pues el que más próximo esté al poder del Gobierno correspondiente, sea de la nación, autonómico o municipal.
Si no se regulan las subcontratas estrictamente, todo político de este país debe aceptar y asumir que es un corrupto hasta que no se demuestre lo contrario. En este caso, como en cualquiera, la presunción de inocencia es de las víctimas y no de los agresores.
Un Gobierno, que se dice de izquierdas, que le hace ésto a los ciudadanos, es la culminanción en la representación de la corrupción política. Zapatero debe dimitir, con él y su gobierno es imposible algo decente en este país, ahora y en el futuro.
Biante de Priena
