Democracia 2.0 (01)

En las próximas semanas nos ocuparemos de hacer algunas propuestas para mejorar el sistema democrático que tenemos en España. El objetivo es reunir unas cuantas ideas que permitan una representación política más próxima a los ciudadanos. Las nuevas herramientas que nos ofrece la sociedad de la información lo pueden permitir. Evidentemente hay muchas instancias e instituciones interesadas en que eso no ocurra, porque el actual NEGOCIO DE LA POLÍTICA, es posiblemente la empresa que produce más beneficios económicos, precisamente para aquellos que menos se lo merecen, porque en su inmensa mayoría viven de aprovecharse de la posición de poder que han alcanzado gracias a los votos de los inocentes ciudadanos que acuden a las urnas a depositar su voto, pensando que realmente sirve para algo, cuando en realidad no sirve para nada. Elegir entre gato blanco o gato negro, no salva a los ratones de una muerte segura.

Comenzaremos con un par de propuestas, la primera se refiere a la democracia dentro de los partidos políticos y la segunda a la representación de los electores, que dejará de ser estructural e inmutable durante cuatro años, para ser funcional y dinámica durante toda la legislatura

1) Democracia Real y Participativa en los partidos políticos:

Con elecciones internas en el partido fundamentadas en listas abiertas, que se aproxime al criterio colectivo de representación directa de la voluntad de la asamblea. Elección directa por la asamblea formada por todos los militantes de los órganos políticos, legales y económicos del partido, así como los representantes públicos de la formación, es decir a todos los candidatos, desde el nivel local hasta el nacional. Cada representante será elegido por todos los militantes de la circunscripción correspondiente.

2) Representación Política: voto continuo, veto, representación dinámica.

Los electores tendrán derecho de voto, pero también de veto, es decir, el voto dejará de ser algo puntual y concedido para un periodo de determinado, para convertirse en continuo, cada elector dispondrá de la opción de apoyar o retirar su confianza al partido que haya votado. Para ello cada candidatura electoral contará con un resguardo con código de barras y caracteres alfanuméricos, que se desprenderá en el momento de la votación y el elector conservará como testigo de que ha votado a un determinado partido político. Posteriormente podrá utilizarlo como clave para decidir sobre determinadas propuestas del partido elegido o su posición ante determinadas propuestas de otros partidos.

Por ejemplo en el caso de leyes complejas como la del aborto o la de la reforma laboral, el mandato del partido será imperativo, teniendo que representar de forma obligatoria la decisión colectiva de los ciudadanos que al menos decidan participar en la decisión sobre la cuestión. Los que no decidan participar en estas votaciones, serán representados por el partido.

Un 25 % de representantes elegidos, podrán decidir someter una ley a referéndum, al igual que un millón de electores. Los referenda se deben institucionalizar de forma asequible y transparente, con un control exhaustivo en el que se encuentren representados ciudadanos al azar que serán elegidos por sorteo.

La forma de desarrollar el proceso electoral continuo será facilitada por el Estado con sistemas informatizados seguros y vigilados por funcionarios y ciudadanos conjuntamente a nivel central, elegidos de forma aleatoria para cada ocasión. La intefaz de votación podrá ser parecida a los actuales cajeros automáticos, y deberán estar instaladas en las delegaciones de gobierno correspondientes, o en los ayuntamientos de más de un determinado número de habitantes.

El proceso será sencillo, el ciudadano acude con su carnet de identidad y el resguardo de su voto –con datos alfanuméricos y código de barras- y bien por un lector automático o introduciendo los caracteres, de forma secreta emitirá su votación sobre la cuestión correspondiente. Esto lo podrá hacer tanto para propuestas políticas generales, como para propuestas de su propio partido.

Por último, el elector podrá retirar su confianza al partido si le defrauda y así lo desea. Al igual que podrá hacer propuestas concretas que el partido deberá responder y tener en cuenta. Es importante la condición de veto, porque permitirá que los partidos políticos tengan un apoyo diferente a lo largo de los cuatro años de su representación política. Un partido que no cumpla con la palabra dada podrá quedarse sin apoyos.

Los apoyos (o rechazos) al partido correspondientes se actualizarán cada seis meses o un año, y el elector que retire su apoyo a un partido, podrá concedérselo a otro. Esto se puede hacer con circunscripciones uninominales, por lo que un candidato que represente un determinado distrito puede comenzar una legislatura siendo representante y dejar de tener representación a los seis meses o un año, tanto si es representante europeo, nacional, autonómico, provincial o local.

