Ningún cargo político de este país puede ser representante público sin expresar explícitamente su respeto y obligado cumplimiento de la Constitución Española de 1978 al incorporarse a su cargo. En este país todavía no ha habido ni un solo caso de un político que haya sido juzgado por faltar a su palabra, y los tenemos que han arremetido contra la nación, la monarquía, el Estado, nuestro idioma, el Estado de Derecho, y la Constitución Española. Ha habido políticos, o sujetos nombrados por los políticos, numerosos, que han detraído dinero público hacia sus cuentas personales, para favorecer a familiares (Chaves), amigos (Gürtell, Pretoria, Palau, Marbella), o miembros de sus colectivos (asociaciones afines a los partidos, sindicatos).
Si bien la responsabilidad en los delitos económicos sigue el mismo criterio que en los demás ciudadanos, no se le ha ocurrido a ningún notable de los que viven de representarnos, sugerir una ley de agravamiento de pena en el caso de que los dineros hurtados, robados o desviados sean de origen público. Tampoco en el caso de que un político falte a su palabra en respetar y hacer respetar la Constitución y el Estado de Derecho, lo que le deslegitima para seguir siendo representante público. Llevamos más de treinta años de democracia y ni una sola ley efectiva contra la corrupción política.
Es difícil que un político se represente a sí mismo en este país, por no decir imposible, todos los políticos que se convierten en delincuentes no se representan a sí mismos o a los ciudadanos que les han votado, como quieren hacernos ver los que viven de representarnos, porque en realidad representan las siglas de un partido. Cuando un cargo público es elegido democráticamente bajo las siglas de una organización, partido político, sindicato, o colectivo a quienes representa, esta organización debe ser inequívocamente responsable subsidiario de los delitos que cometan sus representantes, y devolver hasta el último céntimo del dinero que hayan substraído o desviado, además de responder jurídicamente del autor y sus actos que bajo su pabellón ha utilizado un cargo de representación pública para hacer un desfalco de recursos contra los intereses de sus representados pasivos. Esto sería lo que ocurriría en cualquier empresa privada y no puede consentirse que las empresas públicas sean un corralito para la delincuencia.
Por otra parte, en este país hay que superar determinadas pruebas personales para acceder a cualquier trabajo, mientras que los políticos están eximidos de cualquier prueba de idoneidad para utilizar millones de euros, sin rendir cuentas a nadie sobre su finalidad de interés público, con el único mérito de que su partido político les conceda un cargo.
El artículo 14 de la Constitución Española, en el que se recuerda que todos los españoles somos iguales ante la ley, no tiene vigencia alguna en el caso de los políticos, que tienen patente de corso para hacer y deshacer a su antojo lo que les dé la real gana, sin rendir cuenta a los ciudadanos que los han elegido, pues su partido hace de valladar para su protección legal, pero cuando se les descubre en un delito, su partido político se desvanece, eximiéndose de responsabilidad, dando de baja al interfecto y dejándolo como si fuera elegido por su persona, y no en representación de una formación política.
Quizás estas malas artes, argucias y falacias sirvieran para los comienzos de la reinstauración democrática en este país hace más de treinta años, pero tras la experiencia vivida, que los partidos políticos queden exentos de responsabilidad legal cuando uno de sus representantes es sorprendido en un delito público, es algo que debería sonrojarnos a todos los españoles. Se deben pensar que somos idiotas, porque los medios de comunicación que subvencionan se callan lo que no interesa que se diga y el poder judicial de representación pública que se corresponde con las distintas fiscalías relacionadas, sólo esté dispuesto a defender a sus amos políticos contra los ciudadanos, que les pagamos el sueldo con nuestros impuestos .
Este país es de vergüenza, cada día más, pero sobre esta cosas no hablan ni los políticos, ni los representantes de la justicia, ni los medios de comunicación. ¿Será la nueva censura del Ministerio de Propaganda encubierto que dictamina lo que se publica y no se publica en España?
