¡Moción de censura ya!

La solución contra los crímenes de ETA no pasa exclusivamente por la cohesión de los demócratas, las palabras de condena, la unanimidad del rechazo social; todas estas cosas forman parte de una liturgia de derrota, de un ritual que se repite con cada atentado y que no redime de responsabilidad a los políticos en la lucha contra el terrorismo.

La lucha contra ETA requiere de acciones políticas, no solo policiales o judiciales, pero al mismo tiempo requiere un posicionamiento determinante de la sociedad española, que no puede resumirse en una condena.

Vienen tiempos muy difíciles en la cuestión del terrorismo vasco, que sólo pueden ser afrontados con coherencia y congruencia, y con determinación pública de todos los partidos políticos en un acuerdo prolongado exactamente hasta el final de ETA. Se ha demostrado que con criminales desesperados no se puede negociar nada, más que su derrota.

La democracia no puede actuar con lenidad contra el terrorismo, porque esto favorece su impunidad y su supervivencia. Es preciso avanzar socialmente si algún día queremos que esta lacra arcaica se extinga .

Un Gobierno que considera que el respeto debe anteponerse a la autoridad, está perdido cuando la violencia entra en juego. Contra las manifestaciones de violencia solo cabe una respuesta de autoridad determinada y determinante, unitaria y eficaz

El origen del fracaso socialista en la lucha contra el terrorismo

El Gobierno de Rodríguez Zapatero ha fracasado también en la lucha contra el terrorismo, entre otras razones, porque su acceso al poder hace 5 años estuvo absolutamente condicionada por los atentados del 11-M, y una campaña de desprestigio y acoso contra el Partido Popular porque con una finalidad exclusivamente fundamentada en la obtención de ventajas electorales, cometieron el más grave de los errores históricos decididos por un partido político en la democracia española, estableciendo una interpretación sesgada de la realidad para obtener beneficios electorales; este vicio de origen perdura como espada de Damocles sobre la respuesta de los socialistas ante la vesania terrorista, que empuja a una huida hacia delante todas las acciones del Gobierno, con la intención de inducir el olvido o enmascarar los hechos acontecidos con una auténtica colección de despropósitos.

El PSOE convirtió el 11-M en una “venganza justificada” por la participación de España en la guerra de Irak, una consecuencia lógica de “errores del Gobierno del PP dirigido por Aznar”.

Los socialistas se pusieron del lado de los terroristas contra el Gobierno de España para triunfar en las elecciones, convirtiendo el asesinato de las 192 víctimas en un argumento político decisivo para derrotar al PP, la acción vesánica de unos criminales en el núcleo del final de su campaña electoral para alcanzar el poder, luego vino la salida desaforada de Irak, vulnerando los acuerdos internacionales que el Gobierno de España había establecido con sus aliados. Pasado el tiempo, con la salida de Bush de la Casa Blanca, hemos comprobado como el Presidente Obama, mucho más próximo políticamente a las tesis pacifistas, se ha mantenido en Irak, pero ningún progresista español se ha rasgado las vestiduras, ni los que enarbolaban las pancartas contra “los crímenes del grupo de las Azores” han vuelto a salir a la calle.

Se demostró que el problema no era ideológico, porque el Presidente de Gobierno Británico por aquellas fechas, Tony Blair, siendo tan progresista o más que Zapatero, siguió fiel a sus acuerdos internacionales y permaneció en Irak.

Más tarde llegaron las negociaciones con ETA del Gobierno de Rodríguez Zapatero, con el aval parlamentario de los representantes de la nación española, la consideración de ETA como un interlocutor válido de los intereses vascos, su promoción europea con el concurso de la mirada desviada del Gobierno de Rodríguez Zapatero a los cerros de Úbeda, la T4 que mostró el despiste en el que se encontraba el presidente de los españoles, los asesinatos posteriores.

El juicio del 11-M no determinó quienes habían sido los autores intelectuales del atentado, pero la opinión pública española si estableció quienes habían sido los beneficiados políticos, que no han sido otros que los socialistas españoles guiados por Rodríguez Zapatero.

