miércoles, 29 de julio de 2009
sábado, 25 de julio de 2009
Victimas del ceporrismo político
Van pasando los años en este país nuestro, esta España contradictoria y nihilista, que nace y muere al mismo tiempo, cada día. Vivimos tiempos difíciles, muy difíciles para la convivencia, para el proyecto común, para la alegría.
Es cierto que entre Zapatero y Rajoy, entre Rosa Díez y Albert Rivera, entre Montilla, Ibarretxe, Ridao, y Mas, nos han abocado a los españoles a no se sabe qué. La gente se desquicia entre lo que es necesario conservar y lo que es necesario destruir, entre lo que es necesario cambiar y lo que es necesario mantener. Los políticos no están haciendo una España para los españoles, sino para ellos, mientras que los ciudadanos de este país pagamos sus ensayos y errores.
¿Y quién es responsable?. Evidentemente no sólo Zapatero, porque si hace las cosas que no nos agradan, no terminaría triunfando en las elecciones. El problema de Zapatero solo es uno, su tremenda ambición, la de convertir este país en el resultado de sus ilusiones y esperanzas, la de implantar un clima de tolerancia inflexible que a veces deriva en autoritarismo despótico, la de hacer y deshacer esta nación, porque se le ha subido el cargo a la cabeza, y se siente legitimado por los españoles para hacer una España diferente; no creo que sea un malintencionado vesánico, pero la verdad es que es bastante ceporro.
Aunque si Zapatero ha cometido errores, también ha tenido aciertos, posiblemente en la intención última, no creo que quiera ningún mal para los ciudadanos de este país, pero es torpe, muy torpe, porque no sabe que las políticas deben ser no solo coherentes con un programa propio, sino congruentes con el mundo en el que se producen. A las políticas de Zapatero les falta siempre la gran congruencia de ubicarse en el escenario del equilibrio, tratan de equilibrar y desequilibran, nunca alcanzan un estado de armonía, ordenan desordenando, es lo más contrario de lo que he visto en mi vida a la pretensión Zen de adaptación que parece guiarlas.
Pero si el Presidente de Gobierno es responsable de lo que se hace, el líder de la oposición, Mariano Rajoy es responsable de no saber hacer algo eficaz contra lo que se hace mal, o apoyar algo de lo que se hace bien. Mariano, vive en su limbo, y creo que su partido le ha adherido definitivamente al devenir de Zapatero, cuando Zapatero caiga, Mariano también lo hará, los dos se quemarán en la misma hoguera.
La política territorial de Zapatero trata de establecer la cuadratura del círculo imposible. Es un producto de la ambivalencia esquizofrénica que hace una coalición constitucionalista de facto en el País Vasco, y una coalición secesionista en Cataluña. Alguien puede decir a su favor que eso es un reflejo de la transversalidad política, el único destino que le queda al PSOE, antes de hundirse en los errores del socialismo real, la socialdemocracia asfixiante o las revoluciones bolivarianas. Pero todavía le queda mucha evolución ideológica a este partido para llegar a su tranquilidad política.
Cierto es que si bien Zapatero negocia hasta los límites de la razón, incluso con los terroristas de ETA, también sabe cual es el límite que no debe sobrepasarse, guante de seda hasta tener la mano ensangrentada, pero si el guante se cae, la zarpa del Estado caerá sobre los que no han sabido responder a su bondad, con la fortaleza que le permite su religión buenista.
En fin, todas estas cosas forman parte del “ceporrismo político” de implantación de un sistema cada día más asfixiante para los ciudadanos, en que al fenómeno de disolución del trabajo en nuestro país, por deslocalización, por falta de planificación, por todos los errores cometidos en las concesiones a los sindicatos –auténticos artífices del desastre-, nos va dejando más de cuatro millones de parados y unos trabajadores que cada día tienen que trabajar más para vivir igual o peor, y unas nuevas generaciones hipotecadas de por vida que jamás podrán trabajar para lo que se han formado, y están condenados a vivir de la subvención familiar o estatal, buena parte de su existencia.
Zapatero tiene un problema y los españoles tenemos un problema, porque la vaca España está llegando a una menopausia económica, antes de que las terneras autonómicas den leche.
Viene un tiempo en que los españoles lo vamos a pasar mal, muy mal, y el único problema que tenemos es que entre todos los ceporros que existen en la política española, ninguno se merece la confianza de que le encarguemos la resolución de la crisis, salir del hoyo.
Quizás la única salida sea la eliminación de lo existente en la política para pasar a otra cosa nueva, diferente, una democracia directa en la que los españoles renunciemos a esta forma de representación política y busquemos las alternativas en algo más próximo a los ciudadanos y mucho más distante de los políticos. Quizás sea el momento de tomar el tren de la historia democrática de nuevo y abandonar esta cochambre de autobús que todavía funciona con gasógeno.
Ante lo que viene, los españoles estamos condenados a recuperar la soberanía que nos corresponde, y tomar las decisiones que no nos perjudiquen, pero el grave problema que tenemos es que el ceporrismo político nos ha contagiado y no sabemos como hacerlo.
No sabemos como administrar el poder, de tanto ir en autobús por la vida, se nos ha olvidado conducir, y ahora que el piloto y el copiloto están borrachos, no hay ningún pasajero que sepa llevar el autobús a buen destino. Este viaje no va a ser tranquilo, no puede serlo.
