Uno de los sectores sociales que se verá más afectado por la crisis económica y política en la que estamos viviendo será la sanidad pública. El sector privado de la sanidad en España es subsidiario de la pública, por lo que puede incluirse como apéndice del común.
Los problemas de la sanidad española son múltiples y complejos, derivados de la ineptitud gestora de los políticos que se han acantonado en los puestos de dirección para defender los intereses del Gobierno de Rodríguez Zapatero o de los Presidentes de las autonomías que les pagan los sueldos cada mes.
Hay lugares en los que la detracción de recursos públicos para organizar delirios particulares de los políticos están trayendo graves consecuencias sobre el bienestar de los ciudadanos, sobre su seguridad sanitaria y sobre las posibilidades de mantenimiento en el futuro de un nivel de prestaciones equivalente al actual.
La realidad es que la sanidad se está privatizando, algo que no debería resultar alarmante en un país normal, en España resulta casi un acto criminal, porque la externalización de recursos sanitarios en realidad oculta una operación mercantil que beneficia a los favorecidos por el régimen socialista, popular o nacionalista, según ubicación y circunstancia.
En el año 2.000 la cobertura sanitaria era prácticamente universal, en la mayoría de las comunidades autónomas, tanto en oferta de recursos como en demanda de los mismos. En oferta porque el Estado procuraba recursos completos, desde la atención sanitaria directa hasta todos las atenciones complementarias que requiere, en demanda porque los ciudadanos sólo por ser españoles tenían asegurada la asistencia completa de sus problemas por el servicio nacional de salud.
Con la transferencia autonómica de los recursos se han producido numerosas desviaciones y peculiaridades gestoras, que expuestas con claridad ponen los pelos de punta a cualquier ciudadano medianamente informado.
La sanidad está tremendamente politizada, posiblemente sea el sector público más politizado. La gestión sanitaria no tiene como prioridad la asistencia de los ciudadanos, porque cada vez presenta más metástasis políticas, que en realidad busca defender la cara del régimen correspondiente, en un alarde de propaganda y ocultación.
Es cierto que el Ministerio de Sanidad se ha quedado como testimonial en la gestión de los recursos sanitarios, pero el Gobierno español es responsable de todos y cada uno de los problemas sanitarios de nuestro país. Sean por falta de recursos, sea por desviación de los mismos, o sea por que los negocios prevalecen sobre los intereses de los ciudadanos.
En estos momentos se están haciendo grandes negocios en sanidad a espaldas de los ciudadanos, porque de la transferencia de recursos del Estado a las Autonomías, se ha pasado a la transferencia de recursos de las Autonomías al mercado, al mundo de los negocios.
Algunas de las operaciones mercantiles que se están haciendo con los recursos de la sanidad pública son las siguientes:
Grandes operaciones inmobiliarias, como ubicar un hospital o centro de salud en determinado lugar y comprar previamente los terrenos circundantes previo chivatazo a los amigos, porque incrementarán inmediatamente su valor.
Conceder rescisiones de medicamentos de demostrada eficacia a determinados laboratorios, para que dos años después saquen una molécula similar a un precio diez veces mayor que los originales. Permitir la incorporación de nuevas sustancias de utilidad no suficientemente demostrada.
Privatización de servicios sanitarios como todos los relacionados con los servicios parasanitarios, el transporte, la limpieza, la seguridad, concedidos a empresarios próximos a las causas particulares de cada autonomía.
Restricción de la incorporación de nuevos profesionales sanitarios, con la intención de realizar contratos con profesionales de otros países que acepten gustosos la proletarización laboral en su incorporación al sistema.
Permitir por parte del Estado la publicidad engañosa de los nutricéuticos, alimentos que llevan incorporadas sustancias que supuestamente son beneficiosas para la salud, sin haber realizado suficientes contrastes científicos de su eficacia. Cuenten diez anuncios televisivos en cualquier cadena y descubrirán que casi un 50 % están relacionados con la salud, especialmente en las emisiones matinales que tienen una audiencia de mayor edad y con más problemas de salud.
Un fuerte crecimiento del sector de la parafarmacia, devolviendo la ciencia médica a la época de la creencia irracional, porque la diferencia entre una sustancia eficaz contrastada, y otras sustancias que posiblemente sean beneficiosas, es la misma que la de seguir con vida o morirse de forma extraña.