La confianza de los electores dejará de ser un cheque en blanco para los políticos, que les permita hacer lo que les dé la gana durante varios años en plena impunidad e irresponsabilidad en este tiempo.

Los controles sobre el buen funcionamiento del sistema serán exhaustivos, transparentes, y rigurosos, con participación directa de los ciudadanos.

ESR

Rosa Díez, miente más que habla

Una prueba de la manipulación de la información que se hace en UPyD, de la que fui testigo, se puede comprobar en el minuto 1:10 de este vídeo, donde se produce un CORTE para retirar del discurso el apoyo a las listas abiertas dentro del partido que ofreció en ese mitin.

A fecha actual: Estatuto vigente

La elaboración de estos censos electorales de afiliados por territorios será responsabilidad del Consejo de Dirección. Estos censos incluirán a la totalidad de afiliados que no tengan limitada su capacidad de obrar en el partido y se encuentren al corriente en el pago de sus obligaciones en la fecha de cierre del censo, que será el 1 de Enero de 2010 para la elección de los consejos territoriales.

Quinta.- Votaciones.
A.- Los Consejos Territoriales serán elegidos por el voto individual, directo y secreto de todos los afiliados censados en pleno ejercicio de sus derechos como tales.
Se votarán listas completas, cerradas y bloqueadas, resultando elegida la que mayor número de votos consiga.

Sexta.- Agrupaciones Locales.
A.- En el plazo de 15 días desde su toma de posesión, cada Consejo Territorial remitirá una propuesta razonada de reordenación de las Agrupaciones Locales de su Comunidad. Deberá seguir los criterios establecidos en el art. 42 de los Estatutos, e irá acompañada del censo de los afiliados asignados a cada Agrupación Local y del calendario de celebración de Asambleas Locales para elegir Consejos Locales.
B.- El Consejo de Dirección, previo estudio y valoración de las propuestas recibidas, aprobará la nueva estructura de cada Agrupación Territorial y el calendario de Asambleas.

C.- Las candidaturas a los Consejos Locales estarán formadas, según lo previsto en el art. 43 de los Estatutos, por un mínimo de 3 miembros y un máximo de 10. Serán presentadas por quien se postule como Coordinador e irá avalada por la firma de todos sus miembros, designando de forma nominal al menos los siguientes cargos ejecutivos: Coordinador, Responsable de Organización y Responsable de Política Local. La atribución del resto de funciones y áreas de responsabilidad corresponderá a cada candidatura.

La elección se hará por voto individual, directo y secreto de todos los afiliados censados y en pleno ejercicio de sus derechos como tales.

Se votará mediante el sistema de listas completas, cerradas y bloqueadas, resultando elegida la que más votos consiga.

Gracias Juanky

Rosa Díez expedienta a Valia Merino, con quien disputó la presidencia de UPyD

La carrera por las autonómicas de Madrid ha comenzado. Nos informan que Valia Merino ha recibido notificación de un expediente por parte del Consejo de Dirección de UPyD, parece que hay que eliminar a los testigos incómodos. Las expectativas anunciadas por Nacho Escolar que otorgan entre 5 y 7 diputados en la Asamblea de Madrid para UPyD han acelerado los acontecimientos.

UPyD se aleja cada día más de la democracia y la libertad para consolidarse como una formación política de corte totalitario.

Lingüística para Nacionalistas (VI), por Manuel I. Cabezas

De la diacronía lingüística de la Península Ibérica y de la supremacía del castellano o español (*)

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· El Reino de España actual es una realidad plurilingüe, que hunde sus raíces en la larga y procelosa historia de la Península Ibérica. Antes de la llegada de los romanos, Iberia era un mosaico de pueblos y lenguas diferentes. Su conquista por Roma (ss. III y II a. de J. C.) provocó la desaparición de esta diversidad lingüística (con la excepción del vascuence), propiciando al mismo tiempo una cierta unidad lingüística, más o menos sólida, según la fecha, la intensidad y la efectividad de la “romanización” de las distintas regiones.

