"Rajoy y Zapatero deben tomar la iniciativa, reconocer públicamente sus errores y proponer a sus partidos políticos su autodisolución inmediata, ejemplo que deben seguir las demás formaciones políticas involucradas en casos de corrupción."
La cuestión de la responsabilidad en política es un tema escabroso, porque responsabilidad y representación son temas imbricados. Si hay representación, inexcusablemente debe haber responsabilidad. No puede haber representación sin responsabilidad –como ocurre actualmente en los partidos políticos españoles-, porque en ese caso se vulneran los fundamentos de la democracia.
"La representación política es el acto por el que un representante –gobernante o legislador- actúa en nombre de un representado para la satisfacción, al menos en teoría, de los intereses de un representado . Los actos del representante obligan al representado, pero éste tiene la posibilidad de controlar y exigir responsabilidades al gobernante a través de mecanismos electorales institucionalizados (Cotta, 1985)".
En el apartado correspondiente del Diccionario Crítico de Ciencias Sociales dirigido por Román Reyes, el autor Juan Carlos Monedero nos explica con detalle el concepto de representación política.
"El elegido debe actuar con responsabilidad respecto de las exigencias de la ciudadanía que lo sostiene, debiendo lograr que se cumplan las exigencias normativas de esa sociedad, de manera que si no son satisfechas le será retirada la confianza. En nuestros sistemas políticos esa retirada de confianza sólo es posible, de no mediar delito, en las siguientes elecciones, lo que no deja de afectar a la idea de que el pueblo, merced a su carácter soberano, es el que siempre decide en democracia".
Aún sin mediar delito, mentir públicamente a los ciudadanos es un acto execrable, como este Gobierno ha hecho en relación a las negociaciones con ETA,o la crisis económica, porque conociendo la realidad, se ocultó al pueblo, para obtener intereses y beneficios políticos, hasta que el engaño se agotó por denuncias reiteradas. Pero hay otros casos, en los que no solo se puede acusar de negligencia al gobierno y al partido que lo sustenta, sino de auténtica insidia, como es el juicio recortado del 11-M –del que posiblemente no se sepa ni el 20 % de lo ocurrido- el pacifismo beligerante que permite salir de Irak para entrar en Afganistán o el Líbano porque favorece intereses partidarios -mientras se siguen vendiendo armas al África Subsahariana-, la organización de la información sobre la trama de espionaje que interesa al Partido Popular en Madrid o Valencia, o el caso del Prestige en Galicia y la campaña del nunca mais.
Como se dice con anterioridad, el concepto de responsabilidad política es inextricable del concepto de representación política. No puede haber una representación política irresponsable en una democracia, o que solo tenga una responsabilidad jurídica en los casos de transgresión manifiesta de la ley.
Recientemente hemos asistido a un episodio de connivencia entre política y justicia, que le costó el cargo al ministro del ramo, y unas vacaciones pagadas al aspirante a presidir la Audiencia Nacional, antiguo diputado del PSOE con Felipe González.
La responsabilidad política es precisamente el criterio que debe medir la salud de un sistema democrático. Los diversos países democráticos, miden la calidad de su sistema político por la responsabilidad política y el clima de tolerancia existente con los desmanes políticos, en España es tórrida la cadencia.
Un país que durante el último mes ha tenido una prevalencia de noticias sobre corrupción de 3,3 casos nuevos por día, evidentemente está gravemente enfermo, desde una perspectiva democrática; pero además, si exclusivamente hay responsabilidad jurídica en los casos de abuso de poder que se han desentrañado, sufre además un problema ambiental de contaminación insoportable. El Parlamento y las Instituciones del Estado que se deberían encargar de regular y controlar por ley las actividades de los políticos, se han convertido en atiborrados cubos de basura. El imperio de la ley sólo se aplica a los ciudadanos, mientras los políticos quedan eximidos de sus responsabilidades públicas, gracias a los subterfugios que se pueden permitir con el dinero que reciben del erario público.
Miles de millones de euros se han dilapidado en las cosas más extravagantes en los últimos años en España, por todos los partidos que han tocado poder, desde ayuntamientos despoblados hasta el Gobierno de la nación, se han derrochado ingentes cantidades de recursos públicos en favorecer a los propios y afines y perjudicar a todos los demás. Se han contratado a dedo a miles de personas, vulnerando los sistemas legales de contratación. Se han dilapidado millones de euros en favorecer a los sindicatos para comprar su silencio, al igual que a muchas organizaciones de consumidores o asociaciones civiles, como ONGs.
Hay un auténtico entramado mafioso en la política española que tiene secuestrada la soberanía política de los españoles. En estas circunstancias, ni regeneración democrática, ni reacción ética, ni recuperación posible.