Erasmo de Salinas
Es cierto que entre Zapatero y Rajoy, entre Rosa Díez y Albert Rivera, entre Montilla, Ibarretxe, Ridao, y Mas, nos han abocado a los españoles a no se sabe qué. La gente se desquicia entre lo que es necesario conservar y lo que es necesario destruir, entre lo que es necesario cambiar y lo que es necesario mantener. Los políticos no están haciendo una España para los españoles, sino para ellos, mientras que los ciudadanos de este país pagamos sus ensayos y errores.
¿Y quién es responsable?. Evidentemente no sólo Zapatero, porque si hace las cosas que no nos agradan, no terminaría triunfando en las elecciones. El problema de Zapatero solo es uno, su tremenda ambición, la de convertir este país en el resultado de sus ilusiones y esperanzas, la de implantar un clima de tolerancia inflexible que a veces deriva en autoritarismo despótico, la de hacer y deshacer esta nación, porque se le ha subido el cargo a la cabeza, y se siente legitimado por los españoles para hacer una España diferente; no creo que sea un malintencionado vesánico, pero la verdad es que es bastante ceporro.
Aunque si Zapatero ha cometido errores, también ha tenido aciertos, posiblemente en la intención última, no creo que quiera ningún mal para los ciudadanos de este país, pero es torpe, muy torpe, porque no sabe que las políticas deben ser no solo coherentes con un programa propio, sino congruentes con el mundo en el que se producen. A las políticas de Zapatero les falta siempre la gran congruencia de ubicarse en el escenario del equilibrio, tratan de equilibrar y desequilibran, nunca alcanzan un estado de armonía, ordenan desordenando, es lo más contrario de lo que he visto en mi vida a la pretensión Zen de adaptación que parece guiarlas.
Pero si el Presidente de Gobierno es responsable de lo que se hace, el líder de la oposición, Mariano Rajoy es responsable de no saber hacer algo eficaz contra lo que se hace mal, o apoyar algo de lo que se hace bien. Mariano, vive en su limbo, y creo que su partido le ha adherido definitivamente al devenir de Zapatero, cuando Zapatero caiga, Mariano también lo hará, los dos se quemarán en la misma hoguera.
La política territorial de Zapatero trata de establecer la cuadratura del círculo imposible. Es un producto de la ambivalencia esquizofrénica que hace una coalición constitucionalista de facto en el País Vasco, y una coalición secesionista en Cataluña. Alguien puede decir a su favor que eso es un reflejo de la transversalidad política, el único destino que le queda al PSOE, antes de hundirse en los errores del socialismo real, la socialdemocracia asfixiante o las revoluciones bolivarianas. Pero todavía le queda mucha evolución ideológica a este partido para llegar a su tranquilidad política.
Cierto es que si bien Zapatero negocia hasta los límites de la razón, incluso con los terroristas de ETA, también sabe cual es el límite que no debe sobrepasarse, guante de seda hasta tener la mano ensangrentada, pero si el guante se cae, la zarpa del Estado caerá sobre los que no han sabido responder a su bondad, con la fortaleza que le permite su religión buenista.
En fin, todas estas cosas forman parte del “ceporrismo político” de implantación de un sistema cada día más asfixiante para los ciudadanos, en que al fenómeno de disolución del trabajo en nuestro país, por deslocalización, por falta de planificación, por todos los errores cometidos en las concesiones a los sindicatos –auténticos artífices del desastre-, nos va dejando más de cuatro millones de parados y unos trabajadores que cada día tienen que trabajar más para vivir igual o peor, y unas nuevas generaciones hipotecadas de por vida que jamás podrán trabajar para lo que se han formado, y están condenados a vivir de la subvención familiar o estatal, buena parte de su existencia.
Zapatero tiene un problema y los españoles tenemos un problema, porque la vaca España está llegando a una menopausia económica, antes de que las terneras autonómicas den leche.
Viene un tiempo en que los españoles lo vamos a pasar mal, muy mal, y el único problema que tenemos es que entre todos los ceporros que existen en la política española, ninguno se merece la confianza de que le encarguemos la resolución de la crisis, salir del hoyo.
Quizás la única salida sea la eliminación de lo existente en la política para pasar a otra cosa nueva, diferente, una democracia directa en la que los españoles renunciemos a esta forma de representación política y busquemos las alternativas en algo más próximo a los ciudadanos y mucho más distante de los políticos. Quizás sea el momento de tomar el tren de la historia democrática de nuevo y abandonar esta cochambre de autobús que todavía funciona con gasógeno.
Ante lo que viene, los españoles estamos condenados a recuperar la soberanía que nos corresponde, y tomar las decisiones que no nos perjudiquen, pero el grave problema que tenemos es que el ceporrismo político nos ha contagiado y no sabemos como hacerlo.
No sabemos como administrar el poder, de tanto ir en autobús por la vida, se nos ha olvidado conducir, y ahora que el piloto y el copiloto están borrachos, no hay ningún pasajero que sepa llevar el autobús a buen destino. Este viaje no va a ser tranquilo, no puede serlo.
Erasmo de Salinas
jueves, 23 de julio de 2009
Por un Referendum Español contra el Estatuto de Cataluña
España es una nación formada por 17 comunidades autónomas y 2 ciudades en el norte de África. Aproximadamente 46,6 millones disfrutamos o sufrimos en estos momentos la condición de españoles, ciudadanos de España, un país que forma parte de la Unión Europea.
