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jueves, 6 de diciembre de 2007

Hoy a las 12, al Constitucional - ¡A que sí!



Manifiesto en Defensa de la Separación de Poderes (UPyD)
MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA SEPARACION DE PODERES
3 de diciembre de 2007
La separación de poderes es una de las bases fundamentales de la democracia moderna. Significa que cualquier persona tiene la garantía de que los jueces a los que puede acudir en demanda de justicia, o que un día puedan juzgarle, no trabajan para el gobierno ni son delegados de los partidos políticos. También que las leyes que aprueban los parlamentos serán aplicadas con rectitud por los tribunales y hechas cumplir por el gobierno. Pues bien, este principio elemental, sin el cual no podemos hablar de verdadero Estado de Derecho, corre serio peligro en España debido a las intromisiones de los principales partidos políticos en el poder judicial, y a causa de la constante manipulación de la fiscalía del Estado para que sirva a los intereses políticos del partido del gobierno de turno. El resultado ha sido una verdadera degeneración del sistema constitucional.


En España, las leyes aprobadas por el Parlamento se convierten con pasmosa facilidad en textos tan elásticos que no obligan a nada a las instituciones, se trate de la Ley de Partidos o de la llamada Ley de Banderas, mientras normas de rango muy inferior se aplican con inflexible dureza a los ciudadanos particulares. La igualdad ante la ley es un principio de vigencia muy discutible en nuestro país, empeorado por una nube de normativas autonómicas que demasiado a menudo convierten la Constitución en papel mojado: por ejemplo, el derecho de los niños a recibir educación en su lengua materna, absolutamente ignorado por las leyes educativas en algunos territorios de hegemonía nacionalista, como es el caso de Cataluña. En el País Vasco, los ciudadanos asistimos perplejos al constante desprecio y desprestigio de los tribunales de justicia por un gobierno que pone mayor empeño en reclamar impunidad y atacar a los jueces que en detener a los terroristas. En los últimos años hemos asistido, entre atónitos e indignados, a constantes intromisiones del gobierno y de los partidos políticos en el trabajo de los tribunales que deberían garantizar la imparcialidad de la justicia y la igualdad ante la ley, principios sin los cuales no hay democracia. En relación con el dictamen de posible inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña, los recientes intentos de obligar al Tribunal Constitucional a alinearse con las tesis del PSOE o del PP, recurriendo a la recusación de los jueces que se consideran más o menos alejados o cercanos a las posiciones de cada cual, no sólo daña al Tribunal Constitucional paralizando su trabajo, sino que contribuye a deteriorar el funcionamiento de todas las instituciones democráticas y a debilitar la pobre confianza de la ciudadanía en la administración de justicia y en la propia vigencia efectiva de la Constitución.

Unión Progreso y Democracia (UPyD) es un partido político nuevo que nace con la intención de modificar este estado de cosas, considerando que pone en peligro el sistema democrático en España. Nos preocupan especialmente los ataques contra la autonomía del poder judicial y los intentos de convertir a los jueces en delegados de esos viejos e insaciables partidos políticos que aspiran a controlarlo todo sin el menor escrúpulo por los daños al bien común del país que causen en el intento.

Hoy, seis de diciembre de 2007, Día de la Constitución, Unión Progreso y Democracia (UpyD) ha convocado esta concentración ante la sede del Tribunal Constitucional para apoyar la autonomía de la justicia, pedir la mejora constitucional de la separación de poderes y protestar contra las intromisiones de cualquier partido político en la administración de justicia. No son reclamaciones de derecha o de izquierda, sino principios generales que compartimos todos los partidarios del progreso y de mejorar la democracia.

