Realmente no se puede denominar democracia al sistema de elección de representantes políticos que tenemos en España, más bien es un mecanismo restringido de reparto de poder que se ha organizado desde los partidos políticos, para organizar un negocio o empresa con los recursos públicos del estado, autonomías, municipios. En España tenemos un sufragio universal con elección censitaria, es decir restringida, todo el mundo puede votar, pero no puede votar a todo el mundo.
Decía George Santayana, un filósofo de origen español contemporáneo de Ortega y Gasset (aunque no se reconocieran mutuamente), que llegó a ser profesor de Harvard, que el problema de la democracia no era su definición, sino como esta se interpretaba de forma diferente desde el gobierno y desde el pueblo, porque de la misma definición: gobierno del pueblo, cada agente del binomio extraía una reflexión diferente. Los gobernantes consideran que la democracia es gobernar al pueblo, el pueblo considera que la democracia es elegir a los gobernantes. Los gobiernos hacen su interpretación desde el poder, el pueblo hace su interpretación desde la razón. Ambas son dimensiones diferentes actualmente en nuestro país.
Los ciudadanos españoles no vivimos en una democracia porque no elegimos a los políticos que nos representan, los que todavía votan, apoyan a los políticos que eligen los comités centrales de los partidos, es decir, se produce una primera restricción con el sistema de listas cerradas y bloqueadas, porque lo único que puede hacer un ciudadano que vota es ratificar lo que el líder del partido correspondiente ha elegido. Los comités centrales eligen las listas a nivel nacional, los autonómicos a nivel autonómico y local. Aquí se produce la primera alienación del proceso democrático, porque la lista de candidatos es la lista de un partido, se vota lo que mande el partido, o en su defecto, lo que mande otro partido que ha seguido el mismo proceso.
Si un ciudadano o una agrupación de ciudadanos intentan presentarse a unas elecciones lo pueden hacer por supuesto, pero tendrán que pagarse su campaña de sus propios bolsillos, mientras que los partidos que están en alguna institución recibirán ayudas millonarias, por parte del Estado. Además, para obtener representación política, el ciudadano o la agrupación de ciudadanos que decida presentarse a unas elecciones, deberá aportar garantías jurídicas, siguiendo un largo proceso costoso y acotado, en el que se le pondrán todas las trabas necesarias para sugerirle que desista, si al final se empeña y consigue poder presentarse, para obtener representación tendrá que superar las barreras electorales (entre el 3 y el 5 % de los votos emitidos) para que puedan siquiera contabilizarse y asignarle representación.
La legitimidad de la política española no proviene del pueblo, de los ciudadanos, sino de la connivencia de los partidos políticos para mantenerse en el territorio de poder que tienen perfectamente acotado y delimitado. Realmente, los políticos españoles instrumentalizan la democracia a su servicio y no al de los ciudadanos que dicen representar. El pueblo es utilizado como comparsa de la obra teatral representada.
¿Se preguntarán ustedes por qué se restringe de una forma tan audaz la voluntad del pueblo?, pues es muy sencillo, la política se ha convertido en España en la mejor forma de que gente sin escrúpulos, con pocos conocimientos, y con mucha más maldad que la que manifiestan en las campañas electorales en las que presentan su imagen comercial, se pueda asegurar un futuro magnífico a costa de la participación de unos ciudadanos que desconocen para qué sirven sus votos en realidad, pero acuden a votar porque les han convencido que no hacerlo es estar contra la democracia, cuando en realidad es un acto de libertad en no seguir apoyando a unos aprovechados profesionales que viven mucho mejor de lo que en condiciones no políticas aspirarían a vivir en toda su vida.
¿Saben ustedes cuanto dinero le concede para su administración un fiel votante socialista al PSOE, cuando acude a votar por este partido en elecciones generales, autonómicas y municipales?. Pues aproximadamente 150.000 euros por legislatura, multipliquen por once millones y les saldrán los presupuestos que administran los políticos en su nombre y gracias a sus votos. Cantidad que será la misma que manejarán los del PP cuando lleguen al gobierno, mientras tanto se conformarán con lo que saquen en las autonomías y municipios en los que gobiernen.
Con ese dinero establecen acuerdos con grandes empresas, negocios personales, financiación de proyectos innecesarios, regalos a los que les apoyan, obteniendo beneficios personales a costa de invertir el dinero público de todos los españoles en lo que les procure más interés. Pero también se encargan de hacer leyes muralla que impidan que nadie les pueda reclamar absolutamente nada de su tremendo despilfarro, y por si acaso, siempre tendrán a determinados jueces que habrán colocado en los más altos tribunales para que llegado el momento puedan actuar con la lenidad correspondiente, hacia sus posibles delitos.
Ahora hagan un balance muy sencillo, calculen ustedes si en su familia, supongamos de 4 miembros que hayan votado al partido que gobierne, cuanto reciben en cada legislatura de los 600.000 euros (100 millones de las antiguas pesetas) que administran en su nombre en servicios y bienestar, y no, no se engañen, porque sus vecinos del piso de al lado reciben lo mismo que ustedes, más o menos, salvo que pertenezcan a algún partido político, porque entonces recibirán lo suyo y lo de ellos.
¿Se explican ahora por qué los políticos no quieren abandonar la poltrona bajo ningún concepto?. Y si se les ocurre no participar en la estafa pública a la que les someten, todavía les acabarán llamando enemigos de la democracia, fachas, o algo peor.
Mientras ustedes sigan participando en las elecciones con su voto, ellos seguirán apropiándose de su dinero de forma directa o indirecta, en eso consiste la democracia en España. Es lo que hay.
Biante de Priena
