¿Dónde está el límite?

Es la pregunta que cada día se hacen más españoles, ¿dónde está el límite que la opinión pública puede soportar sin hacer nada, ante la deriva que acontece en la política española? Nadie lo sabe.

Los principales partidos políticos españoles que conforman la casta se han convertido en ejemplo de organizaciones mafiosas, que detraen recursos públicos a cuentas privadas de sus principales representantes. No es una cuestión accidental, ni incidental, es una práctica homogénea que se expande por todas las instituciones, por todas las representaciones, por todas las situaciones, a lo largo del tiempo.

¿Qué ocurriría si las prácticas de cualquier organización o empresa de este país fueran similares a las habituales de los partidos políticos en los últimos tiempos? ¿Cuánto tiempo tardaría la justicia en promover su disolución, sentencia, condena e inhabilitación a perpetuidad para acceder a cualquier tipo de recurso público?

Este país no se puede permitir que el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy sea sospechoso de dirigir una banda mafiosa que ha vulnerado la ley para repartir privilegios entre los principales miembros de su partido, incluido él mismo. Ante una situación que indica que no ha actuado lícitamente, guarda silencio, en esta ocasión tiene razón Rubalcaba en lo de que el que calla, otorga, y bien podría aspirar a sustituirle en La Moncloa si en su partido no se estuvieran moviendo en estos momentos casos de corrupción política de dimensiones aún más enormes que las que afectan a su opositor tradicional. El señor Rubalcaba no puede dar lecciones morales a nadie, mientras no explique lo que ha ocurrido en su partido en lugares como Andalucía y Asturias, o en casos como el del ex ministro Blanco, entre otros muchos.

España tiene un grave problema con los principales partidos políticos de este país, que han pasado de ser una alternativa de solución a los problemas de los españoles (así lo venden en las campañas electorales), a ser el principal problema de los españoles del que derivan paro, deuda, déficit público, nepotismo, corrupción, farsa y fraude.

Una democracia no se soporta exclusivamente con los votos de los electores, requiere una honestidad intachable en los elegibles, junto a un compromiso irrenunciable de que van a cumplir la ley (como prometen al acceder a su mandato) y de que van a defender los derechos fundamentales de los españoles por encima de sus propias pretensiones particulares.

El contrato entre ciudadanos y políticos está roto, y por tanto asistimos a una farsa representada que ha desplazado a la democracia, a un fraude elemental que extrae del engaño su legitimidad.  Todavía hay pocos españoles que se den cuenta de que esta coyuntura no tiene solución posible, mientras en los partidos políticos no se realice una criba que separe definitivamente a los corruptos de los que no lo son. El problema es que los corruptos están en las cúpulas de los partidos y son los que tienen que tomar la decisión de hacerse el harakiri para salvar la democracia, de la que se han servido y mancillado.

La democracia no se salva con los votos, sino con el acotamiento del poder político, porque cuando los representantes, elegidos en las urnas, vulneran la ley,  ya no se puede hablar de democracia, sino de impostura, detentación y felonía. Las elecciones vacías de contenido sólo reafirman la ilegitimidad de los mangantes que han utilizado la democracia para medrar, incumplir la ley y mancillar la representación pública.

Sigo diciendo que es hora de reflexionar, no se puede pasar página sobre la delincuencia organizada que existe en los partidos políticos españoles que vulneran las leyes que ellos mismos han dictado. La incoherencia y la incongruencia de estos papanatas codiciosos y lerdos, nos acabará llevando a un conflicto irresoluble y a un futuro desolador.

Enrique Suárez