Aula Democrática: la conciencia y honor de Rodríguez Zapatero

No es baladí comprobar el acto de promesa de “cumplir y hacer cumplir la Constitución” del actual Presidente de Gobierno al asumir su cargo ante el Rey y los testigos convocados para el acto. ¿Se cumple actualmente la Constitución Española de 1978 en nuestro país?. ¿Ha faltado a su palabra el Presidente de Gobierno?. ¿Qué parte de la Constitución se cumple actualmente en España?.

Verán ustedes, la Carta Magna no es un chicle, ni en la interpretación más relativa que pueda realizar este individuo que defiende sus intereses políticos por encima de los del conjunto de los españoles.

Este malandrín de poca monta, desconoce los límites de su poder, es decir desconoce que su poder está restringido exclusivamente a lo que delimite nuestra Constitución, la que prometió cumplir y hacer cumplir en su día. El notario del acontecimiento debería exigirle públicamente que sea coherente con sus palabras, antes de que los españoles tengamos ocasión de recordárselo en las urnas.

La Constitución Española no se está cumpliendo en Cataluña, donde se lleva aplicando un Estatut aprobado por un tercio de la población y ratificado en el Parlamento Español por el PSOE y otros partidos.

Todavía nadie le ha dicho a este señor que sobre cuestiones relacionadas con la nación española, su Gobierno no tiene potestad alguna, porque la soberanía de los españoles, del pueblo español, no es objeto de transferencia, ni delegación, ni representación política.

Hay algunas cosas que están fuera del poder político, porque corresponden al ámbito del dominio, de la propiedad colectiva de los españoles sobre unidad política, territorial y cultural de España, que ni es un concepto discutido, ni discutible, sino perfectamente establecido por nuestra Constitución vigente.

No sólo la conciencia y honor de Rodríguez Zapatero están en tela de juicio, sino su situación jurídica, porque si falta a su palabra puede ser acusado de traición a los españoles. En realidad lo que está haciendo este individuo es algo parecido a lo que le costó a Zelaya la presidencia de Honduras, o lo que ha permitido a Hugo Chavez convertir el régimen de su país en una autarquía.

Este individuo sigue sin comprender que la democracia no puede legitimar nada más que lo establecido legítimamente dentro de la Constitución vigente, todo lo que exceda su articulado puede ser muy democrático pero al mismo tiempo muy ilegítimo, que es lo que está aconteciendo en estos momentos en Cataluña, donde los españoles están siendo desposeídos de sus derechos fundamentales porque a este individuo y a otro de la sucursal de su partido en Cataluña, y a unos cuantos descerebrados que ahorcan al Rey para felicitar las fiestas, mientras queman banderas españolas y amenazan a los ciudadanos de nuestro país con persecuciones xenófobas, les ha salido de las narices, para ocultar el abismo de corrupción que se abre bajo la apariencia de un oasis.

Mientras haya españoles que sean desposeídos de sus derechos fundamentales en Cataluña o en cualquier otro lugar de España, Rodríguez Zapatero tendrá en entredicho su conciencia y honor, y será sospechoso de estar cometiendo un delito de traición a los españoles penado con cárcel. ¿Ha llegado la hora de juzgar a Zapatero y que pague por sus errores con privación de libertad, o tenemos que seguir esperando a que el Tribunal Constitucional se decida?. ¿Cómo se va a restituir a los damnificados españoles que residen en Cataluña de la lesión de sus Derechos Fundamentales en caso de que el Estatut resulte revocado tras tres años de estar aplícandose de forma ilegítima?. ¿O se piensan estos paletos que no habrá responsables de su acción delictiva?.

Enrique Suárez Retuerta

Aula Democrática: la representación política en España

Ningún cargo político de este país puede ser representante público sin expresar explícitamente su respeto y obligado cumplimiento de la Constitución Española de 1978 al incorporarse a su cargo. En este país todavía no ha habido ni un solo caso de un político que haya sido juzgado por faltar a su palabra, y los tenemos que han arremetido contra la nación, la monarquía, el Estado, nuestro idioma, el Estado de Derecho, y la Constitución Española. Ha habido políticos, o sujetos nombrados por los políticos, numerosos, que han detraído dinero público hacia sus cuentas personales, para favorecer a familiares (Chaves), amigos (Gürtell, Pretoria, Palau, Marbella), o miembros de sus colectivos (asociaciones afines a los partidos, sindicatos).