Enrique Suárez Retuerta
Si bien la responsabilidad en los delitos económicos sigue el mismo criterio que en los demás ciudadanos, no se le ha ocurrido a ningún notable de los que viven de representarnos, sugerir una ley de agravamiento de pena en el caso de que los dineros hurtados, robados o desviados sean de origen público. Tampoco en el caso de que un político falte a su palabra en respetar y hacer respetar la Constitución y el Estado de Derecho, lo que le deslegitima para seguir siendo representante público. Llevamos más de treinta años de democracia y ni una sola ley efectiva contra la corrupción política.
Es difícil que un político se represente a sí mismo en este país, por no decir imposible, todos los políticos que se convierten en delincuentes no se representan a sí mismos o a los ciudadanos que les han votado, como quieren hacernos ver los que viven de representarnos, porque en realidad representan las siglas de un partido. Cuando un cargo público es elegido democráticamente bajo las siglas de una organización, partido político, sindicato, o colectivo a quienes representa, esta organización debe ser inequívocamente responsable subsidiario de los delitos que cometan sus representantes, y devolver hasta el último céntimo del dinero que hayan substraído o desviado, además de responder jurídicamente del autor y sus actos que bajo su pabellón ha utilizado un cargo de representación pública para hacer un desfalco de recursos contra los intereses de sus representados pasivos. Esto sería lo que ocurriría en cualquier empresa privada y no puede consentirse que las empresas públicas sean un corralito para la delincuencia.
Por otra parte, en este país hay que superar determinadas pruebas personales para acceder a cualquier trabajo, mientras que los políticos están eximidos de cualquier prueba de idoneidad para utilizar millones de euros, sin rendir cuentas a nadie sobre su finalidad de interés público, con el único mérito de que su partido político les conceda un cargo.
El artículo 14 de la Constitución Española, en el que se recuerda que todos los españoles somos iguales ante la ley, no tiene vigencia alguna en el caso de los políticos, que tienen patente de corso para hacer y deshacer a su antojo lo que les dé la real gana, sin rendir cuenta a los ciudadanos que los han elegido, pues su partido hace de valladar para su protección legal, pero cuando se les descubre en un delito, su partido político se desvanece, eximiéndose de responsabilidad, dando de baja al interfecto y dejándolo como si fuera elegido por su persona, y no en representación de una formación política.
Quizás estas malas artes, argucias y falacias sirvieran para los comienzos de la reinstauración democrática en este país hace más de treinta años, pero tras la experiencia vivida, que los partidos políticos queden exentos de responsabilidad legal cuando uno de sus representantes es sorprendido en un delito público, es algo que debería sonrojarnos a todos los españoles. Se deben pensar que somos idiotas, porque los medios de comunicación que subvencionan se callan lo que no interesa que se diga y el poder judicial de representación pública que se corresponde con las distintas fiscalías relacionadas, sólo esté dispuesto a defender a sus amos políticos contra los ciudadanos, que les pagamos el sueldo con nuestros impuestos .
Este país es de vergüenza, cada día más, pero sobre esta cosas no hablan ni los políticos, ni los representantes de la justicia, ni los medios de comunicación. ¿Será la nueva censura del Ministerio de Propaganda encubierto que dictamina lo que se publica y no se publica en España?
Enrique Suárez Retuerta
1 comentario:
El Ministerio Fiscal de España, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.
El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación (es único para todo el Estado) y dependencia jerárquica (los fiscales reciben órdenes e instrucciones de sus superiores jerárquicos) y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad (actuará con sujeción a la Constitución Española y al resto del ordenamiento jurídico) e imparcialidad (actuará con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le están encomendados).
El Ministerio Fiscal está constituido por:
- El Fiscal General del Estado, nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
- Los funcionarios pertenecientes a la Carrera Fiscal, que forman un Cuerpo de Estado y constituyen una jerarquía subordinada al Fiscal General del Estado.
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