Jesús Mosterín: "El Gobierno de Cataluña Considera que los Ciudadanos son como una Masa Amorfa"

Ciudadanos en la Red os ofrece una interesantísima entrevista realizada por ESR y Sonia Avellaneda el martes 18-3-2008 en Radio Vetusta a Jesús Mosterín, Catedrático -desde 1982- de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Barcelona, con motivo de la aparición de su nuevo libro La Cultura de la Libertad , Madrid, Espasa-Calpe, 2008.

La Generalitat de Cataluña ha llevado a cabo desde la transición una política lingüística totalitaria. Ellos consideran que los ciudadanos no tienen ningún derecho en cuestiones lingüísticas, sino que son como una masa amorfa que el Gobierno de Cataluña tiene que modelar para construir una patria catalana ideal y para que todos sean iguales y todos hablen en catalán, aunque no quieran, y para que sus hijos se eduquen todos en catalán, pero lo que es cierto es que Franco había hecho lo mismo antes, en el sentido contrario.

El autor se propone enfocar el estudio de la cultura humana desde una perspectiva concreta, práctica, defensora de la idea de que "el remedio es la libertad". Trata aspectos como las nuevas tecnologías y las posibilidades de relación que ofrecen Internet, la utilización compartida de la información, la censura, las relaciones entre democracia y mercado, el concepto de nación, la libertad de pensamiento o la vinculación entre cultura y violencia, entre otros muchos. Una aproximación al tema desde planteamientos más generales y teóricos será la que emprenda Jesús Mosterín en otra obra de próxima aparición, que llevará el título precisamente "La cultura romana".
Tono ameno; gran variedad de temas de actualidad, analizados con lucidez y salpicados con referencias históricas.
Su anterior libro, "La naturaleza humana" fue un éxito en ventas.

El Desastre: UPyD Cataluña. Elecciones 2008

Hacia un nuevo contrato social

Cuando Jean Jacques Rousseau escribió hace 246 años su obra más reconocida y aplaudida, las condiciones de vida de sus receptores poco tenían que ver con las que hoy se viven en países que disfrutan de una democracia avanzada. El poder era absoluto, Dios o su representación como Naturaleza eran la expresión genuina del poder, la democracia moderna no había nacido, los Estados Unidos todavía no se habían independizado del Reino Unido, aún faltaban varios años para la Revolución Francesa, el analfabetismo era inmenso, tanto como la desigualdad social y la ausencia de libertad.

¿Qué tiene que ver aquella sociedad con la nuestra?. Prácticamente nada. Pero el antiguo contrato social permanece vigente como pilar fundamental sobre el que se establece la representación política, por el que unos ciudadanos denominados políticos acumulan todo el poder en sus manos por una representación obtenida en las urnas en condiciones inicuas y sesgadas, en un proceso considerado y difundido como democrático, pero que realmente es la máscara de una sutil y administrada demagogia.

Rousseau estableció en una de las cláusulas de su contrato, que los ciudadanos podrían dotarse, siempre que quisieran, de un nuevo contrato porque las leyes, los derechos y los deberes no son inmutables. Pero esta parte se les ha olvidado a los políticos que hoy nos representan, porque no les interesa recordarla.

Previamente a lo establecido por el filósofo francés, otros autores como Hobbes y Locke habían considerado otras fórmulas de contrato social entre gobernantes y gobernados. En el caso del autor del "Leviathan", que tenía una concepción pesimista del hombre, solo el establecimiento de un poder absoluto que dispusiera del uso legítimo de la fuerza podría evitar los conflictos, y en último término, la guerra.

John Locke, autor de "Dos ensayos sobre el gobierno civil", se configura como uno de los precursores del liberalismo, venía a considerar desde su exaltación de la libertad, que solo era necesario establecer un contrato mínimo fundamentado en una justicia comunitaria por encima de cualquier poder absoluto, que solo tendría que intervenir en caso de que las leyes naturales (el era cristiano), no fueran suficientes para dirimir en los conflictos que se presentaran entre los individuos, y que fundamentalmente se referían a la vida, la libertad, la igualdad y la propiedad.

