Ha muerto GABRIEL CISNEROS.Su vida es un ejemplo de dignidad y de coherencia al servicio de la democracia y de la ley. No es casualidad si su último compromiso público fue con España, a través de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, que fue constituida en octubre de 2006.
Ciudadanos en la Red, en reconocimiento al hombre y a su trayectoria, reproduce aquí la entrevista que concedió al diario ABC el 30 de octubre de 2005, en la que afirmaba, fiel a sí mismo y al espíritu de la transición y de la Constitución de 1978, que "Zapatero, que es uno de los personajes más sectarios que ha circulado por la vida política española, ensaya construir un nuevo consenso que desplace al de 1977. Y sería el acuerdo entre una izquierda de ámbito nacional y los nacionalismos periféricos de todo signo, dejando fuera, con un papel testimonial o legitimador, a la derecha de ámbito nacional. A mí me parece una empresa imposible. En todo caso, sería un ejercicio de aquello que Ortega llamaba la hemiplejia moral. Es decir, condenar o excluir a un hemisferio de la vida española."
Entrevista de Ángel Collado (ABC) a Gabriel Cisneros, 30 de octubre de 2005
Gabriel Cisneros (Tarazona, 1940) suma siete de las ocho legislaturas de la democracia en el Congreso -sólo le gana Alfonso Guerra- y es el único de los siete ponentes de la Constitución de 1978 que sigue en la política activa. Participó en la fundación de UCD y en la del régimen democrático más largo y quizá único que ha tenido España. Sufrió un atentado de ETA y estuvo en la refundación del Partido Popular. Ahora se acaba de enfrentar al desafío del nuevo Estatuto catalán en la Mesa del Congreso, convencido de que el proyecto es un severo ataque a la Constitución, y sostiene que su partido, llegado el caso, tendrá que defender en comisión todas y cada una de las enmiendas que planteó en Cataluña, pero eso «sin mancharse las manos» con cualquier transacción.
-¿Estamos ante un cambio de régimen?
-Recurriendo a tecnicismos diríamos que estamos ante una mutación constitucional o un falseamiento de la Constitución, pero en términos políticos sí que cabe concluir que se trata de una mutación profunda de los supuestos del gran acuerdo nacional de reconciliación que se produjo en 1977.
-¿Da por muerto el llamado espíritu de consenso de la Transición?
-No. Lo que pasa es que Zapatero, que es uno de los personajes más sectarios que ha circulado por la vida política española, ensaya construir un nuevo consenso que desplace al de 1977. Y sería el acuerdo entre una izquierda de ámbito nacional y los nacionalismos periféricos de todo signo, dejando fuera, con un papel testimonial o legitimador, a la derecha de ámbito nacional. A mí me parece una empresa imposible. En todo caso, sería un ejercicio de aquello que Ortega llamaba la hemiplejia moral. Es decir, condenar o excluir a un hemisferio de la vida española.
- Como observador privilegiado de la etapa constitucional y todo lo que ha venido después, ¿cómo se explica el momento actual?
-Todo este proceso parte de un gigantesco equívoco. En las elecciones catalanas, salvo el PP, todos los partidos que concurrieron a las urnas entraron en una competencia desaforada por ver quién exalta más la voluntad de autogobierno. Pero todo ese debate partía del supuesto de que en 2004 el PP iba a repetir la victoria, y eso les venía muy bien para alimentar el permanente e insaciable discurso reivindicativo de los nacionalismos y de los sectores nacionalistas del PSC, que lo hegemonizan pese a que la realidad social de sus bases no es esa. Después ocurrió lo que ocurrió en las elecciones generales y se encontraron de frente con el ejercicio de una responsabilidad con la que no habían contado. Incluso después demoraron el trámite; parecían esperar que desde el poder central se marcara una línea roja, lo que no se produjo.
-¿Qué ha pasado en algunos protagonistas del pacto constitucional, como el PSOE?
