La casta nombra a los jueces que la juzgan

 

Vamos a echarle un poco de imaginación, ¿qué pensarían ustedes  de un sistema judicial que consistiera en que los delincuentes residentes en las cárceles españolas eligieran a los fiscales que van a acusarles y a los   jueces que van a juzgarles? ¿Consideran ustedes que sería un sistema eficaz para impartir justicia?; pues algo así es lo que ha hecho la casta en este país, nombrar a los miembros de las más altas instituciones jurídicas del Estado, para que sean los que deciden si pueden ser juzgados o en última instancia, puedan reducir o revocar  las condenas establecidas en instancias anteriores.

Por ejemplo, el caso de los ERES de Andalucía, en el que se está dejando media vida y mucha salud, la juez Alaya, podría ser revocado cuando llegue al Tribunal Supremo politizado, tras los numerosos recursos que van a presentarse, con el dinero de los andaluces esquilmados por la trama corrupta. Yo me lo guiso, yo me lo como, como Juan Palomo. Recientemente ha ocurrido con el caso Blanco, al que no se ha juzgado por tráfico de influencias, porque él lo único que hacía era intermediar en una operación comercial entre un amigo suyo y un alcalde del PSOE que había rechazado su propuesta, todo esto mientras era ministro. También se ha visto en la financiación ilegal de CIU, en  su rama de CDC; o recientemente en las penas impuestas al expresidente balear, Jaume Matas, para que no visite la cárcel.

En España hay dos justicias, una para la casta y otra para los demás, como en todo sistema despótico que se precie, pues no se juzgan de la misma forma a ciudadanos y políticos. Ya decía Platón, que la mayor forma de injusticia es la justicia simulada, pero ni los políticos que han nombrado a fiscales y magistrados para representar la farsa jurídica a que nos tiene acostumbrada la casta, ni los jueces que han aceptado los nombramientos, parece que hayan leído a Platón, ellos son más de Forbes. En fin, este es el país que tenemos, las cosas que tenemos que resolver.

Voy a lanzar mi propuesta de ciudadano de a pie para resolver definitivamente los problemas que tenemos en España con la justicia vendida al poder político en las más altas instancias del Estado,  en buena parte de las intermedias, aunque es más escasa esa connivencia despótica cuando más se desciende en el escalafón hasta los juzgados de primera instancia, donde hay jueces que se dejan la vida para luchar por la justicia, sin que sirva de mucho su proeza heroica para cambiar la podredumbre que inunda a sus superiores jerárquicos.

Mi propuesta está inspirada en la democracia griega, en los tribunales que se formaban en aquella época y consiste en limitar la injerencia de la política en las instancias judiciales. Es factible hacerlo y viable, se puede hacer en el momento en que los ciudadanos nos pongamos de acuerdo para ejercer una iniciativa que enfrente a la opinión pública que debe decidir con la casta, que debe someterse.

¿Qué instancias e instituciones deben someterse a este método?

Pues en principio seis, de forma básica, extendiendo posteriormente a todas las jerarquías de la justicia el mismo método.

Estas instancias serían:

1. Fiscal General del Estado
2. Consejo General del Poder Judicial
3. Tribunal Constitucional
4. Tribunal Supremo
5. Tribunal de Cuentas
6. Junta Electoral Central

¿Qué mecanismo se podría utilizar para que la elección de estos cargos no fuera una imposición del poder político?

El sorteo, los cargos se sortean entre todos aquellos jueces o fiscales que reúnan requisitos para presentarse u ocupar la instancia, con la obligatoriedad de aceptar el nombramiento, salvo causa justificada.

¿Qué periodo podrían ocupar estos cargos?

Uno o dos años como mucho, antes de que las redes políticas acaben llevándolos a su huerto o comprando su servicio.

Todos los jueces y fiscales que hayan ocupado un cargo por sorteo pasarán a formar parte de los aspirantes al Consejo General del Poder Judicial, que se renovará cada dos años. El Consejo General del Poder Judicial tendrá potestad, autorictas e independencia para decidir la organización de la justicia, sin las injerencias políticas.

¿Qué ventajas nos pueden procurar a los españoles estas sencillas medidas?

Pues la eliminación de la corrupción política y judicial existente en España en menos de seis meses, porque en el momento que los jueces no deban su cargo a los políticos, es prácticamente seguro que ejercerán la justicia de forma ecuánime, sin distinguir entre ciudadanos y políticos.

Que nadie diga que no se puede, porque se puede, sólo hay que echarle voluntad y coraje para sacarlo adelante.

Enrique Suárez