La responsabilidad política sobre los problemas relacionados con la corrupción que actualmente padecemos en España, pasa inexorablemente por un acto voluntario de los partidos políticos y sus dirigentes, que consiste en su autodisolución inmediata y solicitud pública de disculpas a los españoles, sin menoscabo de la responsabilidad jurídica a la que haya lugar tras expurgación de las miserias generalizadas en que han convertido la representación democrática para la que fueron elegidos.
Rajoy y Zapatero deben tomar la iniciativa, reconocer públicamente sus errores y proponer a sus partidos políticos su autodisolución inmediata, ejemplo que deben seguir las demás formaciones políticas involucradas en casos de corrupción. Esa es la única alternativa posible para sanear la política española. En caso contrario, cada nuevo hecho de corrupción, en cada pueblo, en cada acto político, será responsabilidad directa de ambos y de sus partidos, el PP y el PSOE, basta ya de jugar al ping-pong con nuestro futuro.
La justicia española debe dar un paso adelante a favor de los intereses de los ciudadanos que legalmente deben representar. Cada juicio a un político corrupto, debe incluir al partido que representa, puesto que en representación de una organización o asociación ha delinquido, y la responsabilidad es subsidiaria en este caso. El Fiscal General del Estado debe presentar de forma inmediata su dimisión, por haber sido más un Fiscal General del Gobierno, que otra cosa.
Cuando se produce un ERE en este país se juzga a la empresa y su junta directiva, cuando una organización privada comete un error se juzga a quien lo ha cometido, pero también a quien representa.
Basta ya de abuso de poder, de una ley desigual que permite que los políticos sean seres individuales cuando se les atrapa en un delito y sin embargo, representantes de una formación política cuando lo cometen. La autoría de la formación política es indudable, puesto que si sus designados representantes no la hubieran representado, no habrían podido cometer la mayoría de los delitos relacionados con la corrupción.
Es la representación de una formación política la que les permite cometer los delitos de corrupción, y por lo tanto, esa formación es responsable al menos de no velar por intereses de los ciudadanos a los que representa, y consecuentemente, tiene autoría plena en los hechos delictivos.
Si un juez, un policía, un abogado, un albañil, un médico o un camarero cometen un delito en su trabajo, las organizaciones o empresas que representan son condenadas subsidiariamente, mientras que si el que comete el delito es un político, la organización que representa siempre es eximida, y además se atreven a decir que por defensa de la democracia; precisamente es al contrario, la defensa de la democracia requiere la sentencia y condena de las organizaciones políticas que contravienen y no respetan el acuerdo implícito de defensa de los intereses de los ciudadanos, a quienes dicen representar cuando se presentan en las elecciones, y de los que se aprovechan tras ser elegidos.
Hay una estafa política de grandes dimensiones en España, con la connivencia del sistema jurídico, mientras no acabemos con ella, estamos condenados a seguir sufriéndola.
Biante de Priena
"La representación política es el acto por el que un representante –gobernante o legislador- actúa en nombre de un representado para la satisfacción, al menos en teoría, de los intereses de un representado . Los actos del representante obligan al representado, pero éste tiene la posibilidad de controlar y exigir responsabilidades al gobernante a través de mecanismos electorales institucionalizados (Cotta, 1985)".
En el apartado correspondiente del Diccionario Crítico de Ciencias Sociales dirigido por Román Reyes, el autor Juan Carlos Monedero nos explica con detalle el concepto de representación política.
"El elegido debe actuar con responsabilidad respecto de las exigencias de la ciudadanía que lo sostiene, debiendo lograr que se cumplan las exigencias normativas de esa sociedad, de manera que si no son satisfechas le será retirada la confianza. En nuestros sistemas políticos esa retirada de confianza sólo es posible, de no mediar delito, en las siguientes elecciones, lo que no deja de afectar a la idea de que el pueblo, merced a su carácter soberano, es el que siempre decide en democracia".
Aún sin mediar delito, mentir públicamente a los ciudadanos es un acto execrable, como este Gobierno ha hecho en relación a las negociaciones con ETA,o la crisis económica, porque conociendo la realidad, se ocultó al pueblo, para obtener intereses y beneficios políticos, hasta que el engaño se agotó por denuncias reiteradas. Pero hay otros casos, en los que no solo se puede acusar de negligencia al gobierno y al partido que lo sustenta, sino de auténtica insidia, como es el juicio recortado del 11-M –del que posiblemente no se sepa ni el 20 % de lo ocurrido- el pacifismo beligerante que permite salir de Irak para entrar en Afganistán o el Líbano porque favorece intereses partidarios -mientras se siguen vendiendo armas al África Subsahariana-, la organización de la información sobre la trama de espionaje que interesa al Partido Popular en Madrid o Valencia, o el caso del Prestige en Galicia y la campaña del nunca mais.
Como se dice con anterioridad, el concepto de responsabilidad política es inextricable del concepto de representación política. No puede haber una representación política irresponsable en una democracia, o que solo tenga una responsabilidad jurídica en los casos de transgresión manifiesta de la ley.
