jueves, 3 de diciembre de 2009
miércoles, 2 de diciembre de 2009
Panfleto contra lo insoportable
No soporto a los malvados, pero aún menos a los desalmados que se esfuerzan en convencernos de su bondad altruista, de su ausencia de egoísmo, de los desvelos y sacrificios a los que dicen someterse para mejorar la existencia de sus congéneres.
No soporto a los políticos, de ningún partido o club social, porque su hipocresía y descaro rebasa los límites que cualquier ser humano normal puede resistir. La violencia de sus palabras de salvación me hiere profundamente.
No soporto a los estúpidos que se piensan inteligentes porque jugando sucio se elevan sobre los demás, ya que jugando limpio nunca lo podrían lograr. Pero además exigen respeto a los que, perplejos, contemplan su ascenso inmerecido
No soporto a los sectarios que se reúnen en bandas organizadas con intención depredadora sobre lo compartido y lo propio, con el único interés de repartirse el botín. No tolero a los intolerantes, no admito a los fanáticos, no creo en el gregarismo.
No soporto a los que intentan amordazar a los otros para que no digan lo que no les conviene, a los que sólo quieren libertad de expresión para sí mismos y para nadie más. A los que utilizan los medios de comunicación para resaltar su mensaje, mientras por detrás acallan, distorsionan o devalúan los de los que no piensan como ellos.
No soporto a los degenerados que cada día urden nuevas mentiras para seguir embaucando a los ingenuos o desinformados. No sobrellevo con resignación las harpías palabras de los que piensan una cosa y dicen otra para obtener ventaja.
No soporto a los soberbios, vanidosos y ególatras que pontifican sobre la desgracias que acontecerían si ellos no se ocuparan de nuestro porvenir. No asumo su depravación interesada.
No soporto a los rufianes que imponen su criterio sobre los de otros con la única intención de obtener privilegios de su posición social, económica o política. Tampoco acepto a los que juegan a ser víctimas perpetuas de los demás, cuando en realidad son víctimas de sí mismos, pero han aprendido a rentabilizar la culpabilidad en los otros, nunca en sí mismos.
No soporto a los taimados que aseguran su futuro a costa de malograr nuestro presente, a los que utilizan la astucia y la apariencia para desplazar a otros del lugar que les corresponde en la vida. A los que asaltan a los demás en cuanto tienen oportunidad, para más tarde señalarles como aprovechados.
No soporto a los deleznables que cuando alcanzan una posición de poder lo utilizan para oprimir a todo el que puedan y se aproxima a ellos, con el único objetivo de obtener beneficios propios, aunque sea a costa de perjudicar a otros.
No soporto a los que pregonan su honestidad, su filantropía, a los que presumen de no presumir, y a los que aseguran que sus intenciones son nobles cinco minutos antes de que dejen de serlo.
No soporto a los que esgrimen el “queridos ciudadanos, lo hacemos por vuestro bien”, conociendo de antemano que sus acciones sólo pueden traer más problemas y dificultades para los demás.
No soporto a los que se callan ante la injusticia, a los que miran a otro lado cuando presencian un crimen, o a los que se ríen en las narices de quienes reclaman algo que les pertenece.
No soporto a los que no dicen nada ante los engaños, las argucias, y las pantomimas de los que viven de amargarnos la vida. No puedo compartir su indolencia ante la desesperación de sus semejantes.
Definitivamente no soporto a la masa en la que se amalgaman todos los despropósitos y desmanes de la autoridad inmerecida y la ausencia de respeto por el ser humano. No creo en la fortuna, ni en la casualidad, ni en el azar, como tampoco creo en los políticos y sus mentiras, que nos convierten en sus siervos, cuando en realidad somos sus soberanos.
Por eso protesto, por todas estas cosas he protestado, y por todas estas cosas protestaré y exigiré mis derechos desde la libertad. Sólo o acompañado de otros, me da exactamente igual.
He decidido dejar de soportar lo que me degrada. Mi camino no lo determinan los que no soporto, que más quisieran.
¿Y el tuyo?, ¿y el vuestro?.
Enrique Suárez Retuerta
No soporto a los políticos, de ningún partido o club social, porque su hipocresía y descaro rebasa los límites que cualquier ser humano normal puede resistir. La violencia de sus palabras de salvación me hiere profundamente.
No soporto a los estúpidos que se piensan inteligentes porque jugando sucio se elevan sobre los demás, ya que jugando limpio nunca lo podrían lograr. Pero además exigen respeto a los que, perplejos, contemplan su ascenso inmerecido
No soporto a los sectarios que se reúnen en bandas organizadas con intención depredadora sobre lo compartido y lo propio, con el único interés de repartirse el botín. No tolero a los intolerantes, no admito a los fanáticos, no creo en el gregarismo.
No soporto a los que intentan amordazar a los otros para que no digan lo que no les conviene, a los que sólo quieren libertad de expresión para sí mismos y para nadie más. A los que utilizan los medios de comunicación para resaltar su mensaje, mientras por detrás acallan, distorsionan o devalúan los de los que no piensan como ellos.
No soporto a los degenerados que cada día urden nuevas mentiras para seguir embaucando a los ingenuos o desinformados. No sobrellevo con resignación las harpías palabras de los que piensan una cosa y dicen otra para obtener ventaja.