-Al PSOE, francamente, no lo conozco. Un partido de izquierda que renuncia a la igualdad como idea fuerza, como valor predominante, y asume como suyo el discurso nacionalista sólo lo puedo entender como signo de confusión de la izquierda española, que se generaliza a toda la europea en cuestión de programas, con la excepción de Blair.
-Usted que mantiene buenas relaciones con dirigentes socialistas de la época de la Transición, como Guerra, ¿cree que las presiones internas en el PSOE pueden hacer cambiar de planes a Zapatero?
-He de decir que mis conversaciones con Alfonso Guerra, con quien tengo una excelente amistad, no dejan de ser desahogos de «outsiders».
-¿Por parte de ambos?
-Pues sí. Pero no me importa revelarle que Guerra estaba bastante esperanzado a partir del informe de los expertos del PSOE. Considera que contiene, si se quieren explotar, grandes potencialidades reformadoras del Estatuto.
-¿Está Zapatero revisando el papel del PSOE en la Transición?
-Sí, porque el funcionamiento de nuestro sistema político necesita imperiosamente el acuerdo entre los dos grandes partidos nacionales en un elenco mínimo de cuestiones, y ese acuerdo, desde 1978, funcionó. Esos asuntos son la ley electoral, las reglas del juego, cuyas reformas se han hecho siempre por unanimidad o por pacto entre los dos grandes partidos, y el reglamento del Congreso. Y la otra gran cuestión es la ordenación territorial del poder, porque sólo en virtud de ese entendimiento se pueden compensar los riesgos implícitos en el Título octavo. Queda la política exterior, que funcionó bajo esos parámetros hasta Irak.
-Dicen los nacionalistas que lo del «Estado plurinacional» no pudo ser en la Transición por presiones de poderes «fácticos».
-El conocimiento del debate constituyente desmiente esa teoría. Se discutió abiertamente, por ejemplo, del derecho de autodeterminación. Lo defendieron Letamendía, Bandrés y Barrera y no lo secundaron los nacionalismos democráticos vasco y catalán. En el artículo segundo, que es el último que se redactó y fue aprobado por unanimidad -la clave de bóveda sobre la que descansa todo el ordenamiento jurídico-constitucional de nuestro Estado-, está la expresión «patria común indivisible de todos los españoles», que fue propuesta nada menos que por Jordi Solé Tura, representante del PSUC. Y la frase de Arzalluz de que las teorías sobre la autodeterminación eran «virguerías marxistas» está en los diarios de sesiones. Que no nos cuenten historias.
-Pero visto lo ocurrido, ¿cree que los constituyentes se quedaron cortos en el Título octavo o que se excedieron?
-Si entonces hubiéramos optado por la fórmula asimétrica y por acotar el reconocimiento de elementos de autonomía a Cataluña y al País Vasco, se podría haber sostenido con el respaldo de las dos principales fuerzas políticas. Pero apelo a la memoria, lo que no estaba en la voluntad de los constituyentes estuvo en el seno de la sociedad española. La demanda de igualdad era tanto o más fuerte que la de libertad. Un millón de andaluces salió a la calle para pedir autonomía plena. Aunque el proceso no fue espontáneo. El PSOE de la época se dio cuenta de que ese problema representaba la mayor vulnerabilidad de UCD y lo explotó con intensidad.
-¿Qué debe hacer su partido ante el desafío del texto en el trámite parlamentario?
