Cuando Émile Zola se autoinculpó en 1898 en su inolvidable “Yo acuso” (“j´accuse”) para que el caso Dreyfus se pudiera reabrir, no buscaba exclusivamente que se hiciera justicia y exculpar a Alfred Dreyfus de los crímenes por los que se le había condenado, sino mostrar el trasfondo de violencia y racismo existente en la sociedad francesa de la época, provocando una sucesión de crisis políticas y sociales inéditas en Francia que en 1899 socavaron los cimientos de la Tercera República Francesa. La revelación del fraude político-jurídico dividió a los franceses en dos campos opuestos, los dreyfusards (partidarios de Dreyfus) y los antidreyfusards (opositores a Dreyfus). También mostró la existencia en la sociedad francesa de un núcleo de violencia nacionalista y antisemita. El caso se convirtió en símbolo moderno y universal de la inequidad en nombre de la razón de Estado.
En España ha habido algunos crímenes por razones de Estado a lo largo de la transición democrática, los más conocidos han sido sin duda los del GAL, pero ha habido otros. Una justicia sometida al poder político está condenada de antemano a la prevaricación. El asesinato virtual de Montesquieu que Alfonso Guerra protagonizó en su día, nos ha traído como consecuencia el penoso Estado de Deshecho en el que vivimos. En nuestro país lo ocurrido en el atentado del 11-M también ha provocado dos frentes opuestos, el de los que dicen que lo que se juzgó era todo lo que se podía juzgar y el que considera que el juicio que se celebró fue un parche para salvar la situación política. Cuando la opinión pública se atreve a juzgar la justicia es que las cosas no funcionan.
Pero ocupémonos de nuestro Dreyfus canario, el joven Diego Pastrana Viejo, que ha sido linchado públicamente por la inmensa mayoría de los medios de comunicación de nuestro país, pasando de ser un ciudadano normal a convertirse en el asesino despiadado de la hija de su pareja, de tan sólo tres años, que desgraciadamente ha fallecido víctima de un traumatismo cráneo encefálico no bien diagnosticado por los servicios sanitarios a los que el propio Diego y la tía de la niña, la pobre Aitana, acudieron con ella cuando esta se había caído de un columpio y sangraba por la nariz.
Pero analicemos los hechos con detalle, ¿cómo ha podido ocurrir un hecho semejante en un país europeo, supuestamente democrático con un Estado de Derecho vigente?. Pues es muy fácil, gracias a una barbaridad legislativa denominada Ley de Violencia de Género, por la que cualquier ciudadano varón puede ser privado de su libertad ante la mínima sospecha de su participación en la agresión a una mujer (algo que no ocurre cuando una mujer arremete contra un varón, un homosexual contra otro, o una madre contra un hijo o una hija, o una hija contra un padre o una madre). Resulta extraño, pero extraordinariamente extraño que esta ley pueda ser compatible con el artículo 14 de nuestra Constitución vigente, que dice textualmente:
“Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Las declaraciones se sucedieron como recoge El País: “El viernes 27, medios de todo el país ya se recreaban en todo tipo de detalles morbosos. Se sucedieron condenas: "Que caiga sobre él todo el peso de la ley", clamaba una encendida abogada, María Dolores Pelayo. La portavoz del Foro contra la Violencia, Magalines Rosales, recordaba que los malos tratos y los abusos sexuales a niños dentro de la familia "suponen una de las formas de violencia de género más ocultas en la sociedad". Inés Rojas, consejera canaria de Bienestar Social, hablaba de la "tristísima y durísima muerte", mientras la vicepresidenta del Parlamento, Cristina Tavío, lamentaba que la niña no tuviera ya derecho a la libertad y a la vida”.
La directora del Instituto Canario de la Mujer, Isabel de Luis (un institución que tampoco encaja muy bien en nuestra Constitución), ni siquiera ha pedido disculpas por lo ocurrido y justificó sus declaraciones, sin pestañear. Dice ahora que jamás ha condenado a la persona sino al hecho relatado en el parte de lesiones.