No soporto a los soberbios, vanidosos y ególatras que pontifican sobre la desgracias que acontecerían si ellos no se ocuparan de nuestro porvenir. No asumo su depravación interesada.
No soporto a los rufianes que imponen su criterio sobre los de otros con la única intención de obtener privilegios de su posición social, económica o política. Tampoco acepto a los que juegan a ser víctimas perpetuas de los demás, cuando en realidad son víctimas de sí mismos, pero han aprendido a rentabilizar la culpabilidad en los otros, nunca en sí mismos.
No soporto a los taimados que aseguran su futuro a costa de malograr nuestro presente, a los que utilizan la astucia y la apariencia para desplazar a otros del lugar que les corresponde en la vida. A los que asaltan a los demás en cuanto tienen oportunidad, para más tarde señalarles como aprovechados.
No soporto a los deleznables que cuando alcanzan una posición de poder lo utilizan para oprimir a todo el que puedan y se aproxima a ellos, con el único objetivo de obtener beneficios propios, aunque sea a costa de perjudicar a otros.
No soporto a los que pregonan su honestidad, su filantropía, a los que presumen de no presumir, y a los que aseguran que sus intenciones son nobles cinco minutos antes de que dejen de serlo.
No soporto a los que esgrimen el “queridos ciudadanos, lo hacemos por vuestro bien”, conociendo de antemano que sus acciones sólo pueden traer más problemas y dificultades para los demás.
No soporto a los que se callan ante la injusticia, a los que miran a otro lado cuando presencian un crimen, o a los que se ríen en las narices de quienes reclaman algo que les pertenece.
No soporto a los que no dicen nada ante los engaños, las argucias, y las pantomimas de los que viven de amargarnos la vida. No puedo compartir su indolencia ante la desesperación de sus semejantes.
Definitivamente no soporto a la masa en la que se amalgaman todos los despropósitos y desmanes de la autoridad inmerecida y la ausencia de respeto por el ser humano. No creo en la fortuna, ni en la casualidad, ni en el azar, como tampoco creo en los políticos y sus mentiras, que nos convierten en sus siervos, cuando en realidad somos sus soberanos.
Por eso protesto, por todas estas cosas he protestado, y por todas estas cosas protestaré y exigiré mis derechos desde la libertad. Sólo o acompañado de otros, me da exactamente igual.
He decidido dejar de soportar lo que me degrada. Mi camino no lo determinan los que no soporto, que más quisieran.
¿Y el tuyo?, ¿y el vuestro?.
Enrique Suárez Retuerta
Diego Pastrana Viaco: víctima de la Ley de Violencia de Género
Cuando Émile Zola se autoinculpó en 1898 en su inolvidable “Yo acuso” (“j´accuse”) para que el caso Dreyfus se pudiera reabrir, no buscaba exclusivamente que se hiciera justicia y exculpar a Alfred Dreyfus de los crímenes por los que se le había condenado, sino mostrar el trasfondo de violencia y racismo existente en la sociedad francesa de la época, provocando una sucesión de crisis políticas y sociales inéditas en Francia que en 1899 socavaron los cimientos de la Tercera República Francesa. La revelación del fraude político-jurídico dividió a los franceses en dos campos opuestos, los dreyfusards (partidarios de Dreyfus) y los antidreyfusards (opositores a Dreyfus). También mostró la existencia en la sociedad francesa de un núcleo de violencia nacionalista y antisemita. El caso se convirtió en símbolo moderno y universal de la inequidad en nombre de la razón de Estado.
En España ha habido algunos crímenes por razones de Estado a lo largo de la transición democrática, los más conocidos han sido sin duda los del GAL, pero ha habido otros. Una justicia sometida al poder político está condenada de antemano a la prevaricación. El asesinato virtual de Montesquieu que Alfonso Guerra protagonizó en su día, nos ha traído como consecuencia el penoso Estado de Deshecho en el que vivimos. En nuestro país lo ocurrido en el atentado del 11-M también ha provocado dos frentes opuestos, el de los que dicen que lo que se juzgó era todo lo que se podía juzgar y el que considera que el juicio que se celebró fue un parche para salvar la situación política. Cuando la opinión pública se atreve a juzgar la justicia es que las cosas no funcionan.
Pero ocupémonos de nuestro Dreyfus canario, el joven Diego Pastrana Viejo, que ha sido linchado públicamente por la inmensa mayoría de los medios de comunicación de nuestro país, pasando de ser un ciudadano normal a convertirse en el asesino despiadado de la hija de su pareja, de tan sólo tres años, que desgraciadamente ha fallecido víctima de un traumatismo cráneo encefálico no bien diagnosticado por los servicios sanitarios a los que el propio Diego y la tía de la niña, la pobre Aitana, acudieron con ella cuando esta se había caído de un columpio y sangraba por la nariz.