Es hora de que los políticos del PSOE vayan pidiendo disculpas a los españoles por su ignominia política de apoyarse en la mayor acción terrorista de la historia de Europa, para alcanzar el poder. Es hora de que conviertan el talante en talento, y que reconozcan que han equivocado a la sociedad española, representada por su Parlamento al que convencieron para que participara en el chantaje de la negociación con ETA.

Porque si hoy hay una fractura en la reacción política contra los criminales etarras se debe exclusivamente a los errores del Presidente Rodríguez Zapatero que prefirió aliarse con los planteamientos terroristas antes que con el Gobierno legítimo de los españoles, exclusivamente para derrotar al PP en las elecciones.


Zapatero, es el máximo responsable de lo que está ocurriendo

Esta traición política del PSOE a los intereses generales, para obtener un beneficio electoral, es la que hoy cimienta la imposibilidad de un gran acuerdo nacional contra el terrorismo.

Quienes han apostado por apoyarse en el terrorismo para instalarse en el poder, no están legitimados políticamente para afrontar la lucha contra el terrorismo, por mucho que se empeñen en rectificar.

Los errores políticos que cuestan vidas humanas no pueden pasar desapercibidos, las acciones del Gobierno de Zapatero comienzan y terminan en la muerte de víctimas inocentes. Rodríguez Zapatero está deslegitimado por su trayectoria para liderar la lucha contra el terrorismo. Mientras no seamos capaces de entender esta cuestión, estamos condenados a seguir siendo potenciales víctimas de los terroristas de cualquier origen.

Ha llegado la hora de que Rajoy se convierta en auténtica alternativa de Gobierno, presentando una moción de censura contra el Presidente Rodríguez Zapatero por su gestión nefasta de la política antiterrorista, la crisis económica, y el descalabro nacional, que obligue a todos los parlamentarios españoles a retratarse de frente y de perfil. No importa si la pierde, porque del retrato colectivo de quienes nos representan acabará surgiendo su victoria.

Hasta que Rodríguez Zapatero, el Presidente que se alió coyunturalmente con las tesis justicieras de los terroristas del 11-M para triunfar en las elecciones, no sea apartado del Gobierno, los españoles estaremos condenados a seguir siendo objetivos de la banda de criminales vascos.

Rajoy sí está legitimado para liderar la lucha contra el terrorismo, y ahora que puede y debe hacerlo, si no lo hace, también será cómplice y responsable de lo que ocurra en este país.

Si el terrorismo del 11-M nos trajo a Zapatero, el terrorismo de ETA se lo acabará llevando, es hora de exigirle responsabilidades por sus errores. Él no dudo en hacerlo con Aznar para alcanzar el Gobierno, sobre "la culpabilidad del PP" por los atentados del 11-M, sobre la expectativa de los numerosos españoles que dejarían su vida en Irak y que afortunadamente no se llegaron a producir. Hoy se están produciendo muertes de españoles en nuestro país y nadie es responsable.

Biante de Priena

El terror silencioso

Dedicado a Janario

Hay dos tipos de terrorismo en esta España maltrecha, uno de ellos aparatoso, histriónico, trágico, espectacular, violento, destructivo, criminal que hace estallar cuarteles de la Guardia Civil con niños en su interior que jamás olvidarán que una noche se despertaron por el estallido de una bomba que unos hijos de puta habían colocado con la intención de enviarlos al otro mundo porque su padre o su madre trabajan en las fuerzas de seguridad del Estado, con un traje verde y que en las fiestas se ponen un sombrero muy raro al que llaman tricornio. Este terrorismo busca amedrentar con el ejercicio de la violencia a todos los españoles.

Pero hay otro terrorismo, silencioso, discreto, ladino, sinuoso, estratégico, organizado, institucional, político, que es el que se ejerce cada día desde el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña sobre los hijos de los españoles que allí residen, que asisten cada día al adoctrinamiento a que son sometidos sus hijos en una opresiva cultura nacionalista, que ha erradicado por completo el idioma de sus padres, con la única finalidad de distinguir y distanciar a las nuevas generaciones de catalanes del resto de los españoles, con el objetivo de promover en un futuro una posible independencia de Cataluña del resto de España. Los hijos de los españoles que residen en Cataluña tampoco olvidarán jamás que unos políticos nacionalistas a cara descubierta con el apoyo complaciente de unos socialistas que dicen en su ideario que su máximo objetivo es la búsqueda de la igualdad, les han convertido en diferentes, extraños, ajenos al resto de sus compatriotas, exclusivamente por sus intereses personales y los beneficios políticos y económicos que reciben en sus miserables existencias de capos de campo de concentración nazi, que legitiman la intolerancia y la opresión.

