¿Aún no ha dimitido Bermejo?

Se veía venir, la huelga de la justicia, tercera de la era bermeja, estaba cantada desde que se condenó a la secretaria judicial sevillana a dos años y medio de destierro laboral, y al juez a pagar una multa de mil quinientos euros.

Hace menos de una semana las fuerzas nacionales de seguridad paseaban sus miserias por las calles de Madrid, en números y en letras, para exigir igualdad y equiparación económica con sus compañeros autonómicos, a un gobierno socialista. Hace unos meses lo hicieron también los funcionarios judiciales.

Me ha contado un pajarito que la lista de comunicación entre jueces y secretarios está que arde con más tres mil entradas nominales, y recordando que los secretarios judiciales, jueces y magistrados españoles no son más de 8.000 en total, se puede decir que la gente se está mojando como nunca en defensa de la independencia de la justicia, contra las injerencias del ejecutivo.

Un seguimiento de un 90 % en un paro, con un 30 % de servicios mínimos ilegales, una declaración de las juntas de jueces de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo acusando al Gobierno de injerencias, es mucho más de lo que puede soportar el Ministro de Justicia sobre su cabeza, diatribas y arreboles. La vicepresidenta ha metido la pata solemnemente, y Bermejo ha acusado al 90 % de los representantes de la justicia de corporativismo. Mala cosa, cuando un ministro acusa a quienes mantienen por oficio el monopolio de dirimir los procesos de acusación. El fiscal Bermejo en su desparpajo atribulado se ha pasado de frenada, hasta Garzón ha firmado lo de la injerencia, que no es nada.

En fin, la espada de la justicia está en alto y aspira a seguir permaneciendo ciega en su imparcialidad y que no le levanten al descuido la venda del ojo izquierdo, que no quiere ver lo que ocurre, que luego va a ser peor. Y una mañana de octubre del año 2.008 no se le ocurre otra cosa al barón de Secondat, más conocido como Montesquieu que resucitar en España, así de pronto, y decir que "Del Espíritu de las Leyes" sigue vigente.

Luego ha salido el padre de Mariluz, Juan José Cortés que ha recogido 2.300.000 firmas, algo más del preceptivo medio millón, para solicitar la cadena perpetua para los pederastas, diciendo que es una "absoluta irresponsabilidad" las acciones de los funcionarios de justicia, que protestan por las sanciones en el sangrante caso de su hija, porque el acusado del crimen andaba por la calle gracias a la negligencia de un tribunal que no había ejercido como tal al permitir permanecer en libertad, con una sentencia firme, al principal sospechoso del crimen.

Pues en mi criterio no hay corporativismo en este acto de protesta, sí ha habido negligencia, y por lo tanto responsabilidades, pero tampoco exclusivas del tribunal que las cometió, con juez y secretaria a la cabeza. Si estas cosas ocurren en este país no es exclusivamente por que los jueces trabajen más o menos, hay alguno que ocupa excelentes puestos en los más altos tribunales que no ha pegado palo al agua desde hace años, cuando comenzó su carrera política.

Sin duda hay una responsabilidad política evidente, porque las cosas que han ocurrido y ocurren no deberían de ocurrir si hubiera una gestión de la administración de la justicia independiente, y no absolutamente politizada. Hay una responsabilidad extrajurídica que sólo puede concernir a la política, bien al poder legislativo con unos diputados y senadores que van a dormir la siesta al hemiciclo, o con un Gobierno incompetente, que elige los ministros a boleo.

Los funcionarios de justicia tienen una responsabilidad añadida, porque no han denunciado públicamente al Ministerio de Justicia y al Gobierno, y ahora se ven sometidos a los errores políticos de una administración política incompetente e inconsecuente.

La justicia bermeja es así, el que tenga la patata caliente en el momento de la foto, paga por todos los errores cometidos, convirtiéndose en chivo expiatorio de los pecados del sistema. Evidentemente que es una injerencia, me atrevería a decir que incluso es una suplantación intrusa de la justicia por la política. Pero de los polvos de admitir que la elección del Consejo General del Poder Judicial es competencia de los políticos, vienen los lodos de la opresión del poder político sobre el jurídico.

Algo ocurrirá, no me cabe la menor duda, y el chivo expiatorio será Bermejo, como Ministro de Justicia, porque si en este país alguien puede tirar de la manta y mostrar a los ciudadanos la auténtica realidad en la que estamos viviendo, es la administración de justicia, que lleva viendo desde hace años todas las barbaridades que se han hecho sin decir ni esta boca es mía, juzgando con las leyes y olvidándose de que su origen proviene de la Constitución más maltratada de Europa, que representa la soberanía de los ciudadanos españoles, y ni siquiera, una denuncia por acoso o violencia de género contra los políticos, por permitir las vejaciones a nuestra Carta Magna.

Eso le pasa a los jueces y a los secretarios judiciales por admitir pulpo como animal de compañía, cuando todo el mundo sabe que los pulpos, especialmente los bermejos, son cefalópodos con sinuosos tentáculos que antes de salir pitando llenan de tinta el medio, y asfixian a sus víctimas. Estoy seguro que en los próximos días asistiremos a la criminalización de los jueces, magistrados y secretarios, por no someterse al único poder existente, el del ejecutivo, tan totalitario como en la extinta Unión Soviética. Bermejo está acabado políticamente, porque no puede sostener un duelo con toda la justicia española, y es lo que ha intentado en su enorme soberbia, y no se detendrá ahí la cosa.

En las próximas semanas sabremos si Montesquieu ha resucitado realmente o es sólo un espectro de la memoria histórica, al que Garzón acabará juzgando por algo.

Biante de Priena