Pero analicemos los hechos con detalle, ¿cómo ha podido ocurrir un hecho semejante en un país europeo, supuestamente democrático con un Estado de Derecho vigente?. Pues es muy fácil, gracias a una barbaridad legislativa denominada Ley de Violencia de Género, por la que cualquier ciudadano varón puede ser privado de su libertad ante la mínima sospecha de su participación en la agresión a una mujer (algo que no ocurre cuando una mujer arremete contra un varón, un homosexual contra otro, o una madre contra un hijo o una hija, o una hija contra un padre o una madre). Resulta extraño, pero extraordinariamente extraño que esta ley pueda ser compatible con el artículo 14 de nuestra Constitución vigente, que dice textualmente:
“Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Las declaraciones se sucedieron como recoge El País: “El viernes 27, medios de todo el país ya se recreaban en todo tipo de detalles morbosos. Se sucedieron condenas: "Que caiga sobre él todo el peso de la ley", clamaba una encendida abogada, María Dolores Pelayo. La portavoz del Foro contra la Violencia, Magalines Rosales, recordaba que los malos tratos y los abusos sexuales a niños dentro de la familia "suponen una de las formas de violencia de género más ocultas en la sociedad". Inés Rojas, consejera canaria de Bienestar Social, hablaba de la "tristísima y durísima muerte", mientras la vicepresidenta del Parlamento, Cristina Tavío, lamentaba que la niña no tuviera ya derecho a la libertad y a la vida”.
La directora del Instituto Canario de la Mujer, Isabel de Luis (un institución que tampoco encaja muy bien en nuestra Constitución), ni siquiera ha pedido disculpas por lo ocurrido y justificó sus declaraciones, sin pestañear. Dice ahora que jamás ha condenado a la persona sino al hecho relatado en el parte de lesiones.
"Los médicos han conculcado al menos cuatro artículos del Código Penal", advierte la letrada María Dolores Palliser, mientras Belarmina Martínez, histórica abogada feminista de Tenerife al frente de la Asociación Mujeres y Solidaridad, sostenía que "los medios no son culpables".
Pero la sospecha de que en este país no se aplica la presunción de inocencia con la actual Ley de Violencia de Género para los varones queda ratificada por las declaraciones de la directora del Instituto de la Mujer, Rosa Peris realizadas a un canal de televisión y que extrañamente no son recogidas por ningún diario y que textualmente mantiene: "el protocolo ha funcionado, de hecho, de manera inmediata estaba detenido el presunto autor de las lesiones; por lo tanto el problema no es el protocolo, el problema ha sido como hemos interpretado los signos de esa.., de esa VIOLENCIA” (insistiendo en la cuestión de la violencia cuando en realidad ha sido un accidente lo que ha motivado la muerte de la pequeña Aitana, cuando muertes violentas sólo son los suicidios y los homicidios). Parece mentira, pero tras el auto de libertad sin cargos, la directora del Instituto de la Mujer sigue difamando veladamente, como si nada, a Diego Pastrana Viaco.
En cuanto a los errores sanitarios, que se han producido y son motivo de negligencia, no se refieren tanto al diagnóstico erróneo inicial de las lesiones de Aitana (errare humanum est), porque de todos los niños que sangran por la nariz tras caerse de un columpio, un mínimo porcentaje tiene lesiones craneales más allá de un chinchón, aunque sin intención de hacer daño, hay error, pero que ha tenido circunstancias funestas por la ausencia de seguimiento de un caso de traumatismo craneoencefálico que requiere al menos, por prudencia, seguir un protocolo de revisión en caso de que se presenten signos o síntomas de no mejoría o agravamiento (perseverare diabólicum) -lo que no se conoce es si los familiares fueron advertidos o no de esta cuestión-. Sin embargo, el error sí se ha producido a la hora de diagnosticar lesiones, agresiones sexuales, y quemaduras inexistentes, y construir con ellas un episodio de supuesto maltrato que ha motivado de forma automática el ingreso de Diego Pastrana Viaco en el protocolo que se aplica a los agresores masculinos en cuestiones de género, que provocó su detención inmediata.
Según declaraciones del abogado del inculpado, la policía le trató como un criminal "Le daban pan y agua y no bocadillos como al resto de detenidos", ha asegurado en declaraciones a Telecinco. Además, según ha explicado, la Policía llegó a mostrarle una imagen de la niña destrozada tras practicarle la autopsia. "Se la mostraron para querer decirle: eres un asesino y te vas a pudrir en la cárcel", ha relatado Alonso, quien se ha preguntado "si era necesario someterle a esa tortura".
Actualmente, el juez titular del Juzgado de Primera Instancia Número 7 de Arona, en Tenerife, mantiene abierta la causa contra Diego Pastrana. Hasta el momento, no ha decidido su archivo y el acusado mantiene los cargos que se le imputó la semana pasada, tal como ha revelado Plácido Alonso, quien ha anunciado que próximamente la familia de Diego presentará una querella "para aclarar todo lo que ha ocurrido". Pero en las diligencias previas se ha decretado su Libertad sin fianza aunque con obligación de presentarse dos veces al mes en el juzgado.
En cuanto a los medios de comunicación, poco se puede añadir, han cumplido con su función de expandir la noticia, aportando cada periodista su peculiar insania estereotipada a la información que al final ha llegado a los ciudadanos y ha motivado una apasionada reacción por parte de los informados por “todos los medios” del "asesinato de una niña a manos de su padrastro que “presuntamente” la había agredido sexualmente y físicamente, hasta el punto de causarle diversas quemaduras y la muerte". El sensacionalismo de las opiniones ha imperado sobre el rigor de los hechos, propio del periodismo de nuestro tiempo, y la competición por dar la noticia de la forma más descarnada posible para llamar más la atención.