"Los médicos han conculcado al menos cuatro artículos del Código Penal", advierte la letrada María Dolores Palliser, mientras Belarmina Martínez, histórica abogada feminista de Tenerife al frente de la Asociación Mujeres y Solidaridad, sostenía que "los medios no son culpables".
Pero la sospecha de que en este país no se aplica la presunción de inocencia con la actual Ley de Violencia de Género para los varones queda ratificada por las declaraciones de la directora del Instituto de la Mujer, Rosa Peris realizadas a un canal de televisión y que extrañamente no son recogidas por ningún diario y que textualmente mantiene: "el protocolo ha funcionado, de hecho, de manera inmediata estaba detenido el presunto autor de las lesiones; por lo tanto el problema no es el protocolo, el problema ha sido como hemos interpretado los signos de esa.., de esa VIOLENCIA” (insistiendo en la cuestión de la violencia cuando en realidad ha sido un accidente lo que ha motivado la muerte de la pequeña Aitana, cuando muertes violentas sólo son los suicidios y los homicidios). Parece mentira, pero tras el auto de libertad sin cargos, la directora del Instituto de la Mujer sigue difamando veladamente, como si nada, a Diego Pastrana Viaco.
En cuanto a los errores sanitarios, que se han producido y son motivo de negligencia, no se refieren tanto al diagnóstico erróneo inicial de las lesiones de Aitana (errare humanum est), porque de todos los niños que sangran por la nariz tras caerse de un columpio, un mínimo porcentaje tiene lesiones craneales más allá de un chinchón, aunque sin intención de hacer daño, hay error, pero que ha tenido circunstancias funestas por la ausencia de seguimiento de un caso de traumatismo craneoencefálico que requiere al menos, por prudencia, seguir un protocolo de revisión en caso de que se presenten signos o síntomas de no mejoría o agravamiento (perseverare diabólicum) -lo que no se conoce es si los familiares fueron advertidos o no de esta cuestión-. Sin embargo, el error sí se ha producido a la hora de diagnosticar lesiones, agresiones sexuales, y quemaduras inexistentes, y construir con ellas un episodio de supuesto maltrato que ha motivado de forma automática el ingreso de Diego Pastrana Viaco en el protocolo que se aplica a los agresores masculinos en cuestiones de género, que provocó su detención inmediata.
Según declaraciones del abogado del inculpado, la policía le trató como un criminal "Le daban pan y agua y no bocadillos como al resto de detenidos", ha asegurado en declaraciones a Telecinco. Además, según ha explicado, la Policía llegó a mostrarle una imagen de la niña destrozada tras practicarle la autopsia. "Se la mostraron para querer decirle: eres un asesino y te vas a pudrir en la cárcel", ha relatado Alonso, quien se ha preguntado "si era necesario someterle a esa tortura".
Actualmente, el juez titular del Juzgado de Primera Instancia Número 7 de Arona, en Tenerife, mantiene abierta la causa contra Diego Pastrana. Hasta el momento, no ha decidido su archivo y el acusado mantiene los cargos que se le imputó la semana pasada, tal como ha revelado Plácido Alonso, quien ha anunciado que próximamente la familia de Diego presentará una querella "para aclarar todo lo que ha ocurrido". Pero en las diligencias previas se ha decretado su Libertad sin fianza aunque con obligación de presentarse dos veces al mes en el juzgado.
En cuanto a los medios de comunicación, poco se puede añadir, han cumplido con su función de expandir la noticia, aportando cada periodista su peculiar insania estereotipada a la información que al final ha llegado a los ciudadanos y ha motivado una apasionada reacción por parte de los informados por “todos los medios” del "asesinato de una niña a manos de su padrastro que “presuntamente” la había agredido sexualmente y físicamente, hasta el punto de causarle diversas quemaduras y la muerte". El sensacionalismo de las opiniones ha imperado sobre el rigor de los hechos, propio del periodismo de nuestro tiempo, y la competición por dar la noticia de la forma más descarnada posible para llamar más la atención.
