¿Y si los funcionarios se hacen acreedores de parte de la deuda pública española?

Tabla salarial funcionarios españoles año 2010

A veces, las cosas son más sencillas de lo que parecen, España tiene actualmente un grave problema con la deuda pública, debido al despilfarro que cometió el anterior presidente de gobierno, pues entre 2007 y 2011 duplicó su volumen, en el 2007 teníamos una deuda de 380.661 millones de euros (36,1 % del PIB) y en el 2011, ascendía a 734.961 millones de euros (68,5 % del PIB).

La prima de riesgo era en junio de 2007 de 15 puntos, y en junio de 2011 de 290 puntos, actualmente es de 475 puntos tras llevar casi un mes por encima de los 500 puntos. Actualmente, gracias a la inconsciencia o la conciencia malvada del anterior gobierno, tenemos que pagar de intereses 435 millones de euros diarios, sin amortización de la deuda que ya se lleva casi el 25 % de nuestro PIB, junto con los intereses.

Estos son los resultados de una mala gestión, de la que nadie se hace responsable pero que está trayendo a los españoles una de las situaciones más precarias a la que nos hemos enfrentado en nuestra historia reciente. Los motivos que tuvo el anterior gobierno para cometer esta atrocidad pasan por diversas alternativas: el triunfalismo inane, la ineptitud galopante, o la insidia perversa de querer tapar sus errores para que no redundara en los resultados electorales del PSOE, de cualquier forma una descomunal irresponsabilidad que no puede caer en el olvido y de la que debe exigirse de forma inmediata explicaciones y restitución moral, además de material por el estropicio causado.

Sin embargo, conocer las causas del problema no ayuda a resolverlo, actualmente las filas de trabajadores del Estado están infladas de forma desorbitada, medio millón de funcionarios con un elevado número de transformados por la gracia de las cejas de Zapatero de laborales en vitalicios, en los últimos siete años, no es de recibo, entre otras cosas porque es un crecimiento artificial del Estado. La cuestión es que no pertenecen todos a decisiones directas del Gobierno, pero el Gobierno consintió que todos alcanzaran su puesto, sin poner puertas al campo, porque le interesaba electoralmente.

Llegados a este punto, además de una depuración de funcionarios adscritos al carnet y el enchufe que habría que erradicar, nos sigue quedando el problema de la deuda, que podría resolverse con ingenio si alguien en el Gobierno actual pensara racionalmente y reflexionara sobre los problemas reales del Estado español.

Una de las próximas medidas que se espera, además de la subida de impuestos es el recorte de funcionarios y de sus sueldos. Evidentemente los que entraron por el artículo del dedo del colocador, deberían ir pensando en abandonar su posición de privilegio si en este país existiera justicia, algo que cada día resulta más cuestionado. También sería necesario ajustar las plantillas a las necesidades reales. Pero sobre los restantes, alrededor de 2,5 millones con sueldos medios de 2.000 euros mensuales, antes que reducir su salario se podría pensar en pagar una parte del mismo, tal vez un 10 %, con deuda del Estado español, por ejemplo bonos a 10 años, mejor aceptado sería que reducir su sueldo en un 10 %.

Al disminuir el 10 % su salario se reducirían sus retenciones de IRPF, con lo que en percepción líquida la reducción sería de un 7 %, mientras que el 10 % que recibirían en deuda pública les procuraría unos intereses que a los 10 años les haría recibir prácticamente el mismo dinero, solo que de esta forma se diferiría su cobro. En cierta forma, funcionaría como un adelanto que los trabajadores del Estado realizan a su empresario, a cambio de mantener la seguridad de su trabajo y el compromiso del Gobierno de no realizar más medidas, lo que incrementaría la seguridad laboral. No sería una cantidad importante, alrededor de 10.000 millones de euros lo que se ahorraría cada año, pero sería un gesto importante para incrementar la confianza de nuestros socios europeos y los mercados en nuestro ánimo de resolver los problemas que tenemos. Además de ofrecer a la ciudadanía española una imagen de los funcionarios de responsabilidad y coparticipación en la asunción de los graves problemas económicos que atraviesa España.

Por otra parte, sería una forma de convertir en accionistas de su propia empresa a los funcionarios españoles, que recuperarían su dinero si las cosas van bien en la misma, eso incrementaría la productividad española de los empleados públicos, que está por los suelos en comparación con la mayoría de los países europeos, además de la competitividad, en la que España ocupa el puesto 39 del mundo, alejándose cada día más de las economías avanzadas.

Los efectos sobre la prima de riesgo y el déficit público serían inmediatos y al mismo tiempo harían que los mercados recobraran la confianza en nuestro país rápidamente. Además se podría hacer de forma consensuada directamente con los trabajadores mediante acuerdo personalizado, los únicos que no estarían de acuerdo, posiblemente, fueran los sindicatos de clase (UGT, CCOO) instalados en el Estado, que se verían desplazados para siempre de la negociación laboral pública, lo que les condenaría a su desaparición.

Pero que quieren que les diga, eso también haría que se incrementara la confianza y la credibilidad de los mercados en este país nuestro y que mejoraran nuestras circunstancias mucho más deprisa que si permitimos que los sindicatos sean los que regulen las condiciones laborales de los españoles, fundamentalmente en el sector público, porque vamos a dejar de engañarnos, ellos no viven de que las cosas funcionen bien, sino de que funcionen mal, cuanto peor funcionan más necesarios parecen.

Enrique Suárez