Como en el caso Dreyfus, en esta ocasión, todo lo ocurrido delata una situación subyacente de indefensión, motivada fundamentalmente por la aplicación de un protocolo estereotipado fruto de la Ley de Violencia de Género, que establece de antemano que toda agresión recibida por una mujer de la edad que sea sólo puede provenir de un varón, lo que arrasa con la presunción de inocencia de un Estado de Derecho para convertir en sospechosos a todos los varones de todas las lesiones que presenten las mujeres, es decir, aplicando la presunción de culpabilidad urbi et orbe para todo varón ante una lesión que presente una mujer, como si las mujeres no pudieran sufrir accidentes o lesiones causadas por otras mujeres. Evidentemente las implicadas en este despropósito quieren correr un tupido velo sobre lo ocurrido, porque desde su fanatismo tienen arrestos para condenar a un inocente con tal de que el protocolo no sea puesto en tela de juicio.
Verán ustedes, esto es una barbaridad descomunal que delata el generismo y la androfobia existente en algunos personajes de nuestro elenco político, porque como ustedes podrán comprender si no hay víctimas, se crean, porque es más importante la causa subyacente de defender a las mujeres –siempre víctimas- de los hombres –siempre agresores-, aunque para ello haya que llevar a la cárcel a algún inocente.
Quiero concluir con la declaración terrible que el abogado de Diego Pastrana Viaco ha realizado, y que realmente me ha estremecido: “si la pobre niña Aitana no hubiera fallecido y el médico forense no hubiera realizado la autopsia descartando todas las barbaridades de las que se había acusado a su defendido, ¿quién le habría podido librar de una condena segura?”. Creo que es hora de reflexionar y de hacer lo posible por desagraviar al inocente Diego que resultó culpable ante la opinión pública gracias a una Ley de Violencia de Género hecha con la misma violencia que supuestamente pretende erradicar. También hay que reflexionar sobre las cosas que pueden ocurrir en los servicios sanitarios, en las fuerzas de seguridad del Estado, en los medios de comunicación, en los juzgados y en la propia opinión pública, cuando la presión de la locura colectiva sesga el ejercicio de sus funciones y el libre albedrío de su discernimiento.
Mis condolencias a la familia de Aitana y a Diego Pastrana Viaco.
Enrique Suárez Retuerta
En España ha habido algunos crímenes por razones de Estado a lo largo de la transición democrática, los más conocidos han sido sin duda los del GAL, pero ha habido otros. Una justicia sometida al poder político está condenada de antemano a la prevaricación. El asesinato virtual de Montesquieu que Alfonso Guerra protagonizó en su día, nos ha traído como consecuencia el penoso Estado de Deshecho en el que vivimos. En nuestro país lo ocurrido en el atentado del 11-M también ha provocado dos frentes opuestos, el de los que dicen que lo que se juzgó era todo lo que se podía juzgar y el que considera que el juicio que se celebró fue un parche para salvar la situación política. Cuando la opinión pública se atreve a juzgar la justicia es que las cosas no funcionan.
Pero ocupémonos de nuestro Dreyfus canario, el joven Diego Pastrana Viejo, que ha sido linchado públicamente por la inmensa mayoría de los medios de comunicación de nuestro país, pasando de ser un ciudadano normal a convertirse en el asesino despiadado de la hija de su pareja, de tan sólo tres años, que desgraciadamente ha fallecido víctima de un traumatismo cráneo encefálico no bien diagnosticado por los servicios sanitarios a los que el propio Diego y la tía de la niña, la pobre Aitana, acudieron con ella cuando esta se había caído de un columpio y sangraba por la nariz.
Pero analicemos los hechos con detalle, ¿cómo ha podido ocurrir un hecho semejante en un país europeo, supuestamente democrático con un Estado de Derecho vigente?. Pues es muy fácil, gracias a una barbaridad legislativa denominada Ley de Violencia de Género, por la que cualquier ciudadano varón puede ser privado de su libertad ante la mínima sospecha de su participación en la agresión a una mujer (algo que no ocurre cuando una mujer arremete contra un varón, un homosexual contra otro, o una madre contra un hijo o una hija, o una hija contra un padre o una madre). Resulta extraño, pero extraordinariamente extraño que esta ley pueda ser compatible con el artículo 14 de nuestra Constitución vigente, que dice textualmente:
“Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Las declaraciones se sucedieron como recoge El País: “El viernes 27, medios de todo el país ya se recreaban en todo tipo de detalles morbosos. Se sucedieron condenas: "Que caiga sobre él todo el peso de la ley", clamaba una encendida abogada, María Dolores Pelayo. La portavoz del Foro contra la Violencia, Magalines Rosales, recordaba que los malos tratos y los abusos sexuales a niños dentro de la familia "suponen una de las formas de violencia de género más ocultas en la sociedad". Inés Rojas, consejera canaria de Bienestar Social, hablaba de la "tristísima y durísima muerte", mientras la vicepresidenta del Parlamento, Cristina Tavío, lamentaba que la niña no tuviera ya derecho a la libertad y a la vida”.