-Sé que existen voces en el seno de mi partido que defienden posiciones de inhibición, pero yo creo que no se pueden dejar las instituciones, siempre hay que acabar por volver. Tienen el valor del gesto, que se acaba en sí mismo. Lo que defenderé dentro de los órganos de mi partido es que se enmienden todos y cada uno de los artículos en coherencia con lo sostenido por nuestros compañeros en el Parlamento de Cataluña, que se procure reintegrar a su vigencia el actual Estatuto en todo lo que sea posible y que aprovechemos al máximo para hacer un ejercicio de pedagogía política. Yo lo que pido siempre a todos los ciudadanos es que se lean el Estatuto. Ya sé que es un ejercicio arduo -comprendo lo de la urticaria que le da a Francisco Vázquez-, pero que se lo lean porque concierne a todos y cada uno de los españoles, que son afectados en sus derechos, en sus intereses y en su vocación de igualdad. Después de la lectura, sin mediaciones políticas y propagandísticas, que los funcionarios formen criterio sobre las expectativas que para su movilidad y su promoción representa la amputación de Cataluña del régimen administrativo común. Que lo lean los trabajadores, los contribuyentes; que lo lean los empresarios para que se den cuenta de que la unidad de mercado aparece absolutamente ignorada en todo el proyecto. Y no se trata de preservar a España como un mercado cautivo, que es lo que nos han venido a decir algunas voces empresariales catalanas; se trata de reivindicar una relación de pertenencia, de identidad.
-¿Y es partidario de ayudar al PSOE a enmendar el texto?
-Eso ya es casi una cuestión moral. Aquí hay que preservar las manos limpias. Me temo que el PSOE va a enmendar a fondo el sistema de financiación, pero el resto de los cambios serán más bien cosméticos, y condicionará a esa voluntad de reforma la decisión de mantener el acuerdo con los nacionalistas. Casi es un dilema moral que iremos solventando a medida que se presente. Los socialistas tampoco nos necesitarían.
-Pero algunos dirigentes del PSOE les piden ayuda...
-Zapatero nos cree aritmética, política e históricamente prescindibles. Insisto, con un sectarismo enfermizo que desmiente las posiciones retóricas del talante y la cordialidad gestual. No sólo considera que no nos necesita, es que no quiere el entendimiento entre los dos grandes partidos. Lo demostró en febrero de este año en la entrevista con Rajoy y no ha dejado de manifestarlo desde entonces.
-¿Y no espera cambio alguno después de las discrepancias planteadas por Ibarra, Bono, Guerra, González...?
-El respeto al consenso constitucional está muy asentado en las viejas guardias, en los cuadros históricos del Partido Socialista de la democracia, pero hay otro elemento que podemos llamar posmoderno, que parece dominante en el Grupo Parlamentario y que no es partidario del entendimiento.
-¿No espera, pues, que ninguno dé un paso al frente en el debate de admisión a trámite del Estatuto?
-La tradición del PSOE es de enorme disciplina. Además, el poderoso aparato de comunicación y propaganda del Gobierno y del PSOE presentará las reformas como un buen ejercicio de limpieza para poder justificar esa disciplina.
-¿Habrá un cambio de régimen sin consulta a los ciudadanos?
-Se va a producir una usurpación de una decisión que correspondía al pueblo, un desplazamiento del ejercicio de la soberanía. Ahora sí que sería necesario un cambio constitucional profundo para ensayar una reforma que intentara remediar estos vicios.
-¿De qué tipo?
-El Título octavo no tiene blindaje, puede cambiarse por una mayoría de tres quintos.
-¿Confía en que el Tribunal Constitucional frene el proceso?
-Al ser varias las instancias que pueden impulsar la reforma constitucional, no descarto que los gobiernos y los parlamentos de las comunidades autónomas que se van a sentir lesionadas, ni el propio Defensor del Pueblo, pongan en marcha este mecanismo.
-¿Autonomías gobernadas por el PP?
-O por Rodríguez Ibarra o Barreda. Ellos tienen más próxima la preocupación de sus bases sociales.
-¿Qué le parecen las fórmulas de Zapatero sobre comunidad, entidad o realidad nacional para Cataluña?