Hace treinta años aproximadamente, estos terroristas silenciosos pero tremendamente eficaces, paseaban por este país su victimismo irredento, culpando al resto de los españoles de la opresión que había sufrido su cultura, su lengua, sus tradiciones, durante el franquismo. Evidentemente, si esta falacia fuera verdad, tras cuarenta años de dictadura, no hubiera quedado prácticamente una comunidad que se ha comunicado en catalán durante todos estos años, no habría profesores de catalán, no habría libros en catalán, porque no hubiera sido posible recuperar esta lengua si el franquismo se hubiera marcado como prioridad su extinción.

Resulta paradójico que lo que no se atrevió a hacer un régimen dictatorial durante 40 años, se esté haciendo actualmente en sentido inverso con la erradicación del idioma español en Cataluña, por una legión de advenedizos que se consideran a si mismos demócratas, y estridente que esa arbitrariedad histórica que haría poner el grito en el cielo si fuera esgrimida por una dictadura africana, se permite, se consiente y se aplaude desde el Gobierno de España, con Rodríguez Zapatero como presidente, el “aliador” de civilizaciones alejadas, que no es capaz de mantener la coherencia cultural entre las culturas propias en el país que gobierna, en un Estado común, en una nación de todos. La Constitución Española vigente no habla de federalismo en ningún lugar, sin embargo, en la cabeza del ilustre cejado, Cataluña es un baluarte que el socialismo necesita para seguir en el poder, y por esa razón exclusivamente, concede a su compañero Montilla, un egregio catalán de primera generación, favores, dineros y aplausos.

El terrorismo autonómico (de Estado) que se está produciendo en Cataluña cada día desde la usurpación ilegítima de las instituciones del Estado que administran la Nación española, es una forma de violencia tan estúpida, abrasiva y contumaz que compite con las bombas que ETA se deja en las casas cuartel de la Guardia Civil con la intención de asesinar a los hijos de los trabajadores de la Benemérita.

El crimen cultural que se está cometiendo en Cataluña solo tiene parangón europeo con las barbaridades que el mariscal Tito ejecutó en la antigua Yugoeslavia, con el fin de establecer una dictadura serbia sobre los diversos pueblos mayoritarios que existían en su territorio, las barbaridades que Saddam Hussein hizo con los kurdos, o las masacres de los chinos en el Tibet y el pueblo uigur.

En ninguna democracia conocida se produce en estos momentos una política xenófoba, intolerante, opresiva, de exterminio cultural de una mayoría por una minoría cultural, con la excepción de Cataluña, ese vestigio infame de neofeudalismo arcaizante que convierte a la pujante Cataluña de otros tiempos en una comunidad autónoma que cada día va siendo más ajena a la libertad, la democracia y la justicia, que disfrutamos en otros territorios la mayoría de los españoles.

Cataluña está condenada a pagar muy caro los desmanes de sus políticos, la violencia institucional contra los ciudadanos que se sienten españoles, generará en el futuro brotes de violencia social, rechazo de lo catalán por sus compatriotas, y un declive económico proporcional al desencuentro con lo español. Con el tiempo se ha convertido en un survival tribal en el que prevalecen las formas sobre los contenidos, y en el que se pretende legitimar una oligarquía autóctona sobre una comunidad mezclada, en la que los 30 apellidos más frecuentes de los habitantes de las cuatro provincias catalanas, son de origen español (no catalán), su presidente es de origen cordobés, y sus principales clientes son sus compatriotas.

El prestigioso antropólogo Roy A. Rappaport consideraba que la cultura trataba de ofrecer significado a un mundo que no lo tiene, lo que se está haciendo en Cataluña es imponer un significado político a una cultura que carece de tal cualidad. Una auténtica ucronía descerebrada, tratar de crear una nación por puro interés económico, en un mundo el que las naciones europeas se van aproximando a una fusión estratégica, política y económica.