La directora del Instituto Canario de la Mujer, Isabel de Luis (un institución que tampoco encaja muy bien en nuestra Constitución), ni siquiera ha pedido disculpas por lo ocurrido y justificó sus declaraciones, sin pestañear. Dice ahora que jamás ha condenado a la persona sino al hecho relatado en el parte de lesiones.
"Los médicos han conculcado al menos cuatro artículos del Código Penal", advierte la letrada María Dolores Palliser, mientras Belarmina Martínez, histórica abogada feminista de Tenerife al frente de la Asociación Mujeres y Solidaridad, sostenía que "los medios no son culpables".
Pero la sospecha de que en este país no se aplica la presunción de inocencia con la actual Ley de Violencia de Género para los varones queda ratificada por las declaraciones de la directora del Instituto de la Mujer, Rosa Peris realizadas a un canal de televisión y que extrañamente no son recogidas por ningún diario y que textualmente mantiene: "el protocolo ha funcionado, de hecho, de manera inmediata estaba detenido el presunto autor de las lesiones; por lo tanto el problema no es el protocolo, el problema ha sido como hemos interpretado los signos de esa.., de esa VIOLENCIA” (insistiendo en la cuestión de la violencia cuando en realidad ha sido un accidente lo que ha motivado la muerte de la pequeña Aitana, cuando muertes violentas sólo son los suicidios y los homicidios). Parece mentira, pero tras el auto de libertad sin cargos, la directora del Instituto de la Mujer sigue difamando veladamente, como si nada, a Diego Pastrana Viaco.
En cuanto a los errores sanitarios, que se han producido y son motivo de negligencia, no se refieren tanto al diagnóstico erróneo inicial de las lesiones de Aitana (errare humanum est), porque de todos los niños que sangran por la nariz tras caerse de un columpio, un mínimo porcentaje tiene lesiones craneales más allá de un chinchón, aunque sin intención de hacer daño, hay error, pero que ha tenido circunstancias funestas por la ausencia de seguimiento de un caso de traumatismo craneoencefálico que requiere al menos, por prudencia, seguir un protocolo de revisión en caso de que se presenten signos o síntomas de no mejoría o agravamiento (perseverare diabólicum) -lo que no se conoce es si los familiares fueron advertidos o no de esta cuestión-. Sin embargo, el error sí se ha producido a la hora de diagnosticar lesiones, agresiones sexuales, y quemaduras inexistentes, y construir con ellas un episodio de supuesto maltrato que ha motivado de forma automática el ingreso de Diego Pastrana Viaco en el protocolo que se aplica a los agresores masculinos en cuestiones de género, que provocó su detención inmediata.
Según declaraciones del abogado del inculpado, la policía le trató como un criminal "Le daban pan y agua y no bocadillos como al resto de detenidos", ha asegurado en declaraciones a Telecinco. Además, según ha explicado, la Policía llegó a mostrarle una imagen de la niña destrozada tras practicarle la autopsia. "Se la mostraron para querer decirle: eres un asesino y te vas a pudrir en la cárcel", ha relatado Alonso, quien se ha preguntado "si era necesario someterle a esa tortura".
Actualmente, el juez titular del Juzgado de Primera Instancia Número 7 de Arona, en Tenerife, mantiene abierta la causa contra Diego Pastrana. Hasta el momento, no ha decidido su archivo y el acusado mantiene los cargos que se le imputó la semana pasada, tal como ha revelado Plácido Alonso, quien ha anunciado que próximamente la familia de Diego presentará una querella "para aclarar todo lo que ha ocurrido". Pero en las diligencias previas se ha decretado su Libertad sin fianza aunque con obligación de presentarse dos veces al mes en el juzgado.
En cuanto a los medios de comunicación, poco se puede añadir, han cumplido con su función de expandir la noticia, aportando cada periodista su peculiar insania estereotipada a la información que al final ha llegado a los ciudadanos y ha motivado una apasionada reacción por parte de los informados por “todos los medios” del "asesinato de una niña a manos de su padrastro que “presuntamente” la había agredido sexualmente y físicamente, hasta el punto de causarle diversas quemaduras y la muerte". El sensacionalismo de las opiniones ha imperado sobre el rigor de los hechos, propio del periodismo de nuestro tiempo, y la competición por dar la noticia de la forma más descarnada posible para llamar más la atención.
Como en el caso Dreyfus, en esta ocasión, todo lo ocurrido delata una situación subyacente de indefensión, motivada fundamentalmente por la aplicación de un protocolo estereotipado fruto de la Ley de Violencia de Género, que establece de antemano que toda agresión recibida por una mujer de la edad que sea sólo puede provenir de un varón, lo que arrasa con la presunción de inocencia de un Estado de Derecho para convertir en sospechosos a todos los varones de todas las lesiones que presenten las mujeres, es decir, aplicando la presunción de culpabilidad urbi et orbe para todo varón ante una lesión que presente una mujer, como si las mujeres no pudieran sufrir accidentes o lesiones causadas por otras mujeres. Evidentemente las implicadas en este despropósito quieren correr un tupido velo sobre lo ocurrido, porque desde su fanatismo tienen arrestos para condenar a un inocente con tal de que el protocolo no sea puesto en tela de juicio.
