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domingo, 12 de septiembre de 2010

Fiscal General del Gobierno


Dice en la página de presentación del Fiscal General del Estado:
"El Fiscal General actúa con imparcialidad y es independiente, sin que pueda recibir instrucciones ni órdenes del Gobierno ni de ningún otro órgano administrativo o judicial. En todo caso, el Gobierno podrá interesar del Fiscal General del Estado que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público. El Fiscal General del Estado, oída la Junta de Fiscales de Sala, resolverá sobre la viabilidad o procedencia de la actuación interesada. Los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas pueden dirigirse en similares términos al Ministerio Fiscal a través del Fiscal Superior de cada Comunidad".
El señor Cándido Conde Pumpido es posiblemente uno de los principales artífices del desmadre que ha acontecido en este país, no solo en la justicia, sino también en la política, y por supuesto, responsable en impunidad de su nefasto servicio al Estado.

No se le conoce a lo largo de su mandato siquiera una intervención en sentido contrario a las propuestas del Gobierno. Sin embargo se le conocen muchas en defensa de los intereses partidarios del PSOE y del Gobierno. ¿De qué sirve un sistema judicial que está amputado en su cabeza políticamente?

El señor Fiscal General del Estado ha defendido con parcialidad y connivencia los intereses políticos del PSOE, antes que los de los ciudadanos españoles, antes que los del Estado que representa. Actuaciones de este tipo son más propias de los regímenes totalitarios que de una democracia, o de la degeneración de la democracia en una oclocracia.


Es necesario hacer una pregunta en voz alta, que se hacen muchos magistrados y fiscales entre los numerosos ciudadanos atónitos con lo que ocurre en este país. ¿Es el señor Cándido Conde Pumpido el Fiscal General del Estado o el Fiscal General del Gobierno?.

Biante de Priena

1 comentario:

fractalio dijo...

Me alegra mucho ver que no soy el único preocupado al ver la impunidad con la que se mueven todos y cada uno de los miembros del gobierno, parlamento, comunidades y ayuntamientos, gracias a la pasividad absoluta de los fiscales públicos. Está clarísimo que con la ley en la mano deberían estar todos procesados y apartados de sus cargos. Sea por acción, omisión, complicidad, encubrimiento, por varias o por todas estas circunstancias a la vez.

Y me gustaría mucho saber qué piensan esos fiscales cada vez que reciben su nómina, aunque que puedo imaginar que tienen la conciencia más relajada que la Bella Durmiente, pues de lo contrario, por un mínimo de pundonor, dignidad y amor propio, algo harían, digo yo. Y lo malo es que no hay un príncipe encantado que les despierte para conducirles al banquillo.

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