ETA FUERA DE LAS INSTITUCIONES ¡YA!
En la legislatura pasada, sólo la Rebelión Cívica en la calle evitó que el Gobierno terminara por conceder todas y cada una de las reivindicaciones por las que ETA lleva cuatro décadas matando, extorsionando y amenazando.
Zapatero, despreciando el dolor provocado por ETA durante 40 años, inició un proceso de negociación con esa banda terrorista. Las actas de las conversaciones publicadas en los medios revelan que se llegó a discutir incluso el futuro de Navarra con los enviados de una organización criminal que siempre ha reclamado la anexión de esa comunidad autónoma al País Vasco.
De nada sirvió la oposición casi unánime de las víctimas del terrorismo.
De nada sirvió el rechazo de una amplia mayoría de la sociedad.
De nada sirvieron tampoco las advertencias de que estábamos ante una nueva tregua-trampa.
Zapatero, en contra de todo y de todos, siguió adelante con su política de cesión ante los terroristas, llegando hasta el punto de aprobar en el Congreso de los Diputados una declaración solemne que legitimaba a ETA como interlocutor político y de presentar en el Parlamento Europeo una moción que no hacía sino satisfacer las ansias de ETA por obtener un reconocimiento internacional.
La ruptura de la tregua por parte de ETA hubiera debido llevar aparejada una rectificación completa e inmediata del Gobierno.
Pero, lejos de producirse esa rectificación, Zapatero no tuvo reparo en permitir, después incluso de que ETA volara el parking de la T4 en Madrid, que el brazo político de los terroristas regresara a esos ayuntamientos de los que los demócratas habíamos conseguido expulsarles en el año 2003.
Ni siquiera los posteriores asesinatos cometidos por ETA han conseguido que el Gobierno rectifique y expulse a los terroristas de esos ayuntamientos a los que nunca deberían haber vuelto. Ayuntamientos que permiten a ETA manejar no sólo ingentes cantidades de dinero de nuestros impuestos, sino también los datos censales de los vecinos.
No sólo es que matar le siga saliendo a ETA gratis. Es que, además, financiamos a ETA con nuestros impuestos para que siga matándonos.
Ante la falta de respuesta institucional del Gobierno español, ante la permanente negativa de Zapatero a expulsar a ETA de las instituciones y ante el temor de que esa falta de respuesta esconda el deseo de volver a oficializar los contactos en cuanto el clima político sea más propicio para las pretensiones del Gobierno, los abajo firmantes hacemos un llamamiento a que la sociedad se movilice y le haga llegar al Gobierno el mensaje, claro y contundente, de que estamos hartos.
El Gobierno debe expulsar a ETA de las instituciones y debe hacerlo ya. Y por eso:
1) Exigimos al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la disolución inmediata de los ayuntamientos gobernados por terroristas, en aplicación del artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, de la misma forma que se disolvió el ayuntamiento de Marbella por corrupción.
2) Exigimos que el Parlamento español apruebe una declaración solemne revocando la autorización para que el Gobierno negocie con la banda asesina ETA.
3) Exigimos que el Gobierno español solicite al Parlamento Europeo la revocación de la resolución que mostraba su apoyo a las negociaciones entre el Gobierno español y ETA.
4) Exigimos que el Gobierno español, mientras se tramita la disolución de los ayuntamientos en los que ANV gobierna, no entregue a esos municipios ni un solo céntimo de los fondos de emergencia destinados a que las corporaciones locales afronten la crisis económica, con el único fin de evitar que pueda destinarse más dinero público a la financiación de actividades terroristas.
5) Exigimos al Gobierno el respeto estricto a lo estipulado en el Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo suscrito por el PP y el PSOE, en su formulación actual.
6) Exigimos que los partidos políticos se dejen de declaraciones huecas y que los poderes públicos pongan en práctica, aplicando los mecanismos que proporciona el Estado de Derecho, medidas reales dirigidas a acabar con el nacionalismo terrorista y con quienes, desde posturas falsamente moderadas, les prestan apoyo material o justificación ideológica.
Estamos hartos de proclamas hipócritas llamando a la "unidad de las fuerzas democráticas contra el terrorismo". Lo que la gran mayoría de los españoles queremos es, simplemente, la derrota policial y judicial de los asesinos. Y no deseamos, porque es imposible, ninguna "unidad" con ninguna fuerza política que no comparta con nosotros ese deseo de que el terrorismo nacionalista sea derrotado de manera incondicional.
Llamamos a los ciudadanos a reactivar la Rebelión Cívica si el Gobierno continúa sin cumplir con su obligación de acabar con los terroristas, o si pretende reeditar el proceso de negociación con los asesinos de ETA.
