“La peor forma de
injusticia es la justicia simulada” Platón
Cada día somos más los españoles que compartimos acuerdo en
que la casta política de este país se ha organizado un auténtico negocio desde el poder,
para que sus cofrades puedan vivir magníficamente, independientemente de la
repercusión que ocasionen sus despropósitos sobre los sufridos súbditos (nada de soberanos, ni ciudadanos) que
los soportamos.
Los partidos políticos, se han convertido en empresas
mercantiles que utilizan la ideología y propaganda como mercancía de sus intenciones y
deseos, que finalmente, cuando alcanzan el poder, terminan convirtiendo sus pretendidas obras en algo diferente a lo que han prometido antes de las elecciones, sino en lo
contrario de lo que han ofrecido, algo cada vez más frecuente. Lo extraordinario es que el engaño de esta aristocracia siga
funcionando cuando pronuncian la palabra mágica: democracia.
Así tenemos que en nombre de la democracia, auténticos
estafadores públicos, implicados en numerosos procesos de corrupción, cohecho y
prevaricación, se intitulan de guardianes y garantes de la legalidad vigente,
cuando no en valedores indispensables del cumplimiento constitucional,
siendo los primeros que incumplen nuestra Carta Magna, la maltratan y olvidan, vulneran las leyes y resultan inmunes a la justicia, que como mucho llega a imputarlos, pero pocas veces a condenarlos. Lo que también resulta extraordinario es que
los medios de comunicación no denuncien, señalen y persigan a los políticos corruptos hasta las
puertas de los juzgados donde rindan cuentas de sus delitos, como ocurre en otros países civilizados.
Pero sin duda, lo más extravagante de lo que ocurre concierne a nuestro sistema judicial que, presumiblemente
dice ser independiente, en un Estado de Derecho que soporta sus prácticas
habituales con los ciudadanos pero no con los políticos; es esperpéntico ver a los fiscales y jueces haciendo omisión de servicio a su función, mirando
para otro lado ante la barbarie orgiástica de despilfarros y desmanes que nos
han concedido el elenco que conforma la aristocracia política en los últimos años. ¿No es acaso
esa actitud una peligrosa negligencia del poder judicial que pone en peligro todo el sistema político y la convivencia armónica entre los ciudadanos? ¿Dónde está ese Fiscal
General del Estado que tiene entre sus funciones y mandato velar por el interés
público de los españoles?
En fin, habrá que recordar las palabras de Herbert Spencer
para comprender la gran responsabilidad que ha tenido y tiene el mutismo
ausente de la justicia española en todo lo que acontece en este país: “Todo
delito no castigado engendra una familia de delitos”.
Sin duda, los magistrados españoles son los valedores de este
régimen de opresión, corrupción y molicie en el que estamos condenados a vivir
los españoles. Sin la complicidad de las principales autoridades judiciales
de este país y de una inmensa mayoría de los 4.000 jueces y 4.000 fiscales
españoles, esto jamás hubiera sido posible. ¿Me pregunto a que dioses de la
justicia se encomendarán cuando le impongan cinco años de cárcel a un ladrón por robar un coche
con violencia, mientras saben que por la calle andan miles de políticos que han
robado millones de euros esperando a presentarse a las próximas elecciones, para seguir seguir aforados o aforrados?. Hay que tener mucho estómago para
impartir justicia inicua en este país, entre aquellos que cobran todos los meses
por mirar para otro lado, mientras este sistema de opereta bufa se va a la mierda.
Más propio de una tiranía despótica parece nuestro sistema
judicial que sanciona severamente al ciudadano que delinque una vez y exime de
toda responsabilidad a los corruptos que lo hacen desde el poder de forma
continuada, convirtiendo la tradición de trincar en oficio. Parece que ser político en este país concede patente de corso o
bula de impunidad a los afortunados, pero tal vez la cosa sea más sencilla y menos épica: los jueces dependen de
lo que decidan los políticos, por eso sirven al poder, no al pueblo que les
paga el sueldo.
La justicia que tenemos en España está tuerta, no ve del ojo
público, sólo ve del privado. Es ciega a los delitos políticos y económicos que
se cometen desde el poder, pero no a los que se cometen fuera del poder o contra el poder. Es una
justicia propia de una tiranía, aunque políticos,
medios y jueces, se empeñen en convencernos de que vivimos en una democracia, yo cada día tengo más dudas al
respecto.
¿Para qué sirven las leyes, con jueces que no ven lo que no quieren ver,
porque se juegan su carrera política en la justicia, claudicando en sus obligaciones al poner sus intereses personales por delante de los que corresponden a su oficio? ¿Quién va a controlar (y juzgar) a la justicia española, si los políticos viven magníficamente en su invidencia selectiva?
Enrique Suárez
