25 años de Constitución, más 5 de violación y 1 de apuntillamiento y entierro

Tienen razón las juventudes de ERC: están enterrando la Constitución de 1978, la Constitución que nos había permitido vivir treinta años en democracia. Ayer, Carod Rovira, Vicepresidente de la Generalitat, decía que doce hombres no pueden ir contra la voluntad de un pueblo, refiriéndose a una posible anulación del Estatuto de Cataluña por el Tribunal Constitucional. Para Carod, la Constitución, cuya vigencia está encomendada a las autoridades y al Tribunal Constitucional, no tiene valor frente a la voluntad del pueblo de Cataluña expresada en referéndum. Lo que uno no entiende, entonces, es por qué ha de tener valor el Estatuto de Cataluña frente a la voluntad del pueblo español que aprobó la Constitución.

En fin, que estamos siendo sometidos a un golpe de Estado camuflado, por obra de una parte de las autoridades del país, que nunca han creído en la democracia española ni en el Estado de Derecho.

Pero la cosa no se queda aquí. Recientemente, la revista “Tiempo” (num. 1384, del 21 de octubre) citaba en entrecomillado unas declaraciones de Pascual Maragall, Expresidente de la Generalitat, en las que éste decía:

“En España hay diecisiete autonomías, de las cuales algunas, como mínimo dos o tres, son naciones, o nacionalidades, y las otras no. ¿Cómo arreglas esto? Admitiéndolo, admitiendo en la Constitución que es así, y estableciendo un federalismo diferencial. La Constitución no se ha querido cambiar, porque todavía vivimos con el miedo de que vuelva Franco. Y hay la excusa de que no se puede cambiar porque, como el PP siempre votará en contra, no merece la pena. Pero una cosa es que no se pueda y otra que no exista una parte de España que la quiere cambiar. A los nacionalistas no les interesa ni cambiarla ni que exista. Era más radical cambiar la Constitución, pero, si no se puede, cambiemos el ´Estatut´, y tal vez tengan razón los que dicen desde la derecha que es anticonstitucional. Lo que hemos terminado haciendo en el ´Estatut´, ahí está la madre del cordero y la esencia del problema, es cambiar la Constitución sin tocarla. Si yo digo esto en público, me dirán: ´En tal caso, el Tribunal Constitucional se lo tiene que cargar´ por lo tanto no lo digo. Pero en realidad lo hicimos”.

Estas afirmaciones, como las de Carod, son de Juzgado de Guardia, en la medida que manifiestan desacato a la Constitución y al Tribunal Constitucional, como veremos a continuación para el caso de Maragall.

Porque, como les decía anteriormente, la cosa no se queda aquí: no sólo Carod, sino también Pujol (ex Presidente de la Generalitat), así como Mas, actual Presidente de CIU, y el mismo Maragall, están promoviendo la idea de que si el Tribunal Constitucional declara inconstitucional el Estatuto de Cataluña, convocarán desde la Generalitat un referéndum para validarlo.

A efectos informativos, conviene precisar que la Generalitat no tiene competencia para convocar referéndums, que corresponde, de acuerdo con el art. 92 de la Constitución, al Presidente del Gobierno de España, con autorización por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.

En fin, que primero Maragall y después los dirigentes políticos catalanes más importantes, han puesto una bomba en la línea de flotación de la democracia y el Estado de Derecho en España. Porque en Cataluña, como viene sucediendo hace años en Euskadi, y como comienza a suceder en Galicia, Baleares y otras partes de España, la Constitución ha dejado de cumplirse, se hace caso omiso a las sentencias de los Tribunales, y los derechos fundamentales de los ciudadanos son violados en aspectos como el bilingüismo en las instituciones, la educación, el régimen de la libertad de prensa, o la libertad comercial.

EL RIESGO PARA LA INTEGRIDAD DE LA UNION EUROPEA

En España la situación de violación de la Constitución y del Estado de Eerecho es muy grave, pero de momento viene siendo silenciada por el Gobierno ---cuyos aliados son precisamente los que violan la Constitución--- y los medios de comunicación, controlados en gran medida por él mediante un régimen de subvenciones que coarta la libertad de prensa.

Pero también el Partido Popular, no se sabe muy bien por qué razones, ha decidido incumplir su función de oposición y vigilancia ante las políticas del Gobierno y sus aliados; el Tribunal Constitucional está sometido a intensas presiones y parece incapaz de cumplir su función, y los Tribunales ordinarios son como máquinas lentísimas que comenzarán a emitir sentencias cuando el golpe se haya consumado.

España está siendo sometida a un proceso de violación sistemática de la democracia y el Estado de Derecho por parte de un sector de las autoridades constituidas, y la Unión Europea debería tomar cartas en el asunto, so pena de permitir la ruptura de su integridad constitucional. Pues el hecho cierto es que se está produciendo la involución de uno de sus Estados hacia una dictadura difusa, mediante un proceso de golpìsmo camuflado que en algún momento estallará. ¿Va a permitir Europa la balcanización de uno de sus miembros?

Ahora que se aproximan las elecciones europeas, es el momento de que los partidos minoritarios que quieran defender la democracia lleven este asunto en sus programas electorales.


Luis Bouza-Brey