La aristocracia política

Un agravante comparativo del sectarismo que rige la convivencia en la sociedad española, es la diferencia existente entre los representantes políticos y sus representados. La democracia española ha consentido la formación de una nueva aristocracia social, una clase privilegiada dentro de la categoría general de los ciudadanos, de todos los españoles.

La Constitución de 1978 lo determina con claridad: todos los españoles son iguales ante la ley. Pero quien hace la ley, hace la trampa, dice un viejo refrán castellano. Y quienes hacen la ley son los políticos, así, su poder cada día se incrementa más y se aleja del control ciudadano.

Los políticos recogen los privilegios de la nobleza aristocrática del Antiguo Régimen, ejerciendo su actividad desde un estatuto específico, beneficiándose de una normativa particular, de un estatus propio. En cada legislatura, solo tienen que rendir cuentas ante sí mismos, como si de una empresa económica se tratara.

Los partidos políticos se han convertido en las nuevas dinastías sociales, distribuidoras de privilegios entre sus miembros, transformando en oligarquía nuestra democracia.

No es cierto que los ciudadanos y los políticos seamos iguales, ni lo seremos nunca mientras ellos puedan legislar y los ciudadanos solo podamos ser legislados. La iniciativa popular ha sido recientemente excluida del panorama parlamentario y eso supone que se ha cerrado la única posibilidad que los ciudadanos teníamos de regular y controlar de forma autónoma nuestros intereses.

Los ciudadanos solo podemos ser representados por partidos políticos que tienen el monopolio del poder, que se intercambian alternativamente, pero siempre permanece en sus manos.

Los políticos no cobran en sus sueldos lo que les corresponde, por su rendimiento, por su capacidad, por su formación o por su esfuerzo, sino lo que corresponde al cargo que ocupan. Así hay personajes en este país que reciben sueldos astronómicos, que de ninguna manera se corresponden con el trabajo que desarrollan.

Los políticos no se examinan para ocupar determinados cargos en la administración, son elevados por el soplo de los partidos políticos que les apoyan y con eso es suficiente. Así tenemos funcionarios bajo su mando al borde del suicidio, ocupando el puesto que les corresponde tras haber cumplido todos los requisitos legales, que tienen que plegar sus conocimientos al criterio de inútiles confirmados que les corresponden por jefes.

Cuando un político acierta en sus objetivos, todos nos beneficiamos, pero cuando se equivoca, todos pagamos sus errores. No hay mecanismo de control que regule sus acciones, que en muchas ocasiones están más orientadas a fines electorales que sociales. Utilizar los recursos de todos para beneficio propio no está bien.

La vida anónima de los políticos que dejan la política es preocupante, se debería hacer un estudio de los ingresos que alcanzaban antes de ocupar un cargo político y los que reciben después de dejarlo. Estoy absolutamente seguro de que se incrementan geométricamente, y eso quiere decir que han utilizado la política para su propio beneficio.

En los 31 años que llevamos de democracia, hemos contemplado como una nueva nobleza feudal se ha ido creando a la sombra del silencio ciudadano, una nueva “clase” que explota sus beneficios en interés propio antes que general, un entramado de poder que impide cualquier tipo de cambio social que regule sus privilegios.

Es hora de que las cosas cambien, los sueldos de los políticos deben limitarse por su rendimiento social y ser controlados por los ciudadanos, sus actividades económicas también, desde el día que entran en política. No se puede permitir que un político auspicie el sector de las lechugas, al mismo tiempo que se hace con sus amigos con el negocio del sector.

Es una vergüenza nacional ver como algunos representantes de los ciudadanos utilizan sus cargos políticos para sobrealzarse en la vida. Mientras la política no sea idéntica en sus características al resto de las profesiones y las actividades laborales, nunca seremos capaces de que nuestro país funcione normalmente.

A los políticos hay que considerarlos enemigos de nuestro bienestar, porque cada euro que desvían a la organización de sus intereses particulares, es un euro que se detrae del bienestar de todos.

Es hora de que los políticos hagan política y no mercadeo de sus privilegios y nuestros perjuicios. Los políticos son ciudadanos especializados, no empresarios que negocian con nuestras vidas. La democracia no es una fuente de concesión de privilegios, sino precisamente lo contrario, un mecanismo regulador de la desigualdad social.

Erasmo de Salinas