Manifiesto por una Lengua Común

Pese a que dos de nuestros compañeros, los señores Erasmo de Salinas y Biante de Priena se han expresado en este mismo blog en contra del reciente manifiesto por una lengua común, yo sí que deseo pedir a todos nuestros visitantes que se adhieran. Y lo pido porque ese texto tiene gran relación con nuestra lucha, y porque contempla muchos de los puntos que venimos reivindicando desde hace algunos años. Desde la perspectiva de un padre que vive en Cataluña y que cada día acompaña a sus hijos a que los adoctrinen, afirmo que no estamos para sutilezas ni para exquisiteces lingüísticas.

Si apoyé desde el principio al partido de los Ciudadanos, fue precisamente porque consideraba que necesitábamos de alguien que nos aglutinara y que movilizara a la población. A este respecto debo decir que siempre me importaron un comino las dos discusiones principales que se dieron en su seno: (a) partido de derecha contra partido de izquierdas y (b) partido catalán contra partido nacional, ya que lo mismo me hubiera servido un partido de izquierdas sólo catalán que le echara huevos y movilizara a la gente que un partido español derechista que hiciera lo propio. Pero no, la jodida basura en que se convirtió Ciutadans no hubiera movilizado ni a las familias de la mafia que terminó por dirigirlo. Por lo tanto, hubo que hacer lo posible, dentro de las limitaciones de cada cual, para que Ciudadanos desapareciera. UPyD, especialmente en Cataluña, parece que quiere seguir el mismo camino que el fiasco Ciudadano, pero a la vez observamos cómo algunos de sus dirigentes de Madrid no se resignan a dejar que el asunto principal que corroe nuestra nación -el de la prohibición del español en las regiones bilingües- caiga en el olvido.

Probablemente ni en Francia ni en Inglaterra ni en Irlanda a sus escritores se les ocurriera publicar un manifiesto así. Claro que ellos no lo necesitan, ya que tampoco llevan 25 años viviendo en estado de excepción. Ese manifiesto por una lengua común va en la dirección adecuada, especialmente si entre todos logramos que sea rubricado por varios millones de ciudadanos, y si es acompañado por otra serie de medidas que logren que realmente se cree una conciencia nacional de que muchos conciudadanos se encuentran oprimidos. Como esa conciencia no existía, señal de que nuestra nación tampoco existe, pues habrá que crearla, ya sea mediante el éxito en la Eurocopa de la selección española de fútbol o mediante la reivindicación de la lengua española: todo un gesto de rebeldía en nuestros días; como sacar una bandera de España al balcón o seguir despidiéndose utilizando la palabra "adiós" en cualquier pueblo de Gerona. Y es que en España hemos llegado a un extremo en que no hay mayor signo de rebeldía que reivindicar lo obvio, o sea, aquello que nunca era reivindicado por nadie de puro obvio. Seamos pues rebeldes y firmemos el siguiente Manifiesto por una Lengua común:

23 de junio de 2008

Desde hace algunos años hay crecientes razones para preocuparse en nuestro país por la situación institucional de la lengua castellana, la única lengua juntamente oficial y común de todos los ciudadanos españoles. Desde luego, no se trata de una desazón meramente cultural -nuestro idioma goza de una pujanza envidiable y creciente en el mundo entero, sólo superada por el chino y el inglés- sino de una inquietud estrictamente política: se refiere a su papel como lengua principal de comunicación democrática en este país, así como de los derechos educativos y cívicos de quienes la tienen como lengua materna o la eligen con todo derecho como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación.

Como punto de partida, establezcamos una serie de premisas:

1. Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y por tanto sólo una de ellas -el castellano- goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen. Es decir, hay una asimetría entre las lenguas españolas oficiales, lo cual no implica injusticia (?) de ningún tipo porque en España hay diversas realidades culturales pero sólo una de ellas es universalmente oficial en nuestro Estado democrático. Y contar con una lengua política común es una enorme riqueza para la democracia, aún más si se trata de una lengua de tanto arraigo histórico en todo el país y de tanta vigencia en el mundo entero como el castellano.

2. Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas. O sea: los ciudadanos que hablan cualquiera de las lenguas cooficiales tienen derecho a recibir educación y ser atendidos por la administración en ella, pero las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias en educación, información, rotulación, instituciones, etc... en detrimento del castellano (y mucho menos se puede llamar a semejante atropello «normalización lingüística»).

3. En las comunidades bilingües es un deseo encomiable aspirar a que todos los ciudadanos lleguen a conocer bien la lengua cooficial, junto a la obligación de conocer la común del país (que también es la común dentro de esa comunidad, no lo olvidemos). Pero tal aspiración puede ser solamente estimulada, no impuesta. Es lógico suponer que siempre habrá muchos ciudadanos que prefieran desarrollar su vida cotidiana y profesional en castellano, conociendo sólo de la lengua autonómica lo suficiente para convivir cortésmente con los demás y disfrutar en lo posible de las manifestaciones culturales en ella. Que ciertas autoridades autonómicas anhelen como ideal lograr un máximo techo competencial bilingüe no justifica decretar la lengua autonómica como vehículo exclusivo ni primordial de educación o de relaciones con la Administración pública. Conviene recordar que este tipo de imposiciones abusivas daña especialmente las posibilidades laborales o sociales de los más desfavorecidos, recortando sus alternativas y su movilidad.

4. Ciertamente, el artículo tercero, apartado 3, de la Constitución establece que «las distintas modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». Nada cabe objetar a esta disposición tan generosa como justa, proclamada para acabar con las prohibiciones y restricciones que padecían esas lenguas. Cumplido sobradamente hoy tal objetivo, sería un fraude constitucional y una auténtica felonía utilizar tal artículo para justificar la discriminación, marginación o minusvaloración de los ciudadanos monolingües en castellano en alguna de las formas antes indicadas.

Por consiguiente los abajo firmantes solicitamos del Parlamento español una normativa legal del rango adecuado (que en su caso puede exigir una modificación constitucional y de algunos estatutos autonómicos) para fijar inequívocamente los siguientes puntos:

1. La lengua castellana es COMUN Y OFICIAL a todo el territorio nacional, siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a cualquier efecto a todos los ciudadanos españoles.

2. Todos los ciudadanos que lo deseen tienen DERECHO A SER EDUCADOS en lengua castellana, sea cual fuere su lengua materna. Las lenguas cooficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular exclusiva. En cualquier caso, siempre debe quedar garantizado a todos los alumnos el conocimiento final de la lengua común.

3. En las autonomías bilingües, cualquier ciudadano español tiene derecho a ser ATENDIDO INSTITUCIONALMENTE EN LAS DOS LENGUAS OFICIALES. Lo cual implica que en los centros oficiales habrá siempre personal capacitado para ello, no que todo funcionario deba tener tal capacitación. En locales y negocios públicos no oficiales, la relación con la clientela en una o ambas lenguas será discrecional.

4. LA ROTULACION DE LOS EDIFICIOS OFICIALES Y DE LAS VIAS PUBLICAS, las comunicaciones administrativas, la información a la ciudadanía, etc... en dichas comunidades (o en sus zonas calificadas de bilingües) es recomendable que sean bilingües pero en todo caso nunca podrán expresarse únicamente en la lengua autonómica.

5.. LOS REPRESENTANTES POLITICOS, tanto de la administración central como de las autonómicas, utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua castellana lo mismo dentro de España que en el extranjero, salvo en determinadas ocasiones características. En los parlamentos autonómicos bilingües podrán emplear indistintamente, como es natural, cualquiera de las dos lenguas oficiales.

Firmado por Mario Vargas Llosa, José Antonio Marina, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Albert Boadella, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen Iglesias, Carlos Martínez Gorriarán, José Luis Pardo, Alvaro Pombo, Ramón Rodríguez, José Mª Ruiz Soroa, Fernando Savater y Fernando Sosa Wagner.