Rajoy y Rosa Díez deben explicar cómo piensan garantizar la enseñanza EN castellano

Durante su conferencia política celebrada este fin de semana, el Partido Popular se ha comprometido, a través de su presidente y candidato, a garantizar por ley el derecho a utilizar y aprender el castellano en todas las etapas del sistema educativo en toda España. Este anunció cosechó un caluroso aplauso y, de hecho, los miles de asistentes al mitin se pusieron en pie y corearon "Oé oé Mariano Presidente".

La fórmula es algo ambigua, pero quiero entender que "utilizar el castellano" significa estudiar EN castellano, y no sólo aprender el idioma de todos, dos o tres horas por semana, como si de un idioma extranjero inferior al inglés se tratase.

Por su parte, UPyD, en su manifiesto fundacional, también se compromete a defender el castellano en el sistema educativo: "Todas las lenguas de nuestra nación son respetables y dignas de fomento, pero la castellana es además imprescindible como vehículo de entendimiento general y debate de las cuestiones que atañen a toda la comunidad. La enseñanza pública tiene que considerarla así y no como una más entre otras, cuando no como un molesto accesorio que sólo se llega a ofrecer a los estudiantes tras muchos y difíciles requerimientos."

No es suficiente, y los ciudadanos debemos exigir a esos dos partidos mayor precisión en la formulación de sus compromisos.

El Partido Popular gobernó ocho años, con el apoyo explícito, hasta 1999, del partido que en Cataluña impuso la inmersión lingüística y la marginación del castellano en las escuelas. Rajoy incluso fue ministro de educación, y nada cambió o, para ser más exactos, la persecución del uso del castellano como lengua de enseñanza aumentó hasta hacerla prácticamente desaparecer de los colegios públicos y de la mayoría de los centros concertados.

Por otra parte, el anuncio de una nueva ley que garantizaría el uso del castellano en las escuelas no es serio: antes de llegar a ese punto, es necesario e imperativo estar dispuesto a garantizar que se respete la legislación vigente, y no es el caso. De hecho, la Generalidad de Cataluña viola la primera de las leyes, la constitucional, todos lo días, millones de veces, cada vez que un niño recibe una clase EN catalán contra el deseo de sus padres, pues se les ha negado desde el centro y desde la propia planificación escolar la enseñanza EN castellano.

En cuanto a UPyD, Rosa Díez deberá entender que hay miles de ciudadanos hartos de promesas y de declaraciones bienintencionadas. Los populares llevan años repitiendo lo que viene escrito en el manifiesto del partido magenta, pero nunca lo han puesto en práctica, más bien al contrario, si nos guiamos por la evolución de la política lingüística en una comunidad como Valencia, donde gobiernan con mayoría absoluta: en muchos lugares de esa región es imposible, desde un punto de vista práctico y en el lugar de residencia de la familia, optar por la enseñanza EN castellano.

A los partidos nacionalistas y a la coalición comunista y verde no se les puede negar claridad y sinceridad, pues hace ya tiempo que dicen lo que hacen y hacen lo que dicen: combatir la cooficialidad del castellano, haciendo retroceder el idioma de todos los españoles en los espacios institucionales de las regiones plurilingües donde tienen capacidad ejecutiva.
En cuanto al Psoe y sus variantes autonómicas, después de un lento pero seguro desmarque hacia posiciones nacionalistas, ha dado el salto cualitativo en esta legislatura, alineándose con las posicones políticas más extremas en materia de inmersión lingüística contraria al uso del castellano.

Por consiguiente, UPyD y PP son los únicos en no haber renunciado, por lo menos en sus discursos, a garantizar los derechos ciudadanos en una España unida, respetando y garantizando el uso de la lengua de todos.

Deben responder con claridad y precisión a las preguntas siguientes:

1-Si acceden a responsabilidades de gobierno, ¿cómo piensan garantizar, de inmediato y sin necesidad previa de modificar las leyes, los derechos ciudadanos de los padres que quieren que sus hijos reciban una enseñanza EN castellano, sea cual fuere su lugar de residencia?

2-Por ejemplo: ¿qué medidas contemplan si determinados gobiernos autónomos se niegan, como se viene haciendo en Cataluña especialmente, a respetar dichos derechos y a seguir las recomendaciones del gobierno central, en el marco del uso y abuso de competencias educativas descentralizadas?

3-Al Partido Popular especialmente: ¿Por qué no aplica desde ahora en toda la Comunidad Valenciana lo que anuncia que desea hacer a nivel nacional si gana las elecciones generales?

4-¿En qué consistiría la nueva legislación anunciada o sugerida en torno a los derechos lingüísticos de los ciudadanos y de sus hijos? ¿Significaría retroceder competencias al gobierno central en materia educativa?

5-Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, ¿qué competencias, mediante qué mecanismos reglamentarios y en qué plazos?
Si la respueta es negativa,¿cuáles serían las modalidades de imposición de leyes aprobadas a nivel central a gobiernos autónomos que se resistieran a ponerlas en aplicación?

No es un ruego ni una súplica, es una exigencia a la que se deben someter Doña Rosa y Don Mariano, candidatos a la presidencia del gobierno.

Jorge Harrison