Si bien la responsabilidad en los delitos económicos sigue el mismo criterio que en los demás ciudadanos, no se le ha ocurrido a ningún notable de los que viven de representarnos, sugerir una ley de agravamiento de pena en el caso de que los dineros hurtados, robados o desviados sean de origen público. Tampoco en el caso de que un político falte a su palabra en respetar y hacer respetar la Constitución y el Estado de Derecho, lo que le deslegitima para seguir siendo representante público. Llevamos más de treinta años de democracia y ni una sola ley efectiva contra la corrupción política.

Es difícil que un político se represente a sí mismo en este país, por no decir imposible, todos los políticos que se convierten en delincuentes no se representan a sí mismos o a los ciudadanos que les han votado, como quieren hacernos ver los que viven de representarnos, porque en realidad representan las siglas de un partido. Cuando un cargo público es elegido democráticamente bajo las siglas de una organización, partido político, sindicato, o colectivo a quienes representa, esta organización debe ser inequívocamente responsable subsidiario de los delitos que cometan sus representantes, y devolver hasta el último céntimo del dinero que hayan substraído o desviado, además de responder jurídicamente del autor y sus actos que bajo su pabellón ha utilizado un cargo de representación pública para hacer un desfalco de recursos contra los intereses de sus representados pasivos. Esto sería lo que ocurriría en cualquier empresa privada y no puede consentirse que las empresas públicas sean un corralito para la delincuencia.

Por otra parte, en este país hay que superar determinadas pruebas personales para acceder a cualquier trabajo, mientras que los políticos están eximidos de cualquier prueba de idoneidad para utilizar millones de euros, sin rendir cuentas a nadie sobre su finalidad de interés público, con el único mérito de que su partido político les conceda un cargo.

El artículo 14 de la Constitución Española, en el que se recuerda que todos los españoles somos iguales ante la ley, no tiene vigencia alguna en el caso de los políticos, que tienen patente de corso para hacer y deshacer a su antojo lo que les dé la real gana, sin rendir cuenta a los ciudadanos que los han elegido, pues su partido hace de valladar para su protección legal, pero cuando se les descubre en un delito, su partido político se desvanece, eximiéndose de responsabilidad, dando de baja al interfecto y dejándolo como si fuera elegido por su persona, y no en representación de una formación política.

Quizás estas malas artes, argucias y falacias sirvieran para los comienzos de la reinstauración democrática en este país hace más de treinta años, pero tras la experiencia vivida, que los partidos políticos queden exentos de responsabilidad legal cuando uno de sus representantes es sorprendido en un delito público, es algo que debería sonrojarnos a todos los españoles. Se deben pensar que somos idiotas, porque los medios de comunicación que subvencionan se callan lo que no interesa que se diga y el poder judicial de representación pública que se corresponde con las distintas fiscalías relacionadas, sólo esté dispuesto a defender a sus amos políticos contra los ciudadanos, que les pagamos el sueldo con nuestros impuestos .

Este país es de vergüenza, cada día más, pero sobre esta cosas no hablan ni los políticos, ni los representantes de la justicia, ni los medios de comunicación. ¿Será la nueva censura del Ministerio de Propaganda encubierto que dictamina lo que se publica y no se publica en España?

Enrique Suárez Retuerta

Aula Democrática: ¿Por qué los políticos son diferentes ante la Ley a los demás ciudadanos españoles?

Que los políticos que tenemos en España actualmente sean una caterva de mendaces, no quiere decir que en el elenco no destaque alguno sobremanera, y quiero referirme en esta ocasión al Presidente de la Comunidad Catalana, el señor José Montilla, para ejemplificar la situación que estamos viviendo.

La formación intelectual de este individuo es muy precaria, sin duda es un producto de los tiempos de inepcia que vivimos en la política española, en la que cualquier iletrado sindicalista o portavoz de un colectivo, puede ser ministro.