Desde la desconfianza en los políticos

El modelo de contrato social de Rousseau, hoy está completamente agotado, porque la democracia solo es formal, la representación no es igualitaria, y los políticos utilizan su potestad más en beneficio de sus intereses personales o partidarios, que en el de los ciudadanos que les alzan a su estatus.

Rousseau era un ingenuo que consideraba que el ser humano era bueno por naturaleza, y le asignaba dos pulsiones básicas, una el instinto de supervivencia (inducido previamente por Hobbes) y otra la piedad (repugnancia por el sufrimiento ajeno) de lo que se deduce que la maldad cuando brota emerge de la sociedad y la cultura, de la agrupación de los individuos en el poder, acantonándose en su forma más perversa en las instituciones del Estado.

El modelo de Rousseau considera que la vida social requiere un acuerdo implícito entre los seres humanos, en el que cada individuo renuncia a una parte de la libertad que tendría en condiciones naturales (estado salvaje), para cederla a una voluntad general comunitaria que establece de forma justa los derechos y los deberes de los individuos en un contrato, que les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar parte de la libertad que dispondrían en estado de naturaleza y de cumplir con ciertos deberes.

Más recientemente, durante el pasado siglo, John Rawls propuso una nueva fórmula de contrato desde una lógica kantiana, en la que partiendo de una hipotética posición preliminar de neutralidad, y eludiendo las preferencias individuales, los seres racionales situados bajo un velo de ignorancia podrían alcanzar un acuerdo para establecer unos principios generales de justicia.

La necesidad de un nuevo contrato social

La sociedad del siglo XXI nada tiene que ver con la sociedad en la que vivieron todos los teóricos del contrato social. Una sociedad en la que es posible la comunicación inmediata, el acceso pleno a la información, con unas tecnologías que pueden permitir la la democracia directa en la mayoría de los problemas que se presentan en nuestras vidas, y con una población conformada por ciudadanos con un nivel cultural y un criterio suficiente, no puede seguir siendo representada con criterios de hace más de dos siglos, porque a los políticos, que son los principales beneficiados, les convenga.

En las condiciones actuales es necesario erradicar paulatinamente la mediación en la representación política, pero los ciudadanos estamos secuestrados en nuestra decisión, pues si bien decidiéramos en su momento representarnos a nosotros mismos, los políticos impedirían cualquier movimiento en este sentido, bloqueando cualquier iniciativa que volviera precaria su situación personal.

El nuevo contrato social debe erradicar la mediación y la representación política, hay que superar el viejo aforismo de un hombre, un voto, con una nueva consigna: un hombre, una decisión política, y esta no puede restringirse exclusivamente al sufragio.

El poder de los políticos está condenado a la restricción, para que la voluntad general recupere su auténtico significado, y los ciudadanos podamos recobrar la porción de libertad que hoy detentan nuestros representantes, y que se corresponde con la soberanía.

Tras las nefastas actuaciones de nuestros representantes políticos en España, cada día va resultando más necesaria una reforma constitucional parcial, pero no hay que descartar que sea completa. Algunos partidos la están promoviendo en estos momentos.

Si se produce, los ciudadanos debemos exigir la votación artículo por artículo, porque puede y debe hacerse, desde el primero hasta el último. La primera exigencia de un partido que realmente quiera cambiar las cosas, es precisamente la de ofrecer la oportunidad a los ciudadanos de no ser representado más que en lo estrictamente necesario. Los derechos fundamentales deben ser votados uno a uno por cada español, es la única fórmula que permitirá mantener la coherencia y la supervivencia del sistema democrático en las circunstancias actuales.

Precisamente hoy, hace 196 años que se aprobó en Cádiz la primera Constitución Española; es, por tanto, un magnífico día para proponer algo diferente y necesario: que los ciudadanos recuperen buena parte del poder que hoy detentan los políticos.