-Con esos términos, o quiere decir Nación o no quiere decir nada. Es un eufemismo. Ya lo tantearon en el proyecto del Estatuto y se quedó en nacionalidad. Lo que no había entonces era un presidente de Gobierno que dijera que Nación es un término polisémico. Cuando las palabras se inscriben en un contexto jurídico lo tienen, cuando la expresión Nación se emplea en el artículo 2 de la Constitución tiene un valor normativo pleno, como lo tiene en el proyecto de Estatuto. Y después lo desarrollan hasta configurar un cuasi Estado levemente vinculado en un régimen confederal que no existe en la realidad política vigente ni en la historia con ejemplos existosos. Ejemplos fracasados, sí.
Entrevista de Ángel Collado (ABC) a Gabriel Cisneros, 30 de octubre de 2005
Gabriel Cisneros (Tarazona, 1940) suma siete de las ocho legislaturas de la democracia en el Congreso -sólo le gana Alfonso Guerra- y es el único de los siete ponentes de la Constitución de 1978 que sigue en la política activa. Participó en la fundación de UCD y en la del régimen democrático más largo y quizá único que ha tenido España. Sufrió un atentado de ETA y estuvo en la refundación del Partido Popular. Ahora se acaba de enfrentar al desafío del nuevo Estatuto catalán en la Mesa del Congreso, convencido de que el proyecto es un severo ataque a la Constitución, y sostiene que su partido, llegado el caso, tendrá que defender en comisión todas y cada una de las enmiendas que planteó en Cataluña, pero eso «sin mancharse las manos» con cualquier transacción.
-¿Estamos ante un cambio de régimen?
-Recurriendo a tecnicismos diríamos que estamos ante una mutación constitucional o un falseamiento de la Constitución, pero en términos políticos sí que cabe concluir que se trata de una mutación profunda de los supuestos del gran acuerdo nacional de reconciliación que se produjo en 1977.
-¿Da por muerto el llamado espíritu de consenso de la Transición?
-No. Lo que pasa es que Zapatero, que es uno de los personajes más sectarios que ha circulado por la vida política española, ensaya construir un nuevo consenso que desplace al de 1977. Y sería el acuerdo entre una izquierda de ámbito nacional y los nacionalismos periféricos de todo signo, dejando fuera, con un papel testimonial o legitimador, a la derecha de ámbito nacional. A mí me parece una empresa imposible. En todo caso, sería un ejercicio de aquello que Ortega llamaba la hemiplejia moral. Es decir, condenar o excluir a un hemisferio de la vida española.
- Como observador privilegiado de la etapa constitucional y todo lo que ha venido después, ¿cómo se explica el momento actual?
-Todo este proceso parte de un gigantesco equívoco. En las elecciones catalanas, salvo el PP, todos los partidos que concurrieron a las urnas entraron en una competencia desaforada por ver quién exalta más la voluntad de autogobierno. Pero todo ese debate partía del supuesto de que en 2004 el PP iba a repetir la victoria, y eso les venía muy bien para alimentar el permanente e insaciable discurso reivindicativo de los nacionalismos y de los sectores nacionalistas del PSC, que lo hegemonizan pese a que la realidad social de sus bases no es esa. Después ocurrió lo que ocurrió en las elecciones generales y se encontraron de frente con el ejercicio de una responsabilidad con la que no habían contado. Incluso después demoraron el trámite; parecían esperar que desde el poder central se marcara una línea roja, lo que no se produjo.
-¿Qué ha pasado en algunos protagonistas del pacto constitucional, como el PSOE?
-Al PSOE, francamente, no lo conozco. Un partido de izquierda que renuncia a la igualdad como idea fuerza, como valor predominante, y asume como suyo el discurso nacionalista sólo lo puedo entender como signo de confusión de la izquierda española, que se generaliza a toda la europea en cuestión de programas, con la excepción de Blair.
-Usted que mantiene buenas relaciones con dirigentes socialistas de la época de la Transición, como Guerra, ¿cree que las presiones internas en el PSOE pueden hacer cambiar de planes a Zapatero?
