Breve historia de la anormalidad política de España

España (1938) - Salvador Dalí

La mayoría de los problemas que tenemos con la democracia en España provienen de diversos enmascaramientos de la ignorancia política y la ingenuidad irredenta que ostentan los ciudadanos, sin embargo, los ciudadanos no son responsables de su desconocimiento, y por tanto, tampoco son culpables de lo que les ocurre, porque nadie tiene intención de no saber, el analfabetismo político de los ciudadanos, habiendo recursos suficientes para evitarlo, se origina en la educación recibida. Karl Marx decía que no era el Estado quien debía educar al pueblo, sino el pueblo al Estado.

La responsabilidad, intención y culpabilidad de la inadaptación democrática de los españoles proviene exclusivamente del poder y de sus representantes: los políticos, agrupados en diversas facciones o partidos, pero no es un fenómeno reciente, pues se remonta a los orígenes de la nación española, y no es un hecho casual, sino perfectamente urdido desde el poder desde 1812 hasta ahora.

Un poco de historia

Cuando los liberales españoles lograron dotarnos en 1812 de la primera Constitución que nos otorgaba libertad e igualdad de derechos a todos los españoles, las fuerzas reaccionarias absolutistas y sus promotores, los serviles, comenzaron la primera campaña de propaganda contra la soberanía de los españoles, denostando la libertad y la igualdad, para abogar por la servidumbre al poder absoluto representado por el monarca Fernando VII. Es necesario recordar que cuatro años antes el pueblo se había levantado contra el ejército invasor francés dirigido por Napoleón. A punto estuvo de desaparecer la independencia de nuestro país, que todavía no era siquiera nación política y constitucional. El felón Fernando VII y su padre Carlos IV, habían transferido “legalmente” la soberanía de nuestro país a Napoleón, el infame Fernando VII, incluso le había solicitado su adopción y matrimonio con alguien de su familia, importándole un bledo el porvenir de su pueblo y mirando exclusivamente por el suyo.

Cuando el pueblo expulsó a los franceses para devolver a Fernando VII al poder, después de haber vendido la patria a los franceses, los liberales españoles habían construido una nación política, liberal e igualitaria, y discretamente democrática, definida por una Constitución que el felón se negó a sancionar. Fernando VII regresó a Madrid en 1813, sus seguidores serviles, al ver su carroza tirada por caballos, los retiraron y se pusieron a tirar de ella para mostrar su servidumbre al monarca gritando al tiempo “viva las cadenas”, uno de los actos más ignominiosos que haya podido cometer una parte de un pueblo. Porque al otro lado, los liberales, que en su mayoría habían luchado contra los franceses exigían al Rey que sancionara la Constitución, algo a lo que Fernando VII se negó. Tuvieron que pasar ocho años, para que otro liberal, el general Riego, con las tropas dispuestas para embarcar hacia América con intención de sofocar las revueltas independentistas de las colonias, tomó la decisión personal que convirtió en naciones libres tanto a España como a todas nuestras naciones hermanas iberoamericanas, que se independizaron también gracias a los liberales autóctonos. Don Rafael del Riego giró sus leales tropas hacia Cabezas de San Juan donde se encontraba el Rey, y le obligó a jurar la Constitución de 1812 el 1 de enero de 1820, único requisito legal para que España se constituyera legítimamente en una nación al ser transferida (por imposición de un liberal) la soberanía del monarca al pueblo. Tres años después, Rafael del Riego, el hombre del pueblo que hizo cambiar por su decisión, apoyado por sus compañeros de tropa, el porvenir de nuestra nación era ajusticiado por orden de Fernando VII. A partir de entonces España es una nación legítima, gracias a la sangre derramada por muchos liberales. Es una auténtica ignominia que el himno de la República, etapa que representa toda la maldad y mezquindad política haya sido hurtado de la memoria de un héroe español que dio su vida por nuestra libertad, al igual que ocurrió con otros muchos liberales, de memoria olvidada por el pueblo gracias a los infames que hoy dicen ser nuestros representantes políticos, que ni siquiera han mostrado su agradecimiento a los padres de nuestra patria, ni desde la izquierda, ni desde la derecha.