La sanidad no se libra de la contaminación política, al contrario, cada día se está haciendo más incisiva y agresiva, sin que ninguna asociación sanitaria o de consumidores diga absolutamente nada, porque todas son dependientes del Gobierno y tienen su silencio comprado y asegurado desde los órganos de gestión y concesión de subvenciones.
Se está produciendo una estafa sanitaria a los ciudadanos de este país, un signo más del deterioro irreversible del Estado, de la degeneración de la política, del abuso y la opresión del poder, y de la pasividad estúpida de los ciudadanos que aceptan que les erosionen sus derechos sin hacer absolutamente nada.
Mientras haya salud no ocurrirá nada, pero el día que precisen de asistencia más allá de un catarro o unas anginas, pónganse a temblar, no por la buena formación de los profesionales sanitarios españoles, posiblemente de los más prestigiosos del mundo, sino por la aventura que supone llegar desde la demanda de asistencia a su prestación, y todo gracias a los numerosos obstáculos políticos que se han interpuesto entre los enfermos y quienes tienen que asistirles.
Lo dicho, que no falte la salud, y en su defecto no se pierdan las series "House", "Urgencias", "Anatomía de Grey", entre otras, para que comprueben como en realidad no son las cosas, y muéranse felices pensando lo afortunados que son por todo lo que han avanzado las ciencias de la salud en las series televisivas.
Erasmo de Salinas
Los problemas de la sanidad española son múltiples y complejos, derivados de la ineptitud gestora de los políticos que se han acantonado en los puestos de dirección para defender los intereses del Gobierno de Rodríguez Zapatero o de los Presidentes de las autonomías que les pagan los sueldos cada mes.
Hay lugares en los que la detracción de recursos públicos para organizar delirios particulares de los políticos están trayendo graves consecuencias sobre el bienestar de los ciudadanos, sobre su seguridad sanitaria y sobre las posibilidades de mantenimiento en el futuro de un nivel de prestaciones equivalente al actual.
La realidad es que la sanidad se está privatizando, algo que no debería resultar alarmante en un país normal, en España resulta casi un acto criminal, porque la externalización de recursos sanitarios en realidad oculta una operación mercantil que beneficia a los favorecidos por el régimen socialista, popular o nacionalista, según ubicación y circunstancia.
En el año 2.000 la cobertura sanitaria era prácticamente universal, en la mayoría de las comunidades autónomas, tanto en oferta de recursos como en demanda de los mismos. En oferta porque el Estado procuraba recursos completos, desde la atención sanitaria directa hasta todos las atenciones complementarias que requiere, en demanda porque los ciudadanos sólo por ser españoles tenían asegurada la asistencia completa de sus problemas por el servicio nacional de salud.
Con la transferencia autonómica de los recursos se han producido numerosas desviaciones y peculiaridades gestoras, que expuestas con claridad ponen los pelos de punta a cualquier ciudadano medianamente informado.
La sanidad está tremendamente politizada, posiblemente sea el sector público más politizado. La gestión sanitaria no tiene como prioridad la asistencia de los ciudadanos, porque cada vez presenta más metástasis políticas, que en realidad busca defender la cara del régimen correspondiente, en un alarde de propaganda y ocultación.
Es cierto que el Ministerio de Sanidad se ha quedado como testimonial en la gestión de los recursos sanitarios, pero el Gobierno español es responsable de todos y cada uno de los problemas sanitarios de nuestro país. Sean por falta de recursos, sea por desviación de los mismos, o sea por que los negocios prevalecen sobre los intereses de los ciudadanos.
En estos momentos se están haciendo grandes negocios en sanidad a espaldas de los ciudadanos, porque de la transferencia de recursos del Estado a las Autonomías, se ha pasado a la transferencia de recursos de las Autonomías al mercado, al mundo de los negocios.
Algunas de las operaciones mercantiles que se están haciendo con los recursos de la sanidad pública son las siguientes:
Grandes operaciones inmobiliarias, como ubicar un hospital o centro de salud en determinado lugar y comprar previamente los terrenos circundantes previo chivatazo a los amigos, porque incrementarán inmediatamente su valor.
Conceder rescisiones de medicamentos de demostrada eficacia a determinados laboratorios, para que dos años después saquen una molécula similar a un precio diez veces mayor que los originales. Permitir la incorporación de nuevas sustancias de utilidad no suficientemente demostrada.