No hay posibilidad de regeneración democrática sin erradicar la degeneración democrática en la que estamos viviendo, y eso solo resulta posible devolviendo a los ciudadanos la administración plena de su soberanía secuestrada.

Biante de Priena


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La coherencia de la señora Marta Ferrusola

Defender el derecho de la parte contra la opresión del todo es un acto genuino de respeto a la libertad. Sobrevalorar la parte, conculcando los derechos del todo, es una barbaridad política y un atentado a la libertad. Eso es precisamente lo que está ocurriendo en Cataluña, Euskadi, y Galicia con el tema del aprendizaje del castellano.

Se está impidiendo el aprendizaje del idioma español a los españoles en determinados lugares de España, lo que vulnera la Constitución Española en diversos apartados, y fundamentalmente en el artículo 3 y sus subíndices.

Artículo 3

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Cuando un gobierno como el del señor Rodríguez Zapatero permite que esto ocurra en el país que le ha elegido para defender sus derechos políticos, está traicionando a sus electores y a todos los españoles. Sin paliativos, sin conjeturas, tal como es.

Rodríguez Zapatero y todo su gobierno prometerán acatar la Constitución Española vigente ante el Rey en los próximos días. Cometerán acto de perjurio, y en ese mismo instante, igual que van a transgredir el artículo 3, podrán hacerlo con cualquier otro.

Si el gobierno de España no es capaz de garantizar el aprendizaje del idioma español en el territorio nacional, se puede deducir que ya no es gobierno de España, sino de España menos las autonomías en las que se impide el aprendizaje del idioma común. Sin paliativos, sin conjeturas, tal como es.

Se puede hablar de traición, falsedad o negligencia, pero hay un incumplimiento de mandato desde el mismo instante en que se establece un compromiso que se sabe que no se va a cumplir. Que se promete algo que se va a vulnerar, a sabiendas de que se va a hacer.

¿No habrá un juez en toda España que todavía respete nuestra ley de leyes lo suficiente como para imponer una orden de búsqueda y captura contra el gobierno que incumple con su palabra?. Evidentemente no lo habrá, con lo que se puede comprender que la justicia española tampoco está al servicio de la ley y de la Constitución, sino del gobierno correspondiente.

En esta situación, nuestros inermes compatriotas españoles en territorios gobernados por los nacionalismos, están perdidos sin la ayuda de todos los españoles, y también de todos los hispanos que se expresan habitualmente en nuestra lengua común.

El gobierno español los ha abandonado a su suerte, solo tienen la ayuda de la sociedad civil para que sus hijos que son también nuestros compatriotas no sean "enculturados" por haber tenido la desgracia de haber nacido en un lugar ocupado por doctrinas tribales y feudales, que prevalecen sobre nuestra Constitución, y sobre la misma democracia que permitió su aprobación en referendum.

Es la hora de que todos los españoles nos unamos para defender los derechos de todos los españoles, igualdad y libertad, respeto a la Constitución en cualquier lugar del territorio nacional y por todos los que tengan nacionalidad española. Si no lo hacemos ahora, y es la última oportunidad, luego será demasiado tarde. Invito a los españoles a dar un paso al frente por sus compatriotas, contra el gobierno que les ha traicionado y les va a seguir traicionando.

En este extravagante contexto, tiene razón la señora Marta Ferrusola, ¿qué hace un presidente de la Generalitat con un nombre español?, debe cambiárselo, igual que ha permitido que todo lo español desaparezca de Cataluña gracias a que su partido, el PSC lo ha consentido, autorizado y ejecutado.

Igual que ha obtenido sus senadores aliado con ERC e ICV que son claramente nacionalistas, debe renunciar en coherencia a su nombre español.

Josep Montill, quítese la máscara de una vez, para que se vea que el partido más nacionalista de Cataluña no es ERC o CIU, sino el PSC. ¿Qué tiene un charnego advenedizo como usted que ver con España?.

Biante de Priena