Pensamos que estos objetivos requieren una reforma de la Constitución que logre reforzar la autonomía de jueces y tribunales, así como conseguir la independencia de la fiscalía, eliminando la intervención de los partidos políticos en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, y restaurando las previsiones originales de la Constitución que encomendaban a los jueces la elección de sus representante. UPyD no pretende nombrar a jueces y fiscales que representen sus intereses o ideas. Sólo queremos impulsar las reformas constitucionales necesarias para desterrar esos vicios, y restaurar los principios pervertidos por malos desarrollos legislativos, como el que alteró la elección del Consejo General del Poder Judicial dando a los partidos representados en las Cortes la potestad de nombrar a los magistrados. Un propósito que, según pensamos, impulsará mejor un partido nuevo como el nuestro, sin hipotecas ni compromisos que le aten al pasado.

Queremos reafirmar aquí y ahora nuestra confianza en conseguir una mejor separación de poderes, y en la independencia de jueces, fiscales y tribunales de justicia. La una y la otra pueden ser mejorados mediante reformas constitucionales. Hoy en día, la defensa de la Constitución de 1978 exige reformarla en algunos capítulos importantes para conseguir la permanencia de su espíritu. De lo contrario, de proseguir las intromisiones y manipulaciones de los poderes establecidos en uno de los pilares esenciales de la democracia, nos arriesgamos a que la hermosa palabra democracia se convierta, en nuestra casa común, en un sonido sin ningún significado verdadero.

1 comentario:

A., dijo...

“En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén”, podría concluir el escrito de UPD, porque puede servir como oración, súplica o intenso deseo, pero de político no tiene absolutamente nada. Es un relato conocido en todo el mundo, desde Sydney hasta la última aldea española, hecho por un cronista asustado. Un “nuevo” partido político, tal como está España -Nación y Estado- no puede “confiar” su actuación en el “impulso” de reformas constitucionales sin decir cómo se come eso. Pedir el voto con esas vaguedades, resulta estafa intelectual y ofensa a la razón. A no ser, claro está, que el “espíritu” de la Constitución acuda a la llamada de esa vana plegaria. Se dicen profesionales, pero en cualquier parroquia consuelan mucho mejor a sus feligreses.

Pretender que la “elasticidad de los textos” es responsable de nuestra situación, es como ir a mear y no echar gota o culpar al agua del fracaso escolar: un auténtico tongo teórico-práctico. De tantas veces oído, ese discurso está convertido en cansina y estéril letanía, la de políticos incapaces de coger el toro por los cuernos, o aún peor en algunos casos: venir de nuevos para aplacar indignación o protestas, cuando los hechos saturan comprensión en la sociedad, de la epidemia de castas nacionalistas y nacionales que sufre. (Al respecto, se empieza a dar por “bloqueado” el sistema democrático y presentan al Rey como garante del siguiente paso en el arreglo nacional; la tercera del ABC de ayer).

Inmejorable al respecto el ejemplo teórico-político de Elorriaga, lumbreras del PP, en el programa 59 segundos de esta noche. Ha dicho que van a reformar la Constitución “para hacerla viable”. En este caso además se unta al texto con bálsamo divino de omnipotente alcance, no se le ocurre nada mejor decir a uno de los que más “saben” en el PP.

Y esto no es un error y no lo será nunca porque es lo único que pueden hacer, no tienen otra opción y eso es también causa -y consecuencia- del drama al que asistimos. En la política hay leyes que obedecen a una esfera diferente a la de la simple voluntad o a las decisiones personales, tratamos con INTERESES que se representan por los actores de la vida pública. Se puede decir que el reino del sentido común está ausente en ella, reside en otra parte de la actividad humana, en otro nivel de razonamiento. Lo que confiere giro histórico al tiempo presente es la confluencia de dos fuerzas irreconciliables por contradictorias: las castas contra la sociedad, a eso se reduce nuestra particular guerra, librada además en una palestra que no admite compromisos, sólo oportunidades de batalla.

En España tiene visos de certeza generalizada la realidad que en el escrito de UPD se reseña y por lo menos ya no se acusa a nadie de ser destructor de nada por el hecho de describirla: quién lo haga, queda desacreditado automáticamente ante la opinión pública por mentiroso, o lo que es lo mismo, por estar al lado de los traidores gubernamentales. .
El Estado que viene será centralizado, no tiene sentido mantener lo que ha fracasado estrepitosamente: el experimento ha concluido, this is the End.

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