España tiene una Constitución aprobada por los españoles en 1978, en la que se expresa por última vez la voluntad de la nación española sobre su configuración política, Ley de Leyes que se encuentra vigente en la actualidad.
La Constitución Española de 1978 representa la voluntad expresada de los ciudadanos españoles como estructura legal básica de convivencia común, que admite las particularidades territoriales y poblacionales, históricas y culturales, existentes en la nación española, siempre que no distorsionen lo común, que representa la voluntad legal de los ciudadanos españoles.
Ningún Gobierno, estatal o autonómico, puede legislar contra la Constitución Española, si así lo hiciera podría ser acusado de traición, por haber incumplido el artículo 97 que dice: “El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes”.
El Artículo 1,1 de la CE 1978 dice que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. El Artículo 1,2 dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. El Artículo 2, dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
Analicemos ambos artículos en su conjunto:
Hay varios conceptos fundamentales a la hora de valorar los dos primeros artíuculos de la Constitución, el más importante de todos es el de soberanía.
El sujeto de soberanía, en cualquier circunstancia, es el pueblo español, el pueblo español es la reunión de todos los españoles; la soberanía es el dominio –no el poder- sobre un objeto cultural e histórico: la Nación española. La Constitución Española se fundamenta sobre la indisoluble unidad de la Nación española. Soberanía, Nación y Constitución son elementos que conforman el dominio, es decir, la propiedad de los españoles sobre su territorio, historia y cultura.
En él ámbito del poder, España se constituye como un Estado social y democrático de Derecho, el Estado emana de los poderes del pueblo español y su organización política es la monarquía parlamentaria. Desde el ámbito del poder –nunca desde el dominio garantizado de territorio y población- la Constitución garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
La diferencia entre dominio y poder es la misma que se produce entre un propietario (el pueblo español de su nación) y un inquilino (el Gobierno del Estado que administra el poder en su representación, junto con los poderes fraccionarios de autonomías y municipios). Ningún Gobierno tiene potestad jurídica para regular el dominio, ningún poder representado tiene potestad jurídica para determinar cuestiones relacionadas con la Nación española, porque sólo el pueblo español reunido – no por parcelas- está legitimado para hacerlo, en ese radica su soberanía, su propiedad sobre la Unidad Nacional Española, ni siquiera con la actual Constitución, el pueblo español es propietario de la disolución de la Nación española.
El castellano se ha prohibido en la educación catalana porque es la lengua española oficial del Estado, si fuera de la nación, no se podría haber hecho sin un referéndum nacional, por lo tanto se determina desde el ámbito del poder, no desde el dominio, y como el Gobierno actual ha decidido reducir su poder estatal para incrementar el poder autonómico en función de los estatutos correspondientes, sin embargo ha cometido un grave error, porque se ha olvidado de que el artículo 3,2 de la Constitución Española dice que “las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”. Este también implica inexcusablemente que la lengua española oficial del Estado debe ser propia de los españoles, aunque residan en Cataluña, y que tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Evidentemente el Estado debe garantizar el derecho de los ciudadanos españoles residentes en Cataluña a conocer y usar el español, los catalanistas están conculcando un derecho constitucional de los españoles, aplicando un Estatuto que sólo ha sido apoyado por un cuarto de la población residente en Cataluña.
El tribunal Constitucional debe dictaminar al respecto, si los poderes del Estado emanan del pueblo español, agregado de todos los residentes en las distintas autonomías de España, no pueden emanar del pueblo catalán, gallego, vasco, castellano o andaluz.
Los poderes del Estado emanan del pueblo español, no del Gobierno español, no de los gobiernos autonómicos, la única autoridad sobre el Estado es del pueblo español, los distintos gobiernos sólo están legitimados a representar esa autoridad, no a sustituirla.
El Partido Popular debería tener agallas suficientes para plantear un referéndum nacional sobre la legitimidad del Estatuto Catalán y su frivolidad secesionista. Esa consulta le devolvería la legitimación que ha ido perdiendo ante el "bolivarianismo" de los Gobiernos de Rodriguez Zapatero, y sus edecanes nacionalistas.
Los únicos que tenemos derecho a decidir en España somos los españoles, y los políticos socialistas y nacionalistas nos están ninguneando sin recato alguno; podemos hacerlo desde el ámbito ciudadano en cualquier momento, y posiblemente vaya siendo hora de que los ciudadanos españoles, el pueblo español, ponga de una vez las cosas en su sitio, como auténtico dueño de la nación española. Los inquilinos políticos están destruyendo nuestra propiedad, sin ningún derecho a hacerlo.
Es hora de promover un referendum ciudadano que determine realmente quien es el propietario de España, antes de que los políticos sigan usurpando potestades que no les corresponden por ley. El estatuto de Cataluña es una ocasión, como otra cualquiera. Por encima del Tribunal Constitucional está el Pueblo Español, único representante legítimo de la Nación Española.
Ya estamos tardando.
Biante de Priena
España tiene una Constitución aprobada por los españoles en 1978, en la que se expresa por última vez la voluntad de la nación española sobre su configuración política, Ley de Leyes que se encuentra vigente en la actualidad.
La Constitución Española de 1978 representa la voluntad expresada de los ciudadanos españoles como estructura legal básica de convivencia común, que admite las particularidades territoriales y poblacionales, históricas y culturales, existentes en la nación española, siempre que no distorsionen lo común, que representa la voluntad legal de los ciudadanos españoles.