Verán ustedes, esto es una barbaridad descomunal que delata el generismo y la androfobia existente en algunos personajes de nuestro elenco político, porque como ustedes podrán comprender si no hay víctimas, se crean, porque es más importante la causa subyacente de defender a las mujeres –siempre víctimas- de los hombres –siempre agresores-, aunque para ello haya que llevar a la cárcel a algún inocente.
Quiero concluir con la declaración terrible que el abogado de Diego Pastrana Viaco ha realizado, y que realmente me ha estremecido: “si la pobre niña Aitana no hubiera fallecido y el médico forense no hubiera realizado la autopsia descartando todas las barbaridades de las que se había acusado a su defendido, ¿quién le habría podido librar de una condena segura?”. Creo que es hora de reflexionar y de hacer lo posible por desagraviar al inocente Diego que resultó culpable ante la opinión pública gracias a una Ley de Violencia de Género hecha con la misma violencia que supuestamente pretende erradicar. También hay que reflexionar sobre las cosas que pueden ocurrir en los servicios sanitarios, en las fuerzas de seguridad del Estado, en los medios de comunicación, en los juzgados y en la propia opinión pública, cuando la presión de la locura colectiva sesga el ejercicio de sus funciones y el libre albedrío de su discernimiento.
Mis condolencias a la familia de Aitana y a Diego Pastrana Viaco.
Enrique Suárez Retuerta
martes, 1 de diciembre de 2009
Aula Democrática: la conciencia y honor de Rodríguez Zapatero
No es baladí comprobar el acto de promesa de “cumplir y hacer cumplir la Constitución” del actual Presidente de Gobierno al asumir su cargo ante el Rey y los testigos convocados para el acto. ¿Se cumple actualmente la Constitución Española de 1978 en nuestro país?. ¿Ha faltado a su palabra el Presidente de Gobierno?. ¿Qué parte de la Constitución se cumple actualmente en España?.
Verán ustedes, la Carta Magna no es un chicle, ni en la interpretación más relativa que pueda realizar este individuo que defiende sus intereses políticos por encima de los del conjunto de los españoles.
Este malandrín de poca monta, desconoce los límites de su poder, es decir desconoce que su poder está restringido exclusivamente a lo que delimite nuestra Constitución, la que prometió cumplir y hacer cumplir en su día. El notario del acontecimiento debería exigirle públicamente que sea coherente con sus palabras, antes de que los españoles tengamos ocasión de recordárselo en las urnas.
La Constitución Española no se está cumpliendo en Cataluña, donde se lleva aplicando un Estatut aprobado por un tercio de la población y ratificado en el Parlamento Español por el PSOE y otros partidos.
Todavía nadie le ha dicho a este señor que sobre cuestiones relacionadas con la nación española, su Gobierno no tiene potestad alguna, porque la soberanía de los españoles, del pueblo español, no es objeto de transferencia, ni delegación, ni representación política.
Hay algunas cosas que están fuera del poder político, porque corresponden al ámbito del dominio, de la propiedad colectiva de los españoles sobre unidad política, territorial y cultural de España, que ni es un concepto discutido, ni discutible, sino perfectamente establecido por nuestra Constitución vigente.
No sólo la conciencia y honor de Rodríguez Zapatero están en tela de juicio, sino su situación jurídica, porque si falta a su palabra puede ser acusado de traición a los españoles. En realidad lo que está haciendo este individuo es algo parecido a lo que le costó a Zelaya la presidencia de Honduras, o lo que ha permitido a Hugo Chavez convertir el régimen de su país en una autarquía.
Este individuo sigue sin comprender que la democracia no puede legitimar nada más que lo establecido legítimamente dentro de la Constitución vigente, todo lo que exceda su articulado puede ser muy democrático pero al mismo tiempo muy ilegítimo, que es lo que está aconteciendo en estos momentos en Cataluña, donde los españoles están siendo desposeídos de sus derechos fundamentales porque a este individuo y a otro de la sucursal de su partido en Cataluña, y a unos cuantos descerebrados que ahorcan al Rey para felicitar las fiestas, mientras queman banderas españolas y amenazan a los ciudadanos de nuestro país con persecuciones xenófobas, les ha salido de las narices, para ocultar el abismo de corrupción que se abre bajo la apariencia de un oasis.
Mientras haya españoles que sean desposeídos de sus derechos fundamentales en Cataluña o en cualquier otro lugar de España, Rodríguez Zapatero tendrá en entredicho su conciencia y honor, y será sospechoso de estar cometiendo un delito de traición a los españoles penado con cárcel. ¿Ha llegado la hora de juzgar a Zapatero y que pague por sus errores con privación de libertad, o tenemos que seguir esperando a que el Tribunal Constitucional se decida?. ¿Cómo se va a restituir a los damnificados españoles que residen en Cataluña de la lesión de sus Derechos Fundamentales en caso de que el Estatut resulte revocado tras tres años de estar aplícandose de forma ilegítima?. ¿O se piensan estos paletos que no habrá responsables de su acción delictiva?.