-He de decir que mis conversaciones con Alfonso Guerra, con quien tengo una excelente amistad, no dejan de ser desahogos de «outsiders».
-¿Por parte de ambos?
-Pues sí. Pero no me importa revelarle que Guerra estaba bastante esperanzado a partir del informe de los expertos del PSOE. Considera que contiene, si se quieren explotar, grandes potencialidades reformadoras del Estatuto.
-¿Está Zapatero revisando el papel del PSOE en la Transición?
-Sí, porque el funcionamiento de nuestro sistema político necesita imperiosamente el acuerdo entre los dos grandes partidos nacionales en un elenco mínimo de cuestiones, y ese acuerdo, desde 1978, funcionó. Esos asuntos son la ley electoral, las reglas del juego, cuyas reformas se han hecho siempre por unanimidad o por pacto entre los dos grandes partidos, y el reglamento del Congreso. Y la otra gran cuestión es la ordenación territorial del poder, porque sólo en virtud de ese entendimiento se pueden compensar los riesgos implícitos en el Título octavo. Queda la política exterior, que funcionó bajo esos parámetros hasta Irak.
-Dicen los nacionalistas que lo del «Estado plurinacional» no pudo ser en la Transición por presiones de poderes «fácticos».
-El conocimiento del debate constituyente desmiente esa teoría. Se discutió abiertamente, por ejemplo, del derecho de autodeterminación. Lo defendieron Letamendía, Bandrés y Barrera y no lo secundaron los nacionalismos democráticos vasco y catalán. En el artículo segundo, que es el último que se redactó y fue aprobado por unanimidad -la clave de bóveda sobre la que descansa todo el ordenamiento jurídico-constitucional de nuestro Estado-, está la expresión «patria común indivisible de todos los españoles», que fue propuesta nada menos que por Jordi Solé Tura, representante del PSUC. Y la frase de Arzalluz de que las teorías sobre la autodeterminación eran «virguerías marxistas» está en los diarios de sesiones. Que no nos cuenten historias.
-Pero visto lo ocurrido, ¿cree que los constituyentes se quedaron cortos en el Título octavo o que se excedieron?
-Si entonces hubiéramos optado por la fórmula asimétrica y por acotar el reconocimiento de elementos de autonomía a Cataluña y al País Vasco, se podría haber sostenido con el respaldo de las dos principales fuerzas políticas. Pero apelo a la memoria, lo que no estaba en la voluntad de los constituyentes estuvo en el seno de la sociedad española. La demanda de igualdad era tanto o más fuerte que la de libertad. Un millón de andaluces salió a la calle para pedir autonomía plena. Aunque el proceso no fue espontáneo. El PSOE de la época se dio cuenta de que ese problema representaba la mayor vulnerabilidad de UCD y lo explotó con intensidad.
-¿Qué debe hacer su partido ante el desafío del texto en el trámite parlamentario?
-Sé que existen voces en el seno de mi partido que defienden posiciones de inhibición, pero yo creo que no se pueden dejar las instituciones, siempre hay que acabar por volver. Tienen el valor del gesto, que se acaba en sí mismo. Lo que defenderé dentro de los órganos de mi partido es que se enmienden todos y cada uno de los artículos en coherencia con lo sostenido por nuestros compañeros en el Parlamento de Cataluña, que se procure reintegrar a su vigencia el actual Estatuto en todo lo que sea posible y que aprovechemos al máximo para hacer un ejercicio de pedagogía política. Yo lo que pido siempre a todos los ciudadanos es que se lean el Estatuto. Ya sé que es un ejercicio arduo -comprendo lo de la urticaria que le da a Francisco Vázquez-, pero que se lo lean porque concierne a todos y cada uno de los españoles, que son afectados en sus derechos, en sus intereses y en su vocación de igualdad. Después de la lectura, sin mediaciones políticas y propagandísticas, que los funcionarios formen criterio sobre las expectativas que para su movilidad y su promoción representa la amputación de Cataluña del régimen administrativo común. Que lo lean los trabajadores, los contribuyentes; que lo lean los empresarios para que se den cuenta de que la unidad de mercado aparece absolutamente ignorada en todo el proyecto. Y no se trata de preservar a España como un mercado cautivo, que es lo que nos han venido a decir algunas voces empresariales catalanas; se trata de reivindicar una relación de pertenencia, de identidad.