ADHESIÓN AQUÍ
En la legislatura pasada, sólo la Rebelión Cívica en la calle evitó que el Gobierno terminara por conceder todas y cada una de las reivindicaciones por las que ETA lleva cuatro décadas matando, extorsionando y amenazando.
Zapatero, despreciando el dolor provocado por ETA durante 40 años, inició un proceso de negociación con esa banda terrorista. Las actas de las conversaciones publicadas en los medios revelan que se llegó a discutir incluso el futuro de Navarra con los enviados de una organización criminal que siempre ha reclamado la anexión de esa comunidad autónoma al País Vasco.
De nada sirvió la oposición casi unánime de las víctimas del terrorismo.
De nada sirvió el rechazo de una amplia mayoría de la sociedad.
De nada sirvieron tampoco las advertencias de que estábamos ante una nueva tregua-trampa.
Zapatero, en contra de todo y de todos, siguió adelante con su política de cesión ante los terroristas, llegando hasta el punto de aprobar en el Congreso de los Diputados una declaración solemne que legitimaba a ETA como interlocutor político y de presentar en el Parlamento Europeo una moción que no hacía sino satisfacer las ansias de ETA por obtener un reconocimiento internacional.
La ruptura de la tregua por parte de ETA hubiera debido llevar aparejada una rectificación completa e inmediata del Gobierno.
Pero, lejos de producirse esa rectificación, Zapatero no tuvo reparo en permitir, después incluso de que ETA volara el parking de la T4 en Madrid, que el brazo político de los terroristas regresara a esos ayuntamientos de los que los demócratas habíamos conseguido expulsarles en el año 2003.
Ni siquiera los posteriores asesinatos cometidos por ETA han conseguido que el Gobierno rectifique y expulse a los terroristas de esos ayuntamientos a los que nunca deberían haber vuelto. Ayuntamientos que permiten a ETA manejar no sólo ingentes cantidades de dinero de nuestros impuestos, sino también los datos censales de los vecinos.
No sólo es que matar le siga saliendo a ETA gratis. Es que, además, financiamos a ETA con nuestros impuestos para que siga matándonos.
Ante la falta de respuesta institucional del Gobierno español, ante la permanente negativa de Zapatero a expulsar a ETA de las instituciones y ante el temor de que esa falta de respuesta esconda el deseo de volver a oficializar los contactos en cuanto el clima político sea más propicio para las pretensiones del Gobierno, los abajo firmantes hacemos un llamamiento a que la sociedad se movilice y le haga llegar al Gobierno el mensaje, claro y contundente, de que estamos hartos.
El Gobierno debe expulsar a ETA de las instituciones y debe hacerlo ya. Y por eso:
1) Exigimos al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la disolución inmediata de los ayuntamientos gobernados por terroristas, en aplicación del artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, de la misma forma que se disolvió el ayuntamiento de Marbella por corrupción.
2) Exigimos que el Parlamento español apruebe una declaración solemne revocando la autorización para que el Gobierno negocie con la banda asesina ETA.
3) Exigimos que el Gobierno español solicite al Parlamento Europeo la revocación de la resolución que mostraba su apoyo a las negociaciones entre el Gobierno español y ETA.
4) Exigimos que el Gobierno español, mientras se tramita la disolución de los ayuntamientos en los que ANV gobierna, no entregue a esos municipios ni un solo céntimo de los fondos de emergencia destinados a que las corporaciones locales afronten la crisis económica, con el único fin de evitar que pueda destinarse más dinero público a la financiación de actividades terroristas.
5) Exigimos al Gobierno el respeto estricto a lo estipulado en el Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo suscrito por el PP y el PSOE, en su formulación actual.
6) Exigimos que los partidos políticos se dejen de declaraciones huecas y que los poderes públicos pongan en práctica, aplicando los mecanismos que proporciona el Estado de Derecho, medidas reales dirigidas a acabar con el nacionalismo terrorista y con quienes, desde posturas falsamente moderadas, les prestan apoyo material o justificación ideológica.
Estamos hartos de proclamas hipócritas llamando a la "unidad de las fuerzas democráticas contra el terrorismo". Lo que la gran mayoría de los españoles queremos es, simplemente, la derrota policial y judicial de los asesinos. Y no deseamos, porque es imposible, ninguna "unidad" con ninguna fuerza política que no comparta con nosotros ese deseo de que el terrorismo nacionalista sea derrotado de manera incondicional.
Llamamos a los ciudadanos a reactivar la Rebelión Cívica si el Gobierno continúa sin cumplir con su obligación de acabar con los terroristas, o si pretende reeditar el proceso de negociación con los asesinos de ETA.
ADHESIÓN AQUÍ
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