Como en el caso Dreyfus, en esta ocasión, todo lo ocurrido delata una situación subyacente de indefensión, motivada fundamentalmente por la aplicación de un protocolo estereotipado fruto de la Ley de Violencia de Género, que establece de antemano que toda agresión recibida por una mujer de la edad que sea sólo puede provenir de un varón, lo que arrasa con la presunción de inocencia de un Estado de Derecho para convertir en sospechosos a todos los varones de todas las lesiones que presenten las mujeres, es decir, aplicando la presunción de culpabilidad urbi et orbe para todo varón ante una lesión que presente una mujer, como si las mujeres no pudieran sufrir accidentes o lesiones causadas por otras mujeres. Evidentemente las implicadas en este despropósito quieren correr un tupido velo sobre lo ocurrido, porque desde su fanatismo tienen arrestos para condenar a un inocente con tal de que el protocolo no sea puesto en tela de juicio.
Verán ustedes, esto es una barbaridad descomunal que delata el generismo y la androfobia existente en algunos personajes de nuestro elenco político, porque como ustedes podrán comprender si no hay víctimas, se crean, porque es más importante la causa subyacente de defender a las mujeres –siempre víctimas- de los hombres –siempre agresores-, aunque para ello haya que llevar a la cárcel a algún inocente.
Quiero concluir con la declaración terrible que el abogado de Diego Pastrana Viaco ha realizado, y que realmente me ha estremecido: “si la pobre niña Aitana no hubiera fallecido y el médico forense no hubiera realizado la autopsia descartando todas las barbaridades de las que se había acusado a su defendido, ¿quién le habría podido librar de una condena segura?”. Creo que es hora de reflexionar y de hacer lo posible por desagraviar al inocente Diego que resultó culpable ante la opinión pública gracias a una Ley de Violencia de Género hecha con la misma violencia que supuestamente pretende erradicar. También hay que reflexionar sobre las cosas que pueden ocurrir en los servicios sanitarios, en las fuerzas de seguridad del Estado, en los medios de comunicación, en los juzgados y en la propia opinión pública, cuando la presión de la locura colectiva sesga el ejercicio de sus funciones y el libre albedrío de su discernimiento.
Mis condolencias a la familia de Aitana y a Diego Pastrana Viaco.
Enrique Suárez Retuerta
En España ha habido algunos crímenes por razones de Estado a lo largo de la transición democrática, los más conocidos han sido sin duda los del GAL, pero ha habido otros. Una justicia sometida al poder político está condenada de antemano a la prevaricación. El asesinato virtual de Montesquieu que Alfonso Guerra protagonizó en su día, nos ha traído como consecuencia el penoso Estado de Deshecho en el que vivimos. En nuestro país lo ocurrido en el atentado del 11-M también ha provocado dos frentes opuestos, el de los que dicen que lo que se juzgó era todo lo que se podía juzgar y el que considera que el juicio que se celebró fue un parche para salvar la situación política. Cuando la opinión pública se atreve a juzgar la justicia es que las cosas no funcionan.
Pero ocupémonos de nuestro Dreyfus canario, el joven Diego Pastrana Viejo, que ha sido linchado públicamente por la inmensa mayoría de los medios de comunicación de nuestro país, pasando de ser un ciudadano normal a convertirse en el asesino despiadado de la hija de su pareja, de tan sólo tres años, que desgraciadamente ha fallecido víctima de un traumatismo cráneo encefálico no bien diagnosticado por los servicios sanitarios a los que el propio Diego y la tía de la niña, la pobre Aitana, acudieron con ella cuando esta se había caído de un columpio y sangraba por la nariz.