Enrique Suárez Retuerta
Verán ustedes, la Carta Magna no es un chicle, ni en la interpretación más relativa que pueda realizar este individuo que defiende sus intereses políticos por encima de los del conjunto de los españoles.
Este malandrín de poca monta, desconoce los límites de su poder, es decir desconoce que su poder está restringido exclusivamente a lo que delimite nuestra Constitución, la que prometió cumplir y hacer cumplir en su día. El notario del acontecimiento debería exigirle públicamente que sea coherente con sus palabras, antes de que los españoles tengamos ocasión de recordárselo en las urnas.
La Constitución Española no se está cumpliendo en Cataluña, donde se lleva aplicando un Estatut aprobado por un tercio de la población y ratificado en el Parlamento Español por el PSOE y otros partidos.
Todavía nadie le ha dicho a este señor que sobre cuestiones relacionadas con la nación española, su Gobierno no tiene potestad alguna, porque la soberanía de los españoles, del pueblo español, no es objeto de transferencia, ni delegación, ni representación política.
Hay algunas cosas que están fuera del poder político, porque corresponden al ámbito del dominio, de la propiedad colectiva de los españoles sobre unidad política, territorial y cultural de España, que ni es un concepto discutido, ni discutible, sino perfectamente establecido por nuestra Constitución vigente.
No sólo la conciencia y honor de Rodríguez Zapatero están en tela de juicio, sino su situación jurídica, porque si falta a su palabra puede ser acusado de traición a los españoles. En realidad lo que está haciendo este individuo es algo parecido a lo que le costó a Zelaya la presidencia de Honduras, o lo que ha permitido a Hugo Chavez convertir el régimen de su país en una autarquía.
Este individuo sigue sin comprender que la democracia no puede legitimar nada más que lo establecido legítimamente dentro de la Constitución vigente, todo lo que exceda su articulado puede ser muy democrático pero al mismo tiempo muy ilegítimo, que es lo que está aconteciendo en estos momentos en Cataluña, donde los españoles están siendo desposeídos de sus derechos fundamentales porque a este individuo y a otro de la sucursal de su partido en Cataluña, y a unos cuantos descerebrados que ahorcan al Rey para felicitar las fiestas, mientras queman banderas españolas y amenazan a los ciudadanos de nuestro país con persecuciones xenófobas, les ha salido de las narices, para ocultar el abismo de corrupción que se abre bajo la apariencia de un oasis.
Mientras haya españoles que sean desposeídos de sus derechos fundamentales en Cataluña o en cualquier otro lugar de España, Rodríguez Zapatero tendrá en entredicho su conciencia y honor, y será sospechoso de estar cometiendo un delito de traición a los españoles penado con cárcel. ¿Ha llegado la hora de juzgar a Zapatero y que pague por sus errores con privación de libertad, o tenemos que seguir esperando a que el Tribunal Constitucional se decida?. ¿Cómo se va a restituir a los damnificados españoles que residen en Cataluña de la lesión de sus Derechos Fundamentales en caso de que el Estatut resulte revocado tras tres años de estar aplícandose de forma ilegítima?. ¿O se piensan estos paletos que no habrá responsables de su acción delictiva?.
Enrique Suárez Retuerta
lunes, 30 de noviembre de 2009
Aula Democrática: la representación política en España
Ningún cargo político de este país puede ser representante público sin expresar explícitamente su respeto y obligado cumplimiento de la Constitución Española de 1978 al incorporarse a su cargo. En este país todavía no ha habido ni un solo caso de un político que haya sido juzgado por faltar a su palabra, y los tenemos que han arremetido contra la nación, la monarquía, el Estado, nuestro idioma, el Estado de Derecho, y la Constitución Española. Ha habido políticos, o sujetos nombrados por los políticos, numerosos, que han detraído dinero público hacia sus cuentas personales, para favorecer a familiares (Chaves), amigos (Gürtell, Pretoria, Palau, Marbella), o miembros de sus colectivos (asociaciones afines a los partidos, sindicatos).
Si bien la responsabilidad en los delitos económicos sigue el mismo criterio que en los demás ciudadanos, no se le ha ocurrido a ningún notable de los que viven de representarnos, sugerir una ley de agravamiento de pena en el caso de que los dineros hurtados, robados o desviados sean de origen público. Tampoco en el caso de que un político falte a su palabra en respetar y hacer respetar la Constitución y el Estado de Derecho, lo que le deslegitima para seguir siendo representante público. Llevamos más de treinta años de democracia y ni una sola ley efectiva contra la corrupción política.
Es difícil que un político se represente a sí mismo en este país, por no decir imposible, todos los políticos que se convierten en delincuentes no se representan a sí mismos o a los ciudadanos que les han votado, como quieren hacernos ver los que viven de representarnos, porque en realidad representan las siglas de un partido. Cuando un cargo público es elegido democráticamente bajo las siglas de una organización, partido político, sindicato, o colectivo a quienes representa, esta organización debe ser inequívocamente responsable subsidiario de los delitos que cometan sus representantes, y devolver hasta el último céntimo del dinero que hayan substraído o desviado, además de responder jurídicamente del autor y sus actos que bajo su pabellón ha utilizado un cargo de representación pública para hacer un desfalco de recursos contra los intereses de sus representados pasivos. Esto sería lo que ocurriría en cualquier empresa privada y no puede consentirse que las empresas públicas sean un corralito para la delincuencia.
