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viernes, 10 de febrero de 2012

Montesquieu despide a Garzón


"Los jueces deben recordar que su misión es jus dicere, y no jus dare : interpretar la ley, y no hacerla o dictarla." Francis Bacon

Tras la sentencia condenatoria por unanimidad del ex juez Garzón, emitida ayer por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por la que se establece su inhabilitación como magistrado por los próximos once años, asistimos en este país a la penúltima entrega del drama que las izquierdas nos vienen concediendo desde que abandonaron el poder por decisión de los españoles que acudieron a las urnas.

Cierto es que el PSOE nunca había perdido tanto poder en España desde 1982, pero también es cierto que en los dos episodios que han gobernado este país lo han dejado destrozado. Pero de eso a las izquierdas no les gusta hablar, con su memoria histórica selectiva, que olvida los 2,8 millones de parados que ha creado con sus políticas progresistas en aras de la igualdad, un pérdida de renta per cápita del 25 % en los últimos ocho años, un déficit del Estado final del 8,2 % (tras haber mentido a los españoles una vez más diciendo que solo sería del 6,2 %) y unos problemas con la deuda que amenazan la supervivencia del Estado del Bienestar.

Una vez más la propaganda del PSOE nos indica el origen de todos nuestros problemas: la derecha; en la política, en la economía, en la educación, en la justicia, en la cultura, en el Estado del Bienestar. Todos los problemas que los españoles tenemos son causados por la derecha, aunque parece que la derecha se ha encontrado con ellos tras siete años de gobierno del PSOE, pero eso les da igual.

Pero volviendo al caso Garzón (que según la izquierda "no existía"), con la sentencia que hoy se ha pronunciado comienza el fin de una época en la que la justicia ha estado subyugada a la política y que mejor declaración de intenciones de la independencia judicial que juzgar a uno de los suyos y condenarle, precisamente por haber sido el máximo representante de la justicia politizada y sectaria, al servicio del poder correspondiente. Que a nadie se le olvide que Garzón fue candidato por el PSOE en su día y luego regresó a la política para juzgar "a la derecha" e inmunizar "a la izquierda".

Dos posiciones confrontadas parece que adoptan los españoles, una que aboga por la plena independencia de la Justicia de la política (posición mayoritaria de los lectores de este blog 158 de 159 lectores se han decantado por esta posición en la encuesta que se viene realizando, hasta ahora), y otra que aboga por la dependencia de la Justicia de la política. La primera defendida por los que consideran que la causa de la mayoría de los problemas que tenemos con la política, corrupción, privilegios insoportables, actitudes caciquiles, patentes de corso, son fruto de la injerencia de los partidos políticos en la justicia; mientras que la segunda considera que los jueces deben hacer justicia social, es decir interpretar las leyes según el catecismo socialista y el sectarismo más patético, porque todo el mundo sabe que cuando un socialista roba lo hace por defender la igualdad y cuando lo hace alguien de la derecha lo hace por defender sus privilegios. Actualmente hay ex ministros y ex consejeros imputados por casos de corrupción, pero evidentemente esto no les preocupa a los que consideran que la justicia sólo debe utilizarse para juzgar a los otros y nunca a los propios.

El grave problema que tiene la izquierda de este país, en particular la afincada en el PSOE, pero no menos la de IU, la de UPyD, o los engendros nacionalistas de izquierdas como Amaiur o ERC, es que ha perdido su principal esencia identitaria tras la égida del adanista: la autocrítica.

Se ha visto en el reciente Congreso del PSOE, en el que la opción que promovió a Carmen Chacón como Secretaria General pretendía pasar de puntillas sobre el pasado inmediato, en una autocomplacencia vomitiva tras el legado que han dejado en este país. Tan solo 22 votos permitieron que un Rubalcaba acogotado se hiciera con el poder en el PSOE, laminando de forma inmediata a sus opositores, y aunque tampoco están dispuestos a hacer mucha autocrítica de su gestión y devenir, por lo menos no niegan la realidad con tanto desparpajo como los chaconistas.

En el caso de Garzón acudimos a un espectáculo bochornoso, una auténtica ceremonia de la confusión en la que todo se mezcla para que no se entienda nada. El juez estelar no ha sido condenado por ser de izquierdas, sino por prevaricar, es decir, por hacer algo penado por la ley que él prometió respetar en su día y que ha incumplido, según sentencia del Supremo.

La pretensión de la izquierda más asilvestrada, de que no se juzguen los delitos de Garzón, es en realidad, un desplazamiento más generalizado de que no se juzgue su gestión de la realidad, con una oposición frontal al Estado de Derecho al que cuestionan, así como a sus más altas instancias; ejerciendo un nuevo chantaje a los españoles, porque si se atreven a juzgar los crímenes contra la razón en nombre de la progresía, los que nos han dejado el país en ruinas, advierten de que serán capaces de cualquier cosa, incluso de exigir más subvenciones o prebendas por el hecho de ser de izquierdas y españoles, que para eso Zapatero les dijo que tenían derecho a todo lo que fuera necesario, solo había que pedirlo, aunque no hubiera con que pagarlo, aunque perdieran su trabajo en el propósito, y también su futuro.

Decía Alexis de Tocqueville que había que decidirse entre ser socialista o demócrata, porque ambas cosas a la vez es imposible, y creo que tenía razón. Sin embargo, como todo este espectáculo, forma parte de la reacción que está urdiendo Rubalcaba desde que triunfó en el Congreso del PSOE, lo de ayer de Garzón sólo es la primera entrega de lo que hoy acontecerá cuando se conozcan los términos de la “agresiva” reforma laboral que va a brindarnos el Gobierno del PP que triunfó en las elecciones, la que no quiso hacer en su día Zapatero y que casi nos llevó a que la intervención económica como aconteció en Grecia o Italia.

