Corrupción política: el terrorismo silencioso

Independientemente de los estudios que cada año nos ofrece Transparency International y que durante el pasado año ha supuesto el peor puesto de los últimos diez años, descendiendo hasta el puesto 25, con la tasa de corrupción más elevada desde el año 2000, se están observando en España numerosos fenómenos que anuncian la insoportable rapiña a la que estamos sometidos los españoles por parte de las tramas organizadas en la prevaricación y la estafa pública, especialmente desde que el PSOE de Rodríguez Zapatero ha llegado al Gobierno.

No resulta sorprendente la asociación de corrupción política con gobiernos socialistas, precisamente el último gobierno de Felipe González fue desalojado de La Moncloa por el insoportable crecimiento exponencial de la corrupción en España, asociada a casos como Filesa, Rumasa, Cruz Roja, el despacho del hermano de Alfonso Guerra, o la singular epopeya de aquel Director de la Guardia Cívil, Luis Roldán, y los desmanes económicos del Ministerio del Interior en la época de Barrionuevo y Vera.

El caso de la Policía Municipal de Coslada es un claro ejemplo del deterioro ético que se está produciendo en nuestro país, al que se puede añadir la investigación que se está llevando a cabo en la Generalitat por los informes fantasma que le han costado al erario público 32 millones de euros.

Hoy mismo me comentaba un amigo empresario, que a fecha actual es prácticamente imposible participar en un concurso de obra pública si no se reparten beneficios antes de alcanzar la concesión entre los concesionarios. Hay que recordar que en este país hay un mercado secundario en las obras públicas, pues si una empresa alcanza una concesión, independientemente de que tenga capacidad de desarrollar la obra contratada, inmediatamente establece subcontratas que a su vez se siguen subcontratando varias veces, hasta que una empresa que contrata a sus trabajadores de forma ilegal, habitualmente inmigrantes, termina ejecutando el proyecto.

Pero quizás el mayor negocio de algunos testaferros del Partido Socialista haya sido las concesiones de empresas que trabajan para el sector público, de las que el Estado se ha desentendido. Hay impresionantes negocios relacionados con todos los sectores políticos relacionados con servicios públicos, educación, sanidad, justicia, cultura, medio ambiente - sector en alza -, igualdad, transportes, comunicaciones, y por supuesto, obras públicas.

La realidad es que este país ha perdido el tren de la honestidad pública, fundamentalmente con la llegada de los gobiernos socialistas, pero algo parecido ocurre en las zonas gobernadas por el Partido Popular o por los nacionalistas, que además utilizan sus recursos contra los intereses generales de España.

Es hora de que los ciudadanos nos organicemos políticamente, primero para denunciar y hacer pública toda la corrupción que conocemos en los lugares en que residimos, para presentarnos a continuación como acusación particular a los juicios que se celebren contra políticos acusados de corrupción. Si no lo hacemos nosotros, no lo hará nadie y al final, como hasta en el Consejo General del Poder Judicial ha habido casos de corrupción, todo quedará en un quítame allá estás pajas.

Es hora de que los ciudadanos luchemos directamente por nuestros derechos, porque si esperamos que los políticos se corrijan entre ellos en sus desmanes prevaricadores, jamás se resolverá este grave problema que retrasa más que ningún otro factor el progreso social en nuestro país, y pone en peligro el Estado de Bienestar más que ninguna crisis económica, nacional o internacional.

Es necesario que se cambie la legislación en materia de delitos de corrupción ejecutados por políticos y funcionarios, las penas deben ser similares a las que se establecen para los actos de terrorismo, porque si los crímenes del terrorismo son visibles, los de la corrupción política no lo son, y hacen tanto daño como el terrorismo a las circunstancias en que se desarrollan nuestras vidas.

Terrorismo y corrupción, delimitan el marco de desesperanza para todos los españoles. Es necesario recuperar la "salud pública", y para ello es imprescindible la organización de los ciudadanos en agrupaciones que intervengan directamente en el control de la gestión de los negocios que se están desarrollando a la sombra del Estado. En el actual estado de desconfianza justificada, sería una locura terrible no hacerlo.


Biante de Priena