· La llegada de los árabes-bereberes a la Península, en 711, y su estancia a lo largo de ocho siglos acabaron con la unidad lingüística, producto de la romanización, y fueron una de las causas de la fragmentación lingüística actual. En efecto, enseguida, a partir de 722, los cristianos, que se habían refugiado en las montañas de Asturias y de los Pirineos, organizaron la resistencia contra los invasores árabes y comenzaron la Reconquista a partir de cuatro centros diferentes e independientes: Covadonga (Asturias), Pamplona (Navarra), Jaca (situada en los altos valles aragoneses) y la Marca Hispánica (Norte de Cataluña). Esta pluri-resistencia dio lugar, a medida que avanzaba la Reconquista, a reinos diferentes e independientes, orientados de norte a sur. Ahora bien, la Reconquista propició, al mismo tiempo, el desarrollo y la implantación de cinco tipos lingüísticos o dialectos, que fueron, de este a oeste: el catalán, el navarro-aragonés, el castellano, el leonés y el gallego-portugués (Díez y alii, 1977, 43-48). Por eso, Menéndez Pidal (1960) escribió que “la fragmentación lingüística actual de la Península Ibérica es, en lo fundamental y decisivo, resultado de la Reconquista”.

· Al final de la Edad Media, con la conquista del reino musulmán de Granada en 1492, los Reyes Católicos consolidaron la unidad espiritual de la Península. Por otro lado, gracias al matrimonio de Isabel y Fernando (los Reyes Católicos), la unión de los reinos de Castilla y de Aragón estaba asegurada. Sin embargo, cada uno de estos reinos era, en realidad, una federación de estados que conservaron celosamente sus fueros (leyes), sus cortes (parlamentos), sus aduanas, sus monedas, sus impuestos, sus pesos y medidas,... y también sus lenguas (Valdeón, 1981, 116; Villar, 1979, 41-43). Así, un nuevo mosaico lingüístico, fruto de la romanización y de la posterior Reconquista, alicató el mapa de la Península Ibérica.

· Desde la Edad Media y hasta el reinado de Felipe IV (1621-1665), todos los reyes respetaron las particularidades regionales; entre ellas, las lingüísticas. No obstante, Felipe IV, aconsejado por el Conde-Duque de Olivares, quiso imponer las leyes de Castilla a todos los reinos de España, provocando la separación de Portugal, la guerra de Cataluña y el paso de las tierras catalanas de allende el Pirineo a la soberanía francesa. Sin embargo, y a pesar de haber ganado la guerra de Cataluña, Felipe IV respetó las libertades catalanas (Meliá, 1970). Pero esto no duró mucho tiempo.

· Con la llegada al trono, en 1713, del primer Borbón, Felipe V, la centralización progresa y la prohibición formal y explícita de cualquier lengua que no sea el castellano es una decisión reiterada por los sucesivos monarcas. Así, Valencia, Aragón y Cataluña, que habían apoyado, en la guerra de Sucesión (1701-1713), al otro pretendiente al trono de España (el Archiduque Carlos de Habsburgo), perdieron sus instituciones propias y la mayor parte de sus libertades, entre las cuales la de utilizar la lengua catalana (primero, en los Tribunales; y luego, en las “escuelas de primeras letras”), en el caso de Valencia y Cataluña (cf. Decreto de Nueva Planta de 1716 ). Con Carlos III, una Real Cédula de 1768 hace explícita la orden de enseñar en castellano en la Corona de Aragón. Otra Real Cédula de 1780 extiende esta orden a todo el Reino de España. Y la Ley de Instrucción Pública de 1857 (o Ley Moyano, que dotó al sistema educativo español de un marco legal, que perduró sin grandes cambios hasta la Ley General de Educación de 1970) vuelve a reiterar la misma orden (Díez y alii, 1977, 54-56).

· Ahora bien, este intervensionismo lingüístico se inició cuando el castellano gozaba ya de una hegemonía casi absoluta sobre las otras lenguas peninsulares. Por otro lado, estas órdenes, que postulaban una explícita política lingüística de castellanización, fueron más simbólicas o formales que efectivas, ya que sólo podían dirigirse a las elites regionales —la tasa de analfabetismo rondaba aún el 70% en 1875, más de un siglo y medio después (Lerena, 1976, 154-155)—; y, además, no se previeron los medios necesarios para que fueran cumplidas (Milhou, 1989).