El chantaje catalanista a los españoles solo se distingue del etarra en que la violencia se dosifica contra lo español, mientras que los terroristas vascos la ejercen brutalmente. El objetivo que persiguen es el mismo, imponer a los demás su voluntad, unos agrediendo a las instituciones y otros, aprovechándose de ellas.

El día que los ciudadanos de este país se despierten de la hipnosis se van a enterar de que la legitimación la concede el sedimento de la historia y la voluntad democrática de los ciudadanos, no la estupidez de los enajenados que piensan que el acceso al poder les concede legitimidad sobre el dominio. Todo lo que se fundamenta en el autoritarismo está condenado a desaparecer durante este siglo, sólo permanecerá lo que se establezca sobre el respeto entre los seres humanos. Nadie va a respetar lo que se intente conseguir con violencia, ni en el patio de un colegio, ni en una pareja, ni en una comunidad de vecinos, ni en un pueblo, ni en un país.

No pasará mucho tiempo en que los españoles pasaremos la factura y exigiremos la restitución de los derechos fundamentales que han sido esquilmados a nuestros compatriotas en las comunidades que amagan con la sedición. Luego se quejarán, pero nunca más volveremos a hacerles caso, a los criminales debe exigírseles respeto a la ley común, no puede permitírseles que cambien las leyes con amenazas, coacciones y chantajes. Los matones, tienen sus días contados, y los consentidores de sus andanzas, también.

Al final, es igual el que mata, que el que estira de la pata. Ha llegado la hora de la restitución que impedira que los crímenes contra los seres humanos queden impunes, sean ejecutados por terroristas o por nacionalistas advenedizos, que viven muy bien de crear miseria humana entre los ciudadanos para obtener beneficios personales inmerecidos.

Erasmo de Salinas

Órdago de los enemigos de España

Victimas del ceporrismo político

Van pasando los años en este país nuestro, esta España contradictoria y nihilista, que nace y muere al mismo tiempo, cada día. Vivimos tiempos difíciles, muy difíciles para la convivencia, para el proyecto común, para la alegría.

Es cierto que entre Zapatero y Rajoy, entre Rosa Díez y Albert Rivera, entre Montilla, Ibarretxe, Ridao, y Mas, nos han abocado a los españoles a no se sabe qué. La gente se desquicia entre lo que es necesario conservar y lo que es necesario destruir, entre lo que es necesario cambiar y lo que es necesario mantener. Los políticos no están haciendo una España para los españoles, sino para ellos, mientras que los ciudadanos de este país pagamos sus ensayos y errores.

¿Y quién es responsable?. Evidentemente no sólo Zapatero, porque si hace las cosas que no nos agradan, no terminaría triunfando en las elecciones. El problema de Zapatero solo es uno, su tremenda ambición, la de convertir este país en el resultado de sus ilusiones y esperanzas, la de implantar un clima de tolerancia inflexible que a veces deriva en autoritarismo despótico, la de hacer y deshacer esta nación, porque se le ha subido el cargo a la cabeza, y se siente legitimado por los españoles para hacer una España diferente; no creo que sea un malintencionado vesánico, pero la verdad es que es bastante ceporro.

Aunque si Zapatero ha cometido errores, también ha tenido aciertos, posiblemente en la intención última, no creo que quiera ningún mal para los ciudadanos de este país, pero es torpe, muy torpe, porque no sabe que las políticas deben ser no solo coherentes con un programa propio, sino congruentes con el mundo en el que se producen. A las políticas de Zapatero les falta siempre la gran congruencia de ubicarse en el escenario del equilibrio, tratan de equilibrar y desequilibran, nunca alcanzan un estado de armonía, ordenan desordenando, es lo más contrario de lo que he visto en mi vida a la pretensión Zen de adaptación que parece guiarlas.

Pero si el Presidente de Gobierno es responsable de lo que se hace, el líder de la oposición, Mariano Rajoy es responsable de no saber hacer algo eficaz contra lo que se hace mal, o apoyar algo de lo que se hace bien. Mariano, vive en su limbo, y creo que su partido le ha adherido definitivamente al devenir de Zapatero, cuando Zapatero caiga, Mariano también lo hará, los dos se quemarán en la misma hoguera.