Pero analicemos los hechos con detalle, ¿cómo ha podido ocurrir un hecho semejante en un país europeo, supuestamente democrático con un Estado de Derecho vigente?. Pues es muy fácil, gracias a una barbaridad legislativa denominada Ley de Violencia de Género, por la que cualquier ciudadano varón puede ser privado de su libertad ante la mínima sospecha de su participación en la agresión a una mujer (algo que no ocurre cuando una mujer arremete contra un varón, un homosexual contra otro, o una madre contra un hijo o una hija, o una hija contra un padre o una madre). Resulta extraño, pero extraordinariamente extraño que esta ley pueda ser compatible con el artículo 14 de nuestra Constitución vigente, que dice textualmente:
“Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Las declaraciones se sucedieron como recoge El País: “El viernes 27, medios de todo el país ya se recreaban en todo tipo de detalles morbosos. Se sucedieron condenas: "Que caiga sobre él todo el peso de la ley", clamaba una encendida abogada, María Dolores Pelayo. La portavoz del Foro contra la Violencia, Magalines Rosales, recordaba que los malos tratos y los abusos sexuales a niños dentro de la familia "suponen una de las formas de violencia de género más ocultas en la sociedad". Inés Rojas, consejera canaria de Bienestar Social, hablaba de la "tristísima y durísima muerte", mientras la vicepresidenta del Parlamento, Cristina Tavío, lamentaba que la niña no tuviera ya derecho a la libertad y a la vida”.
La directora del Instituto Canario de la Mujer, Isabel de Luis (un institución que tampoco encaja muy bien en nuestra Constitución), ni siquiera ha pedido disculpas por lo ocurrido y justificó sus declaraciones, sin pestañear. Dice ahora que jamás ha condenado a la persona sino al hecho relatado en el parte de lesiones.
"Los médicos han conculcado al menos cuatro artículos del Código Penal", advierte la letrada María Dolores Palliser, mientras Belarmina Martínez, histórica abogada feminista de Tenerife al frente de la Asociación Mujeres y Solidaridad, sostenía que "los medios no son culpables".
Pero la sospecha de que en este país no se aplica la presunción de inocencia con la actual Ley de Violencia de Género para los varones queda ratificada por las declaraciones de la directora del Instituto de la Mujer, Rosa Peris realizadas a un canal de televisión y que extrañamente no son recogidas por ningún diario y que textualmente mantiene: "el protocolo ha funcionado, de hecho, de manera inmediata estaba detenido el presunto autor de las lesiones; por lo tanto el problema no es el protocolo, el problema ha sido como hemos interpretado los signos de esa.., de esa VIOLENCIA” (insistiendo en la cuestión de la violencia cuando en realidad ha sido un accidente lo que ha motivado la muerte de la pequeña Aitana, cuando muertes violentas sólo son los suicidios y los homicidios). Parece mentira, pero tras el auto de libertad sin cargos, la directora del Instituto de la Mujer sigue difamando veladamente, como si nada, a Diego Pastrana Viaco.
En cuanto a los errores sanitarios, que se han producido y son motivo de negligencia, no se refieren tanto al diagnóstico erróneo inicial de las lesiones de Aitana (errare humanum est), porque de todos los niños que sangran por la nariz tras caerse de un columpio, un mínimo porcentaje tiene lesiones craneales más allá de un chinchón, aunque sin intención de hacer daño, hay error, pero que ha tenido circunstancias funestas por la ausencia de seguimiento de un caso de traumatismo craneoencefálico que requiere al menos, por prudencia, seguir un protocolo de revisión en caso de que se presenten signos o síntomas de no mejoría o agravamiento (perseverare diabólicum) -lo que no se conoce es si los familiares fueron advertidos o no de esta cuestión-. Sin embargo, el error sí se ha producido a la hora de diagnosticar lesiones, agresiones sexuales, y quemaduras inexistentes, y construir con ellas un episodio de supuesto maltrato que ha motivado de forma automática el ingreso de Diego Pastrana Viaco en el protocolo que se aplica a los agresores masculinos en cuestiones de género, que provocó su detención inmediata.