Privatización de servicios sanitarios como todos los relacionados con los servicios parasanitarios, el transporte, la limpieza, la seguridad, concedidos a empresarios próximos a las causas particulares de cada autonomía.
Restricción de la incorporación de nuevos profesionales sanitarios, con la intención de realizar contratos con profesionales de otros países que acepten gustosos la proletarización laboral en su incorporación al sistema.
Permitir por parte del Estado la publicidad engañosa de los nutricéuticos, alimentos que llevan incorporadas sustancias que supuestamente son beneficiosas para la salud, sin haber realizado suficientes contrastes científicos de su eficacia. Cuenten diez anuncios televisivos en cualquier cadena y descubrirán que casi un 50 % están relacionados con la salud, especialmente en las emisiones matinales que tienen una audiencia de mayor edad y con más problemas de salud.
Un fuerte crecimiento del sector de la parafarmacia, devolviendo la ciencia médica a la época de la creencia irracional, porque la diferencia entre una sustancia eficaz contrastada, y otras sustancias que posiblemente sean beneficiosas, es la misma que la de seguir con vida o morirse de forma extraña.
La sanidad no se libra de la contaminación política, al contrario, cada día se está haciendo más incisiva y agresiva, sin que ninguna asociación sanitaria o de consumidores diga absolutamente nada, porque todas son dependientes del Gobierno y tienen su silencio comprado y asegurado desde los órganos de gestión y concesión de subvenciones.
Se está produciendo una estafa sanitaria a los ciudadanos de este país, un signo más del deterioro irreversible del Estado, de la degeneración de la política, del abuso y la opresión del poder, y de la pasividad estúpida de los ciudadanos que aceptan que les erosionen sus derechos sin hacer absolutamente nada.
Mientras haya salud no ocurrirá nada, pero el día que precisen de asistencia más allá de un catarro o unas anginas, pónganse a temblar, no por la buena formación de los profesionales sanitarios españoles, posiblemente de los más prestigiosos del mundo, sino por la aventura que supone llegar desde la demanda de asistencia a su prestación, y todo gracias a los numerosos obstáculos políticos que se han interpuesto entre los enfermos y quienes tienen que asistirles.
Lo dicho, que no falte la salud, y en su defecto no se pierdan las series "House", "Urgencias", "Anatomía de Grey", entre otras, para que comprueben como en realidad no son las cosas, y muéranse felices pensando lo afortunados que son por todo lo que han avanzado las ciencias de la salud en las series televisivas.
Erasmo de Salinas
1 comentario:
Publicado en Agosto de 2005
A.Sirvent
Próximamente tendremos reuniones del Consejo General de Política Fiscal y Financiera y de Presidentes de Comunidades Autónomas. Se hablará de la financiación sanitaria, pero ya tenemos datos de cómo van las cosas en ese terreno.
El BBV sabe lo que quiere y ha encargado a un grupo de expertos de diversas universidades un estudio sobre la sanidad pública en la España de hoy. Por esta reciente publicación conocemos el diseño del actual “subsistema sanitario” como se le llama en el estudio, lo que equivale a saber cómo está planteado el sistema sanitario nacional español.
El actual modelo de financiación territorial de la sanidad que está vigente desde 2002, contempla tres criterios básicos para su puesta en marcha.
Suficiencia: Adecuación de la capacidad financiera para atender las necesidades en cada región.
Equidad: garantía universal de acceso a la atención sanitaria y corrección de desigualdades sociales y geográficas.
Autonomía: respeto a la libertad de elección de las CC.AA. sobre la elección de recursos y forma de gestionarlo.
El modelo se sustenta en un soporte ético adecuado, procurando que prevalezca el principio de igualdad para conseguir niveles similares de bienestar, creando un fondo de cohesión y regulando las asignaciones de nivelación.
En las conclusiones sobre la investigación de sus tres años de vigencia, se observa:
-Insuficiencia financiera aparente, aparición de déficits y consecuente apertura del debate.
-“El modelo plantea problemas en su diseño y aplicación.”
- Los criterios aprobados se han modificado con ajustes vinculados al P.I.B. para 11 CC.AA. que crecieron por debajo de la media nacional y por transferencias de servicios a 10 CC.AA. que las tenían pendientes.
- Las CC.AA. financian la sanidad de manera heterogénea. El presupuesto para el 2004 era de 955 euros pe cápita, pero la horquilla entre autonomías es de entre 882 y 1.227 euros per cápita. Esta diferencia no tiene justificación para el propio informe.