Un poco más de historia

La historia de nuestra nación es compleja y está interrumpida por numerosos abandonos de la legitimidad, habitualmente protagonizados por militares, conocidos como los espadones, que cuando las cosas no terciaban a su gusto hacían un Pronunciamiento Militar e imponían su razón por las armas, a lo largo del siglo XIX y más de la mitad del siglo XX, se produjeron en España más de 200 pronunciamientos, de los que la mayoría fracasaron pero algunos cambiaron el orden legítimo por la fuerza, hubo también algunos golpes de Estado inducidos o con participación de partidos políticos como el PSOE en la Dictadura de Primo de Rivera o en la Revolución de 1934. El Pronunciamiento de Franco condujo a nuestro país a la guerra civil de 1936-1939 con una dictadura posterior de 40 años. Sin embargo la memoria histórica reciente siempre tiende a olvidar el estado prerevolucionario de la época con crímenes promovidos desde la izquierda del Frente Popular, que realmente hicieron exclamar al Presidente de la República, Azaña, que el golpe de estado de Franco era consecuencia inexcusable de una provocación organizada y urdida por la izquierda española. El Frente Popular estaba dispuesto a dar un golpe de Estado revolucionario con el apoyo de la Unión Soviética contra la legitimidad republicana, como había ocurrido previamente en Asturias y Cataluña en 1934, causando miles de muertos.

En 1975, a la muerte del dictador España entró en un nuevo periodo constitucional que por referendum popular devolvió a nuestro país a la legitimidad política y civil en 1978. Cabe decir que los españoles votaron todos los artículos constitucionales en bloque y recibiendo una somera información por parte de los políticos de lo que era una democracia. No hubo ruptura de régimen, por lo que el Rey Juan Carlos I contiene en sí mismo la notoria condición de ser heredero legítimo de los Borbones y también del régimen dictatorial del General Franco, al mismo tiempo.

Sin embargo en 1981 se produjo el último Golpe de Estado en España protagonizado por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, seguido por varios capitanes generales, resultó fallido y gracias a ello hoy seguimos viviendo en democracia, si bien es cierto que más formal que real. No obstante la legitimidad en nuestro país todavía se vio trastocada, cuando desde el Estado y bajo el gobierno del PSOE presidido por Felipe González se descubrieron la creación de cuerpos paramilitares formados por policías desde el Gobierno, bajo el alias de GAL que actuaron entre 1983-1987 cometiendo 23 asesinatos o crímenes de Estado, tras ser juzgados en 1996, José Barrionuevo ingresó en la cárcel, en compañía de la plana mayor del ministerio que dirigía, tanto militares como civiles. En 1998 el gobierno de Aznar concedió el indulto parcial a José Barrionuevo y Rafael Vera, no sabiéndose nunca quien había sido el autor intelectual de los crímenes conocido como Mister X, aunque las sospechas apuntaron al propio Felipe González, algo que siempre se ha negado desde el PSOE.

La mayoría recordará que el actual Presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero llegó al poder cuando dos días antes de las elecciones se produjo el atentado terrorista del 11 de marzo de 2004 que causó 192 muertes y más de 1500 heridos. Una campaña infame que hizo a los socialistas aliarse con los terroristas para alcanzar el poder atribuyendo a la presencia de España en la guerra de Irak el origen del atentado, por un acuerdo de Aznar, y la torpeza de haberlo atribuido a ETA en un primer momento, y no a la decisión de los terroristas que tras ser juzgados, resultaron ser delincuentes comunes españoles asociados comercialmente a una organización fundamentalista islámica, nos trajo al Presidente que gobierna este país desde hace seis años.

En un acto de contrición del PSOE, posiblemente para lavar su cara tras los crímenes cometidos por el GAL, el Gobierno socialista dirigido por Rodríguez Zapatero con el apoyo del Parlamento estableció negociaciones para un proceso de paz con la banda terrorista de ETA, que concluyeron con la voladura de la T4 en el Aeropuerto de Barajas y la muerte de dos ciudadanos ecuatorianos, el 30 de diciembre de 2006.

