La educación en Cataluña ya es una cárcel para el alma. Lo último que nos faltaba es que además de desposeernos de nuestra libertad mental nos quiten también la libertad física y hasta la mera posibilidad de respirar.

Eso me decía esta mañana un amigo latino que tiene "diferencias" con los profesores de su hija porque la persiguen en el patio del colegio para que no hable ni una palabra de español, y la niña tiene miedos y pesadillas nocturnas. Ante las persistentes reclamaciones del padre, ya ha llegado la primera advertencia de dos maestros: Ándese usted con cuidado, porque ahora si nos sigue molestando le van a caer cuatro años de cárcel.

A nadie se le escapa que los problemas de la educación en Cataluña son mayores que en el resto de España porque la represión que el adoctrinamiento ejerce sobre padres e hijos destruye la convivencia en el hogar y degrada el universo infantil de los niños.

Aquí, como es bien sabido, los inmigrantes que no hablan catalán sólo ocuparían en la mente de los políticos un espacio laboral estrictamente físico, y no digamos ya sus hijos, que a su llegada a la nostra terra son apelotonados en la eufemística “Aula de Acogida”, donde serán catalanizados a la fuerza y obligados a despreciar su cultura, su lengua, y la memoria de sus mayores.

De esta manera, nos encontramos con un altísimo índice de violencia en las escuelas públicas y especialmente entre los hijos de los inmigrantes. Violencia en el hogar, donde padres e hijos están desestructurados debido al fascismo educativo catalán, y violencia en las aulas, donde los niños acaban por crear violentas pandillas en una desesperada e imposible búsqueda de sí mismos.

Así llegamos al momento en que se pretende judicializar la educación. Las agresiones de niños a niños, de niños a maestros, y de padres a maestros se vuelven algo tan habitual que los docentes ya son los profesionales con más bajas por estrés. La semana pasada el fiscal Mena dio la orden de que en Cataluña se condene con hasta penas de 4 años de prisión las agresiones a maestros y médicos.

En el día de hoy, Maria Eugenia Alegret, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ha discrepado de la instrucción de la Fiscalía para endurecer las penas a los agresores de maestros y médicos, porque, a su juicio, ese fenómeno debe combatirse desde la educación.

Lo que es evidente es que la abolición de la inmersión lingüística, considerando sin distinción a todos los niños dentro de un rango de seres humanos, ayudaría bastante a recuperar la dignidad perdida, y también el camino de la vida.