Según declaraciones del abogado del inculpado, la policía le trató como un criminal "Le daban pan y agua y no bocadillos como al resto de detenidos", ha asegurado en declaraciones a Telecinco. Además, según ha explicado, la Policía llegó a mostrarle una imagen de la niña destrozada tras practicarle la autopsia. "Se la mostraron para querer decirle: eres un asesino y te vas a pudrir en la cárcel", ha relatado Alonso, quien se ha preguntado "si era necesario someterle a esa tortura".
Actualmente, el juez titular del Juzgado de Primera Instancia Número 7 de Arona, en Tenerife, mantiene abierta la causa contra Diego Pastrana. Hasta el momento, no ha decidido su archivo y el acusado mantiene los cargos que se le imputó la semana pasada, tal como ha revelado Plácido Alonso, quien ha anunciado que próximamente la familia de Diego presentará una querella "para aclarar todo lo que ha ocurrido". Pero en las diligencias previas se ha decretado su Libertad sin fianza aunque con obligación de presentarse dos veces al mes en el juzgado.
En cuanto a los medios de comunicación, poco se puede añadir, han cumplido con su función de expandir la noticia, aportando cada periodista su peculiar insania estereotipada a la información que al final ha llegado a los ciudadanos y ha motivado una apasionada reacción por parte de los informados por “todos los medios” del "asesinato de una niña a manos de su padrastro que “presuntamente” la había agredido sexualmente y físicamente, hasta el punto de causarle diversas quemaduras y la muerte". El sensacionalismo de las opiniones ha imperado sobre el rigor de los hechos, propio del periodismo de nuestro tiempo, y la competición por dar la noticia de la forma más descarnada posible para llamar más la atención.
Como en el caso Dreyfus, en esta ocasión, todo lo ocurrido delata una situación subyacente de indefensión, motivada fundamentalmente por la aplicación de un protocolo estereotipado fruto de la Ley de Violencia de Género, que establece de antemano que toda agresión recibida por una mujer de la edad que sea sólo puede provenir de un varón, lo que arrasa con la presunción de inocencia de un Estado de Derecho para convertir en sospechosos a todos los varones de todas las lesiones que presenten las mujeres, es decir, aplicando la presunción de culpabilidad urbi et orbe para todo varón ante una lesión que presente una mujer, como si las mujeres no pudieran sufrir accidentes o lesiones causadas por otras mujeres. Evidentemente las implicadas en este despropósito quieren correr un tupido velo sobre lo ocurrido, porque desde su fanatismo tienen arrestos para condenar a un inocente con tal de que el protocolo no sea puesto en tela de juicio.
Verán ustedes, esto es una barbaridad descomunal que delata el generismo y la androfobia existente en algunos personajes de nuestro elenco político, porque como ustedes podrán comprender si no hay víctimas, se crean, porque es más importante la causa subyacente de defender a las mujeres –siempre víctimas- de los hombres –siempre agresores-, aunque para ello haya que llevar a la cárcel a algún inocente.
Quiero concluir con la declaración terrible que el abogado de Diego Pastrana Viaco ha realizado, y que realmente me ha estremecido: “si la pobre niña Aitana no hubiera fallecido y el médico forense no hubiera realizado la autopsia descartando todas las barbaridades de las que se había acusado a su defendido, ¿quién le habría podido librar de una condena segura?”. Creo que es hora de reflexionar y de hacer lo posible por desagraviar al inocente Diego que resultó culpable ante la opinión pública gracias a una Ley de Violencia de Género hecha con la misma violencia que supuestamente pretende erradicar. También hay que reflexionar sobre las cosas que pueden ocurrir en los servicios sanitarios, en las fuerzas de seguridad del Estado, en los medios de comunicación, en los juzgados y en la propia opinión pública, cuando la presión de la locura colectiva sesga el ejercicio de sus funciones y el libre albedrío de su discernimiento.
Mis condolencias a la familia de Aitana y a Diego Pastrana Viaco.
Enrique Suárez Retuerta