· El castellano, más bien, se fue imponiendo sobre las otras lenguas o dialectos peninsulares, ya desde la época de la Reconquista, gracias a los continuos avances de Castilla en la recuperación de los territorios bajo dominio musulmán, a su creciente poder político, económico y demográfico, así como al prestigio y peso del castellano como lengua común de los distintos reinos y como lengua de cultura y de comunicación internacional. En efecto, en tiempos de Alfonso X (1221-1284), el castellano era ya la “lingua franca” que permitió traducir y dar a conocer en Occidente las grandes obras históricas, jurídicas, literarias y científicas de la cultura de Oriente; y en esto jugó un papel importante la labor de la Escuela de Traductores de Toledo. Además, el castellano fue la primera lengua peninsular que fue objeto de “normativización”, gracias a la primera Gramática de la Lengua Castellana (1492) y a las Reglas de ortografía castellana (1517) de Elio Antonio de Nebrija (García Martín, 2003). Por estos motivos, el castellano adquirió una gran relevancia como medio de comunicación en el campo jurídico y administrativo, como lengua vehicular de la enseñanza, de la creación literaria y científica y de la comunicación internacional. Por estas razones, las elites de las regiones con lengua diferente lo habían adoptado voluntariamente, sin ser obligadas a ello con métodos autoritarios y coercitivos (González Ollé, 1995, 137-139). Y por eso, se puede afirmar que, desde la Edad Media y hasta bien entrado el siglo XIX, la cuestión lingüística no planteó ningún problema y el español o castellano fue adquiriendo cada vez más importancia y fue conquistando nuevos espacios de comunicación, no por la imposición autoritaria de los poderes del Estado, sino por su prestigio, su pujanza y su peso específico, largamente arraigados (Madariaga, 1978).

· No obstante, a mediados del s. XIX (para el catalán y el gallego) y a finales (para el vascuence), en todas las regiones con una lengua vernácula diferente del castellano, se manifestó, influenciado por el Romanticismo, un interés creciente por las lenguas peninsulares, así como por el pasado histórico y literario de las mismas. De esta forma se inició una recuperación y una reivindicación de las lenguas vernáculas como instrumentos de creación literaria y como objetos de estudio y de normativización. Y esto comenzó a ser utilizado, como bandera política y como banderín de enganche, para fundamentar y justificar las reivindicaciones nacionalistas de autonomía política y/o de construcción y/o de invención de la nación, principalmente en Cataluña y el País Vasco (Díez y alii, 1977, 56; Entwistle, 1982, 132-135; Vidal-Quadras, 1996, 6-7). Así surgió el llamado “nacionalismo lingüístico”, en el que la lengua es sólo una excusa o coartada o instrumento para llevar a cabo la conquista, el disfrute y la conservación del poder (Vidal-Quadras, 1996, 12).

· Estas aspiraciones y reivindicaciones lingüísticas y políticas no siempre fueron secundadas por el poder central del Estado y sufrieron los vaivenes de los traumáticos cambios políticos de la primera mitad del siglo XX, alternando los cortos períodos tolerantes con otros, más largos, en los que la intransigencia política y lingüística fue total. El primer cuarto del siglo XX fue de relativa permisividad (se permitió el uso de las lenguas vernáculas en ciertos contextos: ámbito local y regional; así como la enseñanza en lengua vernácula, en ciertos colegios). Ahora bien, durante la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), se prohibió la enseñanza de las lenguas regionales (cf. Real Decreto de 11 de junio de 1926). Sin embargo, con la llegada de la Segunda República (1931-1939), se inauguró un nuevo período dialogante y permisivo, durante el cual se dio satisfacción a las reivindicaciones lingüísticas y políticas de las regiones con una lengua vernácula. En efecto, se produjo un reconocimiento constitucional de las precitadas lenguas para que pudieran ser utilizadas y enseñadas (Art. 4 y 50 de la Constitución republicana de 1931), y se aprobaron los Estatutos de autonomía de Cataluña (1932), del País Vasco (1933) y de Galicia (1936), en los que se reguló también la cuestión lingüística (Díez y alii, 1977, 57-58).

· Ahora bien, el golpe de Estado de 1936 y la instauración del Régimen Franquista (1939) acabaron con los “brotes verdes” republicanos, que presagiaban y prefiguraban un oasis político y lingüístico en Cataluña y en las otras regiones, en las que una parte de sus habitantes tenían también una lengua vernácula diferente del castellano. La victoria de los golpistas provocó no sólo la anulación de los estatutos de autonomía sino también la prohibición explícita de utilizar y de enseñar las lenguas vernáculas o en las lenguas vernáculas, en el sistema educativo. Sin embrago, esta intransigencia lingüística no fue constante y rígida durante los cuarenta años de dictadura. En efecto, se suelen distinguir dos etapas (Herreras, 2006, 39-42).