La política territorial de Zapatero trata de establecer la cuadratura del círculo imposible. Es un producto de la ambivalencia esquizofrénica que hace una coalición constitucionalista de facto en el País Vasco, y una coalición secesionista en Cataluña. Alguien puede decir a su favor que eso es un reflejo de la transversalidad política, el único destino que le queda al PSOE, antes de hundirse en los errores del socialismo real, la socialdemocracia asfixiante o las revoluciones bolivarianas. Pero todavía le queda mucha evolución ideológica a este partido para llegar a su tranquilidad política.

Cierto es que si bien Zapatero negocia hasta los límites de la razón, incluso con los terroristas de ETA, también sabe cual es el límite que no debe sobrepasarse, guante de seda hasta tener la mano ensangrentada, pero si el guante se cae, la zarpa del Estado caerá sobre los que no han sabido responder a su bondad, con la fortaleza que le permite su religión buenista.

En fin, todas estas cosas forman parte del “ceporrismo político” de implantación de un sistema cada día más asfixiante para los ciudadanos, en que al fenómeno de disolución del trabajo en nuestro país, por deslocalización, por falta de planificación, por todos los errores cometidos en las concesiones a los sindicatos –auténticos artífices del desastre-, nos va dejando más de cuatro millones de parados y unos trabajadores que cada día tienen que trabajar más para vivir igual o peor, y unas nuevas generaciones hipotecadas de por vida que jamás podrán trabajar para lo que se han formado, y están condenados a vivir de la subvención familiar o estatal, buena parte de su existencia.

Zapatero tiene un problema y los españoles tenemos un problema, porque la vaca España está llegando a una menopausia económica, antes de que las terneras autonómicas den leche.

Viene un tiempo en que los españoles lo vamos a pasar mal, muy mal, y el único problema que tenemos es que entre todos los ceporros que existen en la política española, ninguno se merece la confianza de que le encarguemos la resolución de la crisis, salir del hoyo.

Quizás la única salida sea la eliminación de lo existente en la política para pasar a otra cosa nueva, diferente, una democracia directa en la que los españoles renunciemos a esta forma de representación política y busquemos las alternativas en algo más próximo a los ciudadanos y mucho más distante de los políticos. Quizás sea el momento de tomar el tren de la historia democrática de nuevo y abandonar esta cochambre de autobús que todavía funciona con gasógeno.

Ante lo que viene, los españoles estamos condenados a recuperar la soberanía que nos corresponde, y tomar las decisiones que no nos perjudiquen, pero el grave problema que tenemos es que el ceporrismo político nos ha contagiado y no sabemos como hacerlo.

No sabemos como administrar el poder, de tanto ir en autobús por la vida, se nos ha olvidado conducir, y ahora que el piloto y el copiloto están borrachos, no hay ningún pasajero que sepa llevar el autobús a buen destino. Este viaje no va a ser tranquilo, no puede serlo.

Erasmo de Salinas

Por un Referendum Español contra el Estatuto de Cataluña

España es una nación formada por 17 comunidades autónomas y 2 ciudades en el norte de África. Aproximadamente 46,6 millones disfrutamos o sufrimos en estos momentos la condición de españoles, ciudadanos de España, un país que forma parte de la Unión Europea.

España tiene una Constitución aprobada por los españoles en 1978, en la que se expresa por última vez la voluntad de la nación española sobre su configuración política, Ley de Leyes que se encuentra vigente en la actualidad.

La Constitución Española de 1978 representa la voluntad expresada de los ciudadanos españoles como estructura legal básica de convivencia común, que admite las particularidades territoriales y poblacionales, históricas y culturales, existentes en la nación española, siempre que no distorsionen lo común, que representa la voluntad legal de los ciudadanos españoles.

Ningún Gobierno, estatal o autonómico, puede legislar contra la Constitución Española, si así lo hiciera podría ser acusado de traición, por haber incumplido el artículo 97 que dice: “El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes”.

