
Lo dicho, dicho está, ha manifestado Mariano Rajoy. Alfredo Pérez Rubalcaba, ha considerado que el tema de las escuchas es la mayor infamia que se ha producido en la historia de la democracia española, lo que es mucho decir habiendo temas como el 23-F, el GAL y el 11-M por el medio, sin mencionar siquiera las estrategias de desprestigio urdidas contra el Partido Popular, desde el tema del lino en la Unión Europea, aportado en su día por Rosa Díez, hasta el Nunca Mais, el asedio de Madrid o Valencia, los cordones sanitarios, las tensiones provocadas, o la ignominia de aliarse con las tesis de talibanes no identificados el 11-M para triunfar en las elecciones generales, sirviéndose de una campaña insidiosa de difamación para desplazar del poder al Gobierno legítimo de España en 2004, un gobierno del PP.
Ayer, el señor Rubalcaba daba una rueda de prensa y mostraba su crispación, tanto porque ha tenido que tragarse que las fuerzas del Estado han ultrajado a unos políticos del PP en Mallorca, como por no saber si los terroristas están aún o no en la isla, como por la atribución de su responsabilidad (indirecta o directa) en el tema de las escuchas telefónicas al principal partido de la oposición.
El señor Rubalcaba sabe que la infamia es un delito en nuestro país, contemplado en el artículo 18.1 de la Carta Magna: “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”, precisamente el mismo apartado en el que se habla de la garantía del secreto de las comunicaciones por las instituciones, en el artículo 18.3: “Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”.
La reacción del señor Rubalcaba, ha dejado sobre la mesa un grave problema, que los analistas políticos, en este verano extraño, todavía no han capturado, y que es el siguiente: si el señor Rubalcaba ha dicho que las declaraciones de la señora Cospedal son la mayor infamia en la historia de la democracia española, lo que tiene que hacer es acudir a los tribunales y poner una querella por difamación, injurias o calumnia a la señora Cospedal, porque ha cometido un delito contra el señor Rubalcaba y todos los representantes de las Fuerzas del Estado, en particular los de designación política (como ha matizado más tarde Mariano Rajoy). El ministro del interior debe actuar con contundencia ante estos hechos, porque en su persona están representadas las fuerzas de seguridad del Estado, si no lo hace está consintiendo un delito penal (artículos 205-216 Código Penal vigente en España), castigado con pena de prisión.
Salvo que no haya sido un delito contra su honor, porque realmente la acusación del PP sea cierta, en este caso, evidentemente, no puede presentar una querella contra la señora Cospedal, pero sí puede decir todo lo que le parezca ante las cámaras de televisión, mostrándose ultrajado, pero sin mover siquiera un dedo por defender el honor de las fuerzas de seguridad del Estado que dirige y representa.
La vicepresidenta De la Vega, otra “ultrajada de micrófono” debería aconsejarle que lo hiciera, porque la difamación, injuria o calumnia contra un miembro del Gobierno por parte de la número dos del partido de la oposición es un tema de Estado, que requiere la intervención inmediata del Fiscal General, mucho más que la acción partidista de persecución de asuntos archivados por el Tribunal Superior de Valencia, porque perjudican a su formación política.
Así que está claro, si Alfredo Pérez Rubalcaba no presenta una querella contra Maria Dolores de Cospedal, es que Maria Dolores de Cospedal está en lo cierto, cuando dice que su partido está siendo espiado ilegalmente, es más, la ausencia de querella por parte del señor Rubalcaba contra la señora Cospedal, es un indicador sugerente de que el señor Rubalcaba no es ajeno al conocimiento de lo que está ocurriendo con las escuchas, por eso no presenta una querella, para evitar que el tema se investigue judicialmente y pueda encontrarse con “sorpresas”.
O querella del ministro del interior a la Sra. De Cospedal, o constatación de la sospecha, no hay más alternativas. La piedra está en el tejado del Gobierno.
Erasmo de Salinas
Ayer, el señor Rubalcaba daba una rueda de prensa y mostraba su crispación, tanto porque ha tenido que tragarse que las fuerzas del Estado han ultrajado a unos políticos del PP en Mallorca, como por no saber si los terroristas están aún o no en la isla, como por la atribución de su responsabilidad (indirecta o directa) en el tema de las escuchas telefónicas al principal partido de la oposición.
El señor Rubalcaba sabe que la infamia es un delito en nuestro país, contemplado en el artículo 18.1 de la Carta Magna: “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”, precisamente el mismo apartado en el que se habla de la garantía del secreto de las comunicaciones por las instituciones, en el artículo 18.3: “Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”.
La reacción del señor Rubalcaba, ha dejado sobre la mesa un grave problema, que los analistas políticos, en este verano extraño, todavía no han capturado, y que es el siguiente: si el señor Rubalcaba ha dicho que las declaraciones de la señora Cospedal son la mayor infamia en la historia de la democracia española, lo que tiene que hacer es acudir a los tribunales y poner una querella por difamación, injurias o calumnia a la señora Cospedal, porque ha cometido un delito contra el señor Rubalcaba y todos los representantes de las Fuerzas del Estado, en particular los de designación política (como ha matizado más tarde Mariano Rajoy). El ministro del interior debe actuar con contundencia ante estos hechos, porque en su persona están representadas las fuerzas de seguridad del Estado, si no lo hace está consintiendo un delito penal (artículos 205-216 Código Penal vigente en España), castigado con pena de prisión.
Salvo que no haya sido un delito contra su honor, porque realmente la acusación del PP sea cierta, en este caso, evidentemente, no puede presentar una querella contra la señora Cospedal, pero sí puede decir todo lo que le parezca ante las cámaras de televisión, mostrándose ultrajado, pero sin mover siquiera un dedo por defender el honor de las fuerzas de seguridad del Estado que dirige y representa.
La vicepresidenta De la Vega, otra “ultrajada de micrófono” debería aconsejarle que lo hiciera, porque la difamación, injuria o calumnia contra un miembro del Gobierno por parte de la número dos del partido de la oposición es un tema de Estado, que requiere la intervención inmediata del Fiscal General, mucho más que la acción partidista de persecución de asuntos archivados por el Tribunal Superior de Valencia, porque perjudican a su formación política.
Así que está claro, si Alfredo Pérez Rubalcaba no presenta una querella contra Maria Dolores de Cospedal, es que Maria Dolores de Cospedal está en lo cierto, cuando dice que su partido está siendo espiado ilegalmente, es más, la ausencia de querella por parte del señor Rubalcaba contra la señora Cospedal, es un indicador sugerente de que el señor Rubalcaba no es ajeno al conocimiento de lo que está ocurriendo con las escuchas, por eso no presenta una querella, para evitar que el tema se investigue judicialmente y pueda encontrarse con “sorpresas”.
O querella del ministro del interior a la Sra. De Cospedal, o constatación de la sospecha, no hay más alternativas. La piedra está en el tejado del Gobierno.
Erasmo de Salinas