· La primera (desde la Guerra Civil hasta finales de los años cincuenta) puede ser caracterizada por la intransigencia lingüística hacia las lenguas regionales y por la defensa a ultranza del unilingüismo en castellano. Las lenguas vernáculas no eran reconocidas oficialmente como realidades tangibles y se prohibió expresamente su enseñanza y su uso en el sistema educativo (como lengua vehicular), en el Registro Civil, en la redacción de los estatutos de asociaciones o sociedades, en las denominaciones de marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimientos, etc. (Orden de 18 de mayo de 1938 y Orden del Ministerio de Industria y Comercio de 20 de mayo de 1940).

· En la segunda etapa (desde finales de los cincuenta hasta la desaparición de la Dictadura, en 1975), ante la necesidad de apertura internacional para asegurar la viabilidad del Régimen Franquista (Tamames, 1983), se hizo la vista gorda y se empezó a tolerar aquello que estuvo prohibido durante la primera etapa (Orden de 14 de noviembre de 1958 y Orden de 20 de junio de 1968). En efecto, se volvieron a permitir los nombres regionales en el Registro Civil; se toleró la reaparición o el nacimiento de asociaciones o instituciones culturales, que jugarán un papel importante en la recuperación de las lenguas regionales (Institut d’Estudis Catalans, Omnium Cultural y Rosa Sensat, en Cataluña; los Cursos de Llengua Valenciana, en el País Valenciano; la Obra Balear y el Institut d’Estudis Eivisencs, en Baleares); o se fue condescendiente con formas de enseñanza proscritas hasta entonces (las ikastolas, en el País Vasco y Navarra). Ahora bien, habrá que esperar hasta la Ley General de Educación (LGE) de 1970 para que se produzca un reconocimiento formal y oficial de la realidad plurilingüe española y para que las lenguas regionales pudieran ser tenidas en cuanta, enseñadas y aprendidas en los niveles de Preescolar y Educación General Básica (EGB) (cf. Art. 1, apartado 3; Art. 14; y Art. 17 de la LGE). En realidad, la LGE fue papel mojado, ya que sólo con los decretos de aplicación de 1975 (Decreto 1433/1975, de 30 de mayo y Decreto 2929/1975, 31 de octubre), se hicieron efectivas, pero sólo sobre el papel, las previsiones de la LGE (Muset y Arenas, 1982, 135-136; Díez y alii, 1977, 60-61; y Mestre, 1981, 204-207).

· Así pues, desde el punto de vista lingüístico, se puede afirmar, que España fue, oficial y legalmente, un monocromático desierto lingüístico desde el inicio del Régimen Franquista y hasta la muerte de F. Franco, el 20 de noviembre de 1975. Con la desaparición física del dictador y la aprobación de la Constitución de 1978, se va a iniciar el proceso para salir del “desierto lingüístico” y penetrar en lo que he denominado “oasis lingüístico español”, en el que los ciudadanos de las distintas regiones de España han podido recuperar su pasado, sus tradiciones y sus derechos lingüísticos. Así, un nuevo mosaico lingüístico, fruto de la Transición, empezó a alicatar de nuevo el mapa de España. Ahora bien, este nuevo alicatado, que fue flexible, racional y razonable de 1975 a 1992, derivó hacia una radicalización lingüística, a partir de los llamados decretos de inmersión lingüística (1992), radicalización que está poniendo en entredicho y en peligro la paz social y sociolingüística en España. Este nuevo proceso de alicatado, tanto el flexible como el radical, y sus consecuencias nefastas serán objeto de otras entregas de esta “Lingüística para Nacionalistas”.

© Manuel I. Cabezas

Profesor de Lingüística y Lingüística Aplicada

Universidad Autónoma de Barcelona

15 de enero de 2010

(*) Este texto es la primera parte resumida de un largo ensayo, titulado “Del oasis sociolingüístico español a la entropía lingüística de las CC. AA. con dos lenguas oficiales (el caso catalán)”, que será publicado en las actas del coloquio internacional sobre “L’Europe des 27 et ses langues”, que tuvo lugar en París del 3 al 5 de diciembre de 2009.

Algunas fuentes para verificar lo expuesto e ir más lejos:

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· Díez, M. y alii (1977), Las lenguas de España, Col. Breviarios de Educación, Servicio de Publicaciones del MEC, Madrid.

· Entwistle, W.J. (1982), Las lenguas de España: Castellano, Catalán, Vasco y Gallego-Portugués, E. Istmo, Madrid.