-¿Y es partidario de ayudar al PSOE a enmendar el texto?
-Eso ya es casi una cuestión moral. Aquí hay que preservar las manos limpias. Me temo que el PSOE va a enmendar a fondo el sistema de financiación, pero el resto de los cambios serán más bien cosméticos, y condicionará a esa voluntad de reforma la decisión de mantener el acuerdo con los nacionalistas. Casi es un dilema moral que iremos solventando a medida que se presente. Los socialistas tampoco nos necesitarían.
-Pero algunos dirigentes del PSOE les piden ayuda...
-Zapatero nos cree aritmética, política e históricamente prescindibles. Insisto, con un sectarismo enfermizo que desmiente las posiciones retóricas del talante y la cordialidad gestual. No sólo considera que no nos necesita, es que no quiere el entendimiento entre los dos grandes partidos. Lo demostró en febrero de este año en la entrevista con Rajoy y no ha dejado de manifestarlo desde entonces.
-¿Y no espera cambio alguno después de las discrepancias planteadas por Ibarra, Bono, Guerra, González...?
-El respeto al consenso constitucional está muy asentado en las viejas guardias, en los cuadros históricos del Partido Socialista de la democracia, pero hay otro elemento que podemos llamar posmoderno, que parece dominante en el Grupo Parlamentario y que no es partidario del entendimiento.
-¿No espera, pues, que ninguno dé un paso al frente en el debate de admisión a trámite del Estatuto?
-La tradición del PSOE es de enorme disciplina. Además, el poderoso aparato de comunicación y propaganda del Gobierno y del PSOE presentará las reformas como un buen ejercicio de limpieza para poder justificar esa disciplina.
-¿Habrá un cambio de régimen sin consulta a los ciudadanos?
-Se va a producir una usurpación de una decisión que correspondía al pueblo, un desplazamiento del ejercicio de la soberanía. Ahora sí que sería necesario un cambio constitucional profundo para ensayar una reforma que intentara remediar estos vicios.
-¿De qué tipo?
-El Título octavo no tiene blindaje, puede cambiarse por una mayoría de tres quintos.
-¿Confía en que el Tribunal Constitucional frene el proceso?
-Al ser varias las instancias que pueden impulsar la reforma constitucional, no descarto que los gobiernos y los parlamentos de las comunidades autónomas que se van a sentir lesionadas, ni el propio Defensor del Pueblo, pongan en marcha este mecanismo.
-¿Autonomías gobernadas por el PP?
-O por Rodríguez Ibarra o Barreda. Ellos tienen más próxima la preocupación de sus bases sociales.
-¿Qué le parecen las fórmulas de Zapatero sobre comunidad, entidad o realidad nacional para Cataluña?
-Con esos términos, o quiere decir Nación o no quiere decir nada. Es un eufemismo. Ya lo tantearon en el proyecto del Estatuto y se quedó en nacionalidad. Lo que no había entonces era un presidente de Gobierno que dijera que Nación es un término polisémico. Cuando las palabras se inscriben en un contexto jurídico lo tienen, cuando la expresión Nación se emplea en el artículo 2 de la Constitución tiene un valor normativo pleno, como lo tiene en el proyecto de Estatuto. Y después lo desarrollan hasta configurar un cuasi Estado levemente vinculado en un régimen confederal que no existe en la realidad política vigente ni en la historia con ejemplos existosos. Ejemplos fracasados, sí.
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