- El modelo no previó la revisión de las necesidades del incremento poblacional que ha sido el 8 % entre 1.999 y 2.004.
- El fondo de cohesión, reserva del sistema gestionado desde la Administración central, se dedicó a la compensación de pacientes desplazados, cuando estaba dedicado a mejoras de eficiencia y equidad.
- Las asignaciones de nivelación para garantizar a todos los ciudadanos acceso a un nivel similar de servicios públicos como educación y sanidad, se pueden obtener sólo cuando las variaciones regionales de población excedan un 3% a las que se produzcan en el conjunto del país, supuesto muy improbable.
Vemos en el diseño del “subsistema” buena voluntad y una teórica racionalidad. Parece hecho a la medida de hombres buenos, listos, capaces y honrados. Si todo el mundo hiciera las cosas bien, todo funcionaría como un reloj. Pero ni la vida ni los hombres son como queremos y el análisis de su funcionamiento revela las imperfecciones de su aplicación y las faltas en sus objetivos, aún en tan limitado tiempo desde su puesta en práctica.
El informe no lo nombra, pero el mayor de los problemas es lo que conocemos como “descentralización”, ese totem adorado por mucha gente dedicada a la política. Esa palabra es la acción del infinitivo de “descentralizar”, que no es “descentrar”. El diccionario distingue entre ambos verbos por un contexto sencillo: mientras para el primero presupone varias cosas sobre las que actuar, al otro le basta sólo una. En definitiva se confunde interesadamente centralización política en la decisión y por consiguiente responsabilidad pública, con aplicación plural, extensa o múltiple de esa decisión.
Véase que en ningún país del mundo existe “centralización” para atender a un paciente o educar a los niños, en todos ellos se atiende “descentralizadamente” a las personas en esas y en otras numerosas cosas. Ni aún en los países más descentralizados políticamente se deja en manos de un profesor, médico, director, alcalde, etc., es decir, en manos de alguien “no políticamente responsable” la toma de decisiones para realizar esas atenciones.
En todos los países además, sea cual fuere su estructura política, disponen de la experiencia alcanzada en el transcurso de su historia, el rodaje a través de su desarrollo, un período más o menos largo de aprendizaje, de prueba y ensayo. Y en los más serios y avanzados una incorrección flagrante se paga con la destitución del responsable.
En España se inventó la picaresca; nuestra proverbial desidia, incompetencia política, caciquismo y arribismo son de dominio público mundial. Hemos ofrecido al orbe espectáculos inauditos de irresponsabilidades públicas o de verdaderas canalladas como los recientes robos de los jefes del dinero y de la policía nacionales. No hemos demostrado ninguna seriedad con nuestra clase política, ni en nuestra historia ni en la actualidad, sino todo lo contrario.
Y la consecuencia de esa “cultura política” la vemos cada día en nuestro país. Sabemos que en las autonomías las prestaciones sanitarias varían de unas a otras; lo que se da en Andalucía no es lo mismo que en Madrid, que tampoco se da en Cataluña ni en el País Vasco que presta cuidados dentales a los niños. Sabemos también que los sueldos a los funcionarios difieren de unas a otras autonomías, así como las prioridades y las políticas de atenciones, dándose casos de inasistencias a personas por no encontrarse en la región de origen.
“Todo lo que exista, sepárese”. Este parece el lema a seguir en la política española, la orden diaria, el "noble" objetivo y el fin permanente, al margen y en contra del interés y deseo de los ciudadanos españoles, o sea, unos 44 millones de personas.
La justicia, la educación, las decisiones contra los incendios, los impuestos, otras cosas y también la sanidad pública, están estructurándose no sobre la base de criterios de eficacia y conveniencia pública sobradamente probadas desde el punto de vista técnico o de gestión, sino destruyendo su útil configuración al anteponer en el diseño el interés egoísta de las castas regionales, que arrastran a las demás en pos del festín que se contempla en el horizonte.
A esta única razón obedece la “descentralización” autonómica. Y por los signos que vemos, la tendencia seguirá hasta hacernos la vida imposible. El Estado de las Autonomías precisa con suma urgencia una profunda y severa revisión pero parece que los ciudadanos y sus intereses son los únicos interesados en hacerlo.
Quién nos iba a decir que lo que empezó como una concesión a los jefes de dos regiones, acabaría con un montaje de siglos de existencia y a tortas, pero así es la vida.
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