Por otra parte, en este país hay que superar determinadas pruebas personales para acceder a cualquier trabajo, mientras que los políticos están eximidos de cualquier prueba de idoneidad para utilizar millones de euros, sin rendir cuentas a nadie sobre su finalidad de interés público, con el único mérito de que su partido político les conceda un cargo.
El artículo 14 de la Constitución Española, en el que se recuerda que todos los españoles somos iguales ante la ley, no tiene vigencia alguna en el caso de los políticos, que tienen patente de corso para hacer y deshacer a su antojo lo que les dé la real gana, sin rendir cuenta a los ciudadanos que los han elegido, pues su partido hace de valladar para su protección legal, pero cuando se les descubre en un delito, su partido político se desvanece, eximiéndose de responsabilidad, dando de baja al interfecto y dejándolo como si fuera elegido por su persona, y no en representación de una formación política.
Quizás estas malas artes, argucias y falacias sirvieran para los comienzos de la reinstauración democrática en este país hace más de treinta años, pero tras la experiencia vivida, que los partidos políticos queden exentos de responsabilidad legal cuando uno de sus representantes es sorprendido en un delito público, es algo que debería sonrojarnos a todos los españoles. Se deben pensar que somos idiotas, porque los medios de comunicación que subvencionan se callan lo que no interesa que se diga y el poder judicial de representación pública que se corresponde con las distintas fiscalías relacionadas, sólo esté dispuesto a defender a sus amos políticos contra los ciudadanos, que les pagamos el sueldo con nuestros impuestos .
Este país es de vergüenza, cada día más, pero sobre esta cosas no hablan ni los políticos, ni los representantes de la justicia, ni los medios de comunicación. ¿Será la nueva censura del Ministerio de Propaganda encubierto que dictamina lo que se publica y no se publica en España?
Enrique Suárez Retuerta
Si bien la responsabilidad en los delitos económicos sigue el mismo criterio que en los demás ciudadanos, no se le ha ocurrido a ningún notable de los que viven de representarnos, sugerir una ley de agravamiento de pena en el caso de que los dineros hurtados, robados o desviados sean de origen público. Tampoco en el caso de que un político falte a su palabra en respetar y hacer respetar la Constitución y el Estado de Derecho, lo que le deslegitima para seguir siendo representante público. Llevamos más de treinta años de democracia y ni una sola ley efectiva contra la corrupción política.
Es difícil que un político se represente a sí mismo en este país, por no decir imposible, todos los políticos que se convierten en delincuentes no se representan a sí mismos o a los ciudadanos que les han votado, como quieren hacernos ver los que viven de representarnos, porque en realidad representan las siglas de un partido. Cuando un cargo público es elegido democráticamente bajo las siglas de una organización, partido político, sindicato, o colectivo a quienes representa, esta organización debe ser inequívocamente responsable subsidiario de los delitos que cometan sus representantes, y devolver hasta el último céntimo del dinero que hayan substraído o desviado, además de responder jurídicamente del autor y sus actos que bajo su pabellón ha utilizado un cargo de representación pública para hacer un desfalco de recursos contra los intereses de sus representados pasivos. Esto sería lo que ocurriría en cualquier empresa privada y no puede consentirse que las empresas públicas sean un corralito para la delincuencia.
Por otra parte, en este país hay que superar determinadas pruebas personales para acceder a cualquier trabajo, mientras que los políticos están eximidos de cualquier prueba de idoneidad para utilizar millones de euros, sin rendir cuentas a nadie sobre su finalidad de interés público, con el único mérito de que su partido político les conceda un cargo.
El artículo 14 de la Constitución Española, en el que se recuerda que todos los españoles somos iguales ante la ley, no tiene vigencia alguna en el caso de los políticos, que tienen patente de corso para hacer y deshacer a su antojo lo que les dé la real gana, sin rendir cuenta a los ciudadanos que los han elegido, pues su partido hace de valladar para su protección legal, pero cuando se les descubre en un delito, su partido político se desvanece, eximiéndose de responsabilidad, dando de baja al interfecto y dejándolo como si fuera elegido por su persona, y no en representación de una formación política.
Quizás estas malas artes, argucias y falacias sirvieran para los comienzos de la reinstauración democrática en este país hace más de treinta años, pero tras la experiencia vivida, que los partidos políticos queden exentos de responsabilidad legal cuando uno de sus representantes es sorprendido en un delito público, es algo que debería sonrojarnos a todos los españoles. Se deben pensar que somos idiotas, porque los medios de comunicación que subvencionan se callan lo que no interesa que se diga y el poder judicial de representación pública que se corresponde con las distintas fiscalías relacionadas, sólo esté dispuesto a defender a sus amos políticos contra los ciudadanos, que les pagamos el sueldo con nuestros impuestos .
Este país es de vergüenza, cada día más, pero sobre esta cosas no hablan ni los políticos, ni los representantes de la justicia, ni los medios de comunicación. ¿Será la nueva censura del Ministerio de Propaganda encubierto que dictamina lo que se publica y no se publica en España?
Enrique Suárez Retuerta
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