ZP I, Rey de Expaña

A ningún ciudadano español se le escapa hoy lo que ocurre en España, tras los debates sobre la monarquía, la segregación, o la vorágine de otros extraños sucesos, que no guardan entre sí conexión aparente; sigue ocurriendo lo mismo que se ha vivido durante años en este país, cuando el nacionalismo periférico era el centro de las preocupaciones: cortinas de humo que impedían contemplar la verdadera naturaleza del problema.

La política española, tanto en forma como en contenido, ha transitado desde la periferia hacia el centro y ha recorrido una sinuosa secuencia que ahora llega a su fin, alcanzando el rango de problema común de orden histórico para todos los españoles: se cuestiona la Nación, el Estado, las instituciones y los símbolos.

El PSOE, con su actual presidente de gobierno Zapatero, ha acelerado acciones políticas que culminan un proceso social iniciado hace tiempo: el predominio del poder político en castas autonómicas.

Para alcanzar este objetivo, debidamente ocultado en sus programas electorales, de forma calculada y fría, ha estado socavando todo fundamento legislativo, judicial o Constitucional de la nación. Más que establecer una propuesta alternativa a nuestra construcción colectiva, lo que ha hecho el inefable Zapatero, es destruir el orden nacional construido por los políticos que le precedieron y que el pueblo aceptó mayoritariamente en las urnas. Esto es traición a los españoles.

El pacifista por accidente, ha impulsado reformas constitucionales que trocean la soberanía nacional, ha instrumentalizado y dividido al poder judicial, ha promovido el adoctrinamiento infantil, y ha permitido el escarnio y la desigualdad de los españoles por su lugar de residencia; ha criminalizado a la oposición política, denigrando su existencia, y acordando con sus socios el ninguneo del PP en las instituciones, ha repartido los presupuestos según sus planes de derribo y ha utilizado el parlamento para su traición definitiva: la destrucción de la conjunción nacional.

El deterioro institucional de España es de tal magnitud, que ni siquiera el Tribunal Constitucional representa una garantía de equidad y justicia, para no hablar del lastimoso papel que le han asignado a la monarquía, cúspide simbólica del orden constitucional de nuestra nación.

El objetivo absolutista de Zp es la anulación de la Constitución española, en una reificación de la ilegítima rebeldía de Fernando VII, ante las determinaciones de las Cortes de Cádiz. Nuestra vigente Constitución, concreta los derechos, libertades y leyes alcanzados por los españoles en su agitada historia, es una conquista fundamental de los ciudadanos, que determina su existencia y progreso en un marco coherente y civilizado: la nación española.

El gobierno más sectario de la historia de la democracia española, está destruyendo el carácter de modernidad política que habíamos alcanzado los españoles, garantía de igualdad política y libertad de la ciudadanía, una propiedad de cada uno de los que vivimos en este país, que al agregarnos en totalidad conformamos una nación europea en el siglo XXI.

El objetivo del ínclito personaje que ocupa la Moncloa es la erradicación de lo que existe, proporcionando las armas del poder político de cohesión colectiva, a unas tribus de salvajes depredadores, entre los que Zapatero se presenta como un singular aprendiz de brujo, cuando en realidad es un hambrieno caníbal del poder absoluto, disfrazado de buena persona.

Tampoco Fernando VII aceptó en primera instancia la disminución de su poder absoluto, y tuvo que ser el General Riego el que le invitó a firmar lo establecido por los ciudadanos por medio de sus representantes políticos; han pasado casi doscientos años para continuar en las mismas.

Alguno llevan doscientos años empeñados en que este pueblo siga gritando a coro ¡Viva las caenas!, serán necios. Y a éso lo denominan progreso.


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