El Artículo 1,1 de la CE 1978 dice que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. El Artículo 1,2 dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. El Artículo 2, dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Analicemos ambos artículos en su conjunto:

Hay varios conceptos fundamentales a la hora de valorar los dos primeros artíuculos de la Constitución, el más importante de todos es el de soberanía.

El sujeto de soberanía, en cualquier circunstancia, es el pueblo español, el pueblo español es la reunión de todos los españoles; la soberanía es el dominio –no el poder- sobre un objeto cultural e histórico: la Nación española. La Constitución Española se fundamenta sobre la indisoluble unidad de la Nación española. Soberanía, Nación y Constitución son elementos que conforman el dominio, es decir, la propiedad de los españoles sobre su territorio, historia y cultura.

En él ámbito del poder, España se constituye como un Estado social y democrático de Derecho, el Estado emana de los poderes del pueblo español y su organización política es la monarquía parlamentaria. Desde el ámbito del poder –nunca desde el dominio garantizado de territorio y población- la Constitución garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

La diferencia entre dominio y poder es la misma que se produce entre un propietario (el pueblo español de su nación) y un inquilino (el Gobierno del Estado que administra el poder en su representación, junto con los poderes fraccionarios de autonomías y municipios). Ningún Gobierno tiene potestad jurídica para regular el dominio, ningún poder representado tiene potestad jurídica para determinar cuestiones relacionadas con la Nación española, porque sólo el pueblo español reunido – no por parcelas- está legitimado para hacerlo, en ese radica su soberanía, su propiedad sobre la Unidad Nacional Española, ni siquiera con la actual Constitución, el pueblo español es propietario de la disolución de la Nación española.

El castellano se ha prohibido en la educación catalana porque es la lengua española oficial del Estado, si fuera de la nación, no se podría haber hecho sin un referéndum nacional, por lo tanto se determina desde el ámbito del poder, no desde el dominio, y como el Gobierno actual ha decidido reducir su poder estatal para incrementar el poder autonómico en función de los estatutos correspondientes, sin embargo ha cometido un grave error, porque se ha olvidado de que el artículo 3,2 de la Constitución Española dice que “las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”. Este también implica inexcusablemente que la lengua española oficial del Estado debe ser propia de los españoles, aunque residan en Cataluña, y que tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Evidentemente el Estado debe garantizar el derecho de los ciudadanos españoles residentes en Cataluña a conocer y usar el español, los catalanistas están conculcando un derecho constitucional de los españoles, aplicando un Estatuto que sólo ha sido apoyado por un cuarto de la población residente en Cataluña.

El tribunal Constitucional debe dictaminar al respecto, si los poderes del Estado emanan del pueblo español, agregado de todos los residentes en las distintas autonomías de España, no pueden emanar del pueblo catalán, gallego, vasco, castellano o andaluz.

Los poderes del Estado emanan del pueblo español, no del Gobierno español, no de los gobiernos autonómicos, la única autoridad sobre el Estado es del pueblo español, los distintos gobiernos sólo están legitimados a representar esa autoridad, no a sustituirla.

El Partido Popular debería tener agallas suficientes para plantear un referéndum nacional sobre la legitimidad del Estatuto Catalán y su frivolidad secesionista. Esa consulta le devolvería la legitimación que ha ido perdiendo ante el "bolivarianismo" de los Gobiernos de Rodriguez Zapatero, y sus edecanes nacionalistas.

Los únicos que tenemos derecho a decidir en España somos los españoles, y los políticos socialistas y nacionalistas nos están ninguneando sin recato alguno; podemos hacerlo desde el ámbito ciudadano en cualquier momento, y posiblemente vaya siendo hora de que los ciudadanos españoles, el pueblo español, ponga de una vez las cosas en su sitio, como auténtico dueño de la nación española. Los inquilinos políticos están destruyendo nuestra propiedad, sin ningún derecho a hacerlo.

Es hora de promover un referendum ciudadano que determine realmente quien es el propietario de España, antes de que los políticos sigan usurpando potestades que no les corresponden por ley. El estatuto de Cataluña es una ocasión, como otra cualquiera. Por encima del Tribunal Constitucional está el Pueblo Español, único representante legítimo de la Nación Española.

Ya estamos tardando.

Biante de Priena