Ningún Gobierno, estatal o autonómico, puede legislar contra la Constitución Española, si así lo hiciera podría ser acusado de traición, por haber incumplido el artículo 97 que dice: “El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes”.
El Artículo 1,1 de la CE 1978 dice que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. El Artículo 1,2 dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. El Artículo 2, dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
Analicemos ambos artículos en su conjunto:
Hay varios conceptos fundamentales a la hora de valorar los dos primeros artíuculos de la Constitución, el más importante de todos es el de soberanía.
El sujeto de soberanía, en cualquier circunstancia, es el pueblo español, el pueblo español es la reunión de todos los españoles; la soberanía es el dominio –no el poder- sobre un objeto cultural e histórico: la Nación española. La Constitución Española se fundamenta sobre la indisoluble unidad de la Nación española. Soberanía, Nación y Constitución son elementos que conforman el dominio, es decir, la propiedad de los españoles sobre su territorio, historia y cultura.
En él ámbito del poder, España se constituye como un Estado social y democrático de Derecho, el Estado emana de los poderes del pueblo español y su organización política es la monarquía parlamentaria. Desde el ámbito del poder –nunca desde el dominio garantizado de territorio y población- la Constitución garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
La diferencia entre dominio y poder es la misma que se produce entre un propietario (el pueblo español de su nación) y un inquilino (el Gobierno del Estado que administra el poder en su representación, junto con los poderes fraccionarios de autonomías y municipios). Ningún Gobierno tiene potestad jurídica para regular el dominio, ningún poder representado tiene potestad jurídica para determinar cuestiones relacionadas con la Nación española, porque sólo el pueblo español reunido – no por parcelas- está legitimado para hacerlo, en ese radica su soberanía, su propiedad sobre la Unidad Nacional Española, ni siquiera con la actual Constitución, el pueblo español es propietario de la disolución de la Nación española.
El castellano se ha prohibido en la educación catalana porque es la lengua española oficial del Estado, si fuera de la nación, no se podría haber hecho sin un referéndum nacional, por lo tanto se determina desde el ámbito del poder, no desde el dominio, y como el Gobierno actual ha decidido reducir su poder estatal para incrementar el poder autonómico en función de los estatutos correspondientes, sin embargo ha cometido un grave error, porque se ha olvidado de que el artículo 3,2 de la Constitución Española dice que “las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”. Este también implica inexcusablemente que la lengua española oficial del Estado debe ser propia de los españoles, aunque residan en Cataluña, y que tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Evidentemente el Estado debe garantizar el derecho de los ciudadanos españoles residentes en Cataluña a conocer y usar el español, los catalanistas están conculcando un derecho constitucional de los españoles, aplicando un Estatuto que sólo ha sido apoyado por un cuarto de la población residente en Cataluña.
El tribunal Constitucional debe dictaminar al respecto, si los poderes del Estado emanan del pueblo español, agregado de todos los residentes en las distintas autonomías de España, no pueden emanar del pueblo catalán, gallego, vasco, castellano o andaluz.
Los poderes del Estado emanan del pueblo español, no del Gobierno español, no de los gobiernos autonómicos, la única autoridad sobre el Estado es del pueblo español, los distintos gobiernos sólo están legitimados a representar esa autoridad, no a sustituirla.
El Partido Popular debería tener agallas suficientes para plantear un referéndum nacional sobre la legitimidad del Estatuto Catalán y su frivolidad secesionista. Esa consulta le devolvería la legitimación que ha ido perdiendo ante el "bolivarianismo" de los Gobiernos de Rodriguez Zapatero, y sus edecanes nacionalistas.
Los únicos que tenemos derecho a decidir en España somos los españoles, y los políticos socialistas y nacionalistas nos están ninguneando sin recato alguno; podemos hacerlo desde el ámbito ciudadano en cualquier momento, y posiblemente vaya siendo hora de que los ciudadanos españoles, el pueblo español, ponga de una vez las cosas en su sitio, como auténtico dueño de la nación española. Los inquilinos políticos están destruyendo nuestra propiedad, sin ningún derecho a hacerlo.
Es hora de promover un referendum ciudadano que determine realmente quien es el propietario de España, antes de que los políticos sigan usurpando potestades que no les corresponden por ley. El estatuto de Cataluña es una ocasión, como otra cualquiera. Por encima del Tribunal Constitucional está el Pueblo Español, único representante legítimo de la Nación Española.
Ya estamos tardando.
Biante de Priena
lunes, 20 de julio de 2009
El poder para quien lo trabaja
Lo que está haciendo Rodríguez Zapatero a los ciudadanos de este país es mucho peor que lo que Madof hizo al sistema económico norteamericano. Madof se va a pasar el resto de sus días en la cárcel, el mismo destino que les espera a Rodríguez Zapatero y sus seguidores, si no se exilian antes en las repúblicas bolivarianas. La consecuencia económica de las barbaridades que ha cometido este insulso personaje será la quiebra económica del Estado, se dice pronto.
Rodríguez Zapatero no tiene autoridad para hacer lo que ha hecho, le van a llover recursos constitucionales, demandas judiciales, y querellas.