Recientemente hemos asistido a un episodio de connivencia entre política y justicia, que le costó el cargo al ministro del ramo, y unas vacaciones pagadas al aspirante a presidir la Audiencia Nacional, antiguo diputado del PSOE con Felipe González.
La responsabilidad política es precisamente el criterio que debe medir la salud de un sistema democrático. Los diversos países democráticos, miden la calidad de su sistema político por la responsabilidad política y el clima de tolerancia existente con los desmanes políticos, en España es tórrida la cadencia.
Un país que durante el último mes ha tenido una prevalencia de noticias sobre corrupción de 3,3 casos nuevos por día, evidentemente está gravemente enfermo, desde una perspectiva democrática; pero además, si exclusivamente hay responsabilidad jurídica en los casos de abuso de poder que se han desentrañado, sufre además un problema ambiental de contaminación insoportable. El Parlamento y las Instituciones del Estado que se deberían encargar de regular y controlar por ley las actividades de los políticos, se han convertido en atiborrados cubos de basura. El imperio de la ley sólo se aplica a los ciudadanos, mientras los políticos quedan eximidos de sus responsabilidades públicas, gracias a los subterfugios que se pueden permitir con el dinero que reciben del erario público.
Miles de millones de euros se han dilapidado en las cosas más extravagantes en los últimos años en España, por todos los partidos que han tocado poder, desde ayuntamientos despoblados hasta el Gobierno de la nación, se han derrochado ingentes cantidades de recursos públicos en favorecer a los propios y afines y perjudicar a todos los demás. Se han contratado a dedo a miles de personas, vulnerando los sistemas legales de contratación. Se han dilapidado millones de euros en favorecer a los sindicatos para comprar su silencio, al igual que a muchas organizaciones de consumidores o asociaciones civiles, como ONGs.
Hay un auténtico entramado mafioso en la política española que tiene secuestrada la soberanía política de los españoles. En estas circunstancias, ni regeneración democrática, ni reacción ética, ni recuperación posible.
La responsabilidad política sobre los problemas relacionados con la corrupción que actualmente padecemos en España, pasa inexorablemente por un acto voluntario de los partidos políticos y sus dirigentes, que consiste en su autodisolución inmediata y solicitud pública de disculpas a los españoles, sin menoscabo de la responsabilidad jurídica a la que haya lugar tras expurgación de las miserias generalizadas en que han convertido la representación democrática para la que fueron elegidos.
Rajoy y Zapatero deben tomar la iniciativa, reconocer públicamente sus errores y proponer a sus partidos políticos su autodisolución inmediata, ejemplo que deben seguir las demás formaciones políticas involucradas en casos de corrupción. Esa es la única alternativa posible para sanear la política española. En caso contrario, cada nuevo hecho de corrupción, en cada pueblo, en cada acto político, será responsabilidad directa de ambos y de sus partidos, el PP y el PSOE, basta ya de jugar al ping-pong con nuestro futuro.
La justicia española debe dar un paso adelante a favor de los intereses de los ciudadanos que legalmente deben representar. Cada juicio a un político corrupto, debe incluir al partido que representa, puesto que en representación de una organización o asociación ha delinquido, y la responsabilidad es subsidiaria en este caso. El Fiscal General del Estado debe presentar de forma inmediata su dimisión, por haber sido más un Fiscal General del Gobierno, que otra cosa.
Cuando se produce un ERE en este país se juzga a la empresa y su junta directiva, cuando una organización privada comete un error se juzga a quien lo ha cometido, pero también a quien representa.
Basta ya de abuso de poder, de una ley desigual que permite que los políticos sean seres individuales cuando se les atrapa en un delito y sin embargo, representantes de una formación política cuando lo cometen. La autoría de la formación política es indudable, puesto que si sus designados representantes no la hubieran representado, no habrían podido cometer la mayoría de los delitos relacionados con la corrupción.
Es la representación de una formación política la que les permite cometer los delitos de corrupción, y por lo tanto, esa formación es responsable al menos de no velar por intereses de los ciudadanos a los que representa, y consecuentemente, tiene autoría plena en los hechos delictivos.
Si un juez, un policía, un abogado, un albañil, un médico o un camarero cometen un delito en su trabajo, las organizaciones o empresas que representan son condenadas subsidiariamente, mientras que si el que comete el delito es un político, la organización que representa siempre es eximida, y además se atreven a decir que por defensa de la democracia; precisamente es al contrario, la defensa de la democracia requiere la sentencia y condena de las organizaciones políticas que contravienen y no respetan el acuerdo implícito de defensa de los intereses de los ciudadanos, a quienes dicen representar cuando se presentan en las elecciones, y de los que se aprovechan tras ser elegidos.
Hay una estafa política de grandes dimensiones en España, con la connivencia del sistema jurídico, mientras no acabemos con ella, estamos condenados a seguir sufriéndola.
Biante de Priena