· García Matín, J.M. (2003), “Hacia la constitución de la norma del español entre los siglos XVI y XVIII: interacción entre norma y lengua oficial”, in J.C. Herreras (Dir.), Norme linguistique et société, Cresle, PU Valenciennes, pp. 9-40.

· González Ollé, F. (1995), “El largo camino hacia la oficialidad del español”, in M. Seco y G. Salvador (Coords.), La lengua española, hoy, Fundación Juan March, Madrid.

· Herreras, J.C. (2006), Lenguas y normalización en España, Gredos, Madrid.

· Lerena, C. (1976), Escuela, ideología y clases sociales en España, Ariel Barcelona.

· de Madariaga, S. (1978), España. Ensayo de historia contemporánea, E. Sudamericana, Buenos Aires.

· Meliá, J. (1970), Informe sobre la lengua catalana, Magisterio Español, Madrid.

· Menéndez Pidal, R. (1960), Enciclopedia Lingüística Hispánica, T.-1, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid.

· Mestre Ferre, O. (1981), “I. Cataluña. Situación actual del bilingüismo en la enseñanza en cataluña”, in Revista de Educación, 268, pp. 203-252.

· Milhou, A. (1989), « L’impérialisme linguistique castillan; mythe et réalité », in Cahiers du CRIAR, 9.

· Muset, M. y Arenas, J. (1982), “Informe sobre la situación de la enseñanza en catalán y del catalán en Cataluña”, in Siguán M. (coord.), Lenguas y educación en el ámbito del Estado español, Serie Seminario – 15, Ediciones de la Universidad de Barcelona, pp.133-154.

· Tamames, R. (1983), La República. La era de Franco, Alianza Editorial, Madrid.

· UNESCO (1953), L’emploi des langues vernaculaires dans l’enseignement, Paris.

· Valdeón, J. (1981), “Los Reyes Católicos. La unidad dinástica de Castilla y Aragón”, in La Baja Edad Media. Crisis y renovación en los siglos XIV y XV, Col. Hostoria-16, Historia de España nº 5, 109-127..

· Vidal-Quadras, A. (1996), Multilingüismo y política (El caso catalán), Quaderns de la Fundació Concordia, nº 4, Barcelona.

· Villar, P. (1979), Historia de España, Crítica, Barcelona.

España tras Zapatero

La realidad política no sigue en nuestro país caminos trazados por la razón, sino por las emociones; nuestra forma de resolver las cosas es diferente a cualquier otro país del entorno cultural y político en el que estamos ubicados, el carácter de los españoles, labrado en el conflicto permanente, no permite el sosiego por mucho tiempo, ni siquiera con la fumigación de serenidad de un químico como Rubalcaba, la retórica hipnosis del presidente Zapatero o la prudencia extrema de Mariano Rajoy. Ayer mismo lo decíamos, España no es, no ha sido nunca, lo que piensan que es los políticos que dicen representarnos, sino lo que sabemos los españoles o al menos lo que intuimos, mitad creencia y mitad realidad, o vaya usted a saber. Ciertamente es curioso el fenómeno, pero lo que está claro para todos los españoles es precisamente “lo que no es España”, y lo que ocurre hoy en la política de nuestro país tiene poco que ver con nosotros, no encaja de ninguna manera con lo que realmente somos, hemos sido, o queremos ser, los españoles.

Al Gobierno de Rodríguez Zapatero, como era de esperar, ha terminado alcanzándole la realidad –y detrás vendrán para constatarlo la decadente justicia española, los electores y la Historia-, a pesar de la inmisericorde huida hacia delante que el inefable ha decidido durante los cinco años de mayor retroceso político de nuestra historia reciente bajo la bandera del progresismo, la realidad ha acabado dando con él y está a punto de atraparlo. Se ha demostrado, una vez más, que con recursos abundantes gobierna cualquiera, porque para despilfarrar y favorecer a los amigos, no hace falta diligencia, ni inteligencia, ni rigor. Pero la soberbia de Zapatero –mucho más desmesurada que la de Aznar que no trató de cambiar a los españoles, sino exclusivamente la política exterior de nuestro país- le ha llevado al final del laberinto, y afortunadamente, también para la mayoría de los españoles llega el final de la pesadilla.

El legado de Zapatero

Con Zapatero hemos conocido lo peor de la política, desde los cordones sanitarios excluyentes de todo el que no pensaba como su secta, hasta la negociación con los asesinos etarras considerados en su momento “hombres de paz” a los que se ayudaba desde el Estado a escapar de la policía; desde la mayor crisis humana con cuatro millones de parados -44 % de menos de 35 años, no se sabe el número de subempleados-, hasta el mayor déficit económico de la década motivado por el gasto institucional desbordado; desde una ley sectaria como la de Violencia de Género que desiguala a españoles y españolas, hasta las esperpénticas soflamas nacionalistas con referéndums de autodeterminación y “estatuts” secesionistas avalados desde su propio Gobierno; sus veleidades personales nos han hecho quedar en ridículo ante el mundo próximo y lejano, negociando con piratas y terroristas, enajenando y alienando la posición de nuestro país en el mundo, para terminar rezando con Obama después de haber mostrado su feroz anticlericalismo. No hay por donde coger el pingajo, porque ya nadie se cree al héroe de masas que fundamentó en el escarnio del adversario y el populismo más zafio su vanidosa y “no presuntuosa” idolatría, sobrada y fantoche. Ha sido el único presidente español, junto con Felipe González, que al abandonar el poder va a dejar el país mucho peor que lo encontró, hecho unos zorros, por eso no hay que olvidar su infamia, ni su osadía, y ahora es momento de escribir las crónicas de sus hazañas en Romance de ciegos, como en la Edad Media, para que todo el mundo recuerde lo que ha hecho y deshecho en nuestro país, utilizando sin respeto ni criterio el poder otorgado por las urnas, para promocionar su profecía de la sinrazón.

Si se fijan ustedes, hace tiempo que el concepto de socialismo no se adhiere a su figura, parece que el héroe de la izquierda ha nacido en La Moncloa. Si bien los socialistas agradecen los buenos dineros que ha despilfarrado con todos los colectivos que apoyan la gesta heroica de liberación de los seres humanos que promocionan, mientras oprimen y esquilman a los que no son socialistas, no pueden compartir por más tiempo la estridencia de sus decisiones políticas. Ni críticas, ni apoyos, porque el PSOE comparte con la Iglesia católica el voto de obediencia a la jerarquía y tampoco admite la pluralidad y la discrepancia en su seno, como formación doctrinaria de pensamiento único que es.

Por otra parte, viendo lo que se avecina, los más avezados vanguardistas ya han creado una nueva estructura política en el partido de Rosa Díez, la marca blanca del PSOE que es UPyD, formación exclusivamente socialista –no vayan a pensar ustedes otra cosa-, para afrontar las próximas elecciones municipales si vienen mal dadas. Pero posiblemente el PSOE se acabará deshaciendo de Zapatero, como se deshizo de Felipe González, y seguirá adelante vendiendo el paraíso de la igualdad mientras establece la diferencia entre los designados para mandar y los designados para obedecer, porque la libertad es un invento del capitalismo imperialista.

Exijamos responsabilidades

Ahora es el momento de recordar, ni perdón, ni olvido, ni pasar página dejando los borrones. El objetivo prioritario del próximo Gobierno, que no será socialista, debe ser acometer una auditoría general y pública, que diagnostique la auténtica situación económica y política de España. El dinero que se ha derrochado para mantener los apoyos al Gobierno, el dinero de todos los españoles que se ha despilfarrado para mantener a la legión de inútiles, sindicalistas liberados, colectivos organizados en la estafa pública, instituciones incompetentes, vagos, advenedizos, sinvergüenzas y ladrones, hasta delimitar todo el entramado de corrupción generalizada que se ha urdido bajo el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que supera con creces el acontecido con Felipe González.

Es indispensable para nuestro país recuperar el rigor en el Estado de Derecho, exigir restitución de todo lo despilfarrado y denunciar, con plena transparencia, lo que han hecho realmente los vividores progresistas a costa del trabajo y los impuestos de todos los españoles. Esta tarea va a llevar años pero debe hacerse, porque la corrupción que se ha cultivado desde el Gobierno en los últimos años, es estructural, no solamente funcional, y sin eliminarla nos espera la agonía y el marasmo sin fin, lo primero es cerrar los desagües del sectarismo. Y por supuesto, ni perdonar, ni olvidar, no puede haber ley de punto final con los mangantes, que deberán ser juzgados, para que restituyan todo lo que han hurtado y respondan de todo lo que han hecho, se deben exigir responsabilidades desde el presidente del Gobierno, hasta el último concejal con poder.

Pero no quiero concluir sin emitir un mensaje optimista a nuestros lectores, porque tras casi cuatro años de vida que tiene el grupo de Ciudadanos en la Red, hoy estamos satisfechos. Cuando comenzamos la ingrata tarea de denunciar a los políticos corruptos y miserables que dicen querer representarnos, no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar; al principio pensamos que no podía ser cierto todo lo que observamos y denunciamos, no nos imaginábamos la profundidad de la corrupción política y económica que había en España, pero hemos aprendido, y mucho; hoy sabemos que tras cada declaración, tras cada gesto, tras cada obra política hay siempre una estrategia urdida, no ocurre nada al azar en la política de nuestro país, todo está perfectamente controlado, y cada palabra forma parte de un trabajo colectivo que tiene como único interés engañar a los ciudadanos.

Los impostores al olvido

Ciutadans fracasó políticamente, porque sin su fracaso no hubiera sido posible la escalada que ha llevado la bomba del Estatut hasta los cimientos de la Constitución española. Sus dirigentes lo hicieron fracasar conscientemente, por lo que deberán rendir cuentas ante los electores y la historia. UPyD no era nada de lo que se ofrecía –ni mucho menos lo que vende Rosa Díez cada vez que se cuelga de un micrófono-, sencillamente es una empresa electoral formada por una decena de mediocres, sobrealzados por la ilusión de un espejismo proyectado sobre la opinión pública.

El partido de Rosa Díez está condenado al fracaso porque lo único que aporta es un mensaje populista que no se soporta más que en la palabra devaluada de su lideresa y las barbaridades contra la democracia y la libertad acometidas por sus sectarios dirigentes. Que Antonio Robles, el diputado de Ciutadans sea ahora el candidato de UPyD para encabezar el cartel de las elecciones catalanas, es la consolidación y demostración irrefutable del despropósito, cuando en los tres años que estuvo en el Parlamento catalán fue incapaz de hilvanar un discurso coherente y congruente con la opresiva realidad ejercida sobre lo español en Cataluña. Pero lo más fascinante es que algún día llegaron a pensar, desde las altas jerarquías de estos “partidos señuelo”, que los ciudadanos éramos idiotas y los únicos listos de la película eran ellos, los protagonistas del futuro, convertidos hoy en hazmerreír público.

El PSOE tendrá que hacérselo mirar tras el fracaso estridente de la política de Zapatero, y las marrullerías nacionalistas del PSC; el PP de Mariano Rajoy tiene que hacerse muchas radiografías para descubrir de dónde le parte la estupidez y la mediocridad, y empeñarse con denuedo en elevar el nivel de la política en España, incrementando la transparencia y el rigor de su empresa política; debe hacer muchos cambios en su interior y enterrar definitivamente a todos los fantasmas que impiden su desarrollo. Los nacionalistas seguirán intentándolo, como siempre, pero se acabó lo de reírse de los españoles, de que menos de un 10 % del electorado controle las decisiones del 90 % de los españoles, en una tiranía sin precedentes.

El lenguaje cambiará y las cosas volverán a denominarse como corresponde, los infames arribistas serán apartados del espacio público dejando paso a los que realmente tienen algo que decir y merecen ser escuchados; se acabarán los “concetos“ y el pensamiento políticamente correcto, que van a ser erradicados de la comunicación política.

Los ciudadanos hemos aprendido mucho durante este tiempo – la prosodia de la política, que es más importante que el propio lenguaje-, y sabemos que de la política española no podemos esperar juego limpio, por lo tanto el próximo objetivo es organizar la sociedad civil para establecer un control exhaustivo de los políticos, que irán perdiendo poder poco a poco, para entregárselo a los legítimos soberanos, los ciudadanos españoles.

Se acabará la representación política sin control en nuestro país, como mucho la gestión del poder será por delegación y si nos apuran, por mandato imperativo. El PP debe acometer la iniciativa de aproximación de la política a los ciudadanos, porque si no lo hacen, los socialistas lo harán sin duda alguna, y el que lo haga, se llevará el gato al agua en las próximas elecciones generales

Zapatero ha sido el último emperador político de España, tras su marcha las cosas nunca volverán a ser igual en política, eso al menos tendremos que agradecerle dentro de unos años, pero ahora que se vaya cuanto antes, porque ya resulta insoportable su endiablada e ineludible memez.

Enrique Suárez Retuerta
Un ciudadano español y liberal que no renuncia a su soberanía