Transformar la estructura económica (y política) de España requiere un referéndum, pero en su abuso de poder, ha decidido no consultar con los ciudadanos si quieren ser más pobres para que los ciudadanos de las comunidades gobernadas por los partidos que apoyan a su Gobierno del PSOE se beneficien. Zapatero se ha blindado los apoyos que no le impidan gobernar, que son los de Andalucía y Cataluña, condenando al resto de los ciudadanos españoles a la mendicidad pública. Zapatero se ha limpiado el culo con la Constitución Española, y el PP, como no, se ha abstenido en el proceso, ¡qué vergüenza!.
Rodríguez Zapatero es el primer Presidente de Gobierno de la España democrática, que antepone con descaro insólito sus propios intereses de perpetuación ante los intereses generales de los ciudadanos que gobierna; ahí es nada la demostración de su poder absoluto en una democracia, hay que ser chulo y sinvergüenza.
El catalanismo voraz, esgrimiendo el victimismo tradicional que le caracteriza, ha convencido al inefable cejudo de que España les roba, como vienen haciendo con los ciudadanos de Cataluña desde hace décadas. Cataluña está robando a España, porque está detrayendo recursos del común para una finalidad particular: su emancipación política y económica, cuando ya se ha otorgado la emancipación cultural en un acto de sedición sin precedentes prohibiendo la enseñanza del idioma español en las escuelas y persiguiendo su presencia en la vida pública. Esto es lo que premia Rodríguez Zapatero, la sedición por entregas de una comunidad de este país, porque beneficia a sus intereses de perpetuación.
El andalucismo irredento, esgrimiendo el victimismo tradicional que le caracteriza, ha convencido al inefable cejudo de que España les ha robado históricamente, y que Andalucía necesita más para ser igual que el resto de comunidades, política que llevan practicando desde hace décadas, cuando Andalucía lo que necesita para salir adelante es menos políticos, porque ser político andaluz es sinónimo de gandul eterno en la mayoría de las ocasiones, de cacique singular, de estafador público. Puede comprobarse en el caso Chaves, de reparto familiar del dinero público, que no es más que la punta del iceberg de lo que se hace en Andalucía desde hace décadas, con la única finalidad de obtener apoyos electorales. El PSOE ha repartido en Andalucía más dinero en las últimas tres décadas entre sus votantes que en toda España junta.
La estafa pública de Zapatero fue denunciada en este blog hace meses, sin que tuviera la mínima trascendencia. Cada votante socialista en elecciones municipales, autonómicas y generales, le permite administrar al PSOE cerca de 140.000 euros por legislatura, es decir, por un periodo de 4 años. Las cuentas son sencillas, se reparte el presupuesto del Estado, Autonomías y Municipios, entre los votantes que han apoyado al PSOE, y nos salen las cantidades que gestionarán, alcaldes, presidentes de comunidad y presidente del gobierno, por cada votante que les ha apoyado. Multipliquen leales votantes al PSOE por 140.000 euros y les saldrán las cuentas rápidamente. Y luego escucharemos decir cosas como que España nos roba, perdonen ustedes, España no roba a nadie, en todo caso serán los socialistas o los populares los que les roban, porque los demás cada día trabajamos más y pagamos más impuestos para vivir bastante peor, si no nos hemos quedado en el paro gracias a la crisis económica que nunca existió en España.
Evidentemente si tiene carnet del PSOE y algún estudio o habilidad particular, entonces recibirá mucho más por ser un socialista ilustrado, independientemente de que haya mostrado en su vida capacidad alguna, para merecerse los recursos públicos que recibe. Así tenemos políticos sin estudios ocupando ministerios, presidentes de comunidad que han acabado el bachiller a duras penas, mientras que ciudadanos que se han dejado buena parte de su vida y de los recursos de sus padres en alcanzar una formación académica con todo su esfuerzo, están condenados, posiblemente de por vida, a ocupar puestos de trabajo subalternos, mientras comprueban atónitos que los enchufados del PSOE o de los nacionalismos, les arrebatan el puesto de trabajo que les corresponde en mérito y justicia.
El único objetivo de Rodríguez Zapatero, sin una ideología que soporte sus memeces –el socialismo nada tiene que ver con lo que hace- ha sido incrementar su poder mientras establecía su huida hacia delante, creando una política de tierra quemada en los territorios gobernados por sus opositores, o de asfixia económica, como la Presidenta de la Comunidad de Madrid ha denunciado.
Con la desfachatez de denunciar el “caso Gürtel” como el paradigma de la corrupción del PP, cuando el PSOE, utilizando una apariencia de legalidad, una auténtica ingeniería de la corrupción diseñada hasta en los más mínimos detalles, se va cepillando los recursos de los ciudadanos españoles, concediendo a sus seguidores los fondos de todos para que hagan lo que bien les parezca con ellos, contratar a sus votantes por tres meses, por ejemplo, amordazando con dinero público a los sindicatos para que no digan nada, creando una red de empresarios afines que se forren con descaro, y promocionando a todo aquel que puede procurarles algún beneficio personal.
La diferencia entre la corrupción del PSOE y la del PP, exclusivamente es cuantitativa, el PSOE genera mil veces más corrupción que el PP porque administra más recursos, nada más, si fuera el PP quien administrara más recursos, sería el partido de Rajoy quien haría lo mismo. No busquen diferencias, no las hay.