No tardaremos en ver a Garzón, tras haber cobrado 1,7 millones de euros del Banco de Santander por dar conferencias en los Estados Unidos (paquete completo: política, justicia, y bancos) a la cabeza de las manifestaciones organizadas por la izquierda para exigir que el Gobierno resuelva los problemas del paro, la deuda y el déficit que crearon los gobiernos del PSOE con José Luis Rodríguez Zapatero. Algo tendrán que darle por que como cante quien era Mister X en lo del GAL, tras “la escisión implícita” del PSOE del 38º Congreso, lo que se va a estudiar con la memoria histórica es el partido que fundó Pablo Iglesias, el de los cien años de honradez... y lo demás.

Enrique Suárez

viernes, 13 de enero de 2012

¿Quién juzgará a la injusticia española?


Una de las mayores dificultades que tendremos los españoles para poder abandonar la dictadura maniquea a que nos somete, en la España de comienzos del siglo XXI, la diosa Jano de las dos caras (PP y PSOE), es la de de librarnos de la politizada justicia que se ha creado en este país al servicio del poder. Las democracias en las que no existe suficiente independencia entre justicia y política no funcionan bien, funcionan muy mal y además son un canal abierto a la corrupción y la molicie, a la opresión y a la estupidez.

En abril de 2010, se publicó en este blog un artículo titulado “La Justicia en España” en el que se realizaba un análisis de la situación del tercer poder en España, a raíz de la posible imputación del Juez Garzón, que finalmente, se sentará en el banquillo el próximo martes día 17 de enero.

La fanfarria oclocrática que le acompaña bajo una denominada “Plataforma”, que considera que juzgar al juez más politizado de este país, que incluso llegó a presentarse en las listas del PSOE, es una aberración inadmisible, porque como todo el mundo sabe, los jueces de la izquierda española son inmunes por impunidad social, y si no, no hay ni democracia, ni justicia, ni libertad, ni plus pal salón. Y surgen las grandes conspiraciones de la derecha franquista que, según ellos, sigue aferrada a la justicia, porque como todo el mundo sabe, los jueces que no son de izquierdas son franquistas, como los que no votan al PSOE o IU en este país y no están afiliados a CCOO y UGT, son fachas reconocidos.

Ahora bien, si espera la justicia española redimirse juzgando al “superjuez” de la izquierda más sectaria, creo que está más ciega que nunca, porque lo de Garzón es tan solo un síntoma de una grave enfermedad que atraviesa la justicia española por su connivencia vergonzante con el poder político.

En este país se han cometido auténticas tropelías jurídicas a lo largo de las últimas décadas que han confluido en los últimos ocho años en los que se ha producido una auténtica bacanal de inconsecuencias. La justicia en España requiere un juicio, bien interno –que veo difícil por aquello del corporativismo- o de otro tipo, que no alcanzo a vislumbrar. En España hay aproximadamente 3.000 jueces y magistrados, que tienen en sus manos juzgar un sistema político corrupto, porque de otra forma, perderá toda credibilidad para juzgar a los ciudadanos por los delitos comunes.

Se podrían recordar algunas relacionadas con lo acontecido durante el juicio del 11-M, del que nunca se conocieron "autores intelectuales" y del que se ha demostrado que se actuó de forma inusual a instancias del Gobierno de turno, pero este tema es algo que debe implicar a toda la sociedad española, dada su gravedad, en una dimensión similar a la acontecida durante los juicios del GAL. Sin olvidarnos de las sectarias leyes que ha introducido el PSOE en el ámbito legal español, y que han provocado presos políticos en España, que en ningún país europeo estarían en la cárcel.

El Fiscal General “del Gobierno” (antiguamente del Estado) ha cometido irregularidades como la de asistir a un Consejo de Ministros cuando en este país se iba a crear un “Estado de Alarma” con motivo de la huelga de controladores aéreos, pero todavía más grave es que desde la Fiscalía se haya dirigido la acción de la justicia con la orientación más sectaria, al servicio del poder gubernamental.

No se puede seguir admitiendo un Consejo General del Poder Judicial formado por juristas elegidos por los principales partidos políticos de este país, que nunca van a ir contra quienes les designan. Habrá que buscar alguna nueva fórmula para elegir al máximo órgano de la justicia española, el órgano rector de los profesionales de la justicia española.

Y por último, ¿cómo se puede esperar que un Tribunal Constitucional máximo órgano del Estado de Derecho español pueda ser ecuánime cuando es elegido por los mismos partidos políticos que eligen el CGPJ, ni siquiera por el Parlamento? No tiene sentido alguno, mucho menos tras la pantomima del Estatut de Catalunya, comunidad autoproclamada en rebeldía porque ni cumple la sentencia limitadora de sus pretensiones estatutarias, ni hay nadie en el Estado que se la haga cumplir, mientras los ciudadanos catalanes tienen que soportar la imposición inconstitucional porque un 25 % de los residentes en Cataluña decidieron socavar el Estado de Derecho en un referéndum plebiscitario, más propio de un régimen fascista que de una nación democrática.

Sin olvidarnos del conflicto exhibido en la legalización de la izquierda abertzale proetarra como opción política, porque convenía a los intereses del PSOE y el PP se mostró ausente en su “tancredismo” habitual, contra una sentencia negativa del Tribunal Supremo, mucho menos politizado, que representa, en cierta forma, la escasa independencia de la justicia española.

Mientras la justicia española no sea independiente de la política, este país vivirá en una democracia secuestrada por el poder político, con una justicia a su servicio, como en los más ejemplares regímenes totalitarios.

Enrique Suárez

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