El señor Montilla desconoce, desde su analfabetismo irredento, algunos conceptos que no podría desconocer, siendo como es, presidente de una institución autonómica del Estado español.

Como buen socialista, se empeña en obviar y ocultar a los españoles algunas cuestiones interesantes, precisamente con la insidia que caracteriza a los ignorantes que tratan de colocar su mercancía y suponen que los adquirentes son más idiotas que ellos.

Este señor es el prototipo de lo que hay, un inepto alzado por el destino, que representa la estulticia en su grado supremo. Parece mentira, al mismo tiempo, que nadie entre esa pléyade de periodistas y políticos que asolan el presente, sea capaz de decirle un par de cosas, en vez de criticar sus excesos periodísticos avalados por La Moncloa.

Los españoles somos soberanos y ciudadanos

Aquí no se entera nadie de que los españoles somos un pueblo, que en su conjunto ocupa un territorio delimitado, al que se denomina en su conjunto España. España, por tanto, es un conjunto indivisible de españoles que comparten una cultura, antes incluso que un territorio

La nación española está gobernada y administrada por un Estado descentralizado parcialmente en comunidades autonómicas, sin capacidad, ni potestad, para delimitar las características de la nación.

La nación compete al ámbito del dominio, de la propiedad, mientras que el Estado compete al ámbito del poder, de la administración. Por ser españoles, una condición nacional, los ciudadanos de este país somos administrativamente vascos, gallegos, catalanes, madrileños, etc. Ser vasco, gallego, catalán, madrileño es una condición administrativa, no soberana. Para que fueran soberanas las categorías fragmentarias, la categoría unitaria dejaría de tener sentido.
javascript:void(0)
El problema que no acaba de entender el señor Montilla, ese iletrado, es que los catalanes no pueden ser una nación, porque entonces los españoles dejaríamos de serlo, es decir, para que los catalanistas fueran soberanos, los españoles dejaríamos de ser españoles, de tener una Constitución, un régimen parlamentario, una monarquía, una bandera, un idioma, y un pasaporte.

Por eso la locura que trata de ocultar el desaguisado económico de la corrupción en Cataluña no acaba de pasar por el arco del triunfo, ni pasará jamás. Más bien al contrario, el señor Montilla con sus bravatas se está convirtiendo en el paradigma de la delincuencia política, lo que puede conducirle directamente a la cárcel, en el actual Estado de Derecho que vivimos.

El señor Montilla está faltando al respeto a los españoles, nos está llamando idiotas a la cara y encima se está riendo de todos nosotros, porque el ocupa de la Moncloa –y digo ocupa, porque lo es, si no por los votos, por los diversos incumplimientos inconstitucionales, algo de lo que tendrá que rendir cuenta algún día ante la justicia, porque si ha sido elegido como presidente por los votos, ES PARA DEFENDER ANTE TODO LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, NO PARA DEFECAR EN ELLA, porque para eso no tiene poder ningún español, zoquetes-; pues a lo que iba, que estos indigentes intelectuales, están tratando de desplazar de su soberanía a los españoles, y eso es algo que en nuestra Constitución y nuestro Código jurídico, está tipificado como delito, no es el artículo 155 el que debe esgrimirse en este caso que algunos reclaman, el artículo que debe respetarse es fundamentalmente el 102 de nuestra Constitución, que dice así:

Artículo 102.

1. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.

Va siendo hora de que el artículo 14 de nuestra Constituciónsea respetado por todos, que dice

"Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

¿Por qué los políticos están exentos de cumplir el artículo 14 de nuestra Constitución como los demás españoles?. ¿Son los políticos españoles iguales ante la ley?. ¿Si son iguales que los demás españoles porque cuando incumplen la ley nadie les reclama jurídicamente su conducta delictiva?. Esto es totalitarismo encubierto. Lo que éstá haciendo Montilla es un delito, y lo que hace Zapatero no reclamándoselo, también. ¿Porque no interviene el Fiscal General del Estado?, ¿porque está en connivencia con ellos?, pues también es un delincuente, porque no fue elegido, ni prometió su cargo para hacer lo que está haciendo, que es permitir que los delincuentes se salgan con la suya.

Erasmo de Salinas