Posteriormente desde el PNV bajo el liderazgo de Ibarretxe se promueve una consulta soberanista desde el Parlamento Vasco con la intención de convertir Euskadi en un Estado Libre Asociado, proyecto que quedó zanjado con sentencia del Tribunal Constitucional en sentencia del año 2008, que fue recurrida al Tribunal de Estrasburgo y rechazada a comienzos de este mismo año.

Por su parte el gobierno del socialista Montilla promovió en Cataluña con el apoyo de sus aliados del tripartit y los nacionalistas de CIU un nuevo Estatuto, aprobado por el Parlamento catalán, en 2005, ¡y aceptado por el Parlamento español en mayo de 2006 (con el apoyo del gobierno de España, con el Presidente José Luis Rodríguez Zapatero de máximo promotor de declarar a Cataluña como nación! a instancias del PSOE, con el apoyo de todos los partidos, meno el PP que votó en contra y ERC que se abstuvo. Fue sometido posteriormente a referendum en Cataluña en junio de 2006 con una participación del 48,85 % de catalanes y una aceptación del 74 %, lo que supone en realidad descontando los votos nulos que solo un 35 % de los catalanes con derecho a voto, menos del 25 % de todos los catalanes, decidieron convertirse en una nación. Desde el 2006 se comenzó a aplicar en Cataluña sin esperar a la resolución sobre el recurso al Tribunal Constitucional presentado por el PP y algunas otras instituciones autonómicas. El 28 de junio de 2010, el Tribunal Constitucional emite la sentencia declarando parcialmente inconstitucional el Estatut que se lleva aplicando de forma ilegítima e inconstitucional en Cataluña desde hace 4 años, esperando a fecha actual que Catalunya recupere su condición de legitimidad y revierta los daños causados por haber aplicado un código inconstitucional a los españoles residentes en Cataluña.

¿Epílogo de un sistema o epitafio de una nación?

Tras este breve resumen de los últimos doscientos años de la nación española, la primera conclusión que se extrae es una extraordinaria y profunda vulneración de la legitimidad política, precisamente por los políticos que administran el poder en representación del pueblo. El poder y quienes lo representan nunca ha sido respetuoso ni con la democracia, ni con las legitimidades constitucionales. Como recientemente indicaba el Presidente del Congreso de los Diputados José Bono, la historia de los dos últimos siglos en España se ha caracterizado más bien por la anormalidad política que por la armonía entre poder, ley y pueblo. ¿Qué causas han motivado esta distorsión permanente de la democracia?.

Lo decíamos al comienzo, fundamentalmente el desconocimiento inducido por el poder en el pueblo español de lo que es una democracia, a lo que se añade la negación implícita permanente del reconocimiento por parte del poder, los políticos y sus partidos de la condición soberana y ciudadana de los españoles, del pueblo español.

La calidad y legitimidad de una democracia se dirime por tres condiciones políticas: libertad, igualdad y justicia, como habían indicado con acierto los liberales españoles en 1812, padres de la nación española. Esas condiciones no se dan actualmente en la democracia de nuestro país como se demostrará a continuación.

En España no hay democracia en libertad, porque los españoles no podemos elegir libremente a nuestros representantes políticos, pues exclusivamente podemos escoger (no elegir) entre la oferta que se presenta por esos intermediarios usurpadores de nuestra soberanía que son los partidos políticos. No es cierto que en España se pueda presentar cualquier ciudadano a unas elecciones, el proceso para hacerlo es extraordinariamente complejo e inícuo, pues siempre se conceden fondos públicos y espacios mediáticos a las opciones que ya han alcanzado previamente representación política, así no se produce igualdad de condiciones de partida como se analizará a continuación. Por lo tanto los ciudadanos estamos condenados a escoger siempre entre lo que nos ofrecen y no elegir lo que realmente deseamos.

