Primera víctima de la Ley de Violencia de Género

El Tribunal Constitucional debería hacer algo al respecto de forma inmediata, o resultará cómplice subsidiario de todo lo que va a suceder.

Vamos a asistir en los próximos tiempos a las consecuencias desafortunadas de una de las mayores barbaridades legislativas que se ha desarrollado en la vigente etapa democrática en España: la ley de violencia de género.

La época jurídica que vivimos es muy oscura, con un poder judicial “intervenido y secuestrado” políticamente por el gobierno y amenazado permanentemente por la oposición, que va a conducirnos a una dinámica de perversiones y violencias insoportables.

El fiscal general del Estado, se parece más a un delegado de gobierno ante el poder judicial que a una institución independiente que represente los intereses de todos los españoles. El Consejo General del Poder Judicial ha perdido el norte, y ahora muestra sus diversas posiciones de forma sectorial, “Progresistas” vs. “Conservadores”.

El sectarismo se ha promovido al rango de ley, contra la igualdad de género constitucional de los españoles; se ha introducido la segregación y la marginalidad en pleno siglo XXI en la legislación española, y la mayoría de parlamentarios ha ovacionado el proceso. Esto determina el rango intelectual y político de nuestros diputados y senadores.

Cuando un presidente ebrio de poder, se declara profundamente feminista, inducido por una vicepresidenta que ejerce como tal desde su posicionamiento personal y social, podemos esperar cualquier cosa. Estos redentores de la desigualdad de género, han decidido avanzar socialmente como escuadra de elefantes en el museo del cristal de Bohemia. ¿Cuánto habrá de finalidad electoralista en su propósito?

En aras de lo que consideran como progreso, la primera consecuencia de su juego va a transmitirse al envenenamiento de las relaciones de pareja en nuestro país, que no está ni preparado, ni por supuesto dispuesto, para aceptar la injerencia del Estado en los asuntos concernientes a su vida privada. Es la misma política de la ministra Salgado, en esta ocasión aplicada a la convivencia.

Quinientos millones de euros se van a dedicar al tema durante el próximo año, que se van a detraer de los impuestos de todos los españoles para organizar la agresión institucional y mediática contra su vida privada. Más de sesenta juzgados específicos para el tema, y otros cincuenta millones para organizar las campañas de propaganda desde el instituto de la mujer.

Cuántos más recursos se dediquen a la práctica sectaria del feminismo radical, para resolver este problema, más lejos nos encontraremos de su solución para el problema. Esto es como subvencionar exclusivamente a los palestinos para que se ocupen de resolver el conflicto y lograr la paz con los israelitas, que extraña barbaridad, propia de mentes perversas.

Tras el largo preámbulo que he brindado al estruendoso derribo del principio de igualdad que imbuía nuestra constitución, les relato la noticia:

Ayer, a las tres de la tarde, un joven de 34 años se suicidó en los juzgados de Marbella saltando por la ventana, al decidir la jueza que debía ingresar en prisión por no haber cumplido una orden de alejamiento, tras haber sido acusado de malos tratos.

Si los malos tratos hubieran sido importantes estaría en la cárcel, si estaba con una orden de alejamiento preventiva, juzguen ustedes. La denuncia de su pareja maltratada, la decisión de la juez fundamentada en la nueva ley, le han conducido a la muerte, y su pareja lloraba ayer, mientras los servicios municipales se llevaban el cadáver de los jardines que circundan los juzgados.

Insisto y proclamo, el Tribunal Constitucional debe revocar esta ley inconstitucional de forma inmediata, porque cada víctima que se produzca a partir de ahora no se deberá exclusivamente a los problemas y desavenencias de las parejas españolas, sino que provendrá del clima de locura que va a crear esta ley sectaria, interesada, e injusta.

El contador del magnicidio ha abandonado el cero. ¿Hasta donde seremos capaces de soportar la estupidez política de nuestros gobernantes?.

Liliana de la Sota