El problema de los españoles es que los partidos políticos se reparten los beneficios económicos que procura la política, convirtiendo a los partidarios de estos partidos en una aristocracia de oligarcas avariciosos, mientras que los ciudadanos no adscritos a ninguna de estas formaciones no tienen otra posibilidad que la de vivir de lo que queda, cada día menos, reducidos a gusanos esclavizados, a insectos oprimidos, en este cadáver putrefacto en que han convertido a nuestra nación, España; mientras los grandes carroñeros se desquitan de la miseria que no han superado por sus propios recursos en los recursos de todos los demás, viviendo magníficamente de la política, sin haber hecho más que lamer culos durante su vida para alcanzar las posiciones que disfrutan. Cuando terminen con los restos de lo que queda de España, comenzarán a alimentarse de los gusanos y los insectos, es decir, de todos nosotros.
Erasmo de Salinas
Rodríguez Zapatero no tiene autoridad para hacer lo que ha hecho, le van a llover recursos constitucionales, demandas judiciales, y querellas.
Transformar la estructura económica (y política) de España requiere un referéndum, pero en su abuso de poder, ha decidido no consultar con los ciudadanos si quieren ser más pobres para que los ciudadanos de las comunidades gobernadas por los partidos que apoyan a su Gobierno del PSOE se beneficien. Zapatero se ha blindado los apoyos que no le impidan gobernar, que son los de Andalucía y Cataluña, condenando al resto de los ciudadanos españoles a la mendicidad pública. Zapatero se ha limpiado el culo con la Constitución Española, y el PP, como no, se ha abstenido en el proceso, ¡qué vergüenza!.
Rodríguez Zapatero es el primer Presidente de Gobierno de la España democrática, que antepone con descaro insólito sus propios intereses de perpetuación ante los intereses generales de los ciudadanos que gobierna; ahí es nada la demostración de su poder absoluto en una democracia, hay que ser chulo y sinvergüenza.
El catalanismo voraz, esgrimiendo el victimismo tradicional que le caracteriza, ha convencido al inefable cejudo de que España les roba, como vienen haciendo con los ciudadanos de Cataluña desde hace décadas. Cataluña está robando a España, porque está detrayendo recursos del común para una finalidad particular: su emancipación política y económica, cuando ya se ha otorgado la emancipación cultural en un acto de sedición sin precedentes prohibiendo la enseñanza del idioma español en las escuelas y persiguiendo su presencia en la vida pública. Esto es lo que premia Rodríguez Zapatero, la sedición por entregas de una comunidad de este país, porque beneficia a sus intereses de perpetuación.
El andalucismo irredento, esgrimiendo el victimismo tradicional que le caracteriza, ha convencido al inefable cejudo de que España les ha robado históricamente, y que Andalucía necesita más para ser igual que el resto de comunidades, política que llevan practicando desde hace décadas, cuando Andalucía lo que necesita para salir adelante es menos políticos, porque ser político andaluz es sinónimo de gandul eterno en la mayoría de las ocasiones, de cacique singular, de estafador público. Puede comprobarse en el caso Chaves, de reparto familiar del dinero público, que no es más que la punta del iceberg de lo que se hace en Andalucía desde hace décadas, con la única finalidad de obtener apoyos electorales. El PSOE ha repartido en Andalucía más dinero en las últimas tres décadas entre sus votantes que en toda España junta.
La estafa pública de Zapatero fue denunciada en este blog hace meses, sin que tuviera la mínima trascendencia. Cada votante socialista en elecciones municipales, autonómicas y generales, le permite administrar al PSOE cerca de 140.000 euros por legislatura, es decir, por un periodo de 4 años. Las cuentas son sencillas, se reparte el presupuesto del Estado, Autonomías y Municipios, entre los votantes que han apoyado al PSOE, y nos salen las cantidades que gestionarán, alcaldes, presidentes de comunidad y presidente del gobierno, por cada votante que les ha apoyado. Multipliquen leales votantes al PSOE por 140.000 euros y les saldrán las cuentas rápidamente. Y luego escucharemos decir cosas como que España nos roba, perdonen ustedes, España no roba a nadie, en todo caso serán los socialistas o los populares los que les roban, porque los demás cada día trabajamos más y pagamos más impuestos para vivir bastante peor, si no nos hemos quedado en el paro gracias a la crisis económica que nunca existió en España.
Evidentemente si tiene carnet del PSOE y algún estudio o habilidad particular, entonces recibirá mucho más por ser un socialista ilustrado, independientemente de que haya mostrado en su vida capacidad alguna, para merecerse los recursos públicos que recibe. Así tenemos políticos sin estudios ocupando ministerios, presidentes de comunidad que han acabado el bachiller a duras penas, mientras que ciudadanos que se han dejado buena parte de su vida y de los recursos de sus padres en alcanzar una formación académica con todo su esfuerzo, están condenados, posiblemente de por vida, a ocupar puestos de trabajo subalternos, mientras comprueban atónitos que los enchufados del PSOE o de los nacionalismos, les arrebatan el puesto de trabajo que les corresponde en mérito y justicia.
El único objetivo de Rodríguez Zapatero, sin una ideología que soporte sus memeces –el socialismo nada tiene que ver con lo que hace- ha sido incrementar su poder mientras establecía su huida hacia delante, creando una política de tierra quemada en los territorios gobernados por sus opositores, o de asfixia económica, como la Presidenta de la Comunidad de Madrid ha denunciado.
Con la desfachatez de denunciar el “caso Gürtel” como el paradigma de la corrupción del PP, cuando el PSOE, utilizando una apariencia de legalidad, una auténtica ingeniería de la corrupción diseñada hasta en los más mínimos detalles, se va cepillando los recursos de los ciudadanos españoles, concediendo a sus seguidores los fondos de todos para que hagan lo que bien les parezca con ellos, contratar a sus votantes por tres meses, por ejemplo, amordazando con dinero público a los sindicatos para que no digan nada, creando una red de empresarios afines que se forren con descaro, y promocionando a todo aquel que puede procurarles algún beneficio personal.
La diferencia entre la corrupción del PSOE y la del PP, exclusivamente es cuantitativa, el PSOE genera mil veces más corrupción que el PP porque administra más recursos, nada más, si fuera el PP quien administrara más recursos, sería el partido de Rajoy quien haría lo mismo. No busquen diferencias, no las hay.
El problema de los españoles es que los partidos políticos se reparten los beneficios económicos que procura la política, convirtiendo a los partidarios de estos partidos en una aristocracia de oligarcas avariciosos, mientras que los ciudadanos no adscritos a ninguna de estas formaciones no tienen otra posibilidad que la de vivir de lo que queda, cada día menos, reducidos a gusanos esclavizados, a insectos oprimidos, en este cadáver putrefacto en que han convertido a nuestra nación, España; mientras los grandes carroñeros se desquitan de la miseria que no han superado por sus propios recursos en los recursos de todos los demás, viviendo magníficamente de la política, sin haber hecho más que lamer culos durante su vida para alcanzar las posiciones que disfrutan. Cuando terminen con los restos de lo que queda de España, comenzarán a alimentarse de los gusanos y los insectos, es decir, de todos nosotros.
Erasmo de Salinas
domingo, 19 de julio de 2009
De la propiedad y la apropiación indebida
La propiedad es el poder directo e inmediato sobre un objeto o bien, por la que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo, sin más limitaciones que las que imponga la ley, dice la wikipedia y será verdad.
El utópico Proudhom no pensaba eso, decía que la propiedad era un robo, algo que molestó mucho a Karl Marx, que consideraba la propiedad sobre los medios de producción, como el eje fundamental de su obra política, deduciendo que la propiedad privada de estos medios de producción era el origen de todas las alienaciones humanas, al considerar el capitalismo que el trabajo humano era una mercancía más, como cualquier objeto material. El método marxista veía como única solución para resolver el problema la eliminación de la propiedad privada, estableciendo que la única propiedad posible debía ser pública, aunque posteriormente rectificó en el caso de los pequeños propietarios agrícolas, lo que hoy podrían considerarse en nuestra sociedad como autónomos.
Esta polémica siempre ha distinguido a los anarquistas, seguidores de Proudhom, de los marxistas, seguidores del autor de El Capital. La práctica de las teorías marxistas han sido llevadas a la realidad por la extinta Unión Soviética, la Cuba de Castro, Corea del Norte, China –que ha permitido la propiedad privada desde hace pocos años, convirtiéndose en un país que produce hoy mil veces más que hace dos décadas-, y algunos ejemplos rocambolescos como Bolivia, Nicaragua, Venezuela, y otras naciones bolivarianas.
Sin embargo, a los ojos del liberalismo, el problema no es la propiedad, sino la apropiación. La propiedad obtenida legalmente, bien está, paga sus impuestos, y estimula el crecimiento de un país. El problema es cuando uno se enriquece, incrementando sus propiedades o privilegios, o favorece a sus próximos, aprovechándose de una representación pública de los demás, por ejemplo desde la política. Por eso hoy se encuentran en juicio público Camps y Chaves, aunque en el primer caso haya obtenido unos privilegios que rondan los diez mil euros, y en el segundo se hayan concedido unos privilegios que rondan los diez millones de euros.
Pero no sólo debemos hablar de apropiación en cuestiones económicas, resulta estridente contemplar a Rosa Díez diciendo que la UPyD es mucho más que ella, evidentemente, faltaría más, que se pensaba Rosa Díez, ¿que UPyD era sólo de ella y sus palmeros?. Y ese es el auténtico problema del partido magenta que ha iniciado el camino, breve o prolongado, que le conducirá inevitablemente a su final: la apropiación indebida.
La apropiación indebida del poder es el mayor problema que tiene nuestro país, cuando Zapatero reparte dinero de todos, con un criterios que benefician electoralmente a su partido el PSOE, está cometiendo una apropiación indebida. Está untando a sindicatos, bancos, medios de comunicación, asociaciones, parados, nacionalistas, y a todos los que puedan mantenerle en el poder, pero con el dinero que no es suyo, incrementando la deuda que tendremos que pagar todos los demás, sólo para que no se note que no ha sabido atajar la crisis que no iba a existir, y que dejará posiblemente en precario el porvenir de las siguientes generaciones.
Los políticos que gestionan nuestros recursos, los de todos los españoles, del PSOE y del PP, henchidos de poder y soberbia, cometen todos los días actos de apropiación indebida, sin rendir cuentas a nadie, se pagan la campaña personal durante cuatro años con los recursos de todos los ciudadanos. Gestionan y administran los recursos, en función de sus intereses personales de perpetuación en el poder, antes que en los intereses generales. He ahí la perversión máxima de la política española: la usurpación del poder concedido democráticamente en beneficio propio.
La propiedad es de los ciudadanos, no de los políticos. Los propietarios de los recursos públicos somos los españoles, no los políticos. La soberanía de los ciudadanos españoles sobre la nación española y todo en lo que ella existe, no puede convertirse en una apropiación indebida de unos advenedizos que lo único que pretenden es incrementar su patrimonio de poder o económico a costa de todos los demás, unos administradores para gestionar nuestros recursos que se exceden en sus funciones, algún día tendrán que rendir cuentas ante la justicia de su latrocinio, de su robo, con la única finalidad de seguir obteniendo ventajas para sí mismos a costa de todos los demás.
Un presidente de un Gobierno, al igual que una portavoz de un partido, no puede tomar todas las decisiones que bien le parezcan, debe saber tomar las decisiones que les parezcan bien a todos los demás. Y si no sabe, no puede tapar su incapacidad, con los recursos, materiales, laborales, y humanos de todos los demás en beneficio exclusivamente propio.
Erasmo de Salinas
El utópico Proudhom no pensaba eso, decía que la propiedad era un robo, algo que molestó mucho a Karl Marx, que consideraba la propiedad sobre los medios de producción, como el eje fundamental de su obra política, deduciendo que la propiedad privada de estos medios de producción era el origen de todas las alienaciones humanas, al considerar el capitalismo que el trabajo humano era una mercancía más, como cualquier objeto material. El método marxista veía como única solución para resolver el problema la eliminación de la propiedad privada, estableciendo que la única propiedad posible debía ser pública, aunque posteriormente rectificó en el caso de los pequeños propietarios agrícolas, lo que hoy podrían considerarse en nuestra sociedad como autónomos.
Esta polémica siempre ha distinguido a los anarquistas, seguidores de Proudhom, de los marxistas, seguidores del autor de El Capital. La práctica de las teorías marxistas han sido llevadas a la realidad por la extinta Unión Soviética, la Cuba de Castro, Corea del Norte, China –que ha permitido la propiedad privada desde hace pocos años, convirtiéndose en un país que produce hoy mil veces más que hace dos décadas-, y algunos ejemplos rocambolescos como Bolivia, Nicaragua, Venezuela, y otras naciones bolivarianas.
Sin embargo, a los ojos del liberalismo, el problema no es la propiedad, sino la apropiación. La propiedad obtenida legalmente, bien está, paga sus impuestos, y estimula el crecimiento de un país. El problema es cuando uno se enriquece, incrementando sus propiedades o privilegios, o favorece a sus próximos, aprovechándose de una representación pública de los demás, por ejemplo desde la política. Por eso hoy se encuentran en juicio público Camps y Chaves, aunque en el primer caso haya obtenido unos privilegios que rondan los diez mil euros, y en el segundo se hayan concedido unos privilegios que rondan los diez millones de euros.
Pero no sólo debemos hablar de apropiación en cuestiones económicas, resulta estridente contemplar a Rosa Díez diciendo que la UPyD es mucho más que ella, evidentemente, faltaría más, que se pensaba Rosa Díez, ¿que UPyD era sólo de ella y sus palmeros?. Y ese es el auténtico problema del partido magenta que ha iniciado el camino, breve o prolongado, que le conducirá inevitablemente a su final: la apropiación indebida.
La apropiación indebida del poder es el mayor problema que tiene nuestro país, cuando Zapatero reparte dinero de todos, con un criterios que benefician electoralmente a su partido el PSOE, está cometiendo una apropiación indebida. Está untando a sindicatos, bancos, medios de comunicación, asociaciones, parados, nacionalistas, y a todos los que puedan mantenerle en el poder, pero con el dinero que no es suyo, incrementando la deuda que tendremos que pagar todos los demás, sólo para que no se note que no ha sabido atajar la crisis que no iba a existir, y que dejará posiblemente en precario el porvenir de las siguientes generaciones.
Los políticos que gestionan nuestros recursos, los de todos los españoles, del PSOE y del PP, henchidos de poder y soberbia, cometen todos los días actos de apropiación indebida, sin rendir cuentas a nadie, se pagan la campaña personal durante cuatro años con los recursos de todos los ciudadanos. Gestionan y administran los recursos, en función de sus intereses personales de perpetuación en el poder, antes que en los intereses generales. He ahí la perversión máxima de la política española: la usurpación del poder concedido democráticamente en beneficio propio.
La propiedad es de los ciudadanos, no de los políticos. Los propietarios de los recursos públicos somos los españoles, no los políticos. La soberanía de los ciudadanos españoles sobre la nación española y todo en lo que ella existe, no puede convertirse en una apropiación indebida de unos advenedizos que lo único que pretenden es incrementar su patrimonio de poder o económico a costa de todos los demás, unos administradores para gestionar nuestros recursos que se exceden en sus funciones, algún día tendrán que rendir cuentas ante la justicia de su latrocinio, de su robo, con la única finalidad de seguir obteniendo ventajas para sí mismos a costa de todos los demás.
Un presidente de un Gobierno, al igual que una portavoz de un partido, no puede tomar todas las decisiones que bien le parezcan, debe saber tomar las decisiones que les parezcan bien a todos los demás. Y si no sabe, no puede tapar su incapacidad, con los recursos, materiales, laborales, y humanos de todos los demás en beneficio exclusivamente propio.
Erasmo de Salinas
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