En España no hay democracia en igualdad, puesto que no hay igualdad de condiciones de participación en un proceso electoral. Un partido con representación accede a todos los recursos públicos para promocionarse, mientras que uno que no tenga representación no accede prácticamente a ninguno, conculcando la isogoria (igualdad en la libertad de expresión) que es uno de los tres principios irrenunciables de una democracia. Una vez realizada las votaciones, la ingeniería electoral por medio de las Reglas D´Hondt, las circunscripciones diversas, los dinteles representativos mínimos, y otros artefactos distorsiona por completo la voluntad popular, concediendo por ejemplo al PNV seis diputados con los mismos votos que UPyD o Izquierda Unida han conseguido solo uno.

En España tampoco hay justicia en la democracia, es decir isonomia otro de los pilares de la condición democrática, el proceso de presentación de una candidatura requiere de avales ciudadanos o apoyos de representantes políticos, creándose una auténtica endogamia, pues realmente sólo es fácil alcanzar representación pública si ya se tiene previamente. En esta cuestión la justicia democrática en España funciona como los bancos, que concede créditos a quienes ya tienen dinero y no a quien no lo tienen y precisamente son los que lo necesitan. Por otra parte en España no existe separación real de poderes, vivimos realmente en un estado totalitario de un poder único que es el del ejecutivo, que regula al Parlamento y la Justicia a su antojo, sin garantía alguna de su control. El Fiscal General del Estado es más bien el Fiscal Político del Gobierno. Los órganos de dirección de la justicia, el Tribunal Constitucional y otras instancias jurídicas son elegidas directamente por los políticos, orientados a evitar precisamente el control de su impunidad, más que su regulación según las leyes y la Constitución.

¿Qué hacer?

No son las únicas razones por las que la democracia española no cumple criterios de normalidad política, quedándose más bien en una pantomima teatral, un auténtido espectáculo de hipnosis popular, que tiene como único objetivo perpetuar lo existente. Las razones reales para considerar que la democracia española es realmente inexistente son numerosas, de otra forma no podrían soportar la inmensa corrupción que hay en todas las instituciones del Estado o un Presidente del Gobierno que se decanta contra su promesa constitucional, ofrece pleno empleo para lograr más de cuatro millones de parados, o arruina un país sin que nadie pueda hacer nada para evitarlo. Por supuesto, a imitación de la tiranía y usurpación de la legitimidad, los detentadores de segunda fila de los gobiernos autonómicos o los de tercera fila de los municipios, no van a ser menos que su ejemplar patrón en la Presidencia del Gobierno.

No hay ninguna posibilidad de que las penosas circunstancias políticas y económicas que atraviesa nuestro país se alejen de la degeneración democrática, hasta que los españoles, soberanos y ciudadanos, se reunan para exigir sus derechos a los políticos que representan al poder y no a sus electores. Decía George Santayana que la interpretación del conocido aforismo que define la democracia como gobierno del pueblo, tenía un doble significado leído desde el poder y desde el pueblo, los poderosos, convertidos en déspotas, hacen la lectura desde el gobierno a pesar del pueblo, al fin y al cabo le deben más al lider de su partido su presencia en las listas, que a los votantes su elección, mientras que los inocentes electores piensan que están eligiendo a su representante cuando acuden a votar, cuando en realidad lo único que hacen al depositar su voto es suscribir un contrato de servidumbre con sus amos. No es cierto que los políticos sean servidores públicos, más bien se sirven de lo público y lo hacen en plena impunidad, tal que lo hacían los nobles en la aristocracia o los reyes en el absolutismo.

Quien no conoce sus derechos difícilmente puede defenderse del poder, por eso es necesaria la reunión de ciudadanos en organizaciones civiles que se enfrenten al poder político, tanto en la defensa de las libertades civiles contra los abusos del poder, como en la de los derechos civiles para evitar su ninguneo y la estafa a la que los políticos les someten.

Mi nombre es Enrique Suárez Retuerta, un ciudadano español que no renuncia a su soberanía y que quiere un país mejor que el que heredó de sus padres, para que sus hijos no puedan decirle nunca que no hizo nada para librarles de la esclavitud a la que, con seguridad, les someterán los políticos que aspirarán a representarles. Es hora de cambiar de sistema, es hora de alcanzar definitivamente una democracia real.


Enrique